Ante los múltiples cuestionamientos generados por el contrato entre la Organización de Naciones Unidas y la empresa rusa UTair Helicopter para el transporte de funcionarios del organismo en su misión de monitoreo y verificación de la desmovilización de las Farc, el representante Santiago Valencia González le pidió a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, intervenir para establecer presuntas irregularidades en este proceso.
Según la Asociación de Pilotos de Helicópteros de Colombia, además de afectar gravemente la generación de empleo de la empresa nacional que se dedica a esta labor, la operación de aeronaves MI-8MTV por parte de la compañía extranjera, viola la reglamentación aérea colombiana.
“Según los pilotos de helicópteros desde el año 2004 no les está permitido operar en Colombia a dichas aeronaves porque no poseen “certificado tipo”, el cual es un elemento esencial para la operación segura de aeronaves”, señaló el Congresista.
Añadió que “de acuerdo a la denuncias de este gremio, dicha empresa no cumple con los requisitos contemplados en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia parte 3. “actividades aéreas civiles” y 4. “normas de aeronavegabilidad y operación de aeronaves”.
Además, Valencia dijo que “es importante que los entes de control verifiquen los riesgos para la seguridad aérea debido al desconocimiento que de la topografía colombiana tienen los pilotos rusos y los altos niveles de accidentalidad de estas aeronaves que tienen más de 30 años de uso”.
El Congresista advirtió de la responsabilidad que tuvo la empresa extranjera en el abuso sexual de una menor de edad en el Congo cuando realizaba operaciones para la ONU en el año 2000.
El Representante enfatizó que “mientras las empresas nacionales de transporte en helicóptero se están cerrando, el Gobierno prefiere contratar estos servicios con una empresa extranjera”.
De los 10 helicópteros que se espera realicen estas operaciones, dos ya han llegado al país.
