El senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, expresa su preocupación frente a la difícil situación que se vive en el departamento del Magdalena, por cuenta del coletazo del Huracán Matthew y solicita al Gobierno Nacional que brinde ayuda y soluciones inmediatas para garantizar el bienestar de las comunidades afectadas.
 

“Hoy, cerca de 73 mil ciudadanos damnificados de los municipios de Algarrobo, Zona Bananera, Fundación, Aracataca, parte de la Sierra Nevada, Santa Marta, Puebloviejo y Ciénaga, del departamento del Magdalena, requieren de ayudas materiales para su supervivencia, al igual que diferentes tipos de maquinarias que puedan ayudar a remover agua y lodo, y realizar así los procedimientos de recuperación de las zonas con carácter urgente.

Quiero expresar, en nombre del Centro Democrático y el mío propio, toda la solidaridad con la comunidad afectada por el coletazo del Huracán Matthew y ofrecemos nuestra colaboración para ayudarles en lo que se estime pertinente desde el Congreso de la República.

Por ello, solicito al presidente Juan Manuel Santos, al Ministro de Medio Ambiente y a las diferentes autoridades del Gobierno Nacional, que brinden ayuda y soluciones inmediatas para garantizar el bienestar de las comunidades afectadas. Se debe proteger la vida de esta comunidad vulnerable”.

Bogotá D.C:, junio 16  de 2016. La Comisión Séptima de Senado aprobó este miércoles en primer debate el proyecto de ley de autoría de los congresistas del Centro Democrático Orlando Castañeda, Honorio Henríquez y Santiago Valencia, acompañados de la senadora del Partido Conservador, Nidia Marcela Osorio, el cual establece un modelo de desarrollo sostenible en la reducción de las pérdidas o desperdicios de alimentos.

Durante la discusión  del proyecto, los senadores miembros de la Comisión manifestaron la importancia de esta iniciativa teniendo en cuenta la situación actual de desnutrición infantil en Colombia.

El Senador Honorio Henríquez autor y ponente de la iniciativa, celebró el respaldo de la célula legislativa en la aprobación de esta iniciativa, la cual busca mitigar en alto grado el hambre en el país, pues contempla prohibir la destrucción de alimentos aptos para el consumo humano en la etapa de poscosecha, en la industria, por parte de los supermercados, las plazas de mercado, los restaurantes, hoteles y los hogares.

"Este es el primer proyecto de ley en el mundo, que establecería el manejo integral de los desperdicios de alimentos, a través del cual buscamos que los 9,7 millones de toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, suplan las falencias de alimentación de muchas familias colombianas, como por ejemplo, de las que habitan en La Guajira”, señaló.

El proyecto señala que los productos alimenticios rescatados sean entregados en donación a los bancos de alimentos, sociedades sin ánimo de lucro y demás entidades autorizadas, que a su vez lo destinarán a la población más vulnerable del país.

Por su parte, el senador Castañeda sostuvo que es de destacar que si bien hay incentivos para reducir el desperdicio, también hay sanciones para quienes incumplan la norma.

“El proyecto contempla sanciones escaladas a todos aquellos que desperdicien o destruyan alimentos cuando estos aún están aptos para el consumo humano, y establece incentivos a los empresarios para la donación”, indicó.

Por su parte, el representante Valencia dijo que aunque la propuesta beneficia a la población menos favorecida, se espera que mejore en alto grado la nutrición de los menores de edad, población que sufre con mayor rigor esta problemática.

“No es un posible que un país que se dice democrático como Colombia, no solamente tenga problemas de desnutrición sino de niños muertos por mala alimentación. Aquí ponemos una serie de medidas que buscan, en toda la cadena alimenticia, la reducción de desperdicios y el fortalecimiento de los bancos de alimentos”, expresó el Congresista.

Durante la discusión del proyecto, la iniciativa fue unificada con otras tres propuestas del mismo tema presentadas por otros congresistas, a fin de construir una sola ley antidesperdicios de alimentos en Colombia.

Bogotá, D.C., febrero 23 de 2015.-El próximo 28 de febrero, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Minas y Enegía, deberá dar a conocer el porcentaje de incremento en la tarifa del gas para la Región Caribe. Esto como resultado de lo acordado en el comité negociador liderado por la CREG. Lo esperado es que el precio definitivo del gas esté dado por lo que realmente apunte al bienestar de la comunidad y los empresarios de los departamentos afectados.

El aumento de la tarifa del gas, así como está propuesta, es totalmente incompresible. Se requiere una fórmula razonable, equitativa, porque sin lugar a dudas, ésta puede generar consecuencias nefastas para el sector empresarial e industrial de la Costa Caribe colombiana. Los industriales no van a soportar el aumento de los costos de producción, la disminución en las ganancias y por ello, tendrían que verse obligados a realizar despidos en sus negocios y compañías.

Esto resulta realmente lamentable cuando uno de los ejes estructurales enunciados por el actual mandatario de los colombianos es el de la equidad, pero ¿dónde está reflejada dicha "equidad" cuando se propone un aumento del 25% en la tarifa del gas para la región caribe, mientras que en el interior del país disminuye 3% y en Estados Unidos y en el resto del mundo tiende a la baja?.

En el país, se requiere una equidad intra-regional que debe regir en el proceso de definición de la tarifa y, a través de la cual, no se afecte el bolsillo de la comunidad ni el de los empresarios del caribe, pues esta zona del país es la que más gas produce y la que más votos le dio a Santos para su reelección.

Evidentemente, con un aumento del 25% Santos incumple cualquier promesa hecha a sus electores durante la campaña. Se deben plantear fórmulas donde no se afecte la inversión extranjera pero tampoco la economía de la región.

En este sentido, vale la pena analizar la posibilidad de retomar la fórmula de indexación anterior, en la que los precios estaban atados a los del petróleo, lo que no afectaría a la industria del Interior del país, y representaría un aumento del 3 ó 4% para el Caribe.

Por lo tanto, se hace importante el debate pero aún más las soluciones de fondo no solo en el precio del gas sino de todos los combustibles en Colombia, incluyendo la gasolina, la cual no presenta una disminución significativa pese a la caída mundial en el precio del petróleo.