Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. El demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad de la expresión cuantificando los perjuicios del mismo, por considerar que vulnera el preámbulo y los artículos 13, 29, 83 y 228 de la constitución. La corte determinó que conferir, en el contexto de los contratos estatales, facultad a las entidades públicas para que, en caso de declarar el incumplimiento del contrato por parte del contratista, cuantifiquen los perjuicios que de él se deriven, tiene justificación constitucional. Esa cuantificación se efectúa en el marco de un procedimiento administrativo reglado, con fundamento en las pruebas que se practican y prevé la audiencia y participación del contratista, lo que garantiza el derecho a la igualdad, el debido proceso y respeta el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades. Exequible.