En el marco del evento el Senador expuso el grave impacto social y ambiental, que ha generado la explotación de carbón a cielo abierto, en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena.

Con el objetivo de llevar a cabo acciones conjuntas, para promover estrategias, articular esfuerzos y fortalecer la capacidad de las autoridades, gobiernos de las naciones y empresas; en materia de conservación y restauración de la biodiversidad mundial. Se llevó a cabo el Congreso Conservacionista Mundial del Caucus Internacional, en los Estados Unidos este miércoles 18 y jueves 19. El vicepresidente del Senado Félix Valera Ibáñez,presidió la delegación colombiana.

El congreso, contó con la presencia de líderes como el ex Primer Ministro del Reino Unido Tony Blair, el Ex presidente de México Felipe Calderón, el Primer Ministro de Noruega y el Príncipe Albert II de Mónaco entre otros.

El senador Valera Ibáñez, en representación del Partido Verde colombiano, es miembro de caucus conservacionista colombiano (CCC), grupo de Congresistas multipartidistas, que trabaja por la conservación y el uso del capital natural de Colombia y del mundo. Por la conservación y la sostenibilidad ambiental.

El Congreso Internacional Conservacionista, fue organizado por el Caucus Internacional capítulo de los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual estuvieron invitados cerca de 500 personajes de la política de Estados Unidos, miembros del gobierno del Presidente Barak Obama, Congresistas norteamericanos, Embajadores y líderes empresariales del mundo. El evento se desarrolló en el Mellon Auditórium, en Washington, D.C.

Prensa senador Félix Valera

El segundo Vicepresidente del Senado, le confirió la Orden de la Democracia en el grado de Gran Cruz, al cumplir 50 años de labores.

"Sustituir las becas educativas, por créditos condicionales es inconstitucional y afecta los derechos de los más pobres, quienes más lo necesitan, y están protegidos por la Constitución".

La ley José pretende brindarle al padre los mismos derechos que tiene la madre en gestación, siempre y cuando esta no tenga un empleo formal.

El proyecto de ley que pretende garantizar los derechos de los niños, desde que son concebidos y hasta los primeros meses de vida, a través de la figura de fuero de paternidad al padre cabeza de familia y cuya compañera esté en estado de gestación y no tenga un empleo formal. Fue aprobado en la Comisión Séptima del Senado, así lo informó el senador Félix Valera (Partido Verde).

"El fuero de paternidad se define como la institución que garantiza el desarrollo armónico de los niños en su hogar y le concede unas garantías al padre; derecho al trabajo, al prohibir su despido durante el embarazo de su cónyuge y seis meses posteriores al parto, indemnización equivalente a 60 días de salario, en caso de que el trabajador sea despedido", precisó el senador cesarense, Félix Valera Ibáñez.

En el mismo sentido el proyecto busca fortalecer las garantías constitucionales consagradas en favor de los niños, incluidos los que están por nacer. Derechos que deberán ser incluidos en la legislación laboral de Colombia y especialmente la relativa a los derechos de los trabajadores, la iniciativa pasa a la plenaria del Senado y será debatido en la próxima legislatura.

Prensa senador Félix Valera

"El municipio de Bosconia es una bomba de tiempo, le pido al Gobierno que me ayude a desactivar las protestas sociales que se vienen gestando": alcalde Jorge Patiño.

Que se investigue un posible detrimento patrimonial en persona por determinar el senador Félix Valera Ibáñez (Partido Verde) hizo la solicitud a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, para que inicien las investigaciones. El caso tiene que ver con la licencia que se solicitó hace más de un año y por la cual se pagó 40 millones de pesos a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, por parte de Corpocesar para la intervención de la margen derecha del río Guatapuri. Allí se va a construir los muros de contención para detener la destrucción del parque lineal de Hurtado, en el cual la Alcaldía de Valledupar invirtió más de 9 mil millones de pesos.

