Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 66 (parcial) de la ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones. Afirma el actor que la norma demandada, al habilitar a los abogados externos de las entidades estatales para realizar el cobro coactivo de las multas impuestas por violación del estatuto del consumidor, transfiere a los particulares competencias privativas e indelegables del estado que tienen una naturaleza jurisdiccional y que implican el ejercicio de prerrogativas exorbitantes de la administración pública. La corte encontró que existe una coincidencia material entre el precepto demandado y el artículo 112 de la ley 6ª de 1992 y, por ello, procedió a la integración normativa para efectuar el control sobre ambas disposiciones. La sala plena concluyó que la transferencia integral de la facultad de cobro coactivo a particulares configura un vaciamiento de competencias que contradice el artículo 2º de la constitución política. Se declara la inexequibilidad del artículo 66 de la ley 1480 de 2011, así como del fragmento del artículo 112 de la ley 6ª de 1991 que dispone o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulados