Representantes (35)

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  Edgar Alfonso Gómez Román

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  Diego Patiño Amariles

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  Crisanto Pisso Mazabuel

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  John Jairo Roldán Avendaño

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  Carlos Julio Bonilla Soto

Senadores (15)

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  Fabio Raúl Amín Saleme

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  Lidio Arturo García Turbay

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  Rodrigo Villalba Mosquera

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  Jaime Enrique Durán Barrera

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  Guillermo García Realpe

Acerca

Reseña histórica

Con sus primeros ideales de Federalismo, se considera que el Partido fue fundado el 16 de julio de 1848 cuando el periodista e ideólogo Ezequiel Rojas propuso el primer programa de lo que él llamó Partido Liberal y que sería aplicado por el general José Hilario López si ganaba la presidencia. El partido tuvo desde entonces las características de una organización política liberal, anticlerical y progresista, distinguiéndose desde sus inicios dos importantes corrientes: una que favorecía el libre comercio y otra la protección a los artesanos. Durante el siglo XIX el partido se enfrentó en varias guerras civiles contra el Partido Conservador (como fue la guerra de los mil días) e incluso, una guerra civil entre las dos fracciones del liberalismo (tras la que ganaría el bando radical).

La constitución de 1863 Desde 1863 y hasta 1886, el partido liberal gobernó casi ininterrumpidamente, en una época que recibió el nombre de El olimpo radical, la cual se caracterizó por un laicismo extremo en la administración del Estado, un fuerte federalismo y un impulso muy significativo a la educación pública. De esta época se destacan los ex mandatarios: Tomás Cipriano de Mosquera y Manuel Murillo Toro, líderes de las dos facciones del partido, los draconianos o moderados y los gólgotas o radicales, respectivamente; si bien la facción draconiana se vio completamente anulada tras el retiro de Mosquera de la política nacional en 1872.

Ostracismo en la Hegemonía Conservadora A principios de la década de 1880 surgió un sector al interior del partido que se alejó de las orientaciones radicales y se alineó con los antiguos y casi anulados draconianos, así como con el Partido Conservador, para desbancar a los radicales.

En la guerra civil de 1885, el liberalismo radical representaba al federalismo de los Estados Unidos de Colombia mientras que la mencionada coalición, comandado por el antiguo militante liberal Rafael Núñez, representaba el centralismo que ganaría finalmente y promulgaría la nueva constitución de 1886; esta coalición terminaría siendo absorbida por el conservatismo a partir de entonces. A partir de este año y luego de ser vencido otra vez en la Guerra de los mil días (1899-1902), los liberales mantuvieron importante participación en el congreso pero no elegirían a un nuevo presidente sino hasta 1930. Durante estos años de actuación como minoría el liberalismo estuvo liderado por el intelectual y militar General Rafael Uribe Uribe, asesinado en 1914, y tras este hecho, por el también General Benjamín Herrera, quien conduciría el partido hasta su muerte en 1928; en varias ocasiones el partido participó del gobierno nacional con cuotas minoritarias en el gabinete de ministros. Siglo XX En 1930 y aprovechando la división del conservatismo, el partido liberal, ahora bajo la conducción del empresario y periodista Alfonso López Pumarejo recuperó la presidencia en la persona de Enrique Olaya Herrera. Posteriormente bajo los gobiernos del mismo Alfonso López Pumarejo, de Eduardo Santos, nuevamente de López y de Alberto Lleras Camargo, conservó el poder presidencial y las mayorías del congreso por 16 años hasta 1946, en una época que recibió el nombre de Segunda República Liberal, y que se caracterizó por el impulso progresista y social de los gobernantes, en especial de López Pumarejo.

En 1946 una división interna entre los seguidores de Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay permitió el triunfo del conservador Mariano Ospina Pérez. El partido conservó las mayorías en el congreso pero el asesinato de Gaitán en 1948 y una esgrimida falta de garantías alejó a los liberales de las elecciones de 1950, para las que se había propuesto al ex presidente interino Darío Echandía. Se presentó una división en el Partido Liberal entre quienes respaldaban y contradecían al dictador Gustavo Rojas Pinilla en 1953 cuando derrocó a Laureano Gómez; pero rápidamente pasaron a la oposición al advertir los tintes dictatoriales de su gobierno. Es así como en 1957, el partido se une al Partido Conservador en el Frente Nacional con el objetivo de derrocar al presidente Gustavo Rojas Pinilla, evitar las históricas rencillas entre ambos partidos y compartir el poder durante 16 años hasta 1974. Al término del Frente Nacional se presentaban al interior del partido tres grandes líderes con aspiraciones presidenciales: el ex presidente Carlos Lleras Restrepo y los ex cancilleres Julio César Turbay y Alfonso López Michelsen, que desde entonces representarían las tres corrientes dominantes del partido. Desde entonces y hasta 2002, el liberalismo se mantuvo como la mayor fuerza en el Congreso, superando al Partido Conservador Colombiano, y eligió a cinco de los siete presidentes elegidos en Colombia desde entonces: Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay, Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper.

