Teniendo en cuenta que las organizaciones y comunidades del sector agropecuario y popular que promueven el Paro Nacional Agrario que lleva tres días desde el martes 31 de mayo de 2016, presentaron ante el presidente Juan Manuel Santos Calderón en el año 2013 un Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares, peticiones que en su mayoría aún no han sido cumplidas por el Gobierno Nacional, el representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla Soto, dio a conocer su posición al respecto, indicando que es justa la defensa de los agricultores colombianos que buscan la construcción de una política pública agraria estructurada y coherente con las necesidades del pueblo colombiano, que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afro e indígena, y que fortalezca y potencie la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional, sin embargo, el congresista caucano rechazó los actos vandálicos de algunas personas que en varios videos y fotografías publicadas en las redes sociales y medios de comunicación muestran a encapuchados, que han sido calificados como “terroristas infiltrados”, quienes han venido deslegitimando el derecho a la protesta pacífica que tienen las comunidades, para convertirlas en actos inhumanos que han sido reprochados tanto por las víctimas de la depredación, que son particulares que han quedado atrapados en las vías, como por los líderes y dirigentes cívicos del paro. También se han registrado daños a bienes públicos, a la señalización y seguridad vial.
Indica el congresista que, igualmente, es imperioso evitar cualquier situación que altere la seguridad de la población caucana, que espera el debido uso del derecho a la protesta dentro de los parámetros legales, respetando las atribuciones legítimas de otros sectores y que no justifica taponamientos de las vías públicas ni alteración del orden público, porque son incidentes que generalmente contribuyen a agravar el problema que se pretende solucionar y que son aprovechados por intereses ajenos, de fuerzas armadas ilícitas o por parte de políticos no comprometidos con la causa agraria que tratarán de usufructuarse de acciones vandálicas.
El representante Bonilla Soto recordó que “la Constitución Política de Colombia afirma que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, es evidente que son muchos los campesinos, indígenas, afrocolombianos y pobladores urbanos que han vivido en la injusticia y la desigualdad. Soy consciente de que la marginación social ha sido una constante histórica, inclusive desde muchas décadas antes de la promulgación de la Constitución del 91, que además sostiene en su artículo 65 que la producción de alimentos debe gozar de la especial protección del Estado. No obstante, la política agraria no ha resuelto el conflicto económico, político y social ni la crisis histórica que los campesinos colombianos han venido padeciendo”.
Ante tal situación, Bonilla Soto dijo que trabajará incansablemente en el objetivo de promover desde el Congreso de la República la legislación que haga posible la implementación de una política pública agropecuaria y minera justa, que hará el control político necesario para que se cumplan los acuerdos firmados y que impulsará el respeto y las garantías a la lucha agraria que busque la dignificación de la calidad de vida de la población campesina, afro e indígena.
