Ley 785 de 2002 art. 5. Se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996. La dirección nacional de estupefacientes ejercera los derechos sociales que corresponda a las acciones, cuotas o partes de interes social que hayan sido objeto de medida cautelar hasta que se produzca la decision definitiva. El estado puede validamente desde el punto de vista constitucional decretar la extinción de dominio, con mucha mayor razón decretar medidas cautelares. Dirección nacional de estupefacientes ha de obrar con sujecion a la autoridad judicial juez o fiscal. Exequible en forma condicionada a que la dirección nacional de estupefacientes requiere autorización de la autoridad judicial competente, al igual que autorizacion previa del fiscal o juez competente y el producto de la misma queda afecto a lo que se resuelva en la sentencia.