Los presidentes conservadores Belisario Betancur y Andrés Pastrana fueron elegidos con la ayuda de coaliciones que incluyeron importantes sectores del partido liberal. El presidente actual Álvaro Uribe Vélez, elegido en 2002 y reelegido en 2006, es un disidente de origen liberal o liberal disidente del partido liberal y cuenta con importantes apoyos entre políticos de extracción liberal, hoy agrupados en los llamados partidos uribistas. En las elecciones de 1998, 2002 y 2006 el liberalismo postuló a Horacio Serpa como candidato presidencial, y en su figura se ha concentrado el proceso de desgaste del partido frente a la opinión pública, producto en especial, del escándalo del Proceso 8.000 que contaminó el gobierno de Ernesto Samper; esto le impidió derrotar en la segunda vuelta de 1998 a Andrés Pastrana, acentuó el desgaste para enfrentar a Álvaro Uribe Vélez en 2002 y lo relegó al tercer lugar de las elecciones de 2006.

En 1999, y luego de un proceso que inició en 1982 el ex presidente Alfonso López Michelsen, el Partido Liberal se unió a la Internacional Socialista, consolidando las tesis socialdemócratas que se venían promulgando desde los tiempos de Rafael Uribe Uribe. A partir de 2001, se ha presentado un proceso de democratización de la estructura interna del partido liberal. El partido en la actualidad Entre 1931 y 2006 fue el partido con mayor representación en el congreso, aunque las mayorías absolutas han venido desapareciendo con la incursión de nuevas corrientes políticas. En las elecciones de marzo de 2006 eligió a 38 de 166 representantes y 17 de 102 senadores. El actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos forjó su carrera dentro del Partido Liberal, aunque fue elegido por un movimiento independiente y, confirmado su triunfo en 2002, el Partido Liberal fijó una política de oposición.

Esto ha producido un gran cisma al interior del partido, dividido entre "oficialistas" y "uribistas". Aun cuando hubo varios intentos de reconciliar las dos vertientes del partido, la mayoría socialdemócrata dentro del oficialismo es recalcitrante en su oposición al modelo uribista, tachándolo de neoliberal y reaccionario. La mayor parte de los ex militantes liberales, ahora uribistas, se han agrupado en dos nuevas fuerzas políticas: Cambio Radical y el Partido de 'la U'. El Partido eligió en junio de 2005 al ex presidente César Gaviria como director nacional, para dirigir el proceso hacia las elecciones de 2006.
 
Acogiéndose a la nueva reforma electoral, el partido presentó una lista única para cada circunscripción para las elecciones legislativas del 12 de marzo de 2006; fecha en la cual escogió a Horacio Serpa Uribe, por tercera vez consecutiva como candidato presidencial para las elecciones de mayo. El 25 de marzo de 2007 se realizaron elecciones internas para elegir a los miembros de los directorios regionales del partido, así como los delegados al Tercer Congreso Nacional Liberal, que se llevó a cabo en Medellín a finales de abril de 2007; los resultados, más de 1'270.000 votos, permiten el fortalecimiento del partido, al ser la mayor votación en unas elecciones internas de cualquier partido en la historia de Colombia. En las elecciones regionales del 2007 el Partido Liberal tuvo un descenso muy considerable en sus resultados electorales al ganar sólo 6 de las 32 gobernaciones (Córdoba, Putumayo, Atlántico, Cundinamarca, Santander y Caldas), 7 alcaldías de las 32 ciudades capitales y 200 más, de 1102 municipios en total. Luego se realizó una consulta interna en la que salió ganador el ex senador y ex ministro de defensa Rafael Pardo, frente a la senadora Cecilia López Montaño, el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, el ex gobernador Aníbal Gaviria Correa y el ex candidato vicepresidencial Iván Marulanda.

