Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 4, 11, 12, 18, 20 y 22 (todos parcialmente), de la ley 1369 de 2009, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones. El actor estructura un cargo por omisión legislativa relativa en el que no parte de la esencia financiera de los servicios postales de pago, sino de su similitud con los servicios financieros y, otro cargo, por vulneración del derecho a la igualdad, en el que no sólo estructura el cargo a partir de la exigencia de regular los servicios postales desde una perspectiva netamente financiera, sino, desde la necesidad de definir si dos actividades económicas de dos sectores distintos, dada su similitud o afinidad, merecen un tratamiento normativo similar. La corte concluye que los servicios postales de pago o giro no constituyen actividad de naturaleza financiera y precisa las competencias del ministerio de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y de la comisión de regulación de comunicaciones en relación con estos servicios. La corte declara exequibles los apartes acusados de los artículos 2, 3, 4, 11,12, 18, 20 y 22 e inhibida frente al cargo por omisión legislativa dirigido contra el literal b y el inciso séptimo del artículo 4 y el articulo 22 de la ley 1369 de 2009.