Bogotá D. C., Septiembre 14 de 2011
Doctor
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República
Ciudad
Respetado Señor Vicepresidente.
Han sido varias las oportunidades en que, por la interlocución en el marco de sus funciones, le he expresado la voluntad de la colectividad política que dirijo, de adecuarse y ajustarse a los protocolos y estándares de Buenas Prácticas Políticas que proponen a los partidos políticos de Colombia, los organismos internacionales y las misiones diplomáticas que observan el ejercicio de la política en Colombia.
He implementado todas las recomendaciones del Programa de Fortalecimiento Democrático que lidera el PNUD y atendido absolutamente todas las directrices trazadas por el IRI, el NDI y suscrito el “Pacto Por La Transparencia” con los Presidentes de los demás Partidos y los Medios de Comunicación.
No obstante, somos víctimas de una estrategia descalificadora que se impulsa a través de los medios de comunicación de alta audiencia, circulación y rating, los que en actitud de desequilibrio informativo emiten, publican y trasmiten las opiniones y conceptos de personas naturales y jurídicas que con sesgo, están participando con interés político y económico en el proceso electoral colombiano. Un claro ejemplo de ello es el mal llamado “estudio” de la Corporación Arco Iris que dirige el Señor León Valencia, quien prevalido de la condición y categoría que le ha otorgado el Estado, como reinsertado de la CRS del Ejercito de Liberación Nacional ELN, atenta contra nuestra colectividad utilizando los peores adjetivos y dando origen a “noticias” que se transmiten sin equilibrio informativo, pues los medios que le crean y ambientan escenario a esta clase de personajes, con patente del Estado, no nos dan tan siquiera la oportunidad de replicar y exponer nuestro criterio.
El señor León Valencia, con el argumento de haber contratado con el Ministro del Interior Dr. German Vargas Lleras la elaboración de un estudio; cuyo objeto contractual no podría ejecutar por cuanto no es precisamente el objeto social de la ONG que dirige, la contratación de estudios judiciales ni de índole electoral y menos el de calificar las inhabilidades e incompatibilidades de los colombianos; ha difundido una información injuriosa y calumniosa en contra de ciudadanos avalados por nuestro Partido, para las elecciones del 30 de Octubre próximo. Debo resaltar que presumo que ese contrato no existe, ya que no aparece en el Portal Único de Contratación Pública, y en el evento que exista, conviene para la salud de la democracia, que se publique. Además, en caso que exista tal contrato, solicito se investigue qué entidad, dependencia o funcionario, certificó la inexistencia del personal de planta del Estado Colombiano para desarrollar esta clase de investigaciones. Conozco que existe en la estructura del Estado Colombiano entidades y dependencias como la Oficina Anti Corrupción, La Procuraduría General de la Nación, El Consejo Nacional Electoral, el DAS y el mismo Departamento Nacional de Planeación, que cuentan con personal idóneo, competente, y con funciones determinadas por la Ley y los Reglamentos para desarrollar este tipo de actividades, que se contrataron irregularmente.
Al hacer un examen al mencionado “estudio”, observamos el sesgo político en favor del Partido Político Cambio Radical, al cual pertenece el Jefe de la entidad contratante y de cuya organización partidaria es Representante Legal el Doctor Antonio Álvarez Lleras. Para citar dos ejemplos: Dice la ONG de León Valencia en sus cuestionamientos que en el Departamento del Magdalena, “Luis Miguel Cotes aspira a la Gobernación por firmas de un movimiento significativo de ciudadanos. Se dice que goza del patrocinio de Trino Luna, exgobernador condenado por parapolítica.” Y del Departamento del Casanare consigna que “Efrén Hernández, quien consiguió el aval del Partido de Integración Nacional -PIN-, aparece mencionado en varios testimonios de exparamilitares de las Autodefensas Campesinas de Casanare y del Bloque Centauros. Según las versiones de los exjefes ‘paras’, Hernández fue muy cercano al proyecto paramilitar de Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos” y dice de ese departamento además, que “Nelson Mariño, quien aspira por el Movimiento Afrovides, ha sido acusado por desmovilizados ‘paras’ de haber colaborado económicamente con ‘Martín Llanos’ cuando en 2002 fue alcalde de Yopal”. Y aquí, quiero llamar la atención de Usted, Señor Vicepresidente y por su intermedio del Gobierno Nacional y del Estado Colombiano. El señor León Valencia, guarda silencio de la situación de los candidatos de Cambio Radical en esos dos departamentos. En el Magdalena guarda silencio y su sesgado estudio no consigna absolutamente nada del candidato a la Gobernación por Cambio Radical José Pinedo, hijo del Ex Congresista Miguel Pinedo Vidal. Pero tampoco dice algo de Alirio Guzmán, candidato a la Gobernación del Casanare por Cambio Radical y que tiene el respaldo del Ex Gobernador Oscar Wilches. Tanto Miguel Pinedo padre del candidato del Magdalena, como Oscar Wilches padrino del candidato de Casanare por Cambio Radical, se encuentran privados de la libertad en la Picota por similares conductas de las mismas que cuestiona la ONG Arco Iris de León Valencia.