Principales lineamientos o propuestas programáticas

Bases del programa socialdemócrata del Partido Liberal

I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

El Partido Liberal reafirma los principios fundamentales de la plataforma Social Demócrata aprobada en el año 2002.

Orientación Social de la Economía

 El partido tiene un compromiso de solidaridad en la defensa de las minorías, la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la injusticia social. En este sentido las tendencias crecientes alempobrecimiento y a la ampliación de las desigualdades están en abierta contradicción con los postulados del partido.

Rechazo y cambio de modelo

La adopción del modelo de desarrollo inspirado en el CONSENSO DE WASHINGTON sumió al país, y en general a América Latina, en la crisis más álgida del siglo XX. El cambio de modelo es indispensable para reactivar la producción y el empleo, alcanzar altas tasas de crecimiento y reducir la desigualdad y la pobreza. La nueva organización contempla transformaciones profundas en la orientación macroeconómica, el perfil de desarrollo y la política social.

Compromiso con el Estado Social de Derecho

El Partido acoge la prioridad asignada en la Constitución a los derechos fundamentales y se compromete a crear las condiciones presupuestales, institucionales y jurídicas que aseguren su cumplimiento.

Globalización

El Partido reconoce la realidad de la globalización, pero no la universalidad de los instrumentos económicos. Cada país debe tener su modelo propio de acuerdo con sus características y realidades específicas. Los países del sur, como Colombia, deben crear diques para evitar que el predominio de los mercados acentué la brecha con los países del norte, reduzca las oportunidades de empleo, deprima los precios de los productos agrícolas y los aleje cada vez más del avance tecnológico y de la industrialización. El Partido propenderá por la modernización, la industrialización, la integración regional, el adiestramiento de la fuerza de trabajo dentro de un contexto de reducción de las desigualdades, la justicia social por encima de los intereses particulares y la conformación de una economía de pleno empleo.

II. AMPLIACION DE LA PLATAFORMA SOCIALDEMÓCRATA

1- Los electores a lo ancho y largo de América Latina rechazan el modelo neoliberal, porque no da crecimiento, amplía las desigualdades y exacerba la pobreza. En su lugar están reclamando un nuevo orden que le dé prioridad a la reducción de la pobreza y utilice los poderes del Estado para hacerla efectiva.

2- Frente a esta demanda social, el Partido Liberal propone complementar su Plataforma Socialdemócrata con un Programa de Gobierno para extirpar las causas estructurales de la pobreza. La acción debe orientarse a reducir la concentración, elevar el crecimiento y modificar su perfil, asegurar el acceso con igualdad de oportunidades a los derechos fundamentales de salud, la educación, la vivienda digna y el trabajo.

3- En materia de concentración de la propiedad es necesario hacer efectivo el principio liberal y constitucional que la propiedad es una función social. Es indispensable revisar las normas sobre la expropiación de las áreas rurales y urbanas, los derechos adquiridos a elevadas pensiones, y los gravámenes al capital y a la propiedad. Sobre estas bases, se darían las condiciones para reanudar e iniciar reformas de fondo en materia agrícola, urbana, pensional, tecnológica y tributaria. Por otra parte, se requiere una severa y efectiva regulación de los mercados para evitar que el lucro individual se logre a cambio de lesionar las grandes mayorías, contrapesar las ventajas de los más eficientes, como las grandes empresas, los ciudadanos más educados y las multinacionales; neutralizar los sesgos de la globalización y la tecnología contra la mano de obra no calificada, y adoptar una reforma tributaria progresiva.

4. El crecimiento constituye una parte central de la modernidad y el desarrollo. La elevación del ingreso promedio de la población redunda en la reducción de la pobreza, pero su determinación no puede dejarse a la ley de la selva. Se requiere una clara presencia del Estado para promover la industrialización, el mercado interno, las exportaciones de alto valor agregado y el ahorro. Al mismo tiempo, debe propender por un perfil de crecimiento con alto contenido de mano de obra y de consumo masivo, asegurando que los beneficios se difunden en toda la población mediante la coexistencia de empresas grandes y pequeñas, la protección de la mano de obra no calificada, la creación de estímulos para generación de empleo.

 5. En la actualidad la recuperación del crecimiento está condicionado, entre otras, a la moderación de los pagos de la deuda externa. En particular se recomienda utilizar las reservas internacionales para adquirir los bonos colombianos que circulan en los mercados internacionales. Por este camino el país bien podría ahorrar, por concepto de intereses de la deuda externa , un billón de pesos, equivalente a media reforma tributaria.

