INFRACCIONES AMBIENTALES. EN PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON COMPORTAMIENTOS QUE AFECTEN EL AMBIENTE, EL PATRIMONIO ECOLÓGICO Y LA SALUD PÚBLICA, SE PRESUME LA CULPA O EL DOLO DEL INFRACTOR. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 , por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia . Los demandantes alegan que las presunciones de dolo y culpa contempladas en la norma cuestionada desconocen los artículos 29 y 83 de la Constitución , los cuales contemplan que se presume la inocencia en toda actuación judicial y administrativa, al igual que la buena fe de los particulares en las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas. La Sala Plena considera que la norma bajo examen no genera una afectación desproporcionada al beneficio obtenido. A su juicio, la presunción de dolo y culpa que se analiza, la cual resulta de la lógica y la experiencia, tiene naturaleza iuris tantum. Es decir, que se trata de un traslado de la carga probatoria que no limita las posibilidades de defensa del investigado, quien dispone de libertad probatoria para demostrar que en la realización del acto imputado, actuó con ausencia de culpabilidad. Se trata de una medida proporcionada ya que requiere la previa demostración, por parte de la entidad pública, de la tipicidad e imputabilidad del comportamiento, respecto de la persona investigada. Con esta distribución razonable de las cargas probatorias, el legislador otorga a las autoridades administrativas correspondientes un instrumento adecuado para la protección de intereses superiores vinculados con el orden público, necesario para la convivencia pacífica, tales como el medio ambiente y la salud pública. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 220 de la Ley 1801/2016 , salvo la expresión “a quién le corresponda probar que no está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente”, que se declara inexequible