Ley 975 de 2005 por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios, artículos 2°, 4°, 47°, 48, 49 y 72 (todos parciales). Específicamente se cuestionan las expresiones reconciliación nacional; deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva; implementar un programa de reparación colectiva y rige a partir de su promulgación. Sobre el particular se manifestó que de tal enunciado podría entenderse que la ley de la referencia entró en vigencia a partir de su promulgación para todos sus efectos. Se pretende, en consecuencia, la declaratoria de inexequibilidad de aquellas interpretaciones factibles o de las propias formulaciones demandadas. En términos generales, se acusan ciertas expresiones contenidas en los artículos de la referencia por ser susceptibles de interpretaciones inconstitucionales. La corte precisó que el sentido del control abstracto de constitucionalidad versa sobre la confrontación verificable y objetiva del texto legal con los mandartos superiores que se estiman infringidos. Sin embargo, eventualmente se ha aceptado la viabilidad de la emisión de un pronunciamiento sobre la exequibilidad de alcances asignables a un texto, cuando éstos, de manera evidente y notoria, entrañan un problema de índole constitucional y además, se vislumbra su espontánea factibilidad, su carácter sostenido y prevalente. En vista de ello, en cabeza del demandante existe la carga argumentativa de acreditar la viabilidad de la determinación de tal o tales alcances. Sobre los tres primeros cargos se sostuvo que, por su falta de certeza y pertinencia, no podían prosperar. Por tanto, decidió la inhibición al respecto. En cuanto al cargo contra el último enunciado, se resolvió que resulta tan diáfano en su contenido dispositivo que no existe posibilidad alguna de especular sobre sus interpretaciones. Ello, aunado al cabal reconocimiento de autonomía por parte del legislador a efectos de fijación de la fecha de vigencia de la ley, llevó a su declaratoria de exequibilidad. Finalmente, en este punto, se precisó que, a sabiendas de la factibilidad de la aplicación de la norma en términos de favorabilidad, se debía declarar su exequibilidad bajo el entendido de que el derecho a los beneficios contenidos en la ley en cuestión, está sujeto a la plena satisfacción de los requisitos plasmados en la misma. Por último, se estableció que el segmento los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación acusado, es lesivo de los derechos de las víctimas a la reparación integral, pue permite que se eludan o reduzcan las obligaciones respectivas so pretexto de su satisfacción a través de los servicios sociales. Se declaró, por tanto, su inexequibilidad.