La denuncia se hizo durante el debate realizado en la Comisión Quinta del Senado, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, en cabeza de su directora Luz Elena Sarmiento, por el levantamiento de las restricciones que impuso Corpocesar al tren de Fenoco, por los daños al ambiente, la salud, la tranquilidad y bienes de los habitantes de Bosconia Cesar, a la cual no asistió la directora de la entidad.

Por su parte, el alcalde de Bosconia Jorge Patiño, mostró al país la cruda realidad por la que atraviesa su municipio. "Estamos al borde de la locura con un tren que pasa cada media hora, con más de 150 vagones cargados de carbón, la contaminación ambiental y auditiva, nos tiene casi sordos y los efectos del tren en la propiedad privada ha deteriorado las viviendas y la vida de los bosconenses".

En el mismo sentido se expresó el diputado del Cesar, Quintín Quintero, quien con estadísticas mostró las alarmantes cifras de los efectos de este tren del insomnio: "Es inaudito que este tren ha tenido 283 accidentes, en los que perdieron la vida 25 personas. Y lo más aberrante es que la Anla ((Agencia Nacional de Licencias Ambientales) saque una resolución en favor de particulares, con información que le entregó la propia Fenoco, desconociendo los derechos a la dignidad humana del colectivo social, protegido por sentencias de la Corte Constitucional".

Finalmente el director de Corpocesar, Kaleb Villalobos, dijo que: "Hicimos un estudio técnico de sonometría para ver los efectos que sobre los derechos a la intimidad, el derecho al sueño, el derecho a la salud y encontramos que existe un elemento perturbador, medido de día y de noche, la muestra se tomó por varios días. Por eso tomamos las medidas restrictivas al tren. Con todo el respeto por los técnicos de la Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) un miércoles a las 3 de la mañana el ruido perturbador es solamente del tren. Y no como lo hicieron ver, que nosotros en Corpocesar no supimos distinguir entre el ruido del tráfico normal de la vía y el ruido perturbador del tren, entre otras razones por la cual se levantó la medida".

Prensa senador Félix Valera

"El paro afecta a 5600 trabajadores, 10.500 familias, a la empresa, La Guajira y al país que deja de recibir $5400 millones de pesos diarios, por concepto de regalías".

"Aquí las partes tienen que ceder; la empresa y los trabajadores. Se hace necesario que las empresas privadas explotadoras de recursos no renovables en el país, entiendan que el lenguaje que se debe practicar en estas circunstancias, es la sensatez. Que ellos tienen unas obligaciones con responsabilidad social. Que les llegó la hora de actualizar toda su actividad en términos humanistas, en favor de los trabajadores, sus familias y la región"., así se expresó el senador ambientalista Félix Valera Ibáñez (Partido Verde) al hacer un llamado a las partes para superar el paro decretado por los trabajadores en la mina El Cerrejón, en el departamento de La Guajira.

"La explotación de carbón tiene una apuesta importante en nuestro país y representa un renglón importante en la economía colombiana, un paro en estas circunstancias no beneficia a nadie".

El senador Valera Ibáñez, dijo que la empresa y los trabajadores deben volver a la mesa de concertación, para que a partir de allí se establezcan realidades y se superen los puntos críticos. Que se sienten nuevamente y se restablezcan los diálogos. Estos diálogos deben ser acompañados, por las diferentes fuerzas sociales y políticas del país, como también del Gobierno Nacional, quien ya acudió a la mesa de concertación a través del Vicepresidente. La empresa debe respetar los derechos adquiridos de los trabajadores. Las utilidades no pueden ser oprobiosas. Los trabajadores tienen unos derechos y estos deben generar riquezas a partir de las oportunidades, concluyó el Congresista.

Prensa senador Félix Valera

Como vicepresidente de la Comisión Quinta convocará al ministro de Agricultura, durante el receso del Congreso.

El senador Félix José Valera Ibáñez (Partido Verde), Vicepresidente de la Comisión Quinta, se declaró preocupado por la situación por la que atraviesa el sector agropecuario colombiano, especialmente la de los productores de arroz, cacao, café y maíz; quienes pese a las constantes debates realizados por esa célula legislativa y por el Congreso en general, no han logrado que el Gobierno tome las medidas pertinentes para ayudarles a superar la crisis.

