Después de meses de especulación, por parte de todos los sectores del país, fue radicado en el Congreso de la República, con mensaje de urgencia, el proyecto de reforma tributaria. En la primera revisión al texto nos surgieron importantes preocupaciones por el fuerte impacto que podría producir en la clase media colombiana, la aprobación de esta reforma tal como está planteada.

Si bien el país necesita de manera urgente una reforma que ayude a aliviar sus finanzas públicas, a cubrir el déficit fiscal, que en el 2020 alcanzó el 7,8% del PIB, y que permita la destinación de nuevos recursos para financiar los altos costos de la pandemia, esta no debe lesionar a las familias del país.

En la distribución del recaudo de los $23,4 billones que se esperan obtener con la ‘Ley de Solidaridad Sostenible’, encontramos un desequilibrio en la carga hacia los trabajadores o consumidores. Plantear que se percibirán $17 billones a partir de la contribución de renta de personas naturales y otros $7,3 billones por el IVA, hace que esta propuesta parezca más una agresión estructurada contra el bolsillo de los colombianos, que una reforma solidaria.

Uno de los puntos que más nos preocupa de esta iniciativa es el aumento “escalonado” de la base gravable de renta, que para el 2023 exigiría el pago a colombianos con ingresos mensuales desde $1.694.000. La propuesta de reducir los deducibles del 40% al 25% complementa este cruel atentado contra los trabajadores.

De igual manera, rechazamos la propuesta de imponer IVA a los servicios públicos en hogares de estrato 4. Así como también, que se incluya una sobretasa a la gasolina y al ACPM, un nuevo costo que terminaría encareciendo el transporte de carga, de pasajeros y los precios de los alimentos. El IVA no se puede convertir en un mecanismo legal para atropellar a la clase media.

Aunque en el proyecto de reforma se atendió la solicitud de no gravar la canasta familiar, eliminar la categoría de exentos de IVA para que pasen a excluidos, como propone el Gobierno, termina convirtiéndose en una pirueta con la que finalmente se incrementarían los costos de la producción. Al no recibir la devolución del impuesto que pagan en insumos en la cadena, los productores trasladarían este nuevo cobro a los consumidores, quienes terminarían pagando los platos rotos.

La llegada de esta reforma en medio del tercer pico de la pandemia que se propaga en el país, juega en contra por la incertidumbre de lo que sucederá en esta fase y los nuevos efectos económicos que podría traer. Frente a una coyuntura tan delicada como la actual, lo que menos puede propiciarse desde el legislativo es un nuevo marco tributario que golpee a la clase media, a los trabajadores independientes y en especial a los estratos más vulnerables.

Como lo expresamos desde nuestra colectividad, no estamos de acuerdo con que se generen más impuestos de renta a las personas naturales en Colombia. No desconocemos, ni estamos en contra del alto componente social que tiene la reforma, aplaudimos que se busque garantizar la permanencia de los programas sociales, pero no vamos a permitir que se sepulte a la tan golpeada clase media del país.

En este debate que inicia en el Congreso, que sabemos será intenso y minucioso, vamos a defender a los colombianos y a escuchar a los diferentes estamentos de la sociedad civil para que esta discusión se nutra con sus aportes. También, buscaremos soluciones y consensos para impedir un mal mayor al que ya tenemos.

En sesión no presencial de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue aprobado en su tercer debate, el Proyecto de Ley 218 de 2019 que regula el uso y la comercialización de los cigarrillos electrónicos y vapeadores.

En su intervención, el autor del proyecto de ley, el Senador José David Name Cardozo manifestó que: “Como padre de familia he promovido este proyecto para proteger a nuestros menores de edad, lo que buscamos es que se restrinja el acceso que actualmente tienen los niños y niñas a los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Esta ley va a salvar la vida de muchos jóvenes que aún no dimensionan los graves daños que causan a la salud, el uso de estos dispositivos”.

“Agradecemos el apoyo que recibió nuestra propuesta en la Comisión Séptima de la Cámara y el debate minucioso que se le realizó. Nos queda muy poco tiempo para aprobar este proyecto de ley y la dificultad de tener un Congreso virtual hace más complejo el proceso, por eso le pedimos al señor Presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca Chaux, que priorice su trámite en la Plenaria para que no se nos hunda por no debatirse en este periodo” dijo el Senador Name.

Además dijo que: “Al ser el Coronavirus una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones, existe una alta probabilidad que los fumadores sean más vulnerables al contraer el virus, que los no fumadores, por eso resulta urgente que logremos la pronta reglamentación de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, para proteger a nuestros menores de edad, quienes debido a la falta de regulación, tienen un fácil acceso a los dispositivos, a través de plataformas de comercio electrónico como Rappi, Uber Eats, Domicilios.com, entre otras”.

JOSÉ DAVID NAME CARDOZO

Senador de la República

Barranquilla, 1 de junio de 2020

El destino del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe ha sido objeto de múltiples debates e iniciativas en los últimos días; quizás el más relevante de ellos fue el que realizamos en la Comisión V del Senado de la República, donde no solo se identificaron los problemas que afectan al sistema eléctrico en la región, sino que también se plantearon algunas fórmulas de solución a la actual crisis.

Una de esas iniciativas de solución fue propuesta por mi y será materia de un proyecto de Ley que presentaré junto al Senador David Barguil ante el Congreso de la República, para darle al quebrantado sistema de nuestra Costa Atlántica, una solución confiable y viable, que permita además llevar a la práctica en este momento de crisis la teoría del denominado “Cargo por confiabilidad” que pagamos los colombianos en la factura de energía y en nuestro caso en el recibo de Electricaribe.

Nuestra propuesta tiene como bases los lineamientos establecidos en la Resolución 071 de 2006, expedida por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) en desarrollo de los literales a, e, i, n, del artículo 23 de la Ley 143 de 1994 (Ley de Servicios Públicos) y cuyo objeto es definido como un esquema de remuneración, que permite hacer posible la inversión en los sistemas de generación eléctrica, para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía, cuando las condiciones de abastecimiento sean críticas.

Ese recaudo, concebido como una especie de “póliza de seguro” que pagamos los usuarios a manera de prima mensual, para garantizarnos la normalización del servicio ante contingencias del sistema, bien puede ejecutarse en nuestro caso, teniendo en cuenta la evidente emergencia que representan las condiciones de iliquidez que afectan a Electricaribe, en parte por el incumplimiento en el giro de subsidios por parte de la Nación y teniendo en cuenta los problemas propios de su ámbito de cobertura, estimado en el 30% del consumo de energía del país.

Para ello, desde luego, se requiere de una transformación de las disposiciones vigentes, razón por la cual estamos proponiendo una reforma, para convertir el “Cargo por confiabilidad” en una contribución del orden nacional, con el fin de financiar el déficit de subsidios eléctricos (más 1,6 billones anuales), mantener el apalancamiento a las termoeléctricas y financiar las inversiones necesarias para garantizar el servicio de energía del Caribe Colombiano.

Esta iniciativa podría surtir los 4 debates requeridos en 2 meses y ser sancionada en diciembre de este año, para entrar en vigencia a partir del 1º de enero de 2019.

Nuestra inclinación por esa modificación, obedece, además de la evidente crisis de nuestro sistema eléctrico, cuyo destino hasta ahora es incierto, al hecho de que desde cuando se creó el “Cargo por confiabilidad” se han recaudado alrededor de 18 billones de pesos, sobre cuya ruta y destino los órganos de control y fiscalización no dan cuenta.

Por eso, con la reforma planteada, proponemos que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) realice el recaudo y trasferencia al Tesoro Nacional y que de esos recursos se destine el 40% para los subsidios de los estratos 1 y 2, el 35% para remunerar el cargo por confiabilidad, con base en el precio de escasez por cada fuente de generación dado por la CREG y el 25% restante para proyectos de inversión que garanticen generación y prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe Colombiano.

Confiamos en que esta iniciativa le generará al sistema eléctrico de la Región Caribe no solamente los recursos que requiere para salva esta crisis sino también la estabilidad necesaria para proyectar las necesidades futuras, con un servicio eficiente, confiable y seguro.

Cada ministerio del gobierno es creado con objetivos y funciones especificas que deben ser cumplidas sin excepción alguna, cuando no existe un desempeño acertado de dichas labores, hay una responsabilidad política que debe ser asumida.

Esta semana hemos conocido el caso de los ministros del Interior y de Defensa del Ecuador, César Navas y Patricio Zambrano, quienes renunciaron al cumplirse el plazo de diez días que el presidente Lenin Moreno había dado a las fuerzas estatales para la captura de alias “Guacho”, el jefe del grupo disidente de las Farc en la frontera con Colombia, culpable de la muerte de siete personas (cuatro militares de la Marina y tres enviados especiales del diario El Comercio), y de otros hechos terroristas.

Es una manera interesante, la que utiliza el gobierno del Ecuador para establecer responsabilidades políticas y administrativas en los altos cargos cuando no hay efectividad en las obligaciones. César Navas entonces Ministro de Defensa fue errático en la presentación de los hechos a principios de abril, creando confusiones acerca de si estaban en marcha negociaciones para la liberación, errores que la opinión pública reclamó con indignación, en el caso de los periodistas ecuatorianos. Por su parte Patricio Zambrano, Ministro de Defensa, dijo que no estuvo bajo su directa responsabilidad el manejo de la situación sino en el grupo antisecuestro de la Policía que no depende funcionalmente de su despacho.  Respuestas que el presidente Lenin Moreno recibió como excusas. 

Este acontecimiento refleja una decisión política del presidente ecuatoriano de enviar un mensaje claro de efectividad frente a un conflicto sin antecedentes en su país, que no ha padecido los rigores del terrorismo con asesinatos, secuestros, destrucción de poblaciones y otros hechos comunes en la historia reciente de Colombia por parte de la guerrilla o las autodefensas.

Hay voces ecuatorianas que están señalando que la decisión presidencial de sacrificar sus dos ministros alienta el terrorismo pero el nombramiento del General Oswaldo Jarrin en Defensa da una señal de firmeza en una posición que antes ha sido ocupada por civiles. Se estima que la experiencia militar del nuevo ministro debe producir mejores resultados en lo operativo. Ecuador no quiere que se repita en su territorio la horrible experiencia colombiana. 

¿Sirve la actuación de Moreno de ejemplo a Colombia? No solo en seguridad han habido fallas muy notorias en la gestión de los ministros y otros funcionarios de nivel superior, sino que tampoco se han tomado las acciones de rigor para crear una cultura del cumplimiento de los objetivos del Estado.

Además, no hemos podido darle eficacia a la moción de censura establecida en la Constitución en ejercicio del control político.

Esta moción de censura, según los estudios académicos, es un evento poco probable por la combinación de factores institucionales y a una configuración del poder político que ha sido favorable al Ejecutivo. Se ha comprobado que elementos como el tamaño de la coalición de gobierno, el tipo de mayoría requerida para aprobar una moción de censura, el poder del Presidente para nombrar y remover a sus ministros y el poder partidista de los miembros del gabinete explican que en el Congreso este proceso no tenga efectividad.

En Colombia hemos visto que cuando el funcionario objeto de la censura corre riesgo, se produce la renuncia y se abandona el debate.  Lo que queda como hecho cierto en la opinión es que da lo mismo si los altos funcionarios son eficientes o responsables en el ejercicio de sus funciones o no lo son.

Las causas que han motivado que la moción de censura no culminen en destitución pueden variar dependiendo de quién gane la Presidencia de la República y sus relaciones con los partidos y el Congreso. Petro genera más inestabilidad política, Vargas y Duque tienen mejores ambientes para constituir mayorías. Además, sus políticas tienen más aceptación parlamentaria.

En Colombia tenemos que ganar efectividad por parte del gobierno en el cumplimiento de sus fines y mensajes, debemos aprender del caso de Ecuador que nos da un ejemplo firme y claro. No se trata de castigar a inocentes sino de responsabilidad política y administrativa frente a los fracasos.

El mal manejo en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha ido saliendo a la luz en los últimos años; los nombramientos a dedo, la mala administración de los recursos, la improvisación de figuras y cargos en distintas embajadas, han dejado en el entredicho internacional la calidad del servicio exterior de nuestro país, al igual que ha puesto en riesgo la integridad del patrimonio público.

Entre las irregularidades que se han encontrado, hay casos de nepotismo y amiguismo que comprometen directamente a la Canciller Holguín. También, se evidencian casos de funcionarios provisionales que han excedido el limite legal de los cuatro años para permanecer en el exterior, y que con el propósito de eludir la acumulación de tiempo de permanencia han pasado de un país a otro como una burla a ley.

El desbordamiento en las provisionalidades ha tenido como efecto demandas legales que han sido falladas en contra del estado y terminado en nulidades, que no solo significan costos de defensa para el erario público sino también gastos oficiales por desplazamientos y otros motivos.

Los nombramientos de personas sin título profesional acreditado, la elusión de la Carrera Administrativa con favorecimiento de terceros existiendo candidatos idóneos en el servicio para llenar las vacantes, con fallos legales de nulidad decretados y el detrimento patrimonial, han estado a la orden del día en este ministerio.

Se ha pasado por encima de la carrera diplomática, sin tener en cuenta que ésta constituye la garantía de una prestación idónea de las actividades en el servicio exterior. Por su naturaleza compleja, tanto en los aspectos políticos, económicos y sociales en la interacción entre las naciones, así como el servicio a los colombianos y extranjeros que lo demandan en la vida diplomática y consular, tanto por personas como empresas y organizaciones, es indispensable el acumulado de conocimientos para la calidad de los servicios. Hoy no es aceptable la improvisación y la mediocridad en servicios que deben ser técnicos. No caben allí los caprichos y menos los abusos.

En varias oportunidades hemos citado a la Canciller María Ángela Holguín, para que explique en la Comisión Segunda del Senado, su actuación frente a esta importante cartera del Gobierno Nacional. Sin embargo, las “excusas” y las “comisiones al exterior urgentes de ultimo minuto” han sido la constante para evadir su responsabilidad.

No hay voluntad por parte del Ministerio para favorecer la transparencia, la participación ciudadana y el control del servicio exterior por parte del Congreso.  Nuestro proyecto de ley 170 de 2016 Senado, con el que buscamos mejorar las calidades del servicio no ha podido culminar sus cuatro debates reglamentarios por oposición del Ministerio, que ha pedido su archivo cuando solo tiene pendiente su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. 

Este proyecto de ley es altamente conveniente para mejorar las calidades del servicio exterior y conduce a una mejor función de control institucional por parte del Congreso. No constituye riesgo de indebida interferencia en la función ejecutiva, pues lo que contiene es hacer obligatorio para los nombrados en la diplomacia un segundo idioma extranjero como el inglés; estudios básicos de Diplomacia no inferior a tres meses en una escuela especial cuya creación se ordena, y la participación del Congreso en el proceso selectivo de embajadores y cónsules generales, sin que esto afecte la discrecionalidad presidencial para nombrarles. Se trata de una audiencia especial para verificar las capacidades del candidato a embajador o cónsul general, que es práctica usual en numerosas naciones democráticas, y el deber de rendir informe de actividades al Congreso, lo cual tampoco desborda las leyes y la conveniencia nacional. Rendir cuentas está en la esencia de la función pública.

Este martes 17 de abril a las 10:00 de la mañana, tenemos programado una vez más el debate de control político a la Canciller Holguín en la Comisión Segunda del Senado de la República, esperamos que esta vez cumpla con su responsabilidad ante el Congreso. 

Hay que poner freno a las ineficiencias e irregularidades detectadas, porque es la imagen de la nación en el exterior y los servicios de representación diplomática y consular los que están en juego.

"Tenemos que hacer una verdadera cruzada por el ahorro si queremos evitar cortes preventivos de energía y evitar así un racionamiento. Para los hogares se premiará el ahorro y se castigarán los desperdicios de energía, como sucede con el agua. Por cada peso que ahorre del consumo promedio un hogar recibirá otro peso como incentivo”.  

Con esas palabras el Presidente Santos les anunció a los colombianos que se ponía en marcha desde el 7 de marzo pasado la campaña “Apagar Paga”, con la cual el objetivo central era evitar el racionamiento de energía eléctrica.  

“Ahorrar energía ya no es una opción, es un deber de todos los colombianos”, dijo a continuación la entonces Ministra encargada de Minas y Energía, María Lorena Gutiérrez, en una declaración que resumía las medidas adoptadas del Gobierno para promover el ahorro de energía, a raíz de los inconvenientes provocados por el fenómeno del Niño y las averías sufridas en importantes centrales de generación, que disminuyeron peligrosamente la oferta eléctrica en el país.  

Afortunadamente los hogares, las empresas privadas y las instituciones públicas nos comprometimos con gran sentido de colaboración y de sacrificio pensando en el bienestar del país, confiando de paso en el reconocimiento de los incentivos ofrecidos por el gobierno. 

 La Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, desde un comienzo parece que hubiera obrado de mala fe en el tema de los incentivos porque expidió varias resoluciones explicativas que por su confusión retrasaron tanto el entendimiento como la aplicación de lo que había prometido el Presidente Santos.  

Dada la respuesta ciudadana y empresarial, el Gobierno le puso punto final al programa para ahorrar energía eléctrica una vez entraron en operación dos unidades de la central hidroeléctrica de Guatapé, que se sumaban como hecho positivo a la casi desaparición del fenómeno de El Niño. 

 Las autoridades se habían dado un plazo de seis semanas para ahorrar 400 gigavatios/hora y el balance al 17 de abril fue de 1.179 gigavatios/hora, casi el triple debido al ahorro y el esfuerzo de los colombianos. Conocido el éxito de la campaña y la determinación del gobierno de levantar “Apagar Paga”, la Creg suspendió los beneficios económicos para las familias que venían ahorrando energía.  

Mediante resolución No. 051 del 23 de abril de 2016 la comisión reguladora resuelve la “terminación de la aplicación del esquema de tarifas diferenciales adoptado mediante la Resolución CREG 029 de 2016”. La norma derogatoria de los incentivos precisó que “los usuarios cuyo último ciclo de lectura haya comenzado antes del 23 de abril y registren ahorro respecto de la meta de ahorro individual se les aplicará el menor valor a pagar definido en el artículo 2 de la resolución 029 de 2016, mientras que a los consumidores cuyo último ciclo de lectura haya comenzado antes de la vigencia de la resolución y registren consumos en exceso al momento de realizar la lectura con respecto de la meta de ahorro de individual, no les aplicará el esquema de tarifas diferenciales.”  

Logramos cumplir la meta de un ahorro de energía del 5,88 % diario, para que olímpicamente ahora la Creg ignore el esfuerzo y de un plumazo borre la ilusión del incentivo así fueran mil, tres, cinco mil o diez mil pesos. Lo que hoy configura la Creg es un tecnicismo barato y le roba a los colombianos el sueño de un pequeño incentivo en la factura eléctrica, lo que al mismo tiempo es una especie de expropiación fraudulenta del dinero total que debía aplicarse en la fórmula del premio a los ahorradores de energía.  

La Creg, comete otro de sus tantos yerros en detrimento del interés y del bolsillo de los colombianos. Aquí han facilitado el descarado robo de la plata de los incentivos, así quieran mostrar que entre una u otra fecha se podrán reconocer. Esa es una falacia, porque la queja general es que la última factura a la mayoría de los usuarios les llegó más cara. Y quienes esperan que en mayo se les aplique el descuento, también quedarán frustrados porque no será realidad.  

Por cuenta de la Creg, una vez más hemos sido burlados el Presidente Juan Manuel Santos y los usuarios del servicio de energía eléctrica en el país, que dimos nuestra cuota de sacrificio pensando en una pequeña bonificación económica a cambio de nada. Me dispongo a hacer el respectivo debate de control político en el Senado y estoy seguro que la sesión será memorable. Los doctores de la Creg tendrán que responder.

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A comienzos de la última década del siglo pasado la Costa Caribe padeció por cuenta de los atentados terroristas de la guerrilla contra las torres eléctricas, lo cual se frenó por la movilización social que lideraron ciudadanos, empresarios y medios de comunicación, en contra de esa práctica letal.

Por más de veinte años vivimos una aparente tranquilidad en la prestación del servicio eléctrico, cuando en verdad se estaba cocinando la más dura prueba de ineficacia e ineficiencia institucional en contra del progreso económico y social del Caribe.

Una situación contraproducente fundamentada en la consolidación del cartel de la generación hidroeléctrica, los costos altos al usuario, la falta de planeación, el inadecuado manejo del cargo por confiabilidad, la escasez de gas natural, la ausencia del Ministerio de Minas y Energía en la adopción de una política pública energética, el paquidérmico papel de la Creg, y más recientemente las demoras para reglamentar la ley 1715 de energías limpias, que en otros escenarios mundiales es la gran revolución para satisfacer las necesidades de los usuarios de los sectores productivo y residencial.

Pese a los anuncios oficiales y las reiteradas manifestaciones de buena voluntad del Presidente Juan Manuel Santos, el panorama eléctrico de la Costa Caribe no es el mejor y la Región está expuesta a una crisis de graves repercusiones sociales y económicas.

Con la irregularidad del servicio en poder de Electricaribe bajo el manejo mayoritario de inversionistas españoles (85% Gas Natural Fenosa y 15% la Nación), se acumularon factores como la elevada deuda del sector público, el no pago de los subsidios de los estratos 1 y 2 de la población, el incremento de los fraudes, el elevado volumen de pérdidas técnicas y la baja inversión en la modernización del sistema de distribución y transmisión regional, que terminaron por crear la incertidumbre y la insatisfacción popular más palpable de las dos últimas décadas, con alteración permanente del orden público desde mediados del año 2013.

Varias veces he contado esta historia, pero cada vez que escribo sobre ella reafirmo que el contexto es fundamental para que se interpreten cabalmente el origen y razones de nuestra persistente protesta e incomodidad con quienes manejan el sector y la administración central del Estado.

Hemos tenido unos días de espera, dándole tiempo a la evolución de la intervención que el Gobierno Nacional hizo de Electricaribe en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos. Creímos que el asunto sería más esperanzador pero la conclusión es que el vidrio se empaña más de lo que estaba. ¿Por qué?

El Gobierno designó al abogado Javier Lastra Fuscaldo como agente especial para la intervención de Electricaribe, con toda la potestad para definir el futuro de esa empresa dentro de los términos legales como ha ocurrido en otros frentes en donde ha actuado con múltiples cuestionamientos a su labor, como consta en las instancias judiciales y disciplinarias correspondientes. Todo indica que la historia de otras latitudes se repetirá con Electricaribe.

En Colombia el esquema institucional del sector eléctrico es de mercado regulado y mercado no regulado. El mercado regulado es el directamente contratado y servido por compañías de distribución, compuesto por usuarios industriales, comerciales y residenciales con demandas de energía inferiores a 55 MWh. En este mercado, la estructura de tarifas es establecida por la agencia reguladora CREG.

A su turno, un “Usuario No Regulado es una persona natural o jurídica con una demanda máxima superior a un valor en MW o a un consumo mensual mínimo de energía en MWh, definidos por la CREG, por instalación legalizada, a partir de la cual no utiliza redes públicas de transporte de energía eléctrica y la utiliza en un mismo predio o en predios contiguos. Sus compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente entre el comprador y el vendedor”, según el portal energético www.xm.com.co (XM es una empresa filial de ISA que es la operadora del sistema interconectado nacional).

Entendimos que el proceso de intervención se daba para salvar a Electricaribe pero la carta que el señor Lastra está enviando a los clientes no regulados parece significar el lastre para terminar de hundir a la empresa y darle cristiana sepultura en el más doloroso y triste final para ella.

La excusa es que Electricaribe no está en capacidad de atender ese mercado, primero porque no genera y segundo porque no ha comprado la energía que esa demanda requiere. En términos de ingresos, los no regulados son los clientes más importantes de Electricaribe y si sale de ellos pierde un fuerte colchón financiero. Grandes centros productivos, municipios, hospitales, colegios y otras instituciones por el estilo estarían sin el servicio a partir del primero de enero de 2017. Colapso social indiscutible.

En el país, hace diez años los clientes No regulados representaban el 57 por ciento de la demanda de energía eléctrica entre consumidores comercial, industrial, oficial y otros. A enero de este año la industria, el comercio y otros tienen algo más del 60 por ciento de la demanda de los No regulados. Ha experimentado un ligero crecimiento. Su peso es indiscutible dentro de la canasta.

A la luz de lo que está ocurriendo, creemos que el papel del agente interventor está terciando hacia la desaparición de Electricaribe, para servirle el mercado de regulados y no regulados a otro grupo empresarial nacional o extranjero manejando quien sabe qué tipo de intereses.

Si el gobierno hubiese sido más responsable con la reglamentación de la Ley 1715 de 2014, en estos momentos el mercado del Caribe podría estar atendido por empresas generadoras de energías limpias sin estar abocado a la crisis que se presagia con la carta que Electricaribe transmite a los usuarios como la Zona Franca de Barranquilla y el Hospital de Valledupar, entre otros. El país estaría más armónico con lo que se establece en el nuevo Pacto Climático de París. Esperamos que el Gobierno del Presidente Santos actúe como espera la Región, sin que la intervención de Electricaribe resulte siendo un remedio peor que la enfermedad.

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El senador por el Partido de la U, José David Name Cardozo manifestó su preocupación respecto a la información dada a conocer en las ultimas horas por Javier Lastra, agente especial designado para Electricaribe, en la que anuncia la terminación del contrato de servicio de energía a usuarios no regulados a partir del 31 de diciembre.
 

"Si bien esto es entendible ya que Electricaribe no tiene energía para vender, hay que también identificar que esta situación puede llegar a ser una desastre social a nivel regional. Los municipios con usuarios no regulados no pueden quedarse sin alumbrado público, no pueden cortarle la luz a un hospital, a un colegio" manifestó el senador Name.
 

El expresidente del Senado agregó "Si el gobierno nacional hubiera hecho su trabajo, reglamentando la ley 1715 de 21014 en los términos que la misma se lo exige, hoy tendríamos generadores no convencionales en capacidad de proveerle la energía eléctrica a los municipios. Le pido hoy públicamente al gobierno nacional que si algo bueno va a sacar de la reforma tributaria que hoy cursa en el Congreso que sean disposiciones que viabilicen los proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales para evitar que la costa Atlántica quede en el oscuridad en el 2017".

El senador por el Partido Social de Unidad Nacional, La U, José David Name Cardozo, declaró que le preocupa la situación en la que queda la operación del servicio eléctrico en la Costa, pero dijo ser optimista respecto de lo que pueda hacer el Gobierno Central para superar la situación de emergencia.

"Lo hemos dicho insistentemente y lo ratificamos la semana pasada en el debate que hubo en la plenaria del Senado, las condiciones estaban dadas para que la Superservicios interviniera Electricaribe y al no haber entendimiento con la alta dirección de Gas Natural Fenosa sobre la capitalización, era necesario defender la prestación del servicio eléctrico en la Región", indicó el congresista barranquillero.

"Como ciudadano y legislador de una Región que ve amenazado su futuro económico y social, respaldo la determinación que ha adoptado el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Santos, pero hacemos un llamado urgente a que se nos expliquen los términos de la intervención de Electricaribe, los fines que tiene, el mecanismo de operación y atención del servicio, la disposición de los dineros que se deben girar a los generadores y demás acreedores del sistema, de tal manera que no penda la espada del racionamiento sobre nuestras cabezas a cada hora", manifestó el senador Name Cardozo.

"Me preocupa lo que acaba de pasar, me inquietan las repercusiones en materia de confiabilidad de la inversión extrajera y la vulnerabilidad del sistema en manos de la Superintendencia, pero queremos ser optimistas frente a los tiempos que se tienen para corregir todo el desorden que nos venía afectando", sostuvo el expresidente del Senado.

La responsabilidad de pago a los generadores es de Electricaribe pero el Gobierno Nacional no puede dejar que esta situación se vuelva un problema social para la Región, advirtió el miércoles el Senador por el Partido de La U, José David Name Cardozo al decir que hoy se escribe la Crónica de un Racionamiento anunciado.

"Todo está dicho, no caben más explicaciones, Electricaribe tiene la soga financiera en su cuello empresarial y no cumple con pago alguno ni con inversiones ni garantiza calidad del servicio ", indicó el ex presidente del Senado.

Al Gobierno se le ha puesto al tanto de la situación y ahora no puede salirle a la Región con la teoría triste de que tendremos que soportar racionamientos hasta de tres horas porque la empresa no paga, agregó el senador Name Cardozo.

"La responsabilidad del orden social, económico y jurídico así como la estabilidad del país es del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y en ese contexto tiene que evitar que haya cortes en el servicio de energía eléctrica", manifestó el congresista barranquillero.

Si hay racionamiento el Estado también tiene su cuota grande de responsabilidad, razón por la cual debe resolverle este grave problema a la Región, sostuvo el senador Name Cardozo.

El senador por el Partido Social de Unidad Nacional, La U, José David Name Cardozo, dijo el miércoles que propondrá a la bancada de la colectividad en el Congreso que se abstenga de aprobar una reforma tributaria que sea lesiva a los intereses del pueblo.
 

"Soy consciente de las limitaciones fiscales colombiana, de la importancia de una reforma estructural, del control que debe hacerse sobre la evasión y del impacto que está teniendo sobre las finanzas públicas el creciente deterioro del mercado energético nacional, especialmente el petrolero", indicó el expresidente del Senado.
 

No obstante - advirtió – frente a una coyuntura tan delicada como la actual, lo que menos puede propiciarse desde el legislativo es un nuevo marco tributario que golpee a la clase media, a los trabajadores independientes y en especial a los estratos 1, 2 y 3 de la población.
 

"Estoy convencido de que los grandes capitales deben aportar a la estabilidad fiscal de la Nación y ciertas profesiones y actividades tienen que tributar sobre la base de un horizonte de ingresos altos", indicó el senador Name Cardozo.
 

El congresista barranquillero manifestó que por ninguna razón puede estar de acuerdo con gravar la canasta familiar ni aumentar dos o tres punto el Impuesto al Valor Agregado, IVA, si este incremento no tiene una destinación específica.
 

"No votaré alza de impuestos que no tengan un destino claro, especificado en la norma; Si se llegare a autorizar un incremento del IVA, un punto de ese aumento debe dirigirse al financiamiento de proyectos productivos agrícolas y pecuarios en el campo y otro punto al financiamiento de becas para jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, de tal manera que puedan acceder a la educación superior en universidades públicas y/o privadas", sostuvo el Senador Name Cardozo.
 

"En este escenario es que le pido a la bancada de Senadores de La U en el Congreso, que meditemos muy juiciosamente lo que vamos a aprobar en lo que corresponde a la Reforma Tributaria; En lo que a mí se refiere ya tengo claro lo que no voy a votar", cerró diciendo el Senador José David Name.

El senador por el Partido Social de Unidad Nacional, La U, José David Name Cardozo, dijo el jueves que si el Gobierno Nacional y Electricaribe no logran acuerdo sobre cómo garantizar el buen servicio de energía en la Región, el único camino que queda es la intervención de la empresa.

"En estos momentos es claro que frente a la crisis solo quedan dos alternativas; por un lado Gobierno y Electricaribe deben hacer consenso sobre medidas contra el fraude, inversiones, pago de subsidios y ajustes a la regulación para compra de la energía a los generadores, entre otros aspectos; en caso de no llegarse al acuerdo, al Gobierno no le queda alternativa distinta a la de intervenir la empresa", explicó el expresidente del Senado.

El congresista barranquillero puntualizó que si el camino es el de la intervención, el Gobierno Nacional tendrá que asumir todo lo que eso implica y velar por su cuenta la prestación del buen servicio de energía eléctrica en el Caribe.

"Las protestas sociales y que persistan los apagones en las distintas zonas de la Costa amerita que la decisión en uno u otro sentido se tome lo más pronto posible", dijo el senador Name Cardozo.

El expresidente del Congreso insiste en que es urgente y necesario culminar reglamentación de energías limpias, para que empresas y comunidad puedan utilizar otras alternativas más económicas.

El Senador por el Partido Social de Unidad Nacional, La U, José David Name Cardozo, compartió este martes la preocupación de Asoenergía y la Asociación de Energías Renovables sobre los altos costos del servicio eléctrico y los retrasos en la entrada de proyectos con base en fuentes renovables

“La Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica, Asoenergía, tiene toda la razón en quejarse porque a la industria nacional le toca seguir soportando altos precios derivados de la estructura de la oferta de energía, ante lo cual queremos llamar la atención de la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y Energía ya que hay aspectos de la regulación que deben abordarse y corregirse de inmediato”, expresó el expresidente del Senado.

Manifestó que también es cierto lo que dice la Asociación de Energías Renovables (Ser Colombia) cuando señala que, según el diario El Tiempo, en diferentes proyectos de todo tipo, hay iniciativas que aportarían una capacidad instalada nueva de al menos 2.000 megavatios, equivalente al 7 por ciento de la capacidad actual, y que resultarían útiles ahora que el pasado fenómeno del Niño mostró la imperiosa necesidad de diversificar la matriz energética.

“Desde hace dos años, bajo mi autoría, Colombia tiene firmada la Ley 1715 de energías limpias y en más de 24 meses de vigencia no hemos podido culminar la reglamentación que se requiere para transformar la estructura eléctrica del país, eliminar los factores manipuladores de la oferta en el mercado y permitir a los usuarios residenciales y empresariales acceder a una generación más económica y confiable ante fenómenos climatológicos”, explicó el legislador barranquillero.

El Senador Name Cardozo sostuvo que es grave para el país sostener un mercado de contratos eléctricos deficitario, con generadores que llegan a imponer condiciones sin importarles ni sujetarse a los controles ni a los límites que marca la competencia, como denuncia Asoenergía.

“Si queremos beneficiar a nuestra industria, el gobierno nacional tiene que encontrar alivios para esa cuarta parte de la demanda que debe ir a la Bolsa de Energía y someterse a la volatilidad de los precios de corto plazo”, indicó el Congresista.

El Senador Name Cardozo explicó que ´”por un lado Asoenergía expone que la esencia del problema de precios de energía se encuentra en un déficit de generación a costos competitivos, el cual se calcula en 2.000MW, pero si contáramos con los 2 mil MW que dice Ser Colombia que no entran en servicio por los problemas de reglamentación de la ley 1715 estaríamos eliminando a corto plazo una de las limitantes más serias en la oferta”.

Con base en lo que ocurre actualmente, el Senador Name Cardozo hizo un llamado al gobierno central para que se subsane el déficit en generación y se impida el reajuste en el precio de escasez, al tiempo que se procura cumplir con el pago de subsidios a las distribuidores ya que de permanecer ambos problemas será inevitable trasladar a los usuarios industriales y residenciales el alto costo que ello implica.

“Nuestras industrias requieren ser competitivas pero con una energía eléctrica costosa no pueden serlo; regiones como la Caribe no pueden seguir perjudicándose con una electrificadora que no acomete inversiones porque no le pagan los subsidios pero sí cobra altas tarifas y, si el país aprobó la ley, no tiene ningún sentido dejar de reglamentar las energías limpias para que presten el servicio que deben prestar al desarrollo económico y social de la Nación”, puntualizó el Senador José David Name Cardozo.

Comisionado por el Congreso de la República, he asistido durante cuatro días al Solar Power Internacional Las Vegas, en los Estados Unidos.
 

Un evento que se enfocó en la creación de ambientes orientados a promover el intercambio de ideas, conocimiento y experiencias para el próspero desarrollo de la energía solar.
 

Tuve la oportunidad de compartir con voceros de las mejores empresas y profesionales relacionados con la temática de la energía solar, lo que me permitió apreciar las últimas novedades y avances relacionados con esta fuente renovable en sus distintas facetas.
 

Ha sido posible, gracias a esta enriquecedora participación, confirmar la importancia que tiene para nuestro país la aprobación y expedición de la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014, denominada de energías limpias, tramitada en el Congreso de la República bajo mi autoría y en el entendido de aportar a un sector sobre el que están puestos los ojos de las grandes potencias y economías.
 

A dos años de la firma de la ley, aún estamos a la espera de unas reglamentaciones necesarias pero luego de los inconvenientes presentados creo que muy pronto tendremos el marco de regulación esperado, máxime si tenemos en cuenta la prioridad que debe dársele por las inversiones que tienen en marcha grupos nacionales y extranjeros.
Las energías renovables tienen una relevancia que ya se torna indiscutida. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó un nuevo informe titulado "Activos abandonados: un desafío de riesgo climático", que escribe un equipo de la Universidad de Oxford liderado por Ben Caldecott y editado por Ana Ríos, del BID.
 

Conviene señalar que los activos abandonados se definen como activos que han sufrido depreciaciones, devaluaciones o conversiones a pasivos imprevistas o prematuras, que pueden incluir riesgos ambientales, tales como panoramas cambiantes en cuanto a los recursos, nuevas reglamentaciones gubernamentales, evolución de las normas sociales y el comportamiento de los consumidores, y litigios.
 

De acuerdo con el BID, el tema de los activos abandonados ha cobrado mayor importancia debido, en gran parte, a cambios en la economía real de muchos países −por ejemplo, el costo decreciente de la energía obtenida a partir de fuentes renovables− así como la atención que generó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que hoy es ratificado por los países firmantes. La ley 1715 advierte estrategias de gestión en materia de energías limpias, que deben traducirse en respuestas regulatorias frente a los riesgos ambientales a partir de los activos abandonados como podrían ser las plantas termoeléctricas o los pozos de explotación de reservas fósiles.
 

El tema resulta complejo, pero no por ello debemos ser indiferentes. Al contrario, cada día debemos valorar más la discusión respecto de las amenazas ambientales, el desarrollo de las energías limpias y los incentivos que deben darse en ese escenario.
 

Por ello me parece muy gratificante regresar al país y encontrarme justo con las noticias que se desprenden en el marco de la celebración de los 100 de actividades de la Cámara de Comercio de Barranquilla, una de las cuales se relaciona con el nuevo negocio que tiene en su portafolio el Grupo Argos, que consiste en la operación de la Zona Franca Celsia ubicada en Barranquilla pero que le apuesta a la energía renovable en varias regiones del país, en especial la Costa Caribe.

"En el sector de la energía estamos produciendo una transformación en el negocio para dirigirnos ahora a la renovable, eólica y energías basadas en solares, distribuidas mediante la instalación de paneles en hogares, comercio e industria. Creemos que en este sector existe una enorme posibilidad de crecimiento y transformación", dijo en su intervención el Presidente del Grupo Argos Jorge Mario Velásquez.
 

Se trata de un conglomerado empresarial con amplios intereses en el campo cementero, inmobiliario y portuario y ahora en el de la energía, que nos habla de una multimillonaria inversión en el sector de las renovables porque ha estudiado y confía en su potencial.
 

Este año Celsia ha iniciado actividad con 20 megavatios de paneles solares instalados en techos de empresas comerciales e industriales en varias regiones colombianas. En los próximos tres años la meta es instalar otros 160 megavatios para completar 180. En estudio se encuentran granjas solares y parques eólicos en la Costa Caribe.
 

En Cartagena Argos y Celsia participan en el proyecto Serena del Mar, mediante la instalación de redes, transformación, distribución y generación verde con base en la energía solar, un proyecto que beneficiará a unas tres mil viviendas.
 

Tomando cifras del consultor Oscar Imitola, en Colombia 539 mil 705 viviendas no tienen el servicio de energía eléctrica, es decir, el 4.46 por ciento del total no cuentan con luz. De este grupo, 137 mil 778 viviendas se encuentran ubicadas en la Costa Caribe, así: Atlántico, 3.197; Bolívar, 20.275; Cesar, 10.609; Córdoba, 34.182; La Guajira, 35.972; Magdalena, 29.546 y Sucre, 3.996. Es increíble que esto pase en pleno Siglo XXI. Se trata de zonas abandonadas por el Estado, a las que se podría atender con energías limpias. Las posibilidades están dadas.
 

Aprovecho para decir que el aprovechamiento y desarrollo de las energías limpias será, a futuro, otro gran paso para consolidar la paz en aquellas regiones carentes de servicios públicos, expuestas a la inconformidad y sublevación ciudadana. No solo le abriremos puertas a nuevos frentes productivos en el posconflicto, sino que estaremos sembrando en tierra fértil para el progreso social. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a [email protected]

Ninguna autoridad ni ciudadano de algún color, religión, partido político o estrato tiene derecho a discriminar o a excluir a otro en nuestro territorio por lo que decide ser o hacer en un marco de respeto a los demás y sin transgredir los límites de las libertades individuales y/o colectivas.
 
Así lo consagra nuestra Constitución Política de 1991 al definirnos como un Estado Social de Derechos, que además debe garantizar la vida, honra y bienes de todos en condiciones de convivencia pacífica.
 
Es en este escenario en donde sobresale el compromiso que tenemos gobierno y partidos, en estrecha armonía con los distintos estamentos sociales,  de erradicar la pobreza, generar seguridad, permitir el libre desarrollo de la personalidad y salvaguardar los derechos de cada quien, tarea última en la que la rama jurisdiccional juega un papel fundamental.
 
Es por ello que desde el Congreso de la República, bajo la iniciativa del Gobierno Nacional y el posterior control de constitucionalidad, nos hemos dado al trabajo de desarrollar legalmente la carta de derechos fundamentales para que todos podamos ser cubiertos bajo el mismo techo de los beneficios sociales. 
 
A la luz de estas convicciones personales y profesionales, es que me ratifico  en mi posición de que deben ser respetadas y asistidas según sea el caso, las minorías, las comunidades diversas, la oposición política y otras manifestaciones propias de una democracia en la que se mueven consensos y disensos por la pluralidad de los distintos grupos poblacionales en un país en desarrollo como el nuestro.
 
En el entendido de que Colombia tiene una profunda tradición de rechazo al colonialismo y a las imposiciones ideológicas, era lógico deducir la indignación y movilización nacionales en contra de un evidente atropello al derecho que tienen las familias de educar a sus hijos.
 
Lo que ocurrió la semana pasada no fue una expresión contra la población LGBTI o llamada diversa, sino contra la ideología de género que se estrellaba con la autonomía escolar y familiar al orientar la conducta de los hijos, pensando siempre en su bienestar.
 
La comunidad diversa merecerá en todo momento nuestro respeto y apoyo para que no le sean vulnerados sus derechos, pero no es precisamente a través de cartillas veleidosas ni subliminales impuestas como se canaliza ese respeto y protección.
 
Las marchas que se dieron en el país no fueron manifestaciones políticas y por ello es inconveniente que la Ministra de Educación intente contaminar ese derecho a la protesta aduciendo que se trataba de un complot contra ella por parte de organizaciones partidistas. Nada más alejado de la realidad. 
 
Me parece que la Ministra de Educación se equivocó rotundamente, dio un mal ejemplo y manejó desacertadamente el tema. Uno se pregunta por qué mintió la Ministra al país si había una cartilla en proceso en la que presuntamente se estaban gastando 1.600 millones de pesos. Cómo le cabe a uno en la cabeza que una Ministra diga que hay un ente no gubernamental haciendo una política pública a sus espaldas. Es inadmisible.
 
He respetado y aprecio a la Ministra, pero ante la gravedad del asunto suscitado debe renunciar en las próximas horas y evitar una Moción de Censura en el Congreso de la República, lo cual provocaría un daño colateral al plebiscito por la paz que en opinión de unas evidentes mayorías hoy podría estar hundido.
 
La movilización social en Colombia viene madurando como una necesaria expresión de protesta ciudadana y lo que ocurrió el 10 de agosto pasado es una contundente prueba de ello. Cada día son más los ciudadanos que pierden el miedo a mostrar en las calles su inconformismo. Por más que alguien lo intente, el pueblo está diciendo que los valores ni las minorías ni los diversos pueden ser objeto de matoneo en Colombia.
 
Por lo que vivimos el pasado 10 de agosto y el malestar que se respira en la Costa Caribe colombiana, creo que la próxima gran bomba social en materia de manifestaciones públicas será contra el mal servicio de energía que viene prestando Electricaribe. Razón por la cual su solución debe ser liderada por el Presidente de la República, porque al convertirse en un problema que trascendió lo nacional a una esfera de litigio internacional, se salió del ámbito del Ministro competente.

El 21 de julio de 2014, la entonces alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera De La Espriella anunció lo que llamó el proyecto del “Gran Parque Central”, de 38 hectáreas, en terrenos del Batallón Paraíso de la calle 79 con carrera 68.

Ese día la mandataria explicó que otras 13 hectáreas, para un total de 51, serían destinadas a viviendas y oficinas, en un modelo muy similar al que se desarrollará en La Loma, sector en donde se construirá la nueva sede de la Alcaldía Distrital.

Manifestó que el esquema de financiación sería una réplica del de La Loma con inversionistas privados, a quienes les venderían 13 hectáreas. A ese tema se amarró el hecho de la reubicación del Batallón. “Con los recursos por la venta de las 13 hectáreas se reubica el Batallón y quedan unos recursos disponibles para la construcción del parque y de las vías”, dice El Heraldo de la época que subrayó la alcaldesa.

Lo que no quedó claro era si había algún compromiso para que el Ministerio de Defensa, que era el dueño del lote, le dejara un remanente al Distrito para la construcción del parque y por lo menos cuatro vías, que demandan a precios de hoy una inversión del orden de los 130 mil millones de pesos. Porque es lo que uno infiere cuando se dice que la venta financia la reubicación con un saldo para lo otro. Ese pedazo no encaja bien.

Lo cierto es que siempre se ha hablado de 51 hectáreas, en un principio 38 para el parque y 13 para un  proyecto inmobiliario, lo cual se anunció hace 24 meses y 16 días para ser exactos.

De acuerdo con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, Barranquilla verticaliza su crecimiento y pasa a ser una ciudad más de alturas que de anchuras y con ese modelo la Alcaldía Distrital piensa en edificaciones de 20, 30, 40 pisos que se encuentren con  un paisaje más amable sin sacrificar el espacio público. 

Al papel todo le cabe y en la práctica esperamos que sea una realidad lo que concibe el nuevo POT. Si de aquí al año 2036 Barranquilla logra pasar de 0,82 mts2 de espacio público a 6,2 mts2 por ciudadano, tendríamos un aumento de 5,38 mts2 que equivaldría a 1,34 mts2 por habitante cada 5 años, lo que nos daría una ciudad de ambientes muy diferentes a los actuales.

Pero nos llama poderosamente la atención que en Barranquilla los proyectos empiecen con unas perspectivas y cifras, pero terminen con otras. Caso Batallón Paraíso Megaparque.

El 27 de noviembre de 2015, cuando se sabía que Alejandro Char era el alcalde electo, hubo una reunión con la alcaldesa titular y el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, durante la cual se confirmó que esa cartera cedería gran parte del lote del Batallón Paraíso a la construcción de un parque por parte de la administración distrital. La prioridad se centraba en el parque, con mucho sigilo se ha hablado del conjunto inmobiliario, que ha sido gestionado y concretado por Edubar S.A., que se encargó de la convocatoria respectiva y a la que aparentemente solo respondió Constructora Bolívar.

El 30 de marzo de 2016, se firmó el memorando de entendimiento entre Edubar S.A. y Constructora Bolívar que viabiliza el Plan de Renovación Urbana para la zona y creemos que en ese marco se hicieron los recortes de hectáreas al parque y se favoreció el proyecto edificador en el que también cabrán tiendas, supertiendas, bancos, oficinas e hiperalmacenes y locales de comida.

El pasado 22 de julio, con el propósito de trasladar el Batallón Cantón Militar ubicado en el sector ‘El Paraíso’ de Barranquilla y desarrollar un proyecto de renovación urbana dentro del mismo predio, el Ministerio de Defensa Nacional, la Alcaldía de Barranquilla, la Agencia Nacional Inmobiliaria y la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla - Edubar S.A. - suscribieron el un convenio que aunará esfuerzos para materializar estas dos iniciativas. La firma contó con la presencia del Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras; el Ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas; la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera y el Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub.

“El Ministerio de Defensa adelanta desde hace tiempo, un trabajo riguroso con el objetivo de reubicar los batallones militares que se encuentran dentro de los cascos urbanos en diferentes ciudades del país. Uno de ellos es el Batallón Cantón Militar localizado en Barranquilla. Con este propósito, la Agencia Nacional Inmobiliaria acompaña al Ministerio en la estructuración y ejecución del proyecto y en la búsqueda de un nuevo espacio que cumpla con las condiciones técnicas de la nueva base militar. Paralelamente la Agencia estará asesorando todo el proceso, para que dentro del predio localizado en el sector ‘El Paraíso’, se pueda desarrollar el proyecto de renovación urbana que necesita la ciudad”, señaló ese día la doctora Claudia Luque, Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria.

Aquí quedó ratificado que la infraestructura recreodeportiva  y ambiental, ya no sería de 38 hectáreas sino de 34, es decir le rebajaron 4 hectáreas y nadie explicó por qué. Eso que le quitaron al parque se lo vendieron a Constructora Bolívar, que se quedó con un total de 17 hectáreas por valor de 215 mil millones de pesos.

Pero en el limbo quedó aquella frase de la entonces alcaldesa de que una parte de la venta sería para construir el megaparque y las vías que se necesitaran, cuando hoy se sabe que el Distrito tendrá que desembolsar 130 mil millones de pesos para ejecutar lo anunciado. El Ministerio es el que ha hecho el mejor negocio, queda con Batallón nuevo, se gana 215 mil millones de pesos y no tiene que adecuar las 34 hectáreas que quedan vacías porque esa será tarea de la alcaldía en una zona que no es fácil de manejar y a la que hay que trabajar mucho paisajísticamente para que resulte lo que se pretende que resulte.

La parte inmobiliaria la definió Edubar con la Constructora Bolívar, el cheque respectivo lo recibió el Ministerio de Defensa en julio de este año y hoy por accidente se logra evidenciar que esa empresa ya viene comercializando en la zona un proyecto que llama Paraíso Caribe y que piensa empalmar con el que ahora se le abre. Todo este proceso es  explicarse con claridad a la opinión pública.

Funcionarios del gobierno nacional y distrital y de la constructora hablan de 6 mil apartamentos que deben caber en 500 torres de 12 unidades cada una. De solo imaginarlo me da dolor de cabeza. Hablamos de meter en 17 hectáreas, un municipio del Atlántico de 30 mil habitantes. Un escándalo urbanístico, una tragedia tugurial en el norte de Barranquilla.

A partir de la firma del convenio interadministrativo 003 entre la Agencia Nacional Inmobiliaria y Edubar S.A., sigue el cumplimiento del compromiso de la Alcaldía Distrital, con el acompañamiento de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, para la elaboración de un Plan de Reordenamiento junto con un Plan Parcial de Renovación Urbana que permita hacer un adecuado uso de los terrenos, según lo corroboró el mismo Vicepresidente Vargas Lleras

¿Qué quiere decir esto? Que el Distrito de Barranquilla asume la responsabilidad de todo el proyecto de renovación, junto a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla –Edubar S.A., que actúa como gestor de la iniciativa. De acuerdo con la información que suministra la Directora Claudia Luque, “la Agencia Nacional Inmobiliaria asesorará al Ministerio de Defensa en el proceso de estructuración y formulación de los instrumentos de gestión urbanística requeridos para la ejecución del proyecto”.

Me sumo a quienes en manada salen a respaldar la construcción del megaparque (es más bien una zona más grandecita que las demás) y de nuevas vías. Nadie sensato puede estar en contra de eso. Estoy en contra es del proyecto inmobiliario que arrojaría ganancias superiores al billón de pesos para sus promotores, en medio de un proceso que para mí no tiene la transparencia que debiera y que tendrá que ser explicado muy pronto en la Comisión Segunda del Senado de la República. En esta parte de nuestras preocupaciones es que tienen lugar los argumentos que debe detallar la Alcaldía Distrital.

Me alegra que el Alcalde Alejandro Char entienda la importancia del debate y acceda a suministrar todas las informaciones del caso, porque como diría el analista Horacio Brieva Mariano en su columna semanal si hay algo que le conviene a Barranquilla es que exista una democracia más amplia y liderazgo con sensibilidad social.

Columna de opinión del senador José David Name.

Planeación Nacional, a través de su Director Simón Gaviria, advirtió la dolorosa situación que vivirá el país en 21 departamentos y la capital Bogotá si se desata el fenómeno de La Niña en el último trimestre de 2016.

Para colmo de males, la Costa Caribe sería una de las regiones más perjudicadas seguida por la de Centro Oriente y el Eje Cafetero. Alarma el pronóstico porque el 28 por ciento de la población colombiana se localiza en áreas inundables y el 29 por ciento en zonas de amenaza alta y muy alta por deslizamientos. Estamos hablando de más de 20 millones de personas que de una u otra forma se van a afectar, comprometiendo incluso su vida.

El 12 por ciento del territorio nacional es susceptible de inundaciones, principalmente en los departamentos de Atlántico, Cesar, Córdoba, Magdalena, Cauca, Meta, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. El 48 por ciento de la población que podría ser víctima de inundaciones, tiene una condición crítica de vulnerabilidad por necesidades básicas insatisfechas. 

El informe de Planeación Nacional confirma que “en un posible escenario de La Niña de carácter fuerte y basado en el ocurrido entre 2010-2011, o ante la temporada de lluvias que tendrá lugar entre septiembre y diciembre que será más fuerte de lo normal, se pueden ver afectados con mayor intensidad los siguientes departamentos:

- Siete del Caribe: La Guajira, Magdalena, Atlántico, Sucre, Bolívar, Cesar, Córdoba; - Cuatro de Centro Oriente: Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca; - Cuatro del Eje Cafetero y Antioquia: Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia; - Tres del Pacífico: Nariño, Cauca y Valle del Cauca; - Tres de Centro-Sur-Amazonía: Tolima, Huila, Putumayo; - Y Bogotá”.

Recordemos que la pasada Niña entre el 2010 y el 2011 le provocó pérdidas al país por 11.2 billones de pesos, el equivalente a 2 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, del país. Uno de los acontecimientos más graves fue la inundación del Sur del Atlántico, de cuyo desastre aún no nos reponemos. 

La explicación de los técnicos es que en Colombia, el enfriamiento de la temperatura del Océano Pacífico genera la formación de La Niña que se manifiesta en excesos de lluvia en la mayor parte del país y causa, en consecuencia, un incremento en las inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, entre otros problemas del entorno medioambiental. Es de carácter cíclico, entre 2 a 7 años ocurre cada vez el fenómeno.

Nos preocupan varios aspectos. Uno de ellos es el que resalta Planeación cuando revela que de una muestra en 365 municipios revisados en 2015, solo el 22 por ciento incorporó la gestión del riesgo de desastres en su ordenamiento territorial. Sin lugar a dudas, algo muy grave para la gente que allí habita. 

El otro se relaciona con el Rio Magdalena, cuyo proceso de recuperación de navegabilidad ha sufrido todos los tropiezos imaginables por cuenta del no cierre financiero del proyecto a cargo del consorcio constructor compuesto por Odebrecht del Brasil y Valorcon Colombia. Frente a la anunciada Niña, nada podría ser más inconveniente que un Rio Magdalena con salvación incompleta y a la deriva. 

En mi opinión, toda la ribera está expuesta a La Niña así en algunos municipios se hayan realizado algunos trabajos de contención porque las avenidas fluviales en momentos de fuerte invierno son impredecibles. Desafortunadamente el control sobre lo que puede ocurrir ha sido precario, incluso el de carácter político en el Congreso por cuenta de la avalancha de temas que descansa sobre el legislativo. Pero en mi caso personal he estado reclamando acciones específicas respecto del Rio Magdalena y lo seguiré haciendo ahora con mayor razón. 

El retraso de las obras de prevención y de reforzamiento en el Canal del Dique mantiene en zozobra a los pobladores del Sur del Atlántico y parte de Bolívar, porque otro embate de las aguas sería mortal cuando aún no se ha superado el trágico balance de La Niña pasada. 

Sería oportuno y conveniente que Planeación Nacional le diera capítulo aparte a lo que podría pasar con el Rio Magdalena en tiempos de La Niña, a ver de qué manera tendríamos que correr o cómo tendríamos que prevenir dentro de lo que se puede con el escaso tiempo que tenemos, un desastre que sería incuantificable social y económicamente hablando. 

Con una economía en cuidados intensivos, afectada aún más por el bajo puntaje de las calificadoras de riesgo; el endeudamiento disparado, la inflación por las nubes, y otros factores negativos agudizados, Colombia no puede darse el lujo de terminar arrasada por La Niña. Sería un golpe bajo a la paz en la era del posconflicto. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a [email protected]

Columna de opinión del senador José David Name.

La intención que actualmente nos muestra el Gobernador Eduardo Verano de la Rosa, de querer resolver el histórico problema del sur del Atlántico en materia de suministro de agua potable, en condiciones de calidad y oportunidad, es, sin duda, un propósito loable.

Y más aun teniendo en cuenta los anuncios preliminares hechos sobre los esquemas tarifario y de subsidio que se aplicarían, para garantizar la sostenibilidad del servicio a los usuarios y la rentabilidad del operador, factores que hacen prever buenos augurios al tan necesario proyecto.

Visto hasta ahí debemos decir que estamos ante una iniciativa que merece no solamente el aplauso sino el más amplio respaldo, por cuanto refleja el propósito de darle por fin una solución definitiva al problema, superando así los sucesivos fracasos que se han tenido en ese intento de tiempo atrás.

Sin embargo, por muy plausible que sea ese objetivo, no hay que dejar de lado los principios de coherencia y transparencia que deben caracterizar la escogencia del medio o los medios necesarios para lograr ese fin, porque no hay que olvidar que “el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones”.

Esta observación tiene su origen en las quejas que he escuchado de varios Alcaldes de la zona de influencia del anunciado acueducto, quienes manifiestan que han sido presionados por el Gobernador para que aprueben a las carreras los proyectados pliegos de condiciones, hecho que hace suponer un direccionamiento preconcebido de la voluntad de los mandatarios, con alguna intención que podría restarle méritos al sentir original e inicial del gobierno seccional.

No queremos creer que estamos ante la determinación de imponer unos pliegos de condiciones prefabricados para un operador específico que, en este caso, tal como lo indican las circunstancias y los comentarios de conocedores y de gente muy cercana al tema, podría tratarse de la Empresa Triple A, lo que significaría negar las garantías requeridas y cerrarle las puertas a otros operadores interesados en prestar ese servicio o que por lo menos se les evalúe en igualdad de condiciones.

Consideramos que ese sería un punto negativo, un inmenso lunar en la plausible intención de satisfacer las necesidades de agua potable de unos municipios tan sufridos como lo son los del sur del Atlántico, con los que el Gobernador Verano tiene, precisamente, un inmenso compromiso y una deuda social grande a partir de las inundaciones de noviembre de 2010.

Pero, además, ese tipo de determinaciones poco transparentes, conocidas coloquialmente como “el guiño” del Mandatario para favorecer a determinado contratista, proveedor u operador, tiene en este caso el agravante de que hay que observar con mucho cuidado los cuestionamientos que pesan sobre la empresa Triple A, señalada por actuaciones ‘non sanctas’ desde su casa matriz en España.

A lo anterior se suma el rumor que corre en algunos círculos, en el sentido de que el Gobernador Verano muestra un sentimiento de gratitud hacia Ramón Navarro, el actual gerente de la empresa Triple A, hecho que pongo en duda, por los antecedentes de hombre probo que ha demostrado el mandatario departamental.

Estamos convencidos que en este tipo de procesos, que corresponden a soluciones vitales para muchas generaciones en los adoloridos municipios del sur del Departamento, lo importante no es correr sino adoptar la mejor decisión, garantizando desde luego la transparencia en cada uno de los aspectos del procedimiento, dentro de lo cual es menester hacerlos de conocimiento público y, si es del caso, permitiendo el acompañamiento de la Procuraduría.

Estoy seguro que el Gobernador Verano no tendrá inconvenientes para hacer valer la transparencia y coherencia que se requiere, virtudes en las que el Atlántico también debe ser líder. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a[email protected]

Bogotá. Julio 06 de 2016. El Senador de la República por el Partido de La U, José David Name Cardozo, hizo este miércoles un urgente llamado al sector transportador de carga para que levante el paro camionero que afecta al país desde hace 29 días.

El expresidente del Senado lamentó el estado de pugnacidad que un sector de los empresarios de esta actividad ha mantenido durante las negociaciones con el Gobierno Nacional.

“Somos partidarios de las soluciones negociadas, respetamos los intereses de los diferentes sectores sociales y económicos del país, pero Colombia no puede estar acabando una guerra en el monte para tener otra en las carreteras del país, con los notorios perjuicios que ello significa para el país y la sociedad entera”, indicó el Senador Name Cardozo.

“En medio de pretensión de derechos, Colombia no puede salir perdiendo en la negociación con el sector transportador de cargo”, agregó el legislador, al tiempo que invitó a que empresarios del transporte de carga y conductores estudien a conciencia las propuestas del gobierno.

“Una huelga del transporte de carga que ya completa 29 días, lleva al despeñadero la economía del país; la lucha contra la inflación, suministro de alimentos y comercio exterior, sufren con el paro camionero. ¿Hasta cuándo?”, recalcó el Senador Name Cardozo.

El congresista barranquillero al evaluar la situación actual se preguntó si detrás del paro camionero habría algún interés político, porque es muy extraño que frente a las 18 nuevas y sensatas propuestas que hizo el Gobierno no haya respuestas claras, cuando lo prioritario es resolver.

“Me sumo al llamado del gobierno para que gremios del transporte de cargue levanten el paro iniciado el 7 de junio; comparto que con el gobierno los transportadores negocien mejoras, pero no que chantajeen al país con sus pedidos”, sostuvo el Senador Name Cardozo.

Manifestó que el Estado tiene obligación de garantizar condiciones pero los transportadores de carga deben reanudar de inmediato sus actividades.

“Juicio y responsabilidad con la paz y la economía es nuestra demanda al sector transportador de carga, que debe levantar el paro ya; invitamos a los transportadores de carga a que hoy le den la buena noticia al país de que han suspendido la huelga, hay motivos ciertos”, puntualizó el legislador por el Partido de La U.

Columna de opinión del senador José David Name.

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El solo nombre mueve el corazón. Ciudad Caribe es una iniciativa que genera entusiasmo.

La convocatoria es liderada por el profesional cartagenero y actual Presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, Bruce Mc Master.

El ex - alto funcionario del Gobierno Nacional va de la mano de un importante grupo de hombres y mujeres, dirigentes públicos y privados y jóvenes del entorno Caribe, con el acompañamiento de medios nacionales y locales de información.

Estoy convencido de que promover escenarios de esta naturaleza nos acerca y concita el ánimo de manera oportuna y consistente.

Mucho más aún si recala en un proceso de integración regional, en el que se reconocen fortalezas y se procura superar debilidades para un nuevo enfoque de desarrollo económico y social que sirva a los 8 departamentos (incluidas San Andrés y Providencia) y al país entero.

Para Saúl Pineda Hoyos, Director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -Cepec, de la Universidad del Rosario de Bogotá, el enfoque de la Ciudad Región Global responde a un nuevo contexto mundial en el que las regiones emergen como actores económicos y políticos muy activos en la era infoglobal.

Para el especialista está claro que la “nueva economía informacional” - que se abrió paso en la década de los setenta - integra hoy a las localidades y a las regiones en una red global de información y mercados.

Ciudad Caribe Colombia, que desarrolló su presentación en sociedad los días 27 y 28 de mayo de 2016 en la Cartagena de Indias, se muestra como una oportunidad en donde el “objetivo es crear, afianzar y fortalecer el concepto de una Ciudad Región altamente competitiva a nivel internacional”.

La idea es que Ciudad Caribe Colombia avance y se consolide como una plataforma de competitividad.

Tarea que tiene como base un liderazgo regional que “busca crear una sostenibilidad a largo plazo, generar articulación público - privada, reducir la inequidad, generar una visión compartida, lograr cohesión social, facilitar la concertación entre los diferentes actores, tener interacción con otras redes globales, formar un consenso, procurar la comunicación y cooperación en la planificación, para resumir, conseguir que Ciudad Caribe Colombia sea una plataforma de competitividad, que lleva al Caribe a ser de clase mundial”.

Explica la convocatoria que Ciudad Caribe Colombia se conforma por un nodo central, donde Cartagena, Santa Marta y Barranquilla jalonarán el desarrollo de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés y Providencia, Santa Catalina y Urabá Antioqueño.

La propuesta cuenta con una Comisión Ciudad Caribe Colombia, un Grupo Convocante y 7 mesas de trabajo enfocadas en grandes aspectos a fortalecer: Competitividad e infraestructura, Administración pública, Desarrollo social; Turismo y cultura, Jóvenes líderes,     Educación, Innovación y emprendimiento.  

En este contexto, se debate y se construye hoy una agenda para el desarrollo con metas para el año 2016, 2020 y 2030, cuyo gran fin es que entre todos “¡Hagamos del Caribe nuestra primera ciudad global!”.

Sin embargo, frente a los propósitos loables de Ciudad Caribe me preocupan algunos aspectos que enumero a continuación:

Evidente divorcio con el sector político (Senadores y Representantes, Diputados, Concejales y Ediles), que es el que tramita y aprueba las políticas públicas económicas y sociales en el plano legislativo y coadministra en lo local; palpable distanciamiento del plan trazado por los gobernadores para crear la Región Administrativa y de Planificación del Caribe, RAP, Caribe; Se habla de elaborar un mapeo sobre los distintos trámites que afectan al empresario, pero no se sugiere el mismo ejercicio para los problemas que golpean al ciudadano (inseguridad, violencia intrafamiliar, drogadicción en jóvenes, falta de oportunidades laborales, abandono de los barrios, entre otros); si bien hay titulación de asuntos relacionados con el ámbito económico, es casi nulo el compromiso respecto del desarrollo de las energías limpias; y, por último, entre otros aspectos, existe una tangible timidez para rechazar de plano la persistencia de modelos macro y microeconómicos monocéntricos, que frente al momento actual de la discusión están desenfocados porque la necesidad obliga a enfoques policéntricos basados en redes de ciudades.

Ciudad Caribe Colombia es valiosa iniciativa que ojalá pueda articularse con lo que piensan los gobernadores respecto de la RAP y el resto de alcaldes de ciudades capitales distintas a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, lo que manejan las bancadas de la Región en la Cámara de Representantes y el Senado de la República y lo que se concibe desde la vocería del sector social en centros urbanos y zonas rurales.

Hace algunos años mi padre, José Antonio Name Terán, plasmó en el Senado de la República un propósito de ley para la creación del Área Metropolitana del Caribe con base en los Distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, para lo cual Ciudad Caribe Colombia es la plataforma ideal. Por favor visitewww.josedavidname.com o escríbame a [email protected]

Barranquilla, junio 30 de 2016. Mientras países como Estados Unidos, Canadá y México fortalecen sus acuerdos comerciales y en ese marco le dan un vigoroso impulso al desarrollo de energías limpias, Colombia sigue andando a paso de tortuga en la materia y en ese orden el país sufrirá un racionamiento eléctrico el próximo verano.

Así lo advirtió este jueves el Senador de la República por el Partido de La U, José David Name Cardozo, quien al mismo tiempo miró positivamente el anuncio que hizo el Presidente Juan Manuel Santos en el Congreso de Andesco en Cartagena sobre la reglamentación de la ley 1715, aunque subrayó que el gobierno nacional se ha demorado en expedir las normas por encima del tiempo previsto.

“Con visión futurista el Congreso de Colombia propuso, debatió y aprobó el desarrollo de las energías limpias, la ley 1715 que es de mi autoría interpretó lo que el país requiere en este campo y así fue sancionado por el Presidente Santos el 13 de mayo de 2014 en la ciudad de Cartagena; posteriormente, en el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, defendiendo los intereses de los grandes generadores hidráulicos, pusieron la reglamentación a dormir el sueño de los justos”, indicó el expresidente del Senado.

El congresista barranquillero sostuvo que se ha perdido un tiempo precioso en la disponibilidad de la reglamentación y aunque el atraso implica ser inferiores a las necesidades del momento, este es el instante para que Colombia no siga saliendo perjudicada porque la ley de energías limpias continúa jurídicamente incompleta.

“Por este motivo respetuosa y cordialmente hago un llamado al señor Presidente de la República, y a los señores ministros de Hacienda, Minas y Energía y de Ambiente, para que aceleren la reglamentación faltante de la ley 1715 porque en este campo son insuficientes las buenas intenciones, ya que lo demandado es una normativa oportuna y práctica”, indicó el Senador Name Cardozo.

El legislador manifestó que es necesario que el Presidente de la República delegue en un coordinador de su confianza la reglamentación final de la ley 1715.

“Si nos seguimos demorando, si el país es sometido a la no implementación de la ley 1715, en el próximo verano irremediablemente estaríamos sometidos a un racionamiento eléctrico igual o peor a los presentados en las últimas tres décadas; Estoy seguro que el actual gobierno no quiere cargar con ese responsabilidad”,  sostuvo el senador Name Cardozo.

"A la fecha el señor Director de Cormagdalena ha parecido más un empleado de Odebrecht que defensor de los intereses de la corporación y el país".

Bogotá D.C., junio 13 de 2016. La maderada o palizada es un fenómeno compuesto en su mayor porcentaje por madera que en el caso más reciente del Rio Magdalena, logró un largo de 7 kilómetros y un ancho de 10 metros aproximadamente.

Las emergencias que causa pueden significar afectaciones de distinto tipo para empresarios y comunidad en general. Traigo a colación lo de la maderada a propósito del proyecto de recuperación del Rio Magdalena que venía a cargo de la sociedad Navelena SAS (Odebrecht del Brasil y Valorcon de Colombia), dividido en tres etapas así:

Etapa de Preconstrucción con una duración de 18 meses entre el 11 de diciembre de 2014 al 11 de junio de 2016. Etapa de Construcción a 60 meses entre el 11 de junio de 2016 al 10 de junio del 2021. Etapa de Administración con 84 meses entre el 11 de junio del 2021 al 10 de Junio de 2028. El valor de la inversión es de 2.5 billones de pesos en 13.5 años.

La etapa de Preconstrucción finalizaba el pasado sábado 11 de junio, es decir, cuando vencía el plazo del correspondiente cierre financiero objeto de maderada por falta de fuentes de financiamiento, a raíz de los problemas de corrupción de Odebrecht en el Brasil, que implicó condena judicial a su presidente ejecutivo.

Se supone que si no hubo cierre financiero también quedaron en el limbo todos los demás requisitos por cumplir que eran 11 desde el punto de vista contractual. Lo cual nos deja frente a un preocupante retraso, ante a una grave frustración respecto de los tiempos para la recuperación de nuestra arteria fluvial madre. Nada más doloroso para el futuro del Rio Magdalena.

De los problemas que se han tenido y de lo que vendrá a corto plazo, responsabilizo directamente al actual Director de Cormagdalena Capitán de Navío (R) Luis Álvaro Mendoza Mazzeo y al ingeniero civil, especialista en obras hidráulicas, Paulino Galindo Yustres, quien venía ejerciendo como director de la APP concebida para la nueva etapa de prosperidad del Rio.

Considero que ambos han sido culpables de la ineficiencia administrativa que se apoderó de la APP y de sus fatales consecuencias para el país. Siento que todo el tiempo nos dijeron mentiras y que no hicieron nada distinto a manipular informes con los que embellecían una aparente etapa de preconstrucción, cuando en verdad íbamos camino a una frustrante realidad de fracaso y pobreza institucional en la gestión.

Me preocupa que un proyecto de tanta importancia y de tanto impacto en la vida económica y social del país y sus regiones colapse en uno de los instantes más cruciales del desarrollo nacional, hecho este que me confirma que el señor capitán Director de Cormagdalena, Luis Álvaro Mendoza, no ha estado a la altura de las responsabilidades encomendadas.

Esperábamos que este lunes 13 de junio amaneciera el país con las mejores noticias en relación con el cierre financiero del proyecto. Lamentablemente no ha sido así, lo que constituye un duro golpe a uno de los compromisos más trascendentales del Presidente Juan Manuel Santos en aras de garantizar la sostenibilidad y desarrollo de la más importante fuente fluvial del país, despensa productiva que irradia riqueza a la Nación entera.

Se sabe que hay 9 inversionistas extranjeros interesados en adquirir la mayoría accionaria de Odebrecht en la sociedad Navelena SAS, que se suman a los tres primeros que habían entregado carta de intención para hacerse a la parte pertinente. La revisión jurídica de esa cesión debe hacerse con alto rigor y de manera abierta al país, con transparencia porque a la fecha el señor Director de Cormagdalena ha parecido más un empleado de Odebrecht que defensor de los intereses de la corporación y el país.

Definitivamente no creo en eso que Cormagdalena ha dicho de que “ha estado atenta al cumplimiento de todos los procesos, plazos y condiciones legales, porque nuestro norte y principal objetivo consiste en recuperar la navegabilidad del Río Magdalena a través de una gestión transparente y apegada a la ley y al contrato”.

Porque no le doy validez alguna a esa afirmación pienso que el señor Director de Cormagdalena debe presentar este lunes su carta de renuncia ante el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien de inmediato podría conformar una comisión de la Junta Directiva de Cormagdalena para que salve lo que pueda salvarse del proceso adelantado para la recuperación del Rio. En ese sentido cuenta con mi total respaldo y apoyo. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a [email protected]

Barranquilla, junio 10 de 2016. Afirma el Senador José David Name Cardozo al expresar su respaldo a la gestión del nuevo Ministro ambiental Luis Gilberto Murillo. Advierte que la ANLA debe someterse a una reestructuración empezando con la salida de su actual director, porque esta agencia no se puede convertir en fortín de ningún partido político.

El Senador de la República por el partido de La U, José David Name Cardozo, respaldó este viernes la proyección técnica y de responsabilidad social que el Ministro Luis Gilberto Murillo quiere darle a la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Colombia no puede seguir respaldando una gestión institucional detrás de la cual se esconden personajes nefastos para el medio ambiente nacional, fundamentalmente a través del otorgamiento de licencias que tienen un tufillo corrupto y que no se compadecen con las angustiosas horas que sufren nuestros ecosistemas en las distintas regiones del país”, indicó el expresidente del Senado de la República.

El Senador Name Cardozo cuestionó la intromisión que ciertos sectores políticos  pretenden en algunas agencias estatales, cuando es bien sabido que el área de las licencias ambientales, por ejemplo, no puede convertirse en fortín de ningún partido que llegue a manejar intereses particulares y no los del beneficio colectivo.

“En el caso de la ANLA hay demasiados cuestionamientos por la forma como se han otorgado licencias ambientales en los últimos meses y en este contexto considero pertinente respaldar el manejo técnico que pretende darle a esa área el nuevo Ministro, pero inexplicablemente se ejercen indebidas influencias políticas para sostener a un funcionario a pesar de que es incompetente y no consulta el interés de las poblaciones amenazadas mediante permisos inescrupulosos”, sostuvo el legislador barranquillero.

“El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos no puede descuidarse en estas materias y nuestro llamado respetuoso es a que se preserve la idoneidad profesional y técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles, sin sacrificar la protección de la vida humana, las especies animales y la fauna que es un obligación constitucional y legal”, expresó el Senador Name Cardozo.

Columna de opinión del senador José David Name.

La falta de planeación y los sobrecostos marcaron el ayer de la crisis eléctrica, con drásticos racionamientos de energía. Hemos estado al borde de otro apagón hace pocas semanas. La cercanía de la paz y el desafío de un mayor desarrollo obligan hoy a soluciones radicales y prácticas.

Colombia y en particular la Costa Caribe requieren garantizar su futuro energético sin más rodeos, en el marco de un proceso que he decidido llamar “Más Energía a la Luz del Posconflicto”. Lo más complicado es el abastecimiento eléctrico en el Caribe colombiano, con tarifas onerosas ante los consumos por altas temperaturas.

Vivimos una coyuntura que facilitó adoptar un nuevo plan de expansión eléctrica, con énfasis en energías limpias. Una virtud a la que el gobierno le niega sus fortalezas retrasando inexplicablemente la reglamentación de la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014, que es de mi autoría. Mientras los demás países vuelan con alas de energías renovables, nosotros gateamos a paso de tortuga enferma. En lo que al sistema eléctrico refiere, visualizó una solución en tres escenarios con relevancia en el caso de la Costa Caribe.

Frente al drama Electricaribe, primer escenario, planteo un futuro basado en un mercado A y un mercado B, que reúne a los clientes de mayor y menor consumo atendidos por dos empresas. En un segundo plano ubico la Cultura de la Legalidad como política de Estado y en el tercero propongo una gran Asociación Púbico Privada como APP Energética que defina un Operador Nacional de Energías Limpias que articule y desarrolle lo que el plan nacional de expansión señala para las fuentes renovables.

Pienso que el gobierno seguirá trabajando con Electricaribe el tema regional, que podría ensayar un esquema de mercados A y B bajo la tutela del actual operador. Uno representa el mercado de mayor consumo (A), grandes clientes, y zonas urbanas de intensa productividad. El otro asume el mercado B, al que no se le pueden cobrar las tarifas comerciales que en la práctica definen la rentabilidad de una empresa eléctrica y requiere subsidios del Estado. Hablamos de ciudades y municipios que tienen una economía precaria.

Para tal efecto se establecería una tarifa subsidiada de venta, teniendo en cuenta lo siguiente: Quien le vende al gran mercado recibe, por ejemplo, el kilovatio a 8 pesos y lo vende a 16 pesos para tener un diferencial de recuperación de costos. Pero en las zonas deprimidas lo tiene que comercializar a 7 pesos, o sea a pérdidas, lo que obliga a comprar energía subsidiada. Podría convenir entonces la especialización en dos empresas bajo el modelo Electricaribe para las áreas de mayor y menor dinámica, en donde los que pagan más financian a quienes menos tienen. Una especie de Fosyga eléctrico. En este contexto, a Electricaribe debería permitírsele ser generador de la energía que distribuye.

Un segundo escenario es la adopción de una política de Estado que incentive la normalización eléctrica en zonas rurales y urbanas y establezca la cultura de la legalidad en aquellas en donde prevalecen las pérdidas técnicas y el robo de energía, poniendo en riesgo la vida misma. Aquí juega la oportunidad de normalizar con base en energías limpias, que sirve en bandeja la ejecución de un tercer escenario.

Teniendo a mano la ley 1715, las energías renovables pueden inspirar un plan piloto nacional con inicio en el Caribe para llevar energía sin mayor peligro a zonas subnormales y dotar de una fuente de suministro económico a 225 mil nuevas casas de las que se ha comprometido entregar el Gobierno del Presidente Santos al final de su mandato.

Por ejemplo, el costo de dotar un hogar con energía solar es de 1.5 millones de pesos. La mitad es financiada por el Gobierno. La inversión se recupera en un año y el 100 por ciento de ella se obtiene a préstamo. Con el ahorro que se causa se cubre el préstamo. Podría pensarse en tomar un billón de pesos de la venta de Isagen, vía Financiera de Desarrollo Nacional, para avanzar en la solución.

Tenemos la urgente necesidad de ir más allá del Plan5Caribe y de las confrontaciones públicas, porque podemos echar mano de lo que tenemos y llegar en menor tiempo posible a las soluciones que queremos. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a  [email protected]

Columna de opinión del senador Jose David Name.

En nuestra pasada columna repasamos la cronología reciente de las crisis eléctricas que ha soportado Colombia por culpa de la equivocada planeación y el favorecimiento indebido a ciertas empresas en detrimento de la calidad del servicio en varias regiones y del bolsillo de los usuarios.

Los intereses alrededor del negocio eléctrico podríamos calificarlos de descomunales y las presiones que se ejercen desde distintos flancos sobre las autoridades del sector, son otro tanto. Hay gobiernos que han sucumbido a ellas y en ese colapso se beneficiaron los generadores hidráulicos, quebrándose la defensa que en el caso de la Costa Caribe se tenía con Corelca y sus Electrificadoras subsidiarias.

Es imposible desconocer el lastre histórico que significan en la vida regional unas empresas influidas por la injerencia politiquera, la excesiva carga burocrática, la corrupción, y la producción de una energía de alto costo, factores que incidieron en la liquidación del esquema que se traía para pasar a otro de origen privado que nos dejó huérfanos en lo que al sentido de pertenencia territorial se refiere.

Sí, huérfanos de un modelo que sintamos nuestro, porque Gecelca (generación), Transelca (transmisión) y Electricaribe (distribución), son tres gigantes autómatas que operan unos equipos y redes bajo el criterio de la rentabilidad pura pero sin alma por la tierra, distinto a lo que pasaba con Corelca que era auténticamente regional, con un alto espíritu integracionista.

A la Costa Caribe la despojaron de su infraestructura eléctrica y hoy por hoy es la más vulnerable al momento de garantizar la prestación del servicio a los usuarios. Miremos lo que está pasando actualmente. La Hidroeléctrica de Urrá en Córdoba no es lo que se dijo que sería, Gecelca a duras penas se conoce por el nombre, Transelca es una empresa de extensión de cables y torres y Electricaribe parece más un contendor de tinglado que un socio de nuestro desarrollo económico y social.

Está claro que los dueños españoles de Electricaribe no llegaron para cumplir tareas de beneficencia ni de caridad, sino a invertir en un área de negocios para prestar un servicio público que debe producirles una rentabilidad. Para tales efectos el gobierno lo regula y se hace a unos compromisos que si se cumplen deben verse reflejados en un servicio de calidad. Pero hubo un momento en que la cadena comenzó a reventarse y las partes, como cuando a los equipos en un partido de fútbol les conviene el empate, decidieron hacerse pasito, no lastimarse.

Hasta el día del cortocircuito. La actual crisis eléctrica regional comenzó a advertirse hace unos tres años con un gran apagón en Barranquilla, que se ha multiplicado a lo largo y ancho de la Región Caribe. Las sindicaciones corrieron de un lado a otro, los anuncios no se hicieron esperar, como tampoco los supuestos correctivos con inversiones multimillonarias. A la fecha Electricaribe debería invertir con urgencia cerca de 1.1 billones de pesos, pero con una cartera y obligaciones financieras que se equiparan con ese monto prácticamente se hace imposible una exigencia en tal sentido.

Electricaribe es la empresa de servicios públicos con más quejas de usuarios en el país ante la Superintendencia de Servicios, entidad que le ha impuesto multas del orden de los 17 mil millones de pesos, que en su mayoría han sido apeladas. Hoy por hoy hemos caído en el círculo vicioso de los dimes y diretes, con un plan de gestión establecido a Electricaribe que lo acepta pero lo condiciona a que cada uno de los actores del servicio eléctrico ponga lo que tiene que poner.

Lo más seguro es que ese plan de gestión no llegue a ninguna parte si a la empresa no le pagan lo que le deben y antes que una solución se vislumbran peores relaciones frente a la propuesta de los gobernadores del Caribe de que se designe un nuevo socio gestor operador que le arriende las redes a Electricaribe.

Sin lugar a dudas uno de los hechos más interesantes alrededor del tema será el estudio de las conclusiones a la que llega la Contraloría General de la República con la auditoria sobre los dineros que la Nación ha entregado a Electricaribe para la normalización eléctrica y otros asuntos en zonas vulnerables.

El operador que llegue, sea cual su nacionalidad u origen, se va a encontrar con los mismos problemas que tiene el actual prestador y sobre esa base hay que definir si el deseo es solo un cambio de nombres y de capitales o si en verdad lo que interesa es prestar un excelente servicio a la comunidad regional de usuarios.

No hay que perder de vista que todos los actores del sector están obligados a cumplir unas reglas de juego que en últimas determinan la seguridad jurídica de la inversión, sobre lo cual estarán puestos los ojos de futuros conglomerados empresariales extranjeros que desean acercarse a nuestra Nación. El Todos Ponen del servicio eléctrico en la Costa Caribe es esencial, aunque no sea fácil asegurarlo. En próxima columna examináremos escenarios probables. Por favor visitewww.josedavidname.com o escríbame a [email protected]

Columna de opinión del senador José David Name.

En abril de 1980 German Jaramillo Olano, siendo gerente de Interconexión Eléctrica S.A., ISA, lanzó una alerta de racionamiento en medio de una crisis desatada por la demora en los proyectos y la intensa sequía.

Hubo cortes de energía de dramáticas proporciones, con racionamientos hasta de 12 horas diarias para el sector residencial y de 4 para las empresas. Las lluvias llegaron pero los racionamientos no cesaron, por el déficit en la infraestructura de generación del orden de los 500 megavatios.

Los gobiernos de Alfonso López Michelsen y de Belisario Betancur Cuartas se caracterizaron por las dificultades en esta materia. Mala planeación, elevado costo de proyectos y la ausencia de interconexión entre el interior y la Costa Caribe, presionaban la crisis eléctrica. Entre otros factores.

La administración de Virgilio Barco Vargas vivió una relativa calma en la materia, pero tal vez su peor error fue no haberle prestado la suficiente atención a Álvaro Ruiz Hernández, asesor del Ministerio de Minas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien presentó un estudio en 1988 que auguraba un nuevo racionamiento de energía. Y ocurrió lo peor.

Días después de iniciado el gobierno de Cesar Gaviria en 1990, el país se preguntaba qué hacer con el sector eléctrico. Abundaban informes y editoriales respecto de la realidad del sistema, que era muy crítica. Colombia sufrió otro apagón que costó varios miles de millones de dólares. Pero no aprendimos la lección.

El 12 de septiembre de 1990 el expresidente de Interconexión Eléctrica S.A., ISA, Germán Jaramillo Olano decía: “Pero además de El Niño, que aparece cada siete u ocho años causando intensas sequías, en el sector eléctrico los errores de planeación también se repiten cíclicamente”.

La discusión se centraba en planes de expansión que no contenían lo que se requería. La generación térmica es una historia llena de abandono y falta de mantenimiento, lo cual siempre provocó problemas en el suministro de energía al Caribe que dependía de esa producción. La antigua Corelca llegó a perder casi que la mitad de su capacidad de generación que era de 1.100 megavatios.

Era evidente que hacía falta reformar un esquema administrativo ineficiente y explorar un proceso de privatización de la generación de energía eléctrica, tomando como referencia los Estados Unidos que hace un cuarto de siglo ya tenía un 77 por ciento de esa actividad en manos de los particulares. En Colombia la carga burocrática y la ineficiencia eran muy costosas para el sector eléctrico.

La administración Gaviria Trujillo le puso el pecho a la brisa y asumió la transformación que giraba en torno de la privatización. Así llegamos a un esquema que ha evolucionado hasta la presente, pero no ha superado problemas de planeación que afectan la renovación de la matriz energética y permiten que el dominio del mercado siga bajo la tutela de los generadores hidráulicos.

Con antecedentes de drásticos racionamientos de energía eléctrica en los últimos 35 años, hoy tendríamos que haber adquirido la mayoría de edad en la prevención de las deficiencias y la planeación del sector, incluso en contra de los ciclos de El Niño. Pero no es así. Sin embargo, me alienta el hecho de que salimos airosos de la reciente amenaza y tanto el sector público como el privado, son conscientes de que hay innovar y cambiar el disco duro del sistema.

Es prioritario y de suma urgencia que Colombia reacomode su matriz energética a las exigencias del mercado en las regiones, se reduzca la dependencia de la generación hidráulica con carácter monopólico, se amplíe la base de producción con energías renovables o limpias, se aprovechen los compromisos en defensa del medio ambiente y se le garantice a los ciudadanos un servicio más estable y económico.

Por eso es importante pensar en el futuro del sector eléctrico colombiano, en las nuevas fuentes de producción, en resolver los problemas que afronta la Costa Caribe con su operador Electricaribe y ampliar el espectro de soluciones con base en análisis realistas, de cara a una opinión pública ávida de verdades y cumplimiento de anuncios. A ese tema nos referiremos en nuestra próxima columna. Por favor visite www.josedavidname.com o  escríbame a   [email protected]

Columna de opinión del senador José David Name.

Seguramente la lista puede ser otra, pero en estos momentos para el país y la Región Caribe creo que se trata de situaciones muy delicadas que frustran evidentes perspectivas de desarrollo económico y social.

¿A qué me refiero? A cuatro problemas que se han erguido en las últimas semanas para hacer aún más complejo el transcurrir nacional y regional. He aprendido a despojarme del pesimismo, pero no puedo evitar sumirme en la preocupación frente a determinados aspectos.

El RIO MAGDALENA

El compromiso del Presidente Juan Manuel Santos de impulsar la recuperación del Rio Magdalena quedó en riesgo de no cumplirse, porque el socio mayoritario del consorcio que ganó la licitación no tiene musculatura financiera. Odebrecht, por cuenta de los escándalos de corrupción en Brasil, está sin capacidad de financiación.

Hay tres candidatos a tomar su lugar en Navelena, que es la responsable de ejecutar un proyecto avaluado en dos billones de pesos. Pero hay que tener cuidado porque Odebrecht podría poner unas empresas de papel para salvar los otros contratos que tiene en Colombia. Lo cual no podemos permitir. Me preocupa el futuro de la navegabilidad del Rio Magdalena.

ELECTRICARIBE SE APAGA

Colombia ha superado la coyuntura del apagón eléctrico, pero en la Costa Caribe sigue encendida la crisis del servicio que está a cargo de Electricaribe. Cada día más agudizada por cuenta de una infraestructura obsoleta que requiere por lo menos 5 billones de pesos para modernizarse. Ni el Plan5Caribe ni demás anuncios de inversión parecen ser la realidad de la solución inmediata. Ya el nuevo Ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, dijo que resolver el caso tarda por lo menos 3 años. ¿Qué pasa mientras tanto?

Mientras tanto seguimos en el Caribe sometidos al vaivén del servicio eléctrico, al tiempo que la protesta social se desborda amenazante porque hay que pagar unas tarifas muy caras y los apagones son frecuentes y prolongados. El tema no admite más demoras. Me preocupa el futuro del servicio de energía en la Región.

LA VÍA BARRANQUILLA CIÉNAGA

Dentro de la cadena de comunicación vial del Caribe es una de las más importantes. Y de las más sensibles por la incidencia ambiental que tiene, que habría podido mitigarse si no se hubieran cometido los errores que se cometieron cuando la construyó el Estado hace varios años.

Hoy tiene un panorama dramático por lo que ocurre en el kilómetro 19, en donde la erosión nos dice que el mar cualquier día puede arrasar con la carretera. Hay soluciones a la mano y profundas discusiones a la vista, por el asunto ambiental. Se han hecho algunos correctivos provisionales. Pero el riesgo se mantiene. Me preocupa lo que un mar embravecido puede ocasionar.

LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis en un punto de la política social que es sagrado. Los problemas que se develan posiblemente no son nuevos, pero desde que se incluyeron cambios en la administración del Plan de Alimentación Escolar, el financiamiento y los términos de contratación, se agigantaron las dificultades. Al punto que asquea lo descubierto porque es el dinero de los niños y adolescentes, que constituyen la población creativa del futuro.

Comparto lo que afirma la Directora del ICBF Cristina Plazas Michelsen cuando afirma que los involucrados en este delito no deberían tener casa por cárcel, sino cadena perpetua. Aún quedan muchas piezas por ajustar, lo de la Costa Caribe está en el limbo y lo que ocurre en otras partes del país también. Me preocupa lo que pueda pasar con la alimentación escolar.

Como lo digo en mi titular, son cuatro ejes de las grandes angustias nacionales y regionales. Desde el Senado de la República le apostamos a la gestión en aras de resolver esas angustias, previniendo que no se repitan en el tiempo. Es un gran anhelo, como también lo tenemos con la finalización del conflicto armado.

Los acontecimientos de los últimos días son afortunados, pese a los críticos. El apoyo de la comunidad internacional es evidente. La paz está cada vez más cerca. Lo único que me preocupa es un país que se polariza entre la movilización social por la paz y la resistencia civil contra el acuerdo. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a [email protected]

Columna de opinión del senajor José David Name.

Cuando el reloj marque las cero horas de 2017, los colombianos y el mundo entero celebraremos en un solo grito y abrazo la llegada del nuevo año.

El pronóstico gubernamental es que también comenzaremos a estrenar reforma tributaria, que esperamos sea menos compleja, equitativa, facilitadora de la inversión productiva y suficiente para financiar la inversión social que necesitamos.

La semana pasada en Cartagena, en el Congreso de los Fondos de Pensiones, el Presidente Santos hizo la esperada confirmación: “La reforma tributaria es una certidumbre. Viene la reforma tributaria. Otra certidumbre es que vamos a discutirla con el sector privado y es una discusión que queremos tener para que sea estructural, para que corrija problemas que se han venido acumulando durante muchos años”.

Me parece que el sector privado es una de las instancias de análisis, pero el debate hay que abrirlo a todos los sectores incluyendo las centrales obreras y los estamentos que conforman la clase media nacional, hacia donde apunta uno de los aspectos clave de la reforma cuando se refiere a gravar ingresos que antes no se tocaban vía el impuesto de renta.

Una grande responsabilidad  tiene el Congreso de la República a partir del instante en que el Gobierno Nacional presente el proyecto de reforma tributaria, sobre la base de lo propuesto por la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, así como las sugerencias en el marco de la OCDE y las agencias multilaterales del crédito. En Senado y Cámara de Representantes el debate tiene que ser intenso y minucioso, además de caracterizadamente participativo con audiencias públicas para que los diferentes estamentos de la sociedad civil presenten sus consideraciones.

Tributar en Colombia tiene que convertirse en un asunto sencillo para el contribuyente del común, así como para las pymes. Debe erradicarse de un tajo la inequidad para que quienes ganan lo mismo no paguen tarifas distintas por cuenta de los privilegios que tienen unos sobre otros. Un factor fundamental para el futuro de las finanzas públicas nacionales será lo que permita el nuevo estatuto tributario en contra de la evasión de impuestos.

Punto aparte indiscutiblemente será el tema de las entidades sin ánimo de lucro que, sin desconocer la importancia de la labor social que adelantan en pro de los más desprotegidos, muchas esconden el manejo de grandes capitales para hacer a un lado sus obligaciones fiscales con el Estado.

Las fundaciones no pueden seguir siendo una rueda suelta dentro de la estructura tributaria del país, como tampoco los acumuladores de fortunas incalculables pueden mantenerse pagando irrisorias sumas por concepto de impuestos. No puede ser que un profesional independiente termine pagando más por retención en la fuente en un año, que lo que un millonario le deja al erario público en su declaración de renta.

Es la hora de sanear y poner orden a la forma de tributar en Colombia. Deteriorado como está el panorama de los ingresos petroleros, necesitamos una reforma tributaria que sirva para financiar sin afanes ni desorden aprovechable por los corruptos, los gastos en educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico e infraestructura.

Soy partidario de hacer una profunda revisión al Impuesto al Valor Agregado, IVA, para que pasar de una tarifa del 16 al 19 por ciento no sea un mecanismo legal de atropellar a los pobres, a quienes menos ganan y a quienes a duras penas tienen lo esencial de la canasta familiar. Habrá que ajustar el IVA, pero tendremos que hacerlo con manos de cirujano vascular o estético.

Coincido con los expertos que son partidarios de subir los impuestos al consumo de productos mortales: cigarrillos y licores y refrescos azucarados. Esta decisión frente al control de la evasión y puntualmente acabar con la vagabundería de un grueso grupo de fundaciones, tiene que dar positivos resultados en el incremento del recaudo nacional.

Según la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, Colombia debe dejar de ser un país de cargas mal distribuidas, con una tributación complicada y aliada de la evasión. El desafío es simplificar el camino tributario a las personas naturales y a las empresas, tomando como referencia la ampliación de la base  impositiva y el establecimiento solo del impuesto de renta, sin más Cree, Iman, Imas, e impuesto a la riqueza. Esa será la reforma que apoyaré en el Congreso. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a [email protected] 

Columna de opinión del senador José David Name.

Pese a las dificultades generadas en las últimas horas por los cortes de energía eléctrica de casi 24 horas, se destaca la paciencia de los barranquilleros y ciudadanos de otras latitudes que han soportado estoicamente que cada día el servicio se preste en peores condiciones.

Hemos llegado a una situación de caos y como lo dije en mi convocatoria a la movilización social regional contra el mal servicio de luz el próximo 4 de mayo a las 2 de la tarde, es inadmisible que ello ocurra en una ciudad de las características de Barranquilla y el fenómeno se extienda a su Área Metropolitana, a otros municipios del Atlántico y demás departamentos del Caribe.

