Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º literal d). (parcial), 11 literal e) y 12 literal d), de la ley 1328 de 2009, por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. Los demandantes estiman que los textos normativos acusados vulneran los artículos 113, 150, 151, 152 y 333 de la constitución política. Aducen que no es facultad del congreso de la república considerar como consumidor financiero a toda persona que tenga relación con entidades vigiladas por la superintendencia financiera de colombia y denegar ésta posibilidad de calificar y definir de manera previa y general, cláusulas y prácticas abusivas, de prohibida incorporación en los contratos de adhesión celebrados entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros, adicionales a las consagradas en la ley 1328 de 2009, puesto que esa es competencia única del legislador. La corte encontró que la definición del consumidor financiero y las facultades concedidas a la superintendencia financiera para determinar las cláusulas y prácticas abusivas, que no se pueden incorporar en contratos de adhesión, reflejan en debida forma el ejercicio compartido de competencias en materia de inspección, vigilancia y control de la actividad financiera, bursátil y aseguradora. Exequibles los segmentos acusados por los cargos analizados.