Con gallardía y admitiendo públicamente que se equivocó, el presidente de la República Juan Manuel Santos, ofreció disculpas por haber dicho que "el paro agrario como tal no existe", en la reunión con la comisión negociadora, realizada la noche de ayer en Tunja.

De igual forma, se reunió con los productores de papa y reconoció que estaba mal informado y que el Gobierno les ha incumplido los pactos propuestos. El principio de cualquier arreglo es reconocer las equivocaciones, pero sobre todo, saber corregirlas de manera acertada.

En un ambiente hostil en el que se están tejiendo las negociaciones con el sector agrario, es importante reiterar la invitación al diálogo y al respeto, cumpliendo con el pacto de no agresión por parte de la comunidad y la fuerza pública.

Acudir a hechos violentos no soluciona el conflicto, al contrario, incrementa el índice de víctimas y trae mayores repercusiones sociales y económicas. El Gobierno debe propiciar un buen ambiente para que el diálogo sea fructífero y se llegue a un acuerdo con el sector productivo, por el bien y la estabilidad del País.

En toda esta situación se ha visto también con claridad, que una cosa es la protesta social campesina, justa y seria, y otra la violencia y caos generados por los infiltrados del terrorismo.

Una preocupante cifra reveló por estos días el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en la que se muestra el acelerado incremento o más bien, acumulado de infantes a la espera de una familia, pues el promedio anual de 3.000 niños para entregar en adopción por año, ascendió en el 2013 a 11.656 niños, niñas y adolescentes que se encuentran represados en los 200 centros zonales que se extienden por todo el País.

Esta situación tiene su origen en el 2011, en la que la Corte Constitucional emitió un fallo y expidió la sentencia T- 844 la cual exige al ICBF establecer un protocolo de protección para los menores que van a ser adoptados, buscando que sean sus familiares hasta el sexto grado de consanguinidad quienes se hagan cargo de ellos, lo cual retrasa de manera significativa los procesos, que finalmente repercuten en la población infantil que tiene que esperar años para contar con un hogar que dignifique su vida.

Realmente la medida más que cuestionable resulta improcedente, pues estamos hablando de los derechos de los menores de edad contemplados en el Código de la Infancia y la Adolescencia, que promulga la protección y desarrollo de los niños fundamentados en las normas de la Constitución.

Como reza el dicho popular "A veces resulta más cara la cura que la enfermedad" y para este caso la sentencia T 844 produce el efecto contrario, pues vulnera los derechos de los niños y adolescentes al privarlos de la protección integral, del derecho a tener una familia, un apellido, a gozar de los cuidados especiales propios de la infancia, pero sobre todo, el derecho al amor, el cual se alimenta a través de la cercanía y las experiencias vividas.

Por más que el ICBF quiera asistir a toda la población represada, brindando cuidados y atención básica, resulta imposible dar cobertura a las necesidades integrales de los niños, los cuales terminan en una situación similar a la que viven los reclusos del País: Hacinados y sin lograr un mayor desarrollo de sus potencialidades, porque ni el espacio ni el personal dan abasto para ello. La analogía es dura pero comparable.

Adicionalmente existe una realidad, así lo demuestran las cifras, la mayoría de familias que se encuentran en proceso de adopción quieren recibir un niño o niña que no supere los tres o cuatros años, algo razonable, pues es la edad en la que todavía se puede educar y moldear al menor, acorde a los principios, valores y costumbres de cada grupo familiar. De ahí que aquellos niños con características especiales, como discapacidad, enfermedad, edad o grupos de hermanos, entre otros, no cuenten con esta oportunidad.

Con el palo en la rueda las cosas tienden a empeorar, pues ya no sólo es la tramitología la que alarga el proceso, sino la búsqueda exhaustiva de familiares que en muchas ocasiones ni conocen ni les interesa el menor.

demás de abogados, le tocará al ICBF contratar investigadores privados que reconstruyan el árbol genealógico para finalmente volver a su raíz, porque muchas ramas no querrán aceptar esos frutos.

Mientras se lleva a cabo todo este proceso muchas familias que se encuentran preparadas y tienen la convicción de acoger los niños voluntariamente, sin necesidad de pesquisas, pierden tiempo o en su defecto, si son extranjeros, cambian su solicitud a otro país.

Finalmente con este procedimiento son los infantes quienes ven frustradas sus esperanzas, sumadas a muchas que quizás han padecido a causa del abandono, el maltrato, el conflicto armado o explotación en sus múltiples facetas.

Será entonces que la alta dosis de T 844 si es una fórmula conveniente y constitucional?

