Las regiones y territorios que han sido más afectadas por el conflicto armado y social en las últimas décadas continúan siendo objeto de hechos violentos que constituyen violaciones a los derechos fundamentales y colectivos, tales como asesinatos, amenazas, atentados, entre otros.

Es así como solo en los últimos días desde el territorio indígena de Puracé se reporta el asesinato de dos mujeres jóvenes por actores armados desconocidos; igualmente la comunidad indígena de López adentro en el norte del Cauca alerta sobre la presencia de hombres fuertemente armados que se movilizan en motocicletas y agreden verbal y físicamente a los comuneros.

Los cabildos y las guardias indígenas de Toribio, Tacueyó, San Francisco, Corinto, Huellas, Tóez y López Adentro siguen ejerciendo control en sus territorios buscando impedir que estos grupos recorran o se asienten en los mismos.

Conocimos también del atentado contra la vida del gobernador indígena del resguardo de Cumbal en Nariño quien antes ha sido amenazado por el grupo denominado Aguilas negras y en días pasados explotaron un artefacto en su residencia causando daños materiales.

Llamamos al gobierno central a poner en marcha los mecanismos de protección de activistas sociales y políticos, consignados en el Acuerdo final de paz, así como a activar decididamente los organismos de investigación para que se conozca la verdad sobre estos hechos y se castigue a los responsables. Requerimos tener prontos resultados antes que largas investigaciones exhaustivas que no contribuyen a prevenir y castigar a sus autores, ni a proteger debidamente a las autoridades y territorios indígenas.