La amenaza es latente. Los narcoterroristas del Eln y de las mal llamadas disidencias de las Farc escalaron su arremetida contra el Estado en respuesta a la dura ofensiva contra sus estructuras criminales, atentando de forma cruel, salvaje y cobarde bases militares, estaciones y patrullas de Policía.
La intención de estas guerrillas narcoterroristas no es otra que la de causar zozobra, temor en la ciudadanía, sensación de desgobierno y, por supuesto, proteger las rentas criminales que reciben producto del narcotráfico, combustible que les sigue permitiendo delinquir a sus anchas y ante la mirada de una Corte que en vez de respaldar la lucha contra ese flagelo, pareciera ampararlo al evitar el regreso, urgente a todas luces, de la aspersión aérea, la herramienta más eficiente para eliminar de tajo esas plantaciones ilegales. El gobierno Duque trazó para este 2022 la meta de erradicar 100 mil hectáreas, pero sin herramientas se le pone un palo a esa rueda.
Colombia no se arrodilla ni cede a las presiones violentas de un grupo de asesinos, narcoterroristas y delincuentes que persisten en perturbar el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos para aceitar el camino hacia un posible nuevo capítulo de negociaciones que, para el caso del Eln, hay que recordar que ese primer intento fallido le costó la vida a más de 100 colombianos y le dio vía libre a esa guerrilla para perpetrar más de 400 atentados terroristas. Eso sin duda, no es el reflejo de la voluntad de paz que tanto pregonan desde sus guaridas en Cuba.
Es claro que este periodo preelectoral es apetecido por estos grupos armados para hacer de las suyas. Pareciera que están buscando hacerle una despedida violenta al gobierno del presidente Iván Duque, como represalia a los duros golpes que han sufrido todos los eslabones de estas cadenas narcocriminales, como por ejemplo la captura del capo más peligroso de este siglo, alias Otoniel, o la baja de alias Jhonier, uno de los cabecillas más temidos de las disidencias. Solo en 2022 han sido neutralizados 235 delincuentes de alta peligrosidad.
Pero, además, no es un secreto que estos grupos criminales arrecian su ofensiva en época preelectoral para amedrentar y arrinconar a los colombianos para que en medio de la confusión voten por la opción que más los favorece, en este caso la izquierda radical que tanto nos amenaza. Prueba de lo anterior es la escalada terrorista que hemos vivido en los últimos días en departamentos como el Valle del Cauca, Meta, Córdoba, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Cauca y Antioquia; acciones terroristas que han cobrado la vida de seis soldados y siete policías.
Las alertas están encendidas. Según la Misión de Observación Electoral hay 319 municipios en riesgo, 9 más que en el escenario electoral de 2018, cuando la cifra fue de 310. Ahora bien, la MOE advierte que hay 124 poblaciones en riesgo por la presencia de disidencias y 91 más por el Eln, grupo guerrillero que en la actualidad cuenta con cerca de 2.450 hombres. Para contrarrestar estas amenazas serán desplegados 126 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía que por tierra, mar y aire custodiarán los comicios del próximo 13 de marzo en todo el territorio nacional. No hay que bajar la guardia.
Bien lo dijo el presidente Duque, el terrorismo será enfrentado y combatido porque este es un país que no se doblega. Es imperativo que las imágenes dolorosas y aterradoras que hemos visto como consecuencia de cruentas y demenciales acciones criminales no se conviertan en paisaje y sean evitadas con todo el poderío que tiene Colombia en materia de inteligencia. Urge estar un paso adelante de los que buscan atentar contra las libertades, la seguridad y la Fuerza Pública.
