"En mi condición de miembro por Colombia del Parlamento Amazónico, convoco a la solidaridad de los demás países que lo conforman para resolver este grave problema": senador Jorge Eliecer Guevara.
Recientemente, el Gobierno Colombiano suscribió un Acuerdo Conciliatorio con el Gobierno Ecuatoriano para suspender el trámite de una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia (C.I.J.), por los efectos nocivos, para la salud de las personas, los animales, los cultivos y el ecosistema del Ecuador fronterizo con nuestro país, de las fumigaciones con glifosato a los cultivos de coca. Ésta conciliación impone a Colombia la obligación de pagar una indemnización de Quince Millones de Dólares (US$ 15'000.000), por los daños causados.
Si nos quedáramos en los registros de prensa de éste simple hecho, se diría que "nos salió barato", pues como sucede en el mundo del trabajo donde poco se hace por evitar o minimizar los riesgos profesionales, porque las compañías de seguros (A.R.P.) asumen el pago de los "siniestros", no obstante que los especialistas en salud ocupacional alertan que "no se debe cambiar la salud por dinero", siendo lo más importante la protección de la salud de los trabajadores, mediante la aplicación de rigurosas medidas de prevención de las enfermedades profesionales y de los accidentes de trabajo.
Pues bien, los ecuatorianos no son incautos. Además del pago de la indemnización impusieron otras condiciones: "Colombia podrá reanudar sus aspersiones a no más de 40 metros de altura y respetando una franja de 10 kilómetros de frontera. Ésta zona de exclusión podrá reducirse a 5 kilómetros en el segundo año y hasta 2 kilómetros en adelante, siempre y cuando la Comisión Científica Binacional compruebe y certifique que el herbicida no llegue a territorio ecuatoriano. Además, no podrá cambiar los componentes de la mezcla utilizada en las aspersiones y deberá informar a Ecuador con Diez (10) días de antelación sobre las actividades áreas de fumigación, entre otros puntos". Así mismo, advirtieron que con el desistimiento, el Gobierno de Correa no renuncia a ir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia, "si Colombia falla o no cumple con los compromisos, ..."
El Gobierno Colombiano celebró y manifestó su beneplácito así: "Ésta solución es una buena noticia para la diplomacia, una buena noticia para Colombia, una buena noticia para nuestras relaciones con Ecuador y para nuestras relaciones regionales, entre menos pleitos tengamos mejores serán las relaciones".
Aceptando, en gracia de la discusión, que ésta jugada de poker es una buena noticia para la diplomacia y para nuestras relaciones con Ecuador, no podemos aceptar que es una buena noticia para Colombia, porque Colombia no es un simple mapa, Colombia somos los colombianos y en este caso, los colombianos que nacen, crecen, se reproducen, estudian y trabajan en la frontera binacional y en los demás departamentos a donde se han extendido los cultivos de coca, que tendrán que seguir soportando las fumigaciones con mayor nocividad para su salud, porque "el baño" será más intenso, a menor altura (a escasos 40 metros). Por supuesto, que los efectos nocivos para la vida de los animales, los cultivos de alimentos y del ecosistema (bosques y aguas), también se intensificarán.
La altura para las fumigaciones, de 60 o más metros, se justificó y se aplica en Colombia con el argumento de que si los pilotos volaban muy bajo, podían ser blancos fáciles de los ataques de la guerrilla o del paramilitarismo al servicio de los narcotraficantes, de donde fumigar zonas con alta densidad selvática afectaría el ecosistema, incluso a asentamientos humanos y sus cultivos de alimentos. Éste argumento es "el árbol que oculta el bosque", pues si profundizamos la discusión sobre el problema, que no es la altura de las fumigaciones sino el Glifosato mismo. La conclusión lógica, de un debate serio sobre el asunto, en el Congreso de la República y en los distintos espacios de opinión ciudadana, es que resulta "peor el remedio que la enfermedad".
Ya se sabe que en la actualidad, el químico utilizado para las fumigaciones, el Glifosato o Roundup, producido por Monsanto, es un herbicida usado para la agricultura, al cual se le aumenta su capacidad destructiva y tóxica mezclándolo con Cosmoflux. Por tanto, debemos aceptar y reorientar la política de fumigaciones que, a la luz de los estudios científicos y del análisis de individuos expertos y organismos competentes, nacionales e internacionales, se demuestra que ésta política causa graves impactos ambientales y sobre la salud humana, que controvierten la posición de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que minimiza los impactos, basados en estudios, de cuyos autores existen dudas sobre su independencia y su idoneidad científica.
El Acuerdo Conciliatorio suscrito con Ecuador, deja claro que el Gobierno Colombiano hace un reconocimiento implícito de los impactos nocivos de su política de fumigaciones, reconocimiento que favorece a los ecuatorianos pero, absurdamente, no se extiende para los colombianos, los principales afectados. De ésta manera se persiste en la posición, determinada por las imposiciones emanadas del denominado "Consenso de Washington" y el "Plan Colombia", que afecta nuestra soberanía gravemente. Por lo demás, seguiremos indiferentes frente al hecho de que mientras ellos ponen los consumidores, nosotros ponemos los muertos.
Así las cosas, no hay nada que celebrar Señores del Gobierno Colombiano. Es un triunfo diplomático pírrico. Los ecuatorianos actuaron en consecuencia con sus investigaciones científicas, Colombia simplemente reafirmó su dañina política de fumigaciones en contra de su población y su biodiversidad, en vez de avanzar en compromisos binacionales de cooperación para superar el flagelo del narcotráfico, en armonía con la agenda de discusión que se adelanta en Cuba con la insurgencia armada, en la cual se incorporó este tema transcendental como factor de paz y de mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, sobre todo de los campesinos, para quienes también se aplicarán políticas agrarias que incidirán favorablemente en la erradicación de los cultivos ilícitos. A esto es que tenemos que apostarle los colombianos, con el acompañamiento de la comunidad internacional.
En mi condición de miembro por Colombia del Parlamento Amazónico, convoco a la solidaridad de los demás países que lo conforman (Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, Suriname, Guyana y Perú), que resulta transcendental para resolver este grave problema que, con mayor intensidad, afecta a Colombia, sobre todo a nuestros campesinos de los Departamentos de Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Guaviare, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Meta, Antioquia, Chocó, Casanare y Arauca, entre otros, varios de los cuales forman parte de la Cuenca Amazónica.
Las manifestaciones de apoyo solidario de los países amazónicos, de no encontrar eco en el Gobierno Colombiano, indudablemente serán consideradas de gran importancia en las demandas que cursan o que tramiten las víctimas de ésta política de fumigaciones ante tribunales de justicia y organismos de derechos humanos internacionales. Éstas iniciativas, por supuesto, contarán con el acompañamiento de muchos colombianos, entre los cuales me cuento, además de comprometerme en profundizar el Debate de Control Político que me corresponde como Senador de la Republica de Colombia.