La propuesta del Gobierno Nacional de poner en venta las acciones que tiene en Isagén, correspondientes al 57,66 %, ha levantado la natural polémica que se desprende de un negocio de semejante envergadura, especialmente porque esta empresa es la tercera productora de electricidad del País y una de las más sólidas y rentables, por ello es considerada una las joyas de la corona. Independientemente de las reacciones políticas, por la coyuntura que siempre aprovecha la oposición en éste y en cualquier Gobierno, vale la pena, para ilustración de nuestros lectores, contarles qué piensan algunos representantes de sectores importantes del País.

Para el Gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, el paquete accionario de Isagén se venderá en una subasta al mejor postor, tras señalar que "éste es un muy buen momento para hacerlo". Argumentó que la venta del control accionario del Gobierno en Isagén, se debe a que tiene invertido 5 billones de pesos y las utilidades recibidas no compensan la inversión. - "Este año la rentabilidad fue de 100 mil millones de pesos, o sea que no es equivalente con esa inversión", explicó.

El Ministro explicó además que este es un buen momento para vender porque el precio por acción se ha valorizado y la nación necesita esos recursos. "El valor de la empresa que se había pensado era 1.900 pesos por acción y hoy hablamos de vender a 2.800 pesos por acción y por eso vemos oportuno realizar esa transacción".

Un experto consultor en el sector eléctrico, Pablo Corredor Avella, señaló que la venta de estas acciones se convertiría en la privatización más grande de la última década del Gobierno Nacional, si se tiene en cuenta que la venta de 10,1 por ciento de en 2007, se hizo a unos 4,7 billones de pesos."Con esa venta, el Gobierno sale de un activo en generación y de un vehículo que le permitiría, en un momento de dificultad, motivar la inversión de los privados".

Como aporte al debate vale recordar que en el 2007, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se privatizó un primer tramo de Isagén, ofreciendo al mercado el 19,22 por ciento, es decir, 523.9 millones de acciones con un valor unitario de 1.130 pesos. La movida le significó al Gobierno ingresos por unos 266 millones de dólares de ese momento. Uribe destacó la labor de "saneamiento" que hizo el Gobierno a Isagén haciéndola mixta con su control estatal.

Eduardo Sarmiento, Director de la Escuela de Altos Estudios Económicos, expresa que la decisión es la repetición de las privatizaciones, "con Isagén se va a cometer un error de grandes proporciones porque se está vendiendo la empresa que genera más altas utilidades al Estado y que ha sido más estable en la generación de ingresos, y a cambio, esa inversión se va a hacer en carreteras y los hechos demuestran que esto es altamente ineficiente.

Puntualizó además que con la venta el Gobierno pretende suplir las deficiencias que le dejó la reforma tributaria.

En contraparte a este planteamiento, la directora de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Ana Carolina Ramírez, señaló que esta medida garantiza las fuentes de financiación del programa de la cuarta generación de concesiones. "Es una buena decisión porque no se va a financiar nada novedoso ni se van a construir nuevas carreteras con esos recursos, sino que se van a financiar las que ya están programadas", señaló.

Hay argumentos fuertes a favor y en contra de la propuesta del Gobierno. En ambas orillas se parte de una premisa que yo comparto ciento por ciento: Isagén es una de las empresas más sólidas y eficientes del Estado, y consecuente a ello, los colombianos vemos los excelentes resultados de un manejo ético y responsable a lo largo de 18 años. Por eso pienso que el Gobierno debe abrir el debate, aparte de consideraciones políticas y de las trincheras de donde provienen las críticas. Como vocero del Partido Conservador en el Senado de la República e integrante durante muchos años de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, propongo que esta decisión del Gobierno sea debatida ampliamente en el máximo recinto de la democracia, por la trascendencia que tiene para los intereses económicos del País.

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/opinion-de-senadores/item/17830-isagen-una-joya-rentable

Bogotá D.C., Julio 23 de 2013. (Prensa Senador Zapata). El recién electo vocero del partido conservador dijo en su posesión que "Asumo esta posición muy complacido y agradezco a la bancada conservadora la confianza que me dan para representarlos y tomar la vocería y decisiones en todos los proyectos que vienen por delante en este semestre e implican una gran responsabilidad con la población colombiana. Es una oportunidad de demostrar el compromiso que tiene el Partido Conservador de trabajar de manera ética y responsable por los intereses y necesidades de los ciudadanos".

De otra parte el senador Gabriel Zapata (Partido Conservador), emitió un comunicado en relación con la elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República, señalando que "trasmite un sincero agradecimiento a la Mesa Directiva saliente del Senado por la buena gestión realizada en el periodo 2012 -2013.

"A los nuevos compañeros que asumen la gran responsabilidad de la última legislatura del periodo de sesiones ordinarias 2013 - 2014: Juan Fernando Cristo, nombrado Presidente, Carlos Emiro Barriaga, Vicepresidente Primero, Félix José Valera, Vicepresidente Segundo, todo mi apoyo y acompañamiento como Senador de la Comisión Séptima y nuevo vocero del Partido Conservador".

Bogotá D.C., Julio 23 de 2013. Por más de 30 años Colombia ha mantenido vigente los Tratados de Libre Comercio con los cuatro países de la Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, luego lo hizo con los países miembros del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; posteriormente con Chile y México y finalmente desde hace un poco más de un año se logró el TLC con Estados Unidos y el Acuerdo Comercial con la UE, el cual se espera entre en vigencia este año. Estos dos últimos han generado mucha expectativa y controversia porque algunos sectores se han visto favorecidos y otros por el contrario, no ven con buen optimismo la posibilidad de sostenerse en el mercado ante la inminente entrada de oferta extranjera a menor precio.

El entorno resulta hoy un poco complejo en medio de una economía que viene sufriendo una desaceleración y a esto se le suman factores como la revaluación del peso, la caída en el crecimiento de la producción industrial durante este año, la inestabilidad internacional, la recesión, el contrabando, la poca rentabilidad y la falta de competitividad de algunos sectores que no tienen las condiciones para entrar a los mercados externos.

Haciendo una radiografía del primer año de ponerse en marcha el TLC con Estados Unidos, vemos que los resultados a simple vista no son los mejores, pues Colombia exportó 18.854 millones de dólares, un 9.4% menos que el año anterior; en cambio las compras al mercado gringo fueron por 12.598 millones de dólares, es decir, un crecimiento del 12.7%. Este comportamiento debe evaluarse de manera aislada, pues mientras las exportaciones mineras y de café retrocedieron más de un 10%, las ventas no tradicionales (sin contar el petróleo, carbón y ferroníquel), crecieron casi un 20%. Así mismo, algunas empresas de manufacturas, agroindustria y productores de otros tipos de bienes vendieron 726 millones de dólares adicionales al año anterior cuando no tenían TLC.

Las cifras presentadas por Proexport son alentadoras, aunque de las 2.816 empresas que exportaron al mercado estadounidense, el 70% son hidrocarburos y minerales, 775 empresas se arriesgaron por primera vez y de los 2.000 productos colombianos, 187 entraron nuevos. También vemos que las importaciones colombianas superan las exportaciones, pero es importante resaltar que ello se debe a que las empresas compraron maquinaria y equipos con impuestos bajos.

Si hay algo que motiva aún más a la industria colombiana, es el tan anhelado TLC con la Unión Europea, el más grande negociado hasta ahora, con el que se tiene gran expectativa y se espera entre en vigencia al finalizar el año, ya que su mercado abarca 27 países y más de 503 millones de consumidores que representan casi la cuarta parte del PIB mundial. Serían 9.745 productos, de los cuales el 97,2% quedaron con un arancel de cero, entre ellos bienes agrícolas e industriales; los más beneficiados son las frutas exóticas, tabaco, azúcar, productos orgánicos, licores, textiles, cueros, confecciones y productos para la industria farmacéutica, entre otros. Productos como el banano, café y flores serán amparados con el arancel, llegando por fin un poco de alivio a estos sectores que vienen padeciendo las terribles consecuencias de la tasa de cambio y el comportamiento de la crisis internacional.

Como vemos, cada vez son más las oportunidades para Colombia, las cuales hay que saber aprovechar, hay que buscarle el lado dulce al ají y el Gobierno debe prepararse para este gran reto, por un lado diseñando estrategias para no dejar desmoronar el aparato productivo del país, crear más incentivos y menos impuestos para la industria colombiana, fortaleciendo los sectores que quedaron por fuera de los Acuerdos.

Por otra parte, el sector empresarial debe avanzar a un ritmo más acelerado y proactivo para hacerle frente a esta realidad que abre las puertas a la internacionalización de la economía colombiana. Con el TLC de Estados Unidos aún hay muchas falencias de Colombia en materia de competitividad y en el caso de la UE éste es un mercado muy exigente en el que se compite con calidad y valor agregado, quien no lo haga, quedará excluido. Nuestras empresas, con ayuda del Gobierno Nacional tienen el reto de seguir avanzando en materia de innovación, aumentando su capacidad productiva y siendo más competitivos. Las condiciones están dadas, lo importante no es entrar sino perdurar.