La presentación de un nuevo proyecto de reforma tributaria por parte del Gobierno Nacional es inminente. Colombia se tiene que acomodar a un escenario en el que su renta petrolera va a pasar del pico de $23 billones a tan sólo $3 billones en 2016.
Estimaciones de Fedesarrollo y de la comisión de expertos que está estudiando nuestro sistema tributario sugieren que, en ausencia de reforma tributaria, los ingresos totales del Gobierno,excluyendo los que financian lo que antes financiaban los parafiscales, disminuirían del 16,9% del PIB en 2013 a 13,8% del PIB en 2020. Esto sumado a que el Gobierno necesita recursos adicionales cercanos al 3,3% del PIB en cinco años para cumplir con el compromiso de la regla fiscal.
Esta reforma sin embargo, se promoverá en una coyuntura más que difícil. Aunque el PIB en el segundo trimestre se ubicó en 3%, superando la expectativa de 2,7%, el comportamiento es pobre al compararlo con el crecimiento en estos mismos periodos en 2014 y 2015: 4,2% y 5% respectivamente. Además preocupa enormemente que la industria manufacturera no levante cabeza y haya tenido un decrecimiento del 1,3%.
Pese a que nuestros sectores productivos tienen un panorama gris por delante, el Gobierno Nacional justifica la reforma resaltando cómo nuestra carga tributaria de 20,1%, entendida como recaudo total de impuestos sobre PIB, es baja comparada con la de América Latina (21,3%) y la de los países integrantes de la OCDE (34,1%). Sin embargo, una perspectiva comparativa también evidencia que la fórmula de crear más impuestos o aumentar las tarifas de nuestros impuestos sobre la renta ha llegado a su límite. Según el Banco Mundial, Colombia tiene una de las tasas efectivas de tributación más altas de América Latina, 75,4%, la tercera más alta después de Argentina y Bolivia.
Además, el enfoque fiscalista resulta aún menos conveniente si lo ponemos en perspectiva con lo que han venido haciendo nuestros directos competidores. Las tasas efectivas de tributación de Chile, Perú y México son respectivamente del 27,9%, 36,0% y 51,8%, y la promedio de América Latina es del 48,3%, de acuerdo a estudios del Banco Mundial. En contraste, Perú, país con una de las tasas efectivas de tributación más atractivas de la región, ha tomado la decisión de recudir gradualmente el impuesto sobre la renta de las empresas para reactivar la economía.
En lugar de crear más impuestos o prolongar indefinidamente algunos antitécnicos como el gravamen a los movimientos financieros (GMF) y el de riqueza, que golpea directamente la inversión, lo que se debería hacer es evaluar las exenciones y demás tratamientos preferenciales que existen en nuestro impuesto sobre la renta. Sólo se deberían mantener las exenciones que realmente impulsen la inversión en aquellas industrias que el Gobierno quiere fomentar, el problema es que el gobierno aún no tiene claro un modelo de desarrollo que le permita identificar esas industrias. Ahora bien, en este punto es importante resaltar que se viene anunciando un cambio en el régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro, para nadie es un secreto que muchas fundaciones en Colombia son directas competidoras de sociedades comerciales y que allí hay un fenómeno de evasión importante.
De otra parte, la clase media y el efecto redistributivo de la tributación se verían seriamente afectados con el posible aumento de la tarifa del IVA en dos puntos. Antes que pensar en aumentar la tarifa se deben revisar los bienes cuya venta hoy es considerada como excluida o exenta, es preciso examinar juiciosamente qué bienes deben considerarse como fundamentales para la canasta familiar. La comisión de expertos resalta cómo cerca de la tercera parte del gasto en bienes exentos es hecho por el 10% más rico de nuestra población mientras que el 10% más pobre apenas responde por el 3,1% de este gasto. Un ejemplo diciente es el de la venta de camarones y langostinos, que pasaron de tener una tarifa del 16% a ser exentos en 2013. Exenciones como esta en poco o nada contribuyen a reducir la regresividad intrínseca del IVA.
La invitación es entonces a repensar nuestro sistema tributario y promover una reforma tributaria verdaderamente estructural que le sirva a Colombia para salir de la crisis fiscal pero también para proyectarse hacia el futuro como un país con tasas de crecimiento del PIB que conduzcan al desarrollo. Una reforma cuya conveniencia no sólo se mida en términos de recaudo sino por fomento a la inversión y el crecimiento económico, una reforma que contribuya a ampliación de la clase media y que mejore nuestros índices de redistribución de riqueza.
