Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º literal d) de la ley 1654 de 2013, por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al presidente de la república para modificar la estructura y la planta de personal de la fiscalía general de la nación y expedir su régimen de carrera y situaciones administrativas. A juicio del demandante, la norma acusada desconoce lo dispuesto en el artículo 69 de la carta política que consagra el principio de autonomía universitaria, según el cual, estos entes académicos cuentan con sus órganos de dirección, se rigen pos sus propios estatutos y cuentan con un régimen jurídico especial. Indica además que el congreso reguló la prestación del servicio educativo a nivel superior a través de la ley 30 de 1992. La corte determino la falta de certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad formulados y decidió declararse inhibida para decidir de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.