Cuál es la objetividad de la ONG Arco Iris del Señor León Valencia? Desde cuando un particular contratado por el Estado, invade la órbita de los órganos de control del mismo Estado y usurpa funciones públicas con el consentimiento del Estado Social de Derecho? Y, cuál es el propósito de publicar un supuesto estudio, después de finalizado el plazo para el otorgamiento de avales y por qué no lo dieron a conocer a los partidos?
La falta de objetividad y la muestra del sesgo en procura de favorecer al Partido Cambio Radical, queda demostrado al observar la columna de opinión que León Valencia publica en la edición 1.529 de la Revista Semana y que titula “El ejemplo de Cambio Radical”, en la que hace una apología a la pantomima y paparrucha jurídica de la revocatoria de avales de ese partido.
Pero la que si desborda toda sospecha es la publicada en la edición 1.530 de la Revista Semana, que titula “La Investigación de Arco Iris” y que debe servir de fundamento para que se inicie una investigación judicial y disciplinaria, porque de su contenido se desprenden varias hipótesis.
Observemos qué se dijo con anterioridad, con cuyos argumentos, a todos los Colombianos nos quisieron convencer: Que la Corporación Arco Iris había contratado con el Ministerio del Interior la realización de un estudio. Y, ahora, nos salen con otra versión:
“El cuento fue así…..Claudia y yo fuimos a donde el ministro Germán Vargas a contarle los pormenores de nuestro proyecto, y a él le pareció que los resultados de la investigación le podrían servir al gobierno para hacer más transparentes y legítimas las elecciones locales; y también que la presencia de Arco Iris en el Comité de Seguimiento Electoral, en el que tenían asiento todas las instituciones encargadas de vigilar los comicios, podría estimular una acción más decidida del Estado para prevenir todos los riesgos en esta campaña.
Acordamos con el ministro una contribución económica que permitía ampliar la muestra a 75 municipios y prolongar la investigación de modo que una vez hecho el trabajo en terreno se continuaría observando el comportamiento de los candidatos y de los grupos políticos sobre los cuales se registraban cuestionamientos. Se desplegarían 67 investigadores para hacer la muestra.
Así empezó una experiencia muy interesante para la democracia colombiana. La colaboración entre una organización de la sociedad civil y el Estado para impedir que algunos políticos llegaran "montados en los hombros del diablo" a las alcaldías, a las gobernaciones, a los concejos y a las asambleas.
Los resultados han sido excepcionales y la controversia no ha sido menor. La lista de candidatos cuestionados después de la indagación en terreno fue entregada en una reunión a la cual asistieron el presidente Juan Manuel Santos, los ministros del Interior y Defensa y los directores de la Policía Nacional y del DAS”. Columna de Semana, de León Valencia, Septiembre 04 de 2011.
Gravísimo para la democracia, que se le entregue dinero del Estado a un particular para que haga la labor de inteligencia por fuera del orden. Vamos en un proceso de transición, saliendo de un Estado al que se le acusó con vehemencia de “chuzar” o interceptar ilegalmente las comunicaciones, en un esquema derechista; para adentrarnos en otro, en que se le otorga una patente a una organización de corte izquierdista, que tiene una tendencia de pensamiento político e ideológico, para que juzgue a los demás políticos. Le entregan una “Patente de Corso” a un ex guerrillero, que abandonó su causa; la búsqueda de libertad e igualdad, su fusil y su tropa, para entregarse a quien combatió, a cambio de calidad de vida para él y su entorno y una trinchera desde donde seguir disparando. Ahora, atrincherado en la para-institucionalidad, dispara contra todo aquel, que su nuevo amo le ordene, hasta contra quienes fueron compañeros de ideales, como en el caso de los reinsertados del EPL que están militando en nuestro partido. El señor León Valencia, no tiene más argumento que el que le otorgan sus odios y resentimientos de su pasado de lucha guerrillera, en la que mantuvo disputas de poder territorial en su irregularidad.
