Algunas personas recurren a prácticas ilegales para impedir el normal desarrollo de las elecciones, o para defender sus intereses particulares en los procesos electorales. La ley ha tipificado estas acciones de la siguiente forma:

Perturbación electoral

Este delito se configura cuando alguien obstaculiza o impide la realización de elecciones.

Constreñimiento al elector

Ocurre cuando una persona o grupo usa la fuerza o recurre a amenazas para moldear la decisión del votante; bien sea en términos del candidato escogido o con respecto a la participación o no en los comicios.

Corrupción al elector

Consiste en el ofrecimiento o entrega de dádivas para determinar el voto de un ciudadano. La culpabilidad por este delito recae sobre el elector y sobre la persona que ofrece la prebenda.

Voto fraudulento

Tiene lugar cuando una persona suplanta a otra indebidamente en el ejercicio del voto.

Fraude electoral

Se da en aquellos casos en los cuales se altera o destruye el material electoral.

Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas

Este delito cobra vida cuando una persona esconde o retiene el documento de identidad de un votante, con la finalidad de garantizar que éste sufrague o no, o que lo haga en determinado lugar o por cierto candidato.