TRATA DE PERSONAS. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE ESTE DELITO REQUIERE DENUNCIA DEL MISMO ANTE AUTORIDADES COMPETENTES. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. La demandante considera que el precepto objeto de censura contraviene los artículos 1 y 2 de la Constitución y desconoce el Bloque de Constitucionalidad (Protocolo de Palermo I, artículos 6 y 9), al contener una medida desproporcionada y lesiva de los derechos fundamentales de las personas sometidas a la trata de personas y de aquellos que les corresponden en su condición de víctimas merecedoras de protección. Para la Corte, le asiste razón a la demandante, ya que exigirle a los afectados del delito de trata de personas que deben denunciarlo como condición para acceder a la asistencia mediata, se sacrifica un conjunto amplio de derechos en aras de favorecer la investigación penal, la cual se hace prevalecer sobre importantes prerrogativas reconocidas a las víctimas en la Constitución y en las leyes que ordenan su protección por parte el Estado. INEXEQUIBLE.