6. En materia de derechos económicos, sociales y culturales es indispensable una reforma profunda para asegurar el acceso de los sectores más desprotegidos de la población a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. En primer lugar, se requiere un marco administrativo y financiero que garantice que las transferencias regionales a la salud y a la educación se conviertan en servicios efectivos y se orienten preferencialmente hacía las regiones más atrasadas y los grupos menos favorecidos. Al mismo tiempo, el Partido Liberal considera indispensable propender por un sistema educativo que no reproduzca la discriminación y las diferencias de la sociedad y que realmente ayude a reducir las desigualdades en su estructura. Dado que la calidad de la educación en Colombia está peor distribuida que el ingreso, es fundamental que la política educativa no reproduzca la inequidad del sistema económico. El nuevo modelo socialdemócrata tiene en la educación el mejor instrumento de lucha contra la desigualdad y la más apropiada manera de producir desarrollo humano, adelanto tecnológico, crecimiento económico y modernidad. La educación pública de calidad tiene que incrementarse y erradicar el analfabetismo que es creciente. El Partido propone un Plan decenal para que la educación pública y privada sea bilingüe e integrada a los avances de la tecnología y la conectividad. El Programa Socialdemócrata propone construir un sistema de EPS y hospitales que aseguren el acceso real de los sectores pobres y reformar la seguridad social, hacia un esquema solidario de prima media que permita aumentar la cobertura y el acceso a los grupos que más la requieren. Por otra parte, habría que adaptar el modelo económico al derecho al trabajo. A tiempo que el Banco de la República debe poner en práctica el mandato de la Corte Constitucional de armonizar la estabilidad de precios con el empleo y la producción. El Gobierno debe abandonar la práctica de reprimir el salario y elevar los impuestos indirectos para ajustar el sector fiscal. Algo similar debe hacerse con el sector financiero y la vivienda, creando las condiciones para que los subsidios lleguen a los usuarios de la vivienda de interés social.

7. El plan de empleo constituye un elemento central del nuevo modelo de lucha contra las desigualdades y reducción de la pobreza. Lo primero es ampliar el contenido de mano de obra mediante la expansión del mercado interno, la creación de condiciones que permitan la coexistencia de empresas grandes o pequeñas e incentivar a las multinacionales a elaborar en el país la producción de bienes intermedios.

8- El Partido recomienda replantear la concepción monetaria y fiscal y avanzar en una reorganización del sector financiero, para crear empleos directos en construcción de infraestructura intensiva en mano de obra, vivienda de interés social, pequeñas y medianas empresas y la retención escolar. En este contexto, es posible movilizar recursos públicos y privados, en una cuantía del 2% del PIB, para generar nuevos ingresos, ampliar la demanda, reactivar la economía de una vez por todas y restaurar el círculo virtuoso de la producción y el empleo. 

9- En un mundo que no es regulado por las ventajas comparativas sino por las ventajas absolutas, tratados como el TLC resultan totalmente desfavorables para los países como Colombia, y más cuando se introducen excepciones a favor de la tecnología y subsidios a los productos agrícolas comunes. Como era totalmente predecible, el país está en la antesala de acoger un programa que lo llevará a especializarse más en las actividades tradicionales y maquila, entregar la agricultura de cereales, abandonar el Pacto Andino, alejarse de la transformación de la invención tecnológica en usos, y enfrentar una competencia desigual en la educación, la cultura y las comunicaciones. Sin duda, se trata de un juego que genera mayores costos que beneficios. Como alternativa, se plantea una integración latinoamericana que contemple las asimetrías de los países, y orientada a ampliar el mercado interno y propiciar la industrialización. Así mismo, se recomienda someter la aprobación el TLC a un referendo público.

10. El Partido Liberal entiende que Colombia está a la saga en investigación y adopción de ciencia y tecnología y que dicha brecha se aumenta día a día, ante la pasividad estatal. Por esa razón, considera que se debe señalar una política en la materia que sirva al propósito del desarrollo con equidad, crecimiento económico y eliminación de la pobreza.

11. En síntesis, el partido liberal plantea reformas de fondo en materia de integración económica, el banco central, la tributación, el derecho de propiedad, la deuda externa, el manejo presupuestal, la privatización de los servicios públicos y la administración de los servicios básicos (salud, educación, seguridad social y vivienda), la adopción de una política de industrialización y la creación de condiciones financieras y presupuestales para crear fondos de empleo y ocupaciones en forma directa.

III. RECUPERAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

1. Defensa de la Constitución de 1991 y del estado social de Derecho

La Constitución de 1991 es patrimonio de todos los colombianos, surgido del consenso entre las más disímiles fuerzas políticas y sociales. El cambio constitucional, la adopción del estado social de derecho, la inclusión de instrumentos de democracia participativa, las acciones de tutela, cumplimiento y populares, la libertad religiosa, la carta de derechos y mecanismos para su protección, el reconocimiento a lo multicultural y pluriétnico, las limitaciones al poder coercitivo del Estado y la Corte Constitucional, entre otras innovaciones, son aportes del Liberalismo que ratifican su vocación de partido del cambio y el progreso. La realización de una sociedad en la que tenga plena vigencia el estado social de derecho es un compromiso que asume el Liberalismo de manera activa, en el entendido que es la base para una sociedad inspirada en el respeto de la dignidad humana y en una creciente igualdad social, económica y política. Estos avances son amenazados por una visión negativa de quienes impulsan la adopción del Estado Comunitario. Son diversas las ocasiones en que dicha actitud política se ha manifestado por parte del gobierno. Una vez asumió el poder reclamó volver a caducas instituciones como el estado de sitio, sin límite en el tiempo y que fue tan nefasto para la democracia colombiana. Desde la orilla de algunos economistas, los ataques se concentran en el estado social de derecho y en la primacía de los derechos humanos. Para ellos, esa concepción obstaculiza el mercado y el buen funcionamiento de la economía, solo les importa el individualismo y rechazan la solidaridad como principio. A esto debe adicionarse que el paramilitarismo abandera un proyecto de contrarreforma constitucional. Los avances mencionados están amenazados por un proyecto militar que se resiste a la nueva institucionalidad democrática y que con el proselitismo armado y la consigna comunista de “combinar todas las formas de lucha” pretende restaurar el antiguo orden. Esa circunstancia ha matado la democracia y las instituciones en gran parte del territorio nacional. En varios departamentos y en muchos municipios, la Constitución de 1991 no tiene existencia alguna ante el poder de paramilitares y subversivos que han hecho de las instancias de gobierno, elementos centrales de su estrategia de captura del Estado y que está ligada a intereses económicos de mediano y largo plazo en zonas estratégicas del territorio nacional. El Liberalismo convoca a los co lombianos a estar alerta frente a la intención del gobierno y de fuerzas reaccionarias de volver al pasado en materia institucional. Para los liberales el presente es el punto de partida del futuro.

2. Una política de seguridad integral y de convivencia ciudadana

Es urgente superar el conflicto armado porque no sólo el país requiere la paz, sino porque su continuación implica más muertes, torturas, desapariciones, desplazamiento forzado, secuestros, destrucción de la infraestructura física y compromete ingentes recursos presupuestales que limitan la capacidad productiva del país. El Partido Liberal considera que sí existe en Colombia un conflicto armado, a pesar de los esfuerzos por reducirlo a un problema únicamente de terrorismo y narcotráfico. Por tanto, privilegia la salida política al conflicto. Sin embargo, comprende que está precedida por el ejercicio legítimo de la fuerza y el fortalecimiento de la seguridad. Se reconoce que el narcotráfico exacerba el conflicto y es el combustible de la guerra. Su erradicación, no retórica, sino real, es un imperativo para el Partido. La negociación con las agrupaciones guerrilleras y paramilitares tiene límites. La impunidad, el respeto al estado de derecho y a los tratados internacionales, la verdad, la justicia y la reparación, no pueden pasarse por alto. El enfoque del gobierno, lejos de servir a los propósitos de la paz y la seguridad, consolida el crimen organizado, legaliza a los paramilitares y envía el mensaje que el delito si paga. Una negociación seria con tales grupos debe conducir al desmantelamiento total de su aparato militar y soporte económico y no debe facilitar el lavado de bienes obtenidos al calor de la guerra con dineros del narcotráfico. Tampoco olvidar que la negación de justicia, que se presenta con la impunidad, abre las puertas a la jurisdicción penal internacional e implica responsabilidad internacional del Estado. El Partido Liberal promoverá una Política de Seguridad Integral que combine el ejercicio legítimo de la fuerza, con la acción social del Estado. 