El senador Valera Ibañez manifestó que convocará a los demás miembros de la Comisión Quinta del Senado para realizar de manera urgente un debate de control político, con citación al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar y demás funcionarios del Alto Gobierno para que aún en el receso del Congreso, expongan las políticas y medidas a tomar frente a esta problemática.

"Dada la importancia de este sector y su influencia en la economía colombiana, es inminente que se implementen estrategias y políticas efectivas para el mejoramiento de la economía actual del mismo y que los beneficios sean dirigidos a la población rural y al campesinado, que son los que constituyen la parte más importante del sector y quienes logran además que la agricultura sea uno de los pilares fundamentales en el desarrollo económico del país", expresó el senador del partido verde.

Prensa senador Félix Valera

A su juicio, el incremento en las importaciones por los TLC, la falta de vías y el contrabando, siguen afectando el sector agropecuario nacional.

En opinión del legislador, es preocupante la manera como el Gobierno está manejando los temas del sector agropecuario, por lo que sugirió revisar la política en es materia para que se puedan atender todas las necesidades del sector.

Valera indicó que el Congreso aprobó un presupuesto de 1.8 billones de pesos para la locomotora del agro y aún no arranca como debe ser, tras considerar que se le debe hacer un rediseño. "Hemos observado que tiene mal diseño, hay que tener en cuenta que Colombia es un país netamente agropecuario y en las regiones hay mucha inconformidad", anotó.

Agregó que uno de los escenarios más críticos de la locomotora, es la apertura que se hizo con los Tratados de Libre Comercio, lo que ha dejado a los productores del país en una situación de desventaja. también resaltó el caso de los arroceros, quienes en esta semana van a recibir el impacto de 82 mil toneladas de arroz del TLC con los Estados Unidos y 92 mil de la Comunidad Andina.

Según Valera, otro punto para examinar es la fragilidad institucional que ha tenido el Gobierno frente al contrabando, dejando sin ninguna opción a todos los que legalmente están produciendo en el país.

El senador señaló que la falta de vías, el deterioro de las mismas y de una buena infraestructura en ese tema, afecta al campesino quien no tiene como sacar sus productos para su comercialización, incrementando los costos, y quitándoles la oportunidad de ser competitivos.

También manifestó que la Comisión Quinta citará al Ministro de de Agricultura Y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, para hacerle un debate de control político, en el que debe explicar cómo y cuándo se van aplicar las políticas en la locomotora agropecuaria, para que las acciones de Gobierno sean más efectivas, rápidas y se acabe con la actual pasividad que tiene el sector.

Resalto la importancia que en los diálogos de paz le han dado al tema agropecuario, como prioridad para el desarrollo económico del país, dijo que lo compartía pero, que no era suficiente.

De otra parte el congresista se pronunció respecto a la celeridad que debe tener el trabajo legislativo y dijo que ha mejorado con relación a otros periodos y que prueba de ello es el tiempo y la dedicación que se le dio la Reforma Tributaria.

"Nos tomamos todo el tiempo para debatirla, inclusive alargando nuestro periodo constitucional de legislación, para permitir que saliera lo mejor posible para todos los colombianos. Así seguiremos trabajando, nos tomaremos todo el tiempo necesario para que cada una de la leyes que aprobamos, tenga el debate que se amerita, para que Colombia tenga la mejor actividad legislativa", señaló el congresista.

Prensa Senado

"El nuevo sistema general de regalías ha resultado a todas luces, ser ineficiente, un sistema regresivo, que desconoce la autonomía y la descentralización de los entes territoriales. Hoy lo que tenemos es un sistema clientelista, aburguesado, que limitó las facultades a Alcaldes y Gobernadores". Así lo manifestó el Vice presidente de la Comisión Quinta del Senado, Félix Valera Ibáñez, (Partido Verde).

