Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la ley 1430 de 2010, por medio del cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad. El demandante plantea que la norma acusada tiene un vicio legislativo por exceso de competencia de la comisión accidental de conciliación e igualmente alega la vulneración de los principios de irretroactividad, justicia, eficacia y equidad tributaria, así como la violación al derecho a la libertad de asociación. En el presente caso la corte reiteró el principio de irretroactividad fiscal, consistente en la imposibilidad de señalar consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones jurídicas que ya están formalizados jurídicamente, siendo enfática en advertir que los efectos producidos por la ley tributaria en el pasado debe respetarlos la ley nueva, es decir, que las situaciones jurídicas consolidadas no pueden ser desconocidas por la ley posterior. La corte concluyó que las normas acusadas afectaban el principio de irretroactividad tributaria, e indirectamente comprometían la vigencia de los principios de confianza legítima y equidad tributaria. Para superar esa problemática estimó que no era necesario declarar su inexequibilidad, ya que podía acudirse a un fallo de constitucionalidad condicionada a fin de excluir la interpretación contraria al principio de irretroactividad. Se declara la exequibilidad condicionada de los incisos 4, 5, 6 y 7 del artículo 10 de la ley 1430 de 2010, en el entendido de que los procesos de escisión, la constitución de sociedades por acciones simplificadas y la responsabilidad solidaria a que se refieren, sólo pueden comprender los actos ocurridos a partir del 29 de diciembre de 2010.