Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 (parcial) de la ley 685 de 2001, por el cual se expide el código de minas y se dictan otras disposiciones. Consideran los demandantes que la norma acusada justifica un escrutinio de constitucionalidad estricto, porque la calificación legal de la minería como una actividad de utilidad pública, implica el otorgamiento de una serie de privilegios por encima de otras actividades y bienes jurídicos que gozan de especial protección constitucional. Los cargos en contra del texto demandado se refieren a las consecuencias jurídicas que el mismo puede tener sobre el medio ambiente, los recursos naturales y la agricultura. Igualmente, sobre vulneración del principio de descentralización y la autonomía de las autoridades territoriales y de las comunidades étnicas y, la presunta extralimitación del ámbito de configuración del congreso. La falta de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia de los cargos formulados, impidió que la corte emitiera un pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.