El agro, afronta una crisis estructural debido a los procesos de urbanización y apertura comercial, afectado por la falta de vías, los elevados costos de producción y un déficit en la demanda de productos nacionales que ha llevado a la quiebra a muchos productores. Muestra de dicha realidad se evidencia en la pérdida de terreno del agro frente a otros sectores productivos y su participación en el PIB, el cual ascendía al 60% en la década de los 60 y a la fecha escasamente supera el 6%. Así las cosas, las causas de la protesta rural están legitimadas y se ocuparon de visibilizar un problema que afronta el campo colombiano desde hace décadas,
No obstante, estas dificultades no son reclamos de último momento ni habían escapado la órbita de estudio del Gobierno Nacional, el cual, al incluir al Agro como una de sus locomotoras de crecimiento, identificó los problemas estructurales y trazó unos lineamientos para su superación. Los resultados son obvios, la nueva política necesaria: “Un plan de choque que permita sentar las bases para una política agropecuaria a largo plazo”.
Mediante la expedición de 7 decretos que materializan el Pacto Agrario que permitió superar el paro, el Gobierno pretende superar la crisis adoptando las siguientes medidas: La creación de sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social; la reducción del gravamen arancelario al 0% por el término de dos años, para la importación de algunas subpartidas de insumos agrícolas y fijación de un régimen de libertad vigilada para los precios, se destacan los fertilizantes y se derogan disposiciones que preveían un contingente anual de importación de 3.000 toneladas de lacto suero. Por su parte, se endurece la postura frente al contrabando e incrementa el presupuesto de inversión del sector, un clamor de todos los sectores que ha sido bandera de la Comisión Quinta del Senado de la República.
Sin embargo, quizás la medida que apuesta a la fijación de una política estable y duradera a largo plazo obedece a la reestructuración del Ministerio de Agricultura mediante la creación de un Viceministerio de Desarrollo Rural. Dicho Viceministerio se encargará de materializar políticas tangibles e incluyentes a favor del sector.
Observo con optimismo dichas medidas, pero abogo por una debida integración y armonización entre los pequeños productores y grandes inversionistas, la implementación de una política que promueva la competitividad y la innovación, no el asistencialismo y una política que permita al Agro Colombiano recobrar su importancia histórica para que nuevamente sea un pilar de desarrollo de nuestro país.
