Demandas de inconstitucionalidad contra la ley 1425 de 2010. Por medio de la cual se derogan artículos de la ley 472 de 1998. Acciones populares y de grupo. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los demandantes coinciden en afirmar que la derogatoria de los incentivos económicos en las acciones populares es una decisión que vulnera varios artículos de la constitución, ya que entre otros aspectos, viola el derecho a la administración de justicia, desmotiva la presentación de acciones populares, fomenta la corrupción administrativa, crea una injusta desigualdad porque en el código civil aún se mantienen los estímulos a las acciones populares, dificulta la defensa y difusión de los derechos e intereses colectivos y vulnera los principios de unidad de materia y progresividad. La sala encuentra que los principales reproches que se plantean en las diferentes demandas se soportan en los mismos cargos que fueron analizados y desvirtuados por la corte en pronunciamiento anterior. Así mismo establece, que frente a otras acusaciones insinuadas en las demandas no se satisfacen las exigencias de certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia necesarias, para abordar un examen de fondo, por la indebida formulación de los cargos. Se decide estarse a lo resuelto en la sentencia c-630/11, mediante la cual se declaró exequible la ley 1425 de 2010.