"No se puede medir con la misma vara a las ESAL de base y a los ricos de este país que se han valido de esta figura para hacerle trampa al sistema", senador Jorge Prieto Riveros.
La Reforma Tributaria presentada por el Gobierno Nacional propone que Las Organizaciones Sociales de base que la DIAN considere que no cumplen con los requisitos para permanecer en el RTE (Régimen Tributario Especial), tendrán que pagar el 32% de Impuesto de Renta más el impuesto de Renta por Comparación Patrimonial. Lo anterior, "menguaría significativamente sus ya exiguas finanzas y la posibilidad de su sostenibilidad a corto y mediano plazo", sostuvo el Senador Prieto durante Audiencia Pública celebrada en la ciudad de Medellín.
En la Audiencia, donde también participaron las organizaciones sociales sin ánimo de lucro de la mayor parte de Antioquia, se puso en conocimiento otro de los puntos que las afectaría directamente: Los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, y sus cónyuges o compañeros o sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, no podrán contratar ni recibir ningún tipo de pago con la entidad porque será considerado distribución indirecta de excedentes. Y solo serán admitidos los gastos laborares pagados a administradores y representante legal con sus respectivos pagos de parafiscales.
El Senador explica que esto desestimularía la actividad voluntaria en las organizaciones sociales de base, ya que los grupos focales (población objetivo) que atienden estas organizaciones, que es la población más vulnerable y excluida de Colombia, quedarían huérfanos y sin atención, "lo que se configuraría en una flagrante violación de los Derechos Fundamentales de estas personas que encuentran en las organizaciones de la sociedad civil, la respuesta y el amparo que deberían obtener del Estado y que hasta hoy nunca han recibido".
Finalmente, el congresista casanareño argumenta que solo el 4% de las Organizaciones Sociales del sector, con músculo financiero, pueden sobrevivir a las exigencias dadas por la Reforma Tributaria, por lo que serían las que administrarían los caudalosos fondos internacionales que llegarían al país por concepto de financiar el Acuerdo de Paz y el Postconflicto.
