Indigna, duele y estremece el acto de barbarie que se cometió contra Yuliana Andrea Samboni. Nos cubre de dolor en esta Navidad la acción demencial que contra esa niña perpetró el desadaptado social que es señalado por la justicia de ser el responsable de los hechos.

Rechazamos cualquier manifestación de violencia, pero en especial aquella que se comete contra las mujeres y los niños. No hay excusa que impida que el peso de la ley recaiga sobre el responsable y

quienes intentaron, tal y como manifestó el señor Fiscal General de la Nación, alterar la escena del crimen.

Sin importar la posición social y económica de los responsables, la sociedad, a través de la administración de justicia, debe ser implacable.

No es hora de que caigamos en la trampa de hacer demagogia ni propuestas efectistas como aquellas que he escuchado en las últimas horas, tendientes a buscar endurecimiento de penas o castigos aún más extremos. Mi llamado es para que, con las normas vigentes, se imparta justicia pronta y expedita. Gracias a la ley Rosa Elvira Cely, la sociedad podrá tener la garantía de que el autor del crimen, Rafael Uribe Noguera, pasará una muy larga temporada tras las rejas, pagando por el crimen que cometió.

La discusión que debemos dar los colombianos gira en torno al castigo social adicional al penal que deben recibir los abusadores sexuales y los feminicidas. Más allá del escarmiento que les imponga el juez, debe existir otro tipo de medidas, sobre todo para que la comunidad sepa a qué atenerse con esas personas.

En los Estados Unidos, por ejemplo, una persona que haya sido condenada por delitos de tipo sexual, una vez recuperan su libertad, están obligados a reportar ante las autoridades su lugar de residencia y éstas –las autoridades- ponen un aviso en la puerta alertando al vecindario, diciéndoles que allí habita una persona que fue sentenciada por haber cometido un delito sexual.

Los niveles de reincidencia de los abusadores sexuales son muy elevados, razón por la que las potenciales víctimas tienen el derecho de conocer de primera mano el riesgo al que se enfrentan por vivir cerca de un depredador.

Los puristas dirán que una propuesta en ese sentido “viola” el derecho a la intimidad y al buen nombre de la persona en cuestión. Pero acá no hay que pensar en ellos sino en quienes podrían ser afectadas en el futuro. Insisto: este es un asunto de la mayor importancia que no se debe asumir con discursos pomposos ni con propuestas demagógicas, sino con acciones prácticas.

Condenas ejemplarizantes que ya existen y que nos garantizan que los violadores y asesinos de mujeres no recibirán ningún tipo de beneficio después de ser condenados, como rebaja en sus penas o detención domiciliaria. Y eso está muy bien. Pero cuando salgan de prisión, debe reducirse al máximo la posibilidad de reincidencia y una de las formas más eficaces para ello es alertando a la comunidad, notificándole al vecindario que allí llegó a vivir un violador o un asesino de mujeres.

Defenderé esta propuesta ante mi partido para efectos de que, como bancada, presentemos un proyecto de ley en ese sentido porque tengo la convicción de que medidas como estas, cuya implementación es sencilla y rápida puede ayudar a evitar que sigan cometiéndose crímenes como el de Yuliana, que ha estremecido a todo el país.