Un proyecto que busca garantizar los recursos suficientes para los fallos de tutela de difícil pago, será votado esta semana en su último debate para convertirse en ley de la República.
Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las madres comunitarias que, “tras una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba al Gobierno pagar un salario mínimo a más de 50 mil de ellas, pero ante las limitaciones presupuestales del Estado y para evitar un desacato, el Ministro de Hacienda tuvo que modular el fallo sin sustento jurídico. Esto porque le era imposible girar más de $800 mil millones de manera inmediata para cumplir la sentencia, y se dejó el pago para realizarse en dos años”.
Así lo explica el presidente de la Comisión Tercera del Senado y autor de la iniciativa, Camilo Sánchez, al decir en diálogo exclusivo con EL NUEVO SIGLO que se pretende que las futuras generaciones no se queden sin los derechos que tienen las actuales.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo garantizar los dineros para pagar los derechos de los ciudadanos?
CAMILO SÁNCHEZ: Hay un tema y es el problema que tiene Europa actualmente que muchas personas que tenían derechos por el asistencialismo, el gobierno hacia el futuro no los va a poder mantener. Eso va a ser gravísimo.
ENS: ¿Cuál es el más claro ejemplo en el país?
CS: Un ejemplo en Colombia es lo sucedido con las madres comunitarias. Hubo una sentencia en la que se les dijo a 50 mil madres comunitarias que tenían derecho a un salario mínimo y a unas prestaciones, pero eso costaba más de $850 mil millones.
El ministro de Hacienda en su momento dijo que tenía que cumplir pero no contaba con los recursos. Así que hay que moderar esa sentencia y se puso a dos años.
La idea es que cuando llegue el momento, cumplir y contar con los recursos para que se puedan utilizar con el presupuesto nacional, y no poner en riesgo la economía por cuenta de sentencias.
ENS: ¿El pago toca en algo los fallos?
CS: No se modifica ninguna sentencia, simplemente se modula para que se cumpla en el tiempo necesario.Por ejemplo, si alguna Corte llega a decir que las jubilaciones se suben al doble, cosa que no va a pasar, y eso costaría una billonada de plata, entonces el Gobierno no podría pagar y las personas que iban a pensionarse dejarían de recibir la plata.
ENS: ¿Entonces es una redistribución de dinero?
CS: Es una forma de hacer lógica las sentencias económicas que serían impagables y que esos derechos que se tienen hoy, se puedan mantener hacia el futuro.
Por ejemplo, que una madre comunitaria dentro de 10 años mantenga el mismo derecho de las que hoy lo tienen, por ejemplo un salario mínimo como prestación de servicio y una seguridad social.
ENS: ¿Quiénes podrán acudir a esta herramienta?
CS: Cualquier ministro, fundamentalmente el de Hacienda, podría presentar esta petición, al igual que el Procurador.
ENS: ¿Qué limitante puede tener el proyecto?
CS: Tiene 30 días para hacerla efectiva y se tiene que presentar con argumentos económicos de por qué se da el incidente. Si dice que no tiene la plata tiene que demostrar que es un impacto demasiado grande, y que con el presupuesto que tiene no se puede pagar.
ENS: ¿Hay alguna cláusula de cumplimiento si no se presenta la documentación completa?
CS: Sí. Lo que pasa es que quedaría en firme lo que dice la sentencia y debe pagarse de manera inmediata.
El impacto fiscal no toca los derechos fundamentales, es decir que porque no hay la plata no le pagan la salud o educación a la persona, no, eso no pasará.
En caso de que sean muchas tutelas, se diferirán en mucho tiempo pero se cumple.
