Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 156 de la ley 1530 de 2012, por la cual se regula la organización y funcionamiento del sistema general de regalías. El demandante considera que la ley en su totalidad es inconstitucional, por cuanto el gobierno nacional omitió la obligación de realizar la consulta previa a las comunidades indígenas. Esto, en virtud de que se trata de una medida legislativa que las afecta de manera directa. La corte reafirmó la obligación del congreso y del gobierno nacional de propiciar espacios efectivos de participación en los asuntos que afectan directamente a las comunidades indígenas, pero recordó que el derecho a la consulta previa no es absoluto. Se decide declarar la exequibilidad de la ley 1530 de 2012 por el cargo relativo a la falta de consulta previa con las comunidades indígenas. Se declara exequible por los cargos propuestos y analizados, el artículo 156 de la ley 1530 de 2012, en el entendido de que los recursos del margen de comercialización asignados al gobierno nacional, deben destinarse a los fines previstos en el artículo 136 de la constitución política.