Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 1425 de 2010. Por medio de la cual se derogan los artículos de la ley 472 de 1998, acciones populares y de grupo. A juicio de los ciudadanos que ejercieron la acción pública, el hecho de que la ley demandada derogara los artículos que consagraban la figura de los incentivos económicos en las acciones populares, tuvo una incidencia directa sobre el marco jurídico vigente para el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. Con base en el anterior presupuesto, que en sí mismo entraña un cargo de inconstitucionalidad por desconocimiento de la reserva de la ley estatutaria, los demandantes formulan cargos específicos relativos a la aludida violación a distintos mandatos contenidos en la carta política. Para la corte, el congreso de la república no viola el principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos sociales, al derogar las normas que establecían un incentivo para el actor en las acciones populares y tampoco vulnera el principio de igualdad y equidad de las cargas públicas, ni establece una restricción injustificada al acceso a la administración de justicia, deriva de una presunta pérdida de eficacia de la herramienta constitucional para la defensa de derechos colectivos. Se declara la exequibilidad de la ley 1425 de 2010.