Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 (parcial) de la ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de recursos públicos. En este caso le correspondió a la corte determinar si la expresión en caso de reincidencia la inhabilidad será permanente contenida en la norma acusada, corresponde a una sanción penal imprescriptible violatoria de lo estipulado en el artículo 289 de la constitución, con consecuencias para los derechos consagrados en los artículos 26 y 40-7 de la misma carta, los cuales también resultarían conculcados con la medida dispuesta por el segmento demandado. La corte encontró que la inhabilidad permanente para contratar con el estado por reincidencia en graves inconsistencias en el registro único de proponentes, es una medida que tiene una finalidad constitucionalmente legítima, es razonable y proporcionada, pero su aplicación requiere del agotamiento previo del procedimiento previsto en la ley. Exequible por los cargos examinados, en el entendido que para tal efecto se debe aplicar el debido proceso previsto en la ley.