A. Fortalecimiento del aparato coercitivo del estado:

La capacidad del Estado para perseguir el delito y garantizar la paz y la seguridad, tiene que ver con la vigencia misma del estado de derecho. No es posible una política de seguridad que provea resultados perdurables si no se fortalece el aparato judicial, no sólo en su componente investigativo, sino efectivamente sancionatorio. La impunidad, en cualquier caso, es un aliciente para el delincuente y el principal obstáculo para la seguridad y la convivencia. No debe haber ambigüedad en la aplicación de la ley. El fortalecimiento de la fuerza pública es una prioridad del Partido Liberal. El Liberalismo reconoce en las fuerzas militares un bastión de su política de seguridad, por lo cual, reforzará su componente operativo en lo relacionado con el pie de fuerza, equipos, armamento y movilidad. Pero esto exige que el cumplimiento de sus funciones este en todo concordante con una noción democrática que respete el estado social de derecho, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y tenga clara la subordinación al poder civil. Conlleva también depurar su estructura de aquellos miembros que tienen relación con grupos paramilitares y de narcotraficantes. La eliminación de esa influencia debe extenderse a las tres ramas del poder público, los organismos de control y en general, a todas las instancias estatales. Es evidente que la presencia paramilitar es total en algunas partes del territorio nacional y que en otros casos es reivindicada por los propios paramilitares, como ocurre con el 35% del Congreso de la República. En el mismo sentido, el Liberalismo declara su inconformidad con el actual servicio militar obligatorio, por cuanto en la práctica sigue siendo un instrumento de discriminación y desigualdad, aplicado únicamente a los sectores más pobres de la población. Esto no impide que en casos específicos y en determinadas condiciones excepcionales, se tenga en cuenta la objeción de conciencia, en especial respecto a aquellos grupos poblacionales y étnicos más afectados por el conflicto. En un gobierno socialdemócrata del Partido Liberal, ricos y pobres deberán enfrentar de la mano el desafío de la seguridad. Para el Liberalismo el estado social de derecho, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales de protección, son la frontera infranqueable de la Política de Seguridad Integral. “La política de seguridad debe entender que “la razón de estado” no es compatible con la democracia y la dignidad del ser humano. Por tanto, el fin no justifica los medios y garantizar la seguridad a los ciudadanos no puede hacerse a costa de los derechos y libertades públicas”. No todo vale para combatir la delincuencia, el terrorismo y los violentos. Una política democrática de seguridad debe proscribir cualquier método que vulnere la dignidad humana o ponga al alcance del ejercicio despótico del poder las libertades y los derechos. Las torturas, las detenciones arbitrarias, los allanamientos indiscriminados, las capturas masivas y la sospecha como fundamento del ejercicio del poder del Estado, no son aceptables como medios. El mal se combate con el bien. El terrorismo se elimina con la Constitución en la mano y no con el terrorismo de estado” 1. “En la política de seguridad el ser humano como fin o como medio, define los contornos de su contenido. De esa manera, el hombre está al servicio de la política de seguridad o la política de seguridad al servicio del hombre. La misma reflexión cabe respecto al poder coercitivo: la fuerza pública y el Estado están al servicio de los ciudadanos o los ciudadanos al servicio del Estado y de las fuerzas armadas. Para la socialdemocracia las personas no son simples medios de la política de seguridad. Ellas son la principal razón de ser de la acción de un estado democrático que busque la convivencia pacífica”2. La vigencia plena de los derechos humanos da legitimidad al ejercicio de la fuerza y no es obstáculo para una política de seguridad auténticamente democrática. En una política de Seguridad Integral, de corte socialdemócrata, las instituciones del Estado que velan por la protección de los derechos no serán vistas como enemigos de la fuerza pública, ni del propio Estado. Por el contrario, su función y la labor que las ONG y los defensores de derechos humanos realizan se valorarán como ingrediente esencial de la política de seguridad. Desmilitarizar la Policía y devolverle su función natural es objetivo central de la Política de Seguridad Integral que ofrece el Liberalismo. No es posible que los mismos que realizan labores de vigilancia en las calles de nuestras ciudades, estén encargados al mismo tiempo de combatir a paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. Su tarea debe delimitarse y precisar el marco de su relación con las autoridades civiles del orden municipal y departamental. La inseguridad ciudadana y la violencia en las grandes ciudades esta desbordada. El actual gobierno nacional no ha sido capaz de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos en los perímetros urbanos. Todos los días hay noticias sobre violación de niños, robo de automotores y a residencias, hurtos en cajeros automáticos, aparición de grupos delincuenciales, organizaciones de sicarios, pandillas juveniles y se ratifica la ausencia de una política clara de reinserción y desmovilización, lo que se suma a los atentados contra la integridad física y la propia vida que asechan en todas las esquinas. El Partido Liberal propone una política de  Seguridad ciudadana y convivencia que combine la aplicación y respeto voluntario a la ley, cultura ciudadana, prevención de la violencia, acción social en las zonas pobres de nuestras ciudades y triplicar el pie de fuerza de la Policía Nacional. Finalmente, el Liberalismo llama la atención sobre la grave inconveniencia de personalizar la política de seguridad. En ninguna parte del mundo un tema tan trascendental, se deja en manos de una sola persona. La política de seguridad debe ser institucional, tanto en lo referente al conflicto armado, como en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana urbana y rural.

