Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la ley 1682 de 2013 por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias. Las demandantes consideran que la norma acusada desconoce el derecho al debido proceso en la expropiación tanto por vía judicial como administrativa. La corte considera que el permiso de intervención voluntario en el inmueble que es objeto de adquisición o expropiación para obras de infraestructura de transporte se ajusta al debido proceso. Igualmente, que el desalojo previsto en caso de no haberse pactado el permiso de intervención se debe realizar dentro del proceso de expropiación administrativa. Se declaran exequibles los incisos 1, 2 y 3 del artículo 27 de la ley 1382 de 2013 y la exequibilidad condicionada del parágrafo único del mismo artículo, en el entendido que las expresiones proceso administrativo y ejecutoria del acto administrativo se refieren, respectivamente, al proceso de expropiación administrativo y a la ejecutoria del acto administrativo que la determina.