Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 28 de la ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. Para el demandante, el primer inciso del artículo 28 de la ley 1150 de 2007, específicamente en lo relacionado con posibilidad de hacer prórrogas o adiciones a los contratos de concesión de obras públicas, vulnera los artículos 209, 273 y 333 de la constitución política. Para la corte las prórrogas o adiciones en los contratos de concesión de obras públicas no pueden referirse a obras que no tengan relación directa y necesaria con el objeto inicial del contrato, acorde con los principios de economía, eficacia de la función pública. Se declara la exequibilidad condicionada del aparte acusado, en el entendido que la expresión obras adicionales directamente relacionados con el objeto concesionado, solamente autoriza la prórroga o adición de obras o actividades excepcional y necesariamente requeridas para cumplir con el objeto del contrato inicial.