En el mismo sentido se pronuncio la senadora Maritza Martínez, (Partido de la U). "Las cifras no mienten, el presupuesto del sistema general de regalías es de 9 billones de pesos, de los cuales 6 billones son para inversión, apenas se ha ordenado el 30%, quedan 2 meses para que se acabe el año y planeación tiene retenido el 80% sin ejecutar. El sistema no comenzó en mayo, como dicen ellos, esto comenzó en enero, lo que pasa es que el gobierno no ha tenido la capacidad de hacerlo eficiente", dijo.

Por su parte el Director de Planeación Nacional, Mauricio Santamaría, sostuvo que "el sistema es nuevo se está avanzando apuntándole a corregir todos los problemas que se presenten sobre la marcha". El funcionario precisó que el sistema está en construcción y eso es lo que se reconoce. "Estamos haciendo los respectivos ajustes", puntualizó.

Santamaría recomendó a los alcaldes que tiene asignados sus recursos, que a través de sus OCADs, agilicen los procesos para que viabilicen sus proyectos".

Prensa Senador Felix Valera

"Se debe diagnosticar el fenómeno, combatiendo las mafias sin acabar la minería en pequeña escala o de hecho, esto reproduciría más la ilegalidad": senador Felix Valera (Partido Verde).

Nuestro país tiene una oferta minera muy grande y variada, oro , níquel, carbón, esmeraldas, platino y caliza, sal, arcillas, arenas silíceas, minerales de cobre, roca fosfórica y manganeso, magnesita, barita, yeso y varios tipos de rocas ornamentales. Sobre las modalidades de extracción de estos minerales nos dice la Defensoría del Pueblo; " la primera formal y de gran escala; la segunda a escalas menores, tradicional y artesanal, con una reconocida carencia de tecnología adecuada y definida, en muchos casos, informal y de subsistencia, lo que la hace insegura, poco rentable, no competitiva y ambientalmente no sostenible".

La minería de hecho no solo está fuertemente extendida en nuestro territorio (son 15.000 familias en el 44% de los municipios del país y el 30% de las explotaciones mineras ) sino que es la más antigua forma de explotación de los recursos naturales, vinculada generalmente a la familia como a pequeñas cantidades; se podría decir que es un fenómeno de casi toda América latina. Tiene un peso específico en la economía, en especial porque las zonas en las que se localiza, además de rurales y de orden público difícil, tienen altos índices de necesidades básicas insatisfechas y sus protagonistas son personas de condición socioeconómica baja.

También es cierto que la minería de hecho no tiene participantes homogéneos ya que se identifican comunidades de campesinos, indígenas, afrocolombianos, colonos y empresarios informales, hasta grupos al margen de la ley (guerrilla, paramilitares y bandas emergentes).

Esto último causa estigmatizaciones y situaciones que traen a la justicia penal a actuar en la problemática sin diferenciar mucho, olvidando que muchos de estos mineros son extorsionados obligándolos a pagar mensualmente, quitándoles parte de la producción o cobrándoles cuotas por volumen de producción. Por eso se debe diagnosticar el fenómeno haciendo necesarias diferenciaciones, combatiendo las mafias sin acabar la minería en pequeña escala o la minería de hecho, pues acabarlas reproduciría más la ilegalidad generando más marginación; sobre todo porque estas asociaciones voluntarias o forzosas se presentan en zonas alejadas, de gobernabilidad deficiente, sin medios de comunicación y abandonadas por la acción Estatal.

Esta forma de minería está reconocida por instrumentos internacionales y por nuestra legislación interna ordenando su promoción y asesoría para lograr su legalización; habida cuenta que son aproximadamente 3.600 minas sin título debidamente registrado, a las cuales el gobierno fallidamente ha intentado varias veces legalizar. Entre los obstáculos para su legalización tenemos el accionar de grupos armados muy corrientes en estas zonas que permean la actividad en muchas ocasiones, el desplazamiento forzado, la descomposición social, estigmatización por parte del gobierno (confundiéndolos a todos con los grupos armados) y excesivos filtros.

Como toda actividad minera, tiene un impacto en los ecosistemas sumado a deplorables prácticas, explotación en zona de páramo, clandestinidad, etc., lo cual reprochamos y exigimos sea reparado y modificado pero, es bueno decirlo, nunca comparable con el impacto de la gran minería aunque ésta sea legal y formal. Entre estas formas de explotación minera existe un innegable conflicto por la expansión con título en mano de la gran minería a las zonas de explotación de la minería de hecho y tradicional; a los que practican esta última se les ha negado de vieja data la titularización de esos territorios.

No se puede olvidar que hablamos de una actividad ejercida en condiciones inadecuadas en buena parte por provenir de la pobreza, es minería de sobrevivencia, su mercado es restringido, no se manejan grandes volúmenes de producción por eso: "se traduce en una actividad que enfrenta costos de explotación altos y que sobrevive buscando abaratarlos con métodos empíricos de producción, frecuentemente con altos impactos ambientales. La pobreza siempre está asociada a la ausencia de capacitación y formación y al apego a formas atávicas y rutinarias de producción, sin cambios o transformaciones sustanciales".

Todo ello reconocido por Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, en el Comité de Recursos Naturales. Decisión 1994/308 : "...la minería en pequeña escala debe considerarse desde el punto de vista más amplio del desarrollo socioeconómico y la erradicación de la pobreza para un gran número de personas que participan en la minería artesanal en todo el mundo, las actividades de minería constituyen una red de seguridad ya que proporcionan ingresos durante épocas económicas difíciles.

Dado que la mayoría de esas actividades se realizan en zonas rurales, la minería artesanal es un arma eficaz contra la pobreza rural y la migración de las zonas rurales a las urbanas y, como tal, debe recibir apoyo. Cuando un gobierno toma medidas para crear un entorno más propicio para los mineros artesanales, está aumentando también el acceso de la población a una red de seguridad de los ingresos y generando capacidad para liberarse de la pobreza, la asistencia a ese sector puede servir también de mecanismo importante para prestar la ayuda social que tanto necesitan la población y las zonas involucradas".

Por eso recomienda; "Prestar asistencia técnica a la minería artesanal, al igual que asistencia en esferas como actividades optativas que generen ingresos, la educación, la salud y el apoyo de la mujer, en tanto que la minería artesanal constituye un soporte fundamental de sobrevivencia que puede ser propicio para incrementar actividades de desarrollo socioeconómico integral y multisectorial".

Visión que deberíamos tener en cuenta legisladores y gobierno para construir una política pública coherente que caracterice sin ambigüedad a esta práctica productiva, adoptando las recomendaciones internacionales de prestar asistencia técnica, apoyo en educación, salud, medio ambiente, emprendimiento, abandonando la vaguedad o dualidad actual, en la que a veces se trata el asunto o problemática desde lo social y otras veces desde el Código penal.

El Código de minas establece en sus artículos 159 y 160 que la exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros constituye delito cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad.

Ley 685 de 2001. Artículo 159. Exploración y Explotación Ilícita. "La exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad".

ARTÍCULO 160. Aprovechamiento ilícito. El aprovechamiento ilícito de recursos mineros consiste en el beneficio, comercio o adquisición, a cualquier título, de minerales extraídos de áreas no amparadas por un título minero. En estos casos el agente será penalizado de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Penal, exceptuando lo previsto en este Código para la minería de barequeo.
Minería ilegal es según el Ministerio de Minas y Energía:

• La desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero.
• Trabajos y obras de exploración sin título minero
• La amparada por un título minero, cuya extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del área otorgada en la licencia.

Pero no obstante el mismo Estado por ministerio de la ley tiene en cuenta los procesos de legalización minera considerando y utilizando el concepto de "minería de hecho" en lugar de "minería ilegal" para relacionar a las personas que sin título minero vigente llevan a cabo actividades mineras (ni la minería ilegal ni la de hecho tienen licencia ambiental).

"Al respecto, se considera que el concepto de "minería de hecho", en lugar del concepto de "minería ilegal", refleja de una mejor manera la realidad social de las personas que ejercen esta actividad con cierto tiempo de antelación y como medio de subsistencia y que, en muchos casos, no han logrado regularizar o legalizar sus actividades debido a las dificultades en el cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades mineras y ambientales para tal fin, aunado a los obstáculos tecnológicos, educativos y de distancias geográficas que deben suplir estas comunidades para tener acceso a la información".

Con el decreto 2715 de 2010 surgió una nueva mirada de la minería; La minería tradicional diferenciada de las anteriores en que tenía que cumplir con:

• que los trabajos mineros se hayan adelantado en forma continua durante 5 años.
• una existencia mínima de 10 años anteriores a la vigencia de la Ley 1382 de 2010, es decir el 9 de febrero de 2010.
Igual a la minería ilegal y de hecho en que los mineros practican la actividad sin el correspondiente registro minero, pero por incumplimiento de esos dos requisitos (de difícil prueba) se excluyen a la minería de hecho e ilegal. Requisitos que por su carácter clandestino e informal (muchos en desplazamiento y problemas de orden público) son difíciles de probar, pero que aun cumpliéndolos si existiere solicitud o título anterior se pierde el derecho.

La finalidad perseguida por la política pública es formalizar a estos mineros para que dentro de las cuentas y programas gubernamentales aumenten su productividad, respeten el medio ambiente, reduzcan los índices de accidentalidad, tributen, paguen regalías.

Es conveniente resaltar un aspecto en el cual esta minería se diferencia de la gran minería, mientras ésta (la GM) se despliega como enclaves que no se encadenan con la economía local la pequeña minería sí lo hace como lo reconoce la CEPAL: "La pequeña minería se caracteriza por: intensa utilización de mano de obra, precarias condiciones de seguridad e higiene, ocurrencia universal, bajo desarrollo tecnológico, conflictividad social y legal, generación de encadenamientos productivos locales, abastecimiento de mercados locales, bajos costos de producción, potenciador de desarrollos geopolíticos, amplia gama de productos, multiplicidad de actores, potenciador de proyectos mayores, deterioro ambiental, variabilidad de volúmenes y tamaño por mineral y por región, explorador de nuevos yacimientos, alternativa laboral para sectores afectados por la pobreza, dinamizador de las economías locales y amplia distribución geográfica. En: CEPAL. La llamada pequeña minería: un renovado enfoque empresarial. E. Chaparro. Santiago, Chile, 2000.

Vale la pena redoblar esfuerzos para legalizar esta actividad deslindándola del contrabando, el lavado de dineros, la financiación de grupos armados, en especial construir una política publica que enfoque la problemática desde el punto de vista económico y social, no penal adoptando medidas recomendadas por naciones unidas y otras instituciones como, diagnostico de las regiones mineras, estudios geológicos mineros, diseño de proyectos mineros especiales, capacitación de mineros, otorgarles contratos de concesión bajo condiciones especiales, asesorarlos en los estudios técnicos, económicos, ambientales y legales, apoyo de la fuerza publica, cesar los cierres de minas y judicialización de mineros, realizar los proceso de consulta previa y el derecho de prelación de las comunidades étnicas.

"Soy un decidido opositor de la minería depredadora de la naturaleza y de las personas, que no respeta ríos, bosques ni páramos": senador Félix Valera (Partido Verde).

He manifestado repetidamente, en muchos ámbitos y frente a numerosas personas, que soy un amigo de la minería a la que reconozco su importancia social, económica y tecnológica hasta el punto de que todo el escenario de la modernidad es tributario de esta actividad, de la que personalmente me sirvo; por ejemplo, con el vehículo en que me movilizo, la casa que habito y en general todo el paisaje antrópico en que vivo, la cantidad de máquinas desde la más simple hasta la más compleja sin las que nuestra vida no sería igual. Todo eso gracias a la actividad extractiva de minerales tan importantes que han servido para caracterizar edades e incluso posibilitar la democracia en Atenas.

