Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 165 (parcial) de la ley 685 de 2001, por la cual se expide el código de minas y se dictan otras disposiciones. Considera el demandante que el legislador vulneró los mandatos constitucionales de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, al imposibilitar el control administrativo y el ejercicio de la acción penal, en los términos de los artículos 159, 160, 161 y 306 del código de minas, respecto de los explotadores de yacimientos mineros de propiedad estatal sin título inscrito en el registro minero nacional, que se sometieron a más tardar el 31 de diciembre de 2004 al proceso de legalización consagrado en el artículo 165 de la ley 685 de 2001, mientras dicha solicitud no sea resuelta por la autoridad competente, en la medida en que ello implica un supuesto desconocimiento de la labor de amparo que le asiste al estado sobre el ecosistema. Igualmente considera, que la expresión ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 del código de minas, es contraria al deber del estado de investigar y sancionar delitos contra el medio ambiente, pues implica una supuesta renuncia y/o suspensión de la acción penal, que transgrede la regla de que dichas decisiones dependen en forma exclusiva del ejercicio del principio de oportunidad, conforme se dispone en el artículo 250 del texto superior. Lo anterior en un contexto en el que también considera vulnerada la garantía del orden justo, al permitir que, por falta de sanción, se produzcan lesiones al medio ambiente y a los recursos naturales. La corte concluyó, contrario a lo sostenido por el actor, que la norma demandada tiene la virtualidad de convertirse en un medio para asegurar la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, en cuanto privilegia la legalización del minero informal, bajo parámetros acordes con los deberes de prevención, mitigación y control del ambiente, en los términos dispuestos por la constitución y la ley. Exequible.