B. Acción social del Estado

Para el Partido Liberal la violencia y la criminalidad de nuestro país no se deben a que tengamos más desigualdad que otras sociedades en donde la violencia es menor. Pero reconoce que con más igualdad se estaría en mejor capacidad para resolver nuestro problema de criminalidad y violencia. La Política de Seguridad Integral tiene en la política social un componente tan importante como el fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado. La inversión social en las zonas de conflicto, la generación de trabajo, el desarrollo de programas de salud, educación y vivienda serán acciones complementarias e indispensables para recuperar tales zonas. La política de seguridad debe garantizar la igualdad ante la ley, pero estar acompañada de acciones en el campo social que beneficien la equidad y la solidaridad y no únicamente en las zonas de mayor violencia. Tal combinación permite dignifcar el ser humano y desactivar circunstancias que facilitan la aparición y extensión de la violencia. “Un Estado rodeado por los ciudadanos que reconocen los beneficios sociales que le dispensa el orden jurídico y político, como la economía, será un Estado con mayor contundencia en la respuesta al delito y la inseguridad”. Para el Partido Liberal hay que ganarle a la guerra, pero no para que las cosas sigan igual. Es necesario que su superación esté de la mano con la edificación de una sociedad igualitaria y la realización de los fines del estado social de derecho. 