La tensión social se apodera de la Región, lo cual percibimos a través de los medios de comunicación y las redes virtuales, con improperios de todos los calibres. Apenas normal ante la magnitud del problema que vivimos. La inconformidad de la gente es alta, por cuenta de las mentiras y verdades en que se debate la situación real de Electricaribe, el operador del sistema de distribución de energía en la Costa.

Las primeras verdades quedaron al descubierto cuando durante la gestión del Ministro Amylkar Acosta Medina, hubo un daño en la Subestación 20 de Julio que provocó un apagón general en Barranquilla, con perjuicios considerables en materia económica y social. Nunca se había hablado de lo mal que estaba la infraestructura a cargo de Electricaribe.

El asunto movilizó al Presidente Santos, quien vino a la ciudad y anunció una serie de compromisos, frente a los cuales ha habido verdades a media porque el Ministerio de Minas y Energía y sus agentes han sido paquidérmicos en las soluciones. En aquel entonces, año 2013, el Jefe de Estado insistió en que habría reacción frente a la crisis, pero sus subalternos lo han dejado mal.

El Presidente volvió a Barranquilla y puso en marcha el denominado Plan5Caribe que implica una inversión del orden de los 5 billones de pesos para resolver los problemas existentes. Aparentemente está en curso una serie de contrataciones, que tiene el seguimiento de los gremios empresariales del Caribe, aunque a la fecha todo se guarda en silencio.

Pasado un tiempo, el Presidente se reunió nuevamente con gobernantes y gremios para revitalizar el Plan5Caribe, ponerle un gerente y avanzar en las obras. Después de ires y venires, los gremios gerencian el plan por decisión de los gobernadores. No obstante, nada se ve en la práctica.

Es verdad que hay un compromiso pero también es cierto que todo se resuelve lentamente. Es verdad que la Superintendencia de Servicios Públicos podría intervenir a Electricaribe, pero si ello ocurre quedaríamos peor que antes porque el agente de control no tiene ni la experticia ni los recursos de ninguna índole para operar la Región.

Es verdad que se amenaza con otro operador, pero ni las EPM ni la Empresa de Energía de Bogotá querrían todo el mercado regional. Se inclinarían por el mercado más jugoso y eso no nos conviene. Otros sectores con muy buena intención anuncian que promoverán la escogencia de un nuevo operador, pero dónde están los inversionistas. Eso no es tan sencillo. Ni las gobernaciones ni las alcaldías ni las asambleas ni los concejos tienen potestades en esos asuntos.

Se dice que la deuda de las entidades oficiales en la Región es de $150 mil millones, que la de los barrios subnormales suma $400 mil millones y que los morosos restantes disparan la totalidad de la cartera a la módica cifra de $1.6 billones. ¿Verdad o mentira? Nadie ha presentado las pruebas ni ha discriminado ese monto para justificar que es una de las causas del mal servicio.

Otro asunto que nos deben resolver el Ministerio de Minas y Energía y la Creg es el de la carga tarifaria, porque nuestra gente paga los excesos que comenten las mafias del agua desde el interior del país, que por contar con ese recursos tienen precios más baratos. Electricaribe no genera energía, debe salir a comprarla en bolsa y allí es víctima de los hidráulicos, lo cual se traslada a las tarifas en el Caribe. Sobre eso no pueden seguir las mentiras.

Estamos frente a un panorama nada fácil, en el que se impone un Estado más eficiente respecto de las soluciones y la responsabilidad de quienes están a cargo de las ejecuciones. Basta ya de anuncios con tinte politiquero, la Costa Caribe quiere energía eléctrica eficiente y barata. De lo contrario nos vamos a pique, la pronta solución la debemos exigir en el plantón del próximo 4 de mayo. La Costa Caribe enciende la mecha del reclamo para iluminar los días que vienen. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a [email protected]

“Invito a los usuarios de la energía eléctrica en la Costa Caribe a salir el próximo 4 de mayo en una movilización social que aunque pacífica sea una contundente y vigorosa demostración de nuestra inconformidad y sentimiento de protesta por el mal servicio que nos prestan”, dijo este jueves el Senador por el Partido de La U, José David Name Cardozo.

El expresidente del Senado dijo que lo ha ocurrido en Barranquilla y otros puntos de la Región en las últimas horas es realmente inadmisible y no tiene justificación alguna, porque si bien hay dificultades técnica y morosidad en pago de algunos sectores tanto el gobierno como la empresa operadora tienen la sagrada responsabilidad de velar por el buen servicio a la gran mayoría de usuarios que cumple con su deber oportunamente.

“Definitivamente no podemos mantener una situación de caos en el servicio eléctrico ni seguir con la mentira frente a la atención a las emergencias de diverso tipo, cuando en verdad lo único que se observa es una ciudad y una región a oscuras con un aparato productivo y una actividad residencial que se lesionan gravemente por los continuos y prolongados apagones”, indicó el Senado Name Cardozo.

Manifestó el Congresista barranquillero que en situaciones de esta naturalmente es viable convocar a la movilización social y por ello invita a los habitantes del Caribe el próximo 4 de mayo a partir de las 2 de la tarde en cada una de las ciudades capitales y los municipios que quieran acompañar la jornada.

“Vamos a organizarnos, a trazar rutas, a definir puntos de encuentro y a crear un grupo de voceros que se encargue de habilitar todo lo necesario para expresar el sentimiento de indignación del pueblo Caribe contra el pésimo servicio de energía eléctrica que estamos recibiendo”, puntualizó el Senador Name Cardozo.

José David Name Cardozo

Senador de la República Partido de La U

Bogotá abril 20 de 2016

Columna de opinión del senador José David Name.

Entre los gobiernos del cura Bernardo Hoyos, Elías George, Guillermo Hoenigsberg, Humberto Caiaffa, Elsa Noguera y Alejandro Char existen profundas diferencias no solo por los desenlaces judiciales que tuvieron algunos de ellos sino por los estilos que han empleado, pero en el fondo hay que reconocerles su deseo de contribuir a la transformación de Barranquilla. Cada uno tuvo logros a su manera, en medio de circunstancias políticas distintas y aunque aparentemente Hoyos, George y Hoenigsberg provenían de una misma fuente, terminaron gobernando bajo parámetros que más que sumar, dividían.

Caiaffa fue más discreto, mientras que Elsa Noguera y Alejandro Char le echaron mano a la osadía y a la juventud para alinear la ciudad en un nuevo concepto de progreso y de manejo de lo público. Los últimos doce años han sido clave para que Barranquilla se reencuentre con su vocación económica orientada a los mercados internacionales, reordene sus finanzas públicas y se comprometa con la ejecución de una serie de proyectos de colosal envergadura, con el apoyo del Gobierno Nacional.
Uno se encuentra con un gobierno distrital entusiasta, que genera liderazgo desde el punto de vista de la promoción de las ventajas comparativas y competitivas de la ciudad, y establece puntos de gobernabilidad en una afinidad sin precedentes con el Concejo Distrital.

Pero ¿estamos realmente frente a un gobierno distrital de consensos o ante una coyuntura en las que muchos sectores prefieren no confrontar ni desgastarse en un debate en el que los contrarios parecen oír poco? Me hago la pregunta porque en otras épocas eran más frecuentes las voces de la academia, los gremios empresariales y los organismos no gubernamentales, respecto de iniciativas para cada uno de los estratos y localidades en que se halla dividida la ciudad y en la discusión sobre las políticas nacionales que podían afectarnos o beneficiarnos. De repente lo que ocurre hoy es que en Barranquilla se habla a baja voz porque el dinamismo de la Alcaldía Distrital copa todos los escenarios y piensa en todo, lo cual es digno de encomio pero no da la imagen de incluyente que podría desearse.
Es muy positivo el conjunto de hechos y logros que la Alcaldía de Barranquilla muestra en sus primeros 100 días de gobierno, pero en el trasfondo de ese informe encontramos una ciudadanía preocupada por el recrudecimiento de la inseguridad y el complique cada vez mayor de la movilidad urbana.
También se escuchan voces que se inquietan con la ruta hacia el endeudamiento y el compromiso de vigencias futuras que toma la ciudad en aras de financiar un plan de desarrollo que en cuatro años asegura cerca de diez billones de pesos, pero tiene otros siete billones por conseguir que no están claros.

Barranquilla tiene un problema de servicio eléctrico delicado, su canasta tributaria puede estar alejando inversionistas y la concentración de la contratación pública en unos pocos hace recibir con escepticismo lo que podría ocurrir cuando regrese a la alcaldía el manejo de la malla vial y el alumbrado público. Bueno sería que se le diera la oportunidad a otros empresarios de las obras públicas. No se trata de confrontar con la nueva administración, al contrario.

Lo que queremos es ayudar a que Barranquilla tenga un gobierno que se alimenta de los buenos consejos de otros sectores dirigentes, que sienta que le aportan a ejercer un proceso de desarrollo prudente, que es fundamental para eliminar pobreza. Allí hay que trabajar mucho porque una ciudad que tiene al 71 por ciento de su población afiliada al Sisben, no ofrece el mejor de los síntomas. Por favor visitewww.josedavidname.com o escríbame a [email protected]

Barranquilla, 8 de abirl de 2016. Al ser destacada su labor como Presidente del Congreso en la aprobación de la iniciativa por parte del exministro de Defensa y actual Embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, el Senador de la República por el Partido de La U, José David Name Cardozo, dijo que le cabe la satisfacción de haber propiciado un marco legal justo para las Fuerzas Armadas y Policía.

“Agradezco profundamente los comentarios del señor embajador y exministro Pinzón, quien era el titular de la cartera de Defensa cuando ese proyecto inició su trámite y me correspondía ejercer como Presidente del Senado; fue un trabajo arduo y de estudio que al final sumó el consenso de todas las bancadas para la aprobación de la propuesta gubernamental”, indicó el senador Name Cardozo.

Dijo el expresidente del Senado que en medio de la avalancha de sucesos de las últimas dos semanas y media, casi que pasó desapercibido que la Corte Constitucional declaró exequible sin ningún tipo de condicionamientos, el Acto de Legislativo por el cual se reformó el Fuero militar.

“Es un hecho significativo este fallo judicial porque confirma el esfuerzo que hizo el legislativo por dotar de un marco legal justo a las Fuerzas Armas y a la Policía; debo recordar que el proyecto logró el consenso de todas las bancadas cuando se le hizo la modificación para que todos los procesos contra los militares –tanto en la justicia ordinaria como en la castrense– se rijan por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, explicó el senador Name Cardozo.

Columna de opinión del senador José David Name.

Mi invitación es al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, para que dentro de sus competencias culminen las  investigaciones respecto de lo que ha ocurrido en el sector eléctrico en los últimos 25 años.

Deben ser investigaciones amplias, abiertas, exhaustivas, sin miramientos ni contemplaciones políticas, para que el país conozca lo que pasó antes,  durante y después del apagón de la administración Gaviria hasta llegar hoy a la situación que nos enfrenta a una nueva crisis eléctrica.

Que todos y cada uno de los responsables de haber actuado y planeado lo concerniente al sector nos den a conocer sus actuaciones y opiniones, en aras de ayudarnos a entender las fallas y aciertos eléctricos en los últimos 25 años de nuestra historia que se mueven dentro de circunstancias totalmente disímiles.

Pero que el asunto no se quede en la simple escucha ni en los protocolarios descargos de los actores involucrados. Tenemos que llegar a conclusiones de la mano de los órganos de control e imponer las sanciones a que hubiere lugar por cuenta de las culpas que por acción u omisión se detecten.

Lo que más indigna al ciudadano común y corriente frente a los reiterados escándalos del devenir público nacional, es que conocido un episodio de corrupción o de mal manejo de políticas de Estado se anuncian investigaciones que raras veces concluyen en defensa del erario público y/o de quienes han sido víctimas de nefastos servidores públicos.  No hay responsables. A veces se conocen sanciones de primera instancia, que en las apelaciones se vuelven un saludo a la bandera. Y no pasa más nada.

Es lo que creo, no puede ocurrir en esta oportunidad señores Procurador y Contralor y, si fuere necesario, señor Fiscal General de la Nación. En primer lugar, estamos hablando de unos recursos por cuantía de 18 billones de pesos que parecen extraviados. Corresponden al cargo por confiabilidad que hemos pagado los colombianos y que deberían haber evitado el riesgo de apagón actual. Nadie habla y nadie explica.

Recordemos que la Superintendencia de Servicios Púbicos tiene las facultades legales para inspeccionar y vigilar centímetro a centímetro los dineros que por concepto de tarifas y otras operaciones financieras entran y han entrado a las generadoras de energía, caso concreto cargo de confiabilidad.

Urge saber acerca de las razones y soportes de las inversiones que hicieron las empresas generadoras con estos recursos, porque todo indica que han favorecido más al sistema hidroeléctrico que al parque térmico  que debía ser el receptor natural en condiciones críticas como las que se advertían ante la aparición del Fenómeno de El Niño.

En los últimos 25 años, transcurridos seis gobiernos, han debido hacerse múltiples análisis y revisiones del Consejo de Política Económica y Social, Conpes; Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energética, Upme; y Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué fallamos? ¿Quiénes fallaron? ¿Quiénes no hicieron lo que debían? ¿Qué ocurrió con los dineros que se habían previsto para evitar la crisis? Frente a los interrogantes lo que sí tengo claro es que esto no puede quedar en la impunidad.

Para los órganos de control es impostergable abrir y adelantar las investigaciones pertinentes, con el máximo de rigurosidad. Sin dejar que el proceso o los procesos se conviertan en un lavatorio de manos de una u otra autoridad, pasándose cada una el balón de las responsabilidades respecto del panorama actual.

En lo que a mi corresponde, desde el Senado de la República estaré atento al control político que debemos ejercer por mandato constitucional y pendiente de que a la renuncia del Ministro Tomás González Estrada sigan las del Director de la Upme y la de los Comisionados de la Creg, que han tenido en sus manos la planeación del sector y lo que hoy nos muestran es una gestión llena de dudas e incertidumbres. Por favor visitewww.josedavidname.com  o escríbame a  [email protected]