Con el fin de que obre como prueba ante Usted y el Estado Colombiano, ante los órganos de control de Colombia y ante los Organismos Internacionales, me permito exponer dos ejemplos de la gravedad del asunto, pues consideramos que el cuestionado informe de la ONG Arco Iris de León Valencia, tiene propósitos malsanos, por lo cual solicito al Estado colombiano, a prevención como medida cautelar se evite la comisión de un posible y presunto genocidio político con nuestra organización política Partido de Integración Nacional -PIN-. Nuestra organización política tiene origen en las bases del sindicalismo regional. Nacimos de las entrañas del Sindicato de Educadores de Santander SES, de cuya organización fue presidente el educador y líder sindical Luis Alberto Gil Castillo, ex combatiente del M-19; del Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico Colombiano SINTRAELECOL, presidida por el líder obrero de la Electrificadora de Santander Ferney Lozano y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria SINTRAINAGRO, presidida por el líder de los obreros de la industria bananera de Urabá, José Guillermo Rivera Zapata, reinsertado del EPL. No nacimos del paramilitarismo ni del narcotráfico como lo quieren poner en el inconsciente colectivo con la anuencia del Estado colombiano organizaciones como la de León Valencia.
Los dos ejemplos de gravedad son:
AGAPITO MURILLO PALACIOS, candidato por nuestro partido a la Alcaldía de Carepa (Antioquia), afiliado activo de SINTRAINAGRO desde 1988, Subdirectiva de Carepa (Finca El Rincón de Agrícola Sarapalma) ha sido tesorero, vicepresidente y presidente de esa organización. Actualmente se desempeña como Director del Departamento de Relaciones Laborales y Negociación de la Junta Directiva Nacional, según Resolución No. 117 del 26 de diciembre de 2005.
ESTEBAN GULFO ROMERO, candidato por nuestro partido a la Alcaldía de Chigorodó (Antioquia), afiliado activo de SINTRAINAGRO desde 1985, Subdirectiva Chigorodó (Finca Alameda de Agrícola El Retiro) ha sido de la directiva sindical desde 1992 y actualmente se desempeña como Presidente de la Seccional Chigorodó según Resolución No. 115 del 25 de diciembre de 2005.
La ONG Arco Iris que dirige León Valencia, los relaciona de forma irresponsable y sospechosa de tener vínculos con las Bacrim. Todo, porque en Urabá se debate actualmente el tema de la restitución de tierras y SINTRAINAGRO se opone a la intención de algunos caza fortunas que ven en el proceso una oportunidad para acrecentar sus economías y quieren quedarse con parte de la tierra en proporciones que oscilarían entre un 10 y un 30% por concepto de la representación a las víctimas. León Valencia ha impulsado la propuesta y SINTRAINAGRO continua oponiéndose, convirtiéndose en la piedra en el zapato para Valencia.
Agapito Murillo Palacios y Esteban Gulfo Romero, son reinsertados del EPL. Y Guillermo Correa quien es de la Dirección Nacional del PIN, -Reinsertado del EPL-, preside CORPOLIBERTAD una organización de víctimas del conflicto en Urabá.
Reitero Señor Vicepresidente, que el Estado Colombiano al patrocinar las actuaciones irregulares del Señor León Valencia; las que son difundidas por medios de comunicación de cobertura nacional, nos estaría condenando a la desaparición política, configurándose una conducta que se tipifica en el Derecho Internacional como genocidio político -politicidio-, puesto que en una sociedad moderna, no sólo la muerte y la lesión física de un grupo; como sucedió en otros tiempos con la Unión Patriótica -UP-, sino que actos que causen lesión a la integridad moral de los miembros de un grupo definido, pueden dar origen a acontecimientos que desencadenen el genocidio político de dicho grupo, en este caso del Partido de Integración Nacional -PIN-. En el Derecho Internacional, se estaría ante un evento de violencia pasiva extrema contra nuestro partido político. Observe Señor Vicepresidente que todos los actos de la ONG Arco Iris de León Valencia, tienen el propósito de desencadenar acontecimientos represivos que van dirigidos hacia un colectivo político, en el intento de destruir “un grupo de personas unidas por sus ideas”, en este caso el Partido de Integración Nacional –PIN-.
La tortura sicológica diaria con el fin de afectar a la militancia, sin permitírsenos el derecho a la expresión y a la réplica, socaba nuestra integridad moral. No cualquiera sale a los medios de comunicación y nos desprestigia; tal es el caso del Senador Roy Barreras, Codirector del Partido de la U, quien para tratar de ocultar la noticia sobre la demanda que cursa en su contra, en el Consejo de Estado, por presuntamente influenciar en la asignación de un bien de la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE; otro de los casos de corrupción que escandaliza al país, sale a los medios de comunicación a decir, que de ninguna manera la U aceptaría al PIN dentro de la coalición de gobierno y aseguró, que lo mejor será que esta colectividad se disolviera argumentando que “A mí me parece que Colombia se encamina hacia partidos grandes, serios y en un proceso de depuración de la política, pero también en un proceso de consolidación de los grandes partidos, los partidos pequeños y fragmentarios no parecen tener mucho futuro" (Colmundo Radio, 21 de Julio de 2011, 17.21 horas.) Esa expresión se constituye en prueba fehaciente de la intención del Estado por exterminarnos y más aún, cuando proviene del codirector del Partido de gobierno, el Partido de la U. Ese lenguaje agresivo nos confirma que existe una estrategia de exterminio político y que ese objetivo estaría claro para quienes ostentan la estructura del poder político nacional.
No estoy claudicando; estoy denunciando y dejando una constancia histórica ante Usted que es la esperanza de la democracia en Colombia. El camino que nos ha tocado recorrer ha sido y será difícil, porque no renunciaremos a nuestros derechos y convicciones políticas y el único sendero que nos están trazando es la utilización del lenguaje de las víctimas, de confirmarse que las agresiones a nuestro partido están patrocinadas por un agresor tan poderoso como es el Estado y entonces no nos quede otra vía que la de calificar el régimen actual de la Unidad Nacional, como un proyecto político fundamentado en una filosofía totalmente antidemocrática.
El Derecho Internacional estipula que los Estados están obligados a no cometer, prevenir y sancionar el genocidio, en este caso el “politicidio”. Si esto sigue avanzando, y las agresiones pasan de lo moral a la integridad física y a la vida de nuestros militantes, estaremos avocados a un segundo episodio de violencia contra una organización política. La primera fue contra la UP, ante la cual el Estado ha reusado su responsabilidad, recurriendo a formas de legitimación de la impunidad, alegando que lo ocurrido a la UP seria el resultado de hechos individuales llevadas a cabo por narcotraficantes en vendetas locales o acciones de delincuencia común.
Tan grave es la situación, que el periódico The Miami Herald nos califica de “Partido Derechista” y a su presidente, como un dirigente político representante de la derecha colombiana.
Doctor Angelino, no es justo que periodistas como la Señora Vicky Dávila en RCN, el señor Julio Sánchez Cristo de la W de Caracol, Noticias Uno y la Revista Semana, sin equilibrio informativo, nos coloquen el estigma de paramilitares y narcotraficantes, sin serlo. En mi caso y el de muchos colombianos afiliados y militantes del PIN no fuimos formados políticamente en la academia de la escuela burguesa. Soy un colombiano que de joven participé de la tertulia del MOIR y posteriormente, en la UPTC integré la tertulia universitaria pro izquierda, anti-yanqui, muchas veces perseguida por las brigadas de choque auspiciadas por el Estado de sitio; y soy un abogado formado en la Universidad Libre, como hombre libre para defender el Estado de Derecho y su componente esencial: la Democracia.
Con semejante estigmatización, y ni el señor Ministro del Interior Dr. Germán Vargas Lleras, ni el General Oscar Naranjo, Director General de la Policía, han atendido mi súplica de un esquema de seguridad digno para soportar el estado de inseguridad generado por el mismo Estado. Piensa uno, que el propósito de exterminio político, le será más fácil al Estado, si nos deja solos en la situación de riesgo que a través de sus actores irregulares nos ha colocado.
La historia pareciera repetirse; hoy nos presentan como delincuentes, sin serlo. Mañana justificarán las agresiones contra la integridad física y la vida de nuestra militancia a “hechos individuales inconexos”.
Le ruego Doctor Angelino Garzón, tener la presente como un medio de constancia, para que el Estado colombiano, no rehúya la responsabilidad que le corresponda, en una eventual reparación por el acontecimiento de una nueva forma de exterminio político. Y por su intermedio, comunique a la Jefatura de Estado en términos de Derechos Humanos, dentro del marco del Derecho Internacional.
De Usted,
Con sentimientos de consideración, admiración y respeto.
ÁNGEL ALIRIO MORENO MATEUS
Presidente Nacional
PARTIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL
