Frente a situaciones de crisis como la actual de la Fusm y otras IES que pudieran estar en condiciones similares -que ponen en riesgo no sólo la viabilidad financiera de las IES, sino la calidad y el derecho fundamental a la educación y la continuidad del servicio público-, el ordenamiento jurídico actual carece de un esquema claro de inspección y vigilancia que le permita al MEN actuar de manera rápida y eficaz para garantizar los derechos de los estudiantes y de la comunidad académica en general. Si queremos avanzar en la ruta trazada por el Presidente Santos de una Colombia en paz, equitativa y educada, el país debe contar con un MEN ejerciendo la rectoría de las políticas públicas de una educación superior pertinente, con calidad y acceso universal.
En tal sentido, para proteger el derecho a la educación superior, reiteramos, hemos valorado la decisión de la Ministra Ginna Parody de intervenir la Fusm y expedir la Resolución 18253 del 4 de noviembre pasado, por la cual suspende temporalmente y de manera preventiva los registros calificados y ordena adoptar y presentar al MEN un plan de mejoramiento, que contenga las acciones para garantizar a las cohortes iniciadas, la continuidad de los correspondientes programas en condiciones de calidad. Para administrar sus bienes y recursos, recibir el dinero de las matrículas y demás pagos por derechos académicos y que la administración y gastos de estos sólo se destinen a suplir necesidades operativas de la institución, se ordenó la constitución de una fiducia para tal fin, pero hasta el día de hoy no ha sido posible.
La debilidad legal de los instrumentos de inspección y vigilancia con que cuenta el MEN, ante situaciones de crisis como la de la Fusm, hace que las medidas tomadas no sean oportunas o no tengan la eficacia suficiente. Por ello, el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el proyecto de ley 124S/14, con el objetivo de solucionar estos problemas estructurales y dotar al MEN con un conjunto de instrumentos legales y precisos de inspección y vigilancia, que incluyen la posibilidad de adoptar medidas inmediatas de intervención como la fiducia e incluso, la de designar, en caso de ser necesario, otras personas que tendrían a su cargo la administración temporal de la institución de forma preventiva, mientras se logra superar la situación de crisis.
Durante el trámite del proyecto de ley y en diálogo con diferentes sectores de la comunidad académica hemos logrado precisar de manera rigurosa aspectos fundamentales para la eficacia y pertinencia de las medidas diseñadas, entre ellas se profundiza el reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria como derecho constitucional y legal; se diferencian las medidas de carácter general y específico de acuerdo con la naturaleza jurídica especial de las IES oficiales o estatales; se exigen planes de autoevaluación y seguimiento; se respeta la protesta social en ámbitos académicos; se exigen planes de continuidad, transición y/o reubicación; y se posibilitan las condiciones para el fortalecimiento institucional del MEN, a través de reestructuraciones internas y ampliación de su capacidad organizacional.
Ante preocupaciones expresadas desde algunas IES frente al posible desbordamiento de competencias del MEN, reitero, con todo respeto, que desde el Congreso de la República no estamos entregando una patente de corso para iniciar, sin que exista una crisis o sin los suficientes elementos, una indebida intervención que violente la autonomía universitaria y los derechos de las IES, pero, sí queremos dejarlo claro, le estamos entregando un instrumento legal para garantizar la no repetición, prevenir e imponer, con respeto al debido proceso, pero con toda autoridad y rigor, las medidas y sanciones cuando fueren necesarias, en defensa del derecho fundamental de una educación superior con calidad para todas y todos los estudiantes de Colombia.