IV. POLÍTICA, GOBERNABILIDAD Y CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

Las consecuencias de la corrupción trascienden la política y afectan gravemente la economía y las posibilidades del país de lograr el crecimiento económico necesario para generar empleo y erradicar la pobreza. La pérdida de credibilidad en la democracia, las instituciones y los actores políticos afecta la estabilidad política y favorece el surgimiento de outsider. La captura del Estado a través de la corrupción mina su capacidad de intervención y doblega los intereses generales a los particulares. La corrupción distorsiona la economía afectando la libre competencia y el sistema de precios, promueve el despilfarro de los dineros públicos y reduce la efectividad de los programas sociales. Finalmente, desestimula la inversión de capitales agravando la difícil situación de crecimiento económico y desempleo. Si bien es cierto que “la corrupción es algo que existe siempre, cualquiera que sea el sistema político y el tiempo que pensemos”3 y que “la corrupción es tan vieja como el gobierno propiamente dicho”4, también lo es que existen modos de organizar el Estado que favorecen su aparición o dificultan tales prácticas. Esto significa que el problema, como lo señalan algunos autores, no es tanto de personas corruptas, sino de instituciones corruptas. Un enfoque sistémico del problema nos debe llevar a repensar el Estado y la administración pública. Este es uno de los principales problemas que debe abordar el próximo gobierno, sobre la base de mejorar la calidad del gobierno y de la política. Lo primero tiene que ver con la gobernabilidad, esto es, recogiendo algunos de los elementos del concepto que propone el BID sobre el tema, la capacidad de las instituciones para formular políticas públicas y de gerencia pública. Lo segundo está relacionado con los actores políticos, su representatividad y la aptitud de su liderazgo. La preocupación por la corrupción dentro de los esfuerzos contra la pobreza y la generación de empleo, debe acompañarse por una reforma estructural para evitar la incidencia de grupos al margen de la ley a favor de determinados candidatos en los procesos democráticos y su influencia en la contratación pública y decisiones administrativas. También debe eliminar “cuestiones como el clientelismo, el amiguismo… y el corporativismo”, que han “conducido al rentismo de los mercados, a proteccionismos ineficientes, intervenciones sesgadas y discriminatorias, a una asignación deficiente de recursos públicos, etc.”5. Uno de los principales temas para el Partido Liberal es de la intervención del Estado y de cómo vamos hacer para que el Estado cumpla sus funciones básicas. La respuesta socialdemócrata está vinculada a continuar el camino de las reformas a la política y al gobierno, esto es, al sistema electoral, al sistema de partidos, los derechos de la oposición, las instituciones de democracia representativa, la adopción del voto electrónico y al mejoramiento de la capacidad de gerencia de la administración pública. La construcción de una sociedad igualitaria y la erradicación de la pobreza, son superables en la medida que se tenga claro que es indispensable edificar instituciones para el buen funcionamiento del mercado y del desarrollo con equidad social. No se trata de que las instituciones democráticas deben desplazarse del eje de la política al de la economía, lo que resaltamos es la necesidad de profundizar su carácter representativo al tiempo que sean útiles al buen funcionamiento de la economía de mercado y al desarrollo con equidad. Del mismo modo, la aplicación de criterios gerenciales y el reclutamiento de personal idóneo cuya virtud no resida en el apalancamiento político, sino en su capacidad técnica, son indispensables para que el Estado realice los fines del estado social de derecho. Esto tiene que ver con dos reclamos socialdemócratas permanentes: el sometimiento de los intereses individuales a los colectivos y la igualdad real de los ciudadanos. El Partido Liberal debe proponerle al país una vigorosa Agenda de Modernización, dentro del contexto de la globalización, que convine el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza, cuando menos. El objetivo debe ser el de contribuir a elevar la tasa de crecimiento del ingreso y del producto per capita del país, en condiciones que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales, y la modernización de la Nación con base en una vigorosa política de competitividad. El bajo crecimiento económico se debe a la mala calidad de las instituciones públicas, a lo inadecuado de las políticas macroeconómicas, a la debilidad del sistema financiero, a la baja calidad de la infraestructura física, al bajo nivel del capital humano y la deficiente inserción en la economía mundial.Es urgente asegurar la presencia del Estado y sus instituciones entodo el territorio nacional, el fortalecimiento de los organismos de control, la representatividad y confianza en las instituciones, la protección de los derechos humanos, la lucha frontal contra la corrupción, el control social, la participación real y efectiva de los ciudadanos en el control, regulación y ejercicio del poder público. Para el Partido Liberal estas son las claves para recuperar la gobernabilidad democrática perdida.

V. POLÍTICA INTERNACIONAL

El Programa Socialdemócrata en materia de política internacional debe insistir en el multilateralismo, el respeto irrestricto al derecho internacional, la observancia del principio Pacta Sun Servanda y de no intervención en los asuntos internos. En ese sentido, el Partido Liberal propugna por el funcionamiento pleno de la Corte Penal Internacional y por el fortalecimiento del Sistema Interamericano y la Carta Democrática Interamericana. Debemos volver a América Latina. Las decisiones de política internacional del actual gobierno han sacado de América Latina a Colombia. El Liberalismo entiende que es de obligatorio cumplimiento el mandato constitucional de la integración latinoamericana y a ella apuesta. El mundo de hoy abre grandes posibilidades de intercambio comercial, cultural, científico y tecnológico con todas las regiones del mundo. La estrategia internacional de Colombia debe favorecer, ante todo, la consolidación de la integración andina y de la región sudamericana. Por otro lado, deben mantenerse los programas de ayuda militar y cooperación con Estados Unidos. Ésta es y será una nación amiga con la cual el Partido Liberal ha tenido y tendrá coincidencias en la tarea de defender la libertad y la democracia. También una política socialdemócrata debe mirar a Europa y a Asia no como simples mercados, sino como continentes aliados en la definición de un nuevo marco de gobernabilidad mundial que humanice la globalización y cree un verdadero estado de derecho internacional. El Consejo Europeo de Salónica de 2003 señaló que Europa apoyará la prevención de conflictos, promoverá la justicia y el desarrollo sostenible y ayudara a afianzar la paz y defender la estabilidad tanto en su región como en el resto del mundo6. Es la hora de pedir a la Unión Europea que esa política comience a operar en Colombia. Su ayuda es fundamental para que el fortalecimiento del poder coercitivo del Estado se complemente con una acción social eficaz. 

http://www.partidoliberalcolombiano.info/formatos/Estatutos_2010.pdf