Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 64, 66 y 68 (parciales) de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia y contra el artículo 1º (parcial) de la ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Los demandantes, tomando como derrotero el principio del interés superior del menor, propusieron tres cargos, a saber: 1º. Vulneración del principio de igualdad. 2º. Omisión legislativa relativa y, 3º. Interpretación institucional dominante por parte del icbf y de la procuraduría general de la nación que desconoce derechos fundamentales. La corte abordó el análisis de los siguientes ejes temáticos: 1º. El interés superior del menor, el derecho a tener una familia y la adopción como medida de protección y 2º. La adopción por parejas del mismo sexo y el interés superior del menor, valorando tanto las experiencias en el derecho comparado, como la evidencia científica disponible y acopiada. La corte concluye que no es constitucionalmente válido excluir de los procesos de adopción a las parejas del mismo sexo que conforman una familia y que una interpretación exegética en tal sentido genera un déficit de protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, lo que a su vez desconoce el interés superior del menor, representado en su derecho a tener una familia, por cuanto esta es un medida de protección plenamente idónea para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus demás derechos. Se declara la exequibilidad condicionada de los apartes normativos acusados, en el entendido que, en virtud, del interés superior del menor, dentro de su ámbito de aplicación están comprendidas también las parejas del mismo sexo que conformen una familia.