Por Andrés Felipe Villamizar Ortiz
Representante Liberal a la Cámara por Bogotá

Luego de que la mayoría de colegas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes decidieran en buen momento archivar la propuesta inconstitucional de referendo que buscaba prohibir la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y solteros, vale la pena hacer algunas reflexiones sobre los retos que nos plantean los mecanismos con los que, como Nación, hemos decidido hacer realidad la democracia participativa.

Más de 100 procesos de revocatorias de mandatarios locales, la decisión de Cajamarca de prohibir la minería en su territorio, el plebiscito de los Acuerdos de Paz, la consulta Antitaurina e, incluso, en un ámbito más local, el cabildo abierto sobre la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); son tan solo algunos ejemplos que han dejado en nuestra sociedad varias inquietudes sobre lo vinculantes que puedan llegar a ser las decisiones que, acudiendo a esos mecanismos, se tomen.

Hace tan solo algunos días, los habitantes de Ocaña (Norte de Santander) y El Copey (Cesar) fueron convocados a las urnas para decidir si los alcaldes de esas poblaciones continuaban o no en sus puestos. Aunque en ambos casos la victoria del SI fue contundente (16.432 contra 360, en Ocaña, y 3.383 contra 72, en El Copey), en ninguno se consiguió el umbral requerido, luego los mandatarios podrán terminar sus periodos.

Planteo de entrada que mi posición siempre ha sido profundizar todos los instrumentos que favorezcan y promuevan la participación ciudadana. En ese campo llevo muchos años jugándomela en escenarios políticos, académicos y sociales con el fortalecimiento de la pedagogía democrática y he propuesto una evaluación sobre las condiciones para que las nuevas generaciones entiendan la importancia de participar en todas las decisiones de nuestra democracia.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, mencionó un punto clave en el debate de la Comisión Primera: los derechos de grupos minoritarios. “Si hoy dejamos que se utilice un referendo para decidir sobre los derechos de las minorías sexuales, nada impide que mañana se utilicen sobre los derechos de grupos religiosos o étnicos y esto no se puede permitir bajo ninguna circunstancia”, manifestó.

Otros, con respecto al descontento con algunos alcaldes municipales o de grandes ciudades, consideran que cuando el Congreso bajó el número de firmas y de votos para revocar mandatarios favoreció el desborde y la inestabilidad afectando las garantías de los ciudadanos y de quienes fueron elegidos por voto popular.

Pero hay más asuntos para analizar: en la reciente consulta popular en Cajamarca, Tolima, la mayoría de habitantes dijo No a la actividad minera en su municipio, no obstante, sería como si hubiera ganado el Sí, porque parece tomar fuerza en el Gobierno Nacional la posición de que no afecta exploraciones autorizadas antes de realizarse la consulta y de que las decisiones sobre el subsuelo atañen a la Nación y no a los municipios.

En Bogotá, el cabildo abierto sobre la ETB que se llevó a cabo hace algunas semanas dejó varías preguntas. Si bien no es vinculante, quedó en el aire su pertinencia si desde el comienzo se sabía que el Distrito no iba a cambiar su opinión.

¿Qué tan preparados estamos como sociedad para asumir estos y otros debates? ¿Sirven para zanjar diferencias o para exacerbar la polarización que vivimos como país?

La Constitución de 1991 favoreció la democracia participativa para complementar y ampliar la representativa que teníamos antes de su vigencia. Poniendo la lupa en su desarrollo nos damos cuenta que aparecieron paulatinamente instancias como los consejos de cultura, juventud y paz, los personeros estudiantiles, los manuales de convivencia y las veedurías ciudadanas, entre otros muchos, que, buscando darle desarrollo a ese espíritu, nos llevan a preguntarnos si lo que han decidido los ciudadanos en esos espacios ha sido realmente tenido en cuenta por sus mandatarios.

El debate es de profundas consecuencias y lo que ha sucedido en las últimas semanas nos confronta con respecto al tipo de democracia que queremos. No podemos poner en riesgo la institucionalidad solo recolectando unas firmas, pero tampoco podemos perder los espacios de participación que hemos consolidado. El equilibrio que se encuentre entre la consolidación de la democracia representativa y el fortalecimiento de la participativa será clave. Este es un análisis urgente al que no debemos darle la espalda en el Congreso.