Demanda de inconstitucional contra los incisos 1º y 3º del artículo 67 de la ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. El artículo precitado hace relación a la designación de magistrado de tribunales superiores de distrito judicial que se creen en virtud de la ley 975 de 2005 y a la conformación de los grupos de apoyo administrativo y social para estos tribunales. La sala considera que el congreso de la república desconoce la regla constitucional según la cual los empleos en los órganos y entidades del estado son de carrera, al indicar que los funcionarios judiciales encargados de adelantar los procesos en el contexto de la ley conocida como de justicia y paz, deben provenir de listas enviadas por la sala administrativa del consejo superior de la judicatura y que esa misma sala, podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social para esos tribunales, pero que la nominación de los empleos estará a cargo de los magistrados de los tribunales creados por la ley, sin precisar que la designación de unos y otros debe hacerse teniendo en cuenta la lista de elegibles vigentes. Se declara la exequibilidad condicionada de los incisos demandados, en el entendido que a partir de la notificación de esta sentencia, los empleos a los que se hace referencia en los incisos acusados, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente para los respectivos cargos.