Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la ley 1426 de 2010. El artículo demandado modifica el inciso 2º del artículo 83 de la ley 599 de 2000 y establece que: el término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor de derechos humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años. El demandante considera que el artículo acusado viola los artículos 5, 6 y 29 del estatuto de roma de la corte penal internacional, al igual que los artículos 13 y 93 superiores. La corte establece que no se estructuró un cargo de inconstitucionalidad en la medida en que se pretendió confrontar una norma de rango legal, con un artículo específico de un tratado internacional que no hace parte del bloque de constitucionalidad. Se decide declararse inhibida para proferir un fallo de fondo en relación con el artículo 1º de la ley 1426 de 2010.