El próximo 19 de agosto se cumpliría un año desde que el gobierno venezolano decidió, de manera unilateral, cerrar sus fronteras con Colombia. Sin embargo, la semana pasada, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la reapertura de la misma. Hoy, 13 de agosto, hay paso fronterizo desde las 5:00 a.m., como se anunció después de 51 semanas.Lo preocupante del asunto es que no hubo un solo pronunciamiento que condenara la decisión del cierre. Es decir, no se hizo alusión a la manera indigna en que fueron tratados nuestros compatriotas, ni al trato de criminales que recibieron, y mucho menos que sus pertenencias y proyectos de vida hayan sido destruidos.
La reapertura será gradual, se dio a conocer a los colombianos. Pero, además, está condicionada a cinco medidas que tambien fueron anunciadas.
Celebro la reapertura de la frontera, pero condeno de manera vehemente el silencio cómplice del Gobierno Nacional, frente a los abusos de las autoridades venezolanas. Lamento que el papel de Venezuela como garante en los diálogos de La Habana, le dé licencia para atropellar a los nuestros.
Sobre las cinco medidas que condicionan la reapertura, existen graves incertidumbres y hay interrogantes que debo plantear. Particularmente es cuestionable el anuncio de la creación de un documento de identificación especial para las personas que viven en territorios de frontera. ¿Qué alcance tendrá este documento? ¿Qué derechos otorgará a los venezolanos en nuestro territorio? Específicamente pregunto si los venezolanos que portan esta tarjeta podrán votar en nuestro país. Parece claro que la decisión de abrir la frontera obedece a la necesidad del gobierno de importar los cientos de miles de votos de los colombianos que viven en Venezuela, y no a la necesidad de resolver la crisis económica que se ha suscitado como consecuencia del cierre.
¿Y qué derechos quedarán restringidos para los colombianos que lo porten en Venezuela? Si este documento será dado de manera exclusiva a quienes puedan acreditar que viven en territorios fronterizos, ¿qué pasará con las personas que quieran cruzar la frontera y no lo porten? Es por eso que, por vía de un derecho de petición, solicitaré al Ministerio de Relaciones Exteriores que aclare estos interrogantes. No se debe tomar esta decisión, como acostumbra este gobierno, de espaldas al país.
Debemos preguntar, además, al Gobierno Nacional si tendrá el desparpajo de cobrar a los colombianos, víctimas de su silencio cómplice por un año completo, por el documento que los identifica como habitantes de territorios fronterizos. Ya bastante daño se ha hecho en el gobierno de Juan Manuel Santos a la economía de los territorios de frontera, y a las personas que los habitan. Resulta ofensivo e indignante que se estudie si quiera la posibilidad de cobrar a los colombianos por la expedición de este documento. Europa abrió sus fronteras hace dos décadas y un lustro, pero Colombia y Venezuela dan un paso atrás y dejan el libre tránsito de dos pueblos hermanos en el pasado.
Entre las cinco medidas mencionadas está el incremento del pie de fuerza en los cruces de frontera identificados. Debemos cuestionarnos si esta medida sola no resultaba suficiente, para responder a los cuestionamientos venezolanos, con los que justificaron el cierre originalmente. Cabe preguntar si la coordinación de nuestras Fuerzas Militares y las venezolanas no era una necesidad urgente hace mucho tiempo, y sobretodo si era necesario esperar un año completo para adoptar dicha medida en virtud de poder dar reapertura a la frontera.
El Gobierno se ufana de sus relaciones diplomáticas y ha alardeado, de manera particular, de su relación con la dictadura vecina. Pero lo cierto es que nunca, como en este gobierno, han sufrido tanto los habitantes de la frontera Colombo-Venezolana. La posición del Gobierno Nacional frente a la dictadura ha sido cobarde y arrodillada, como lo ha sido con las FARC en sus negociaciones, como si no pudiera independizar la diplomacia con Venezuela de los diálogos con dicho grupo terrorista.
Las cinco medidas adoptabas por el gobierno y que condicionan la reapertura de la frontera legitiman la decisión de Venezuela de haberla cerrado en un principio y justifican la perpetuación de dicho cierre. Lo que es peor, estas cinco medidas no pueden garantizar de ninguna manera que la frontera vaya a permanecer abierta y no sea cerrada de nuevo para satisfacer las necesidades políticas del dictador del vecino país, que acostumbra -como su antecesor- culpar a Colombia de todas las desgracias que causan su ineptitud y su modelo económico y político fallido.