Pero otra situación, de la que soy un decidido opositor, es la minería depredadora de la naturaleza y de las personas, que no respeta ríos ni bosques protegidos ni páramos, etc., privilegiando exclusivamente un desarrollo o crecimiento económico sin bienestar para nuestra población, por demás confiscatorio del porvenir de las generaciones venideras.

He conocido y padecido como cesarense la llamada "maldición de los recursos" como un costo demasiado alto y además no pagado ni resarcido por las empresas que extraen nuestro carbón, elevando sus muros físicos y simbólicos instrumentalizándolo todo hasta el punto de reducirnos a meros objetos pasivos.

De esa manera vemos como se nos excluye injustamente de la participación en la economía billonaria que genera esta actividad, que pudiera, de dejarnos jugar, activar y desarrollar nuestra golpeada economía y resolver grandes problemas sociales como el desempleo y la pobreza.

Soy un convencido de que la minería no debería estar necesariamente ligada a inadecuadas prácticas sociales y ambientales, como lo muestran ejemplos internacionales ampliamente conocidos por todos. Alrededor de esta reivindicación se ha centrado nuestra lucha, pero pareciera que por fin empiezan a darse los primeros pasos por este camino de respeto por el ambiente y las personas, por ello en febrero asistí en Cartagena al primer Congreso del sector de minería a gran escala (SMGE) dedicado al tema de la "Minería responsable aliada del desarrollo de Colombia".

Allí grandes compañías, frente al Presidente de la República, en un compromiso de autorregulación expresaron su propósito de "trabajar para convertirse en aliadas del desarrollo económico sostenible en el país, a través de una minería competitiva y responsable, cumpliendo estrictamente la ley y bajo estándares internacionales".

En este congreso los grandes mineros manifestaron creer en la responsabilidad ambiental, social y la transparencia económica, para tener la licencia social, adoptar buenas prácticas que le permitan la viabilidad de la actividad. El negocio no es viable si no tiene una estrategia ambiental y socialmente responsable. Prometieron demostrar el compromiso con una minería responsable y de esta manera poder ser aliados del desarrollo, que incluya en su lógica de negocio elementos que van más allá de la rentabilidad financiera, y que están ligados a responsabilidad ambiental y social, desarrollo sostenible, derechos humanos y transparencia desde el ángulo económico.

He querido conocer el instrumento en el que se plasman los compromisos para hacerle el debido seguimiento, pero a pesar de mi solicitud no me lo han facilitado. De todas maneras, la expectativa de cambio del comportamiento de estas compañías está referenciada por el futuro cumplimiento de un documento: las licencias ambientales, hasta ahora desobedecidas en el Cesar. ¿Respetarán las compañías mineras del Cesar los ríos, los bosques protegidos, retrollenarán, reforestarán, compensarán, resarcirán, retribuirán, indemnizarán, se encadenarán con la economía local? Esperemos que sí, sólo el tiempo lo dirá y de ello estaremos vigilantes.

"En Ríonegro, rodeado de mujeres lindas, un publicitado concurso coronó a Héctor Gallo, conocido como 'Carepalmada o guri guri', como Rey de los Feos": senador Félix Valera (Partido Verde).

Al margen de la instrumentalización que pudiera contener, pareciera que con este concurso como con programas de televisión por el estilo de Laura para todos se da la identificación o construcción de una estética que alindera lo bello y lo feo. Pero esto también implicaría una fotografía de la marginalidad y pobreza, en especial si se considera el tipo de premios que para el caso lo encabeza una canasta de comestibles -barriga llena corazón contento- que conlleva el riesgo de asociar la fealdad a la pobreza. Después de una mirada atenta se advierte en bastantes concursantes, más que una condición estética natural, los estragos del abandono y las penurias que la sociedad saciada no debería exhibir de esa manera.

Creo que como sociedad y Estado, más allá de la celebración del rostro de nuestra creciente y dolorosa indigencia, debemos dimensionar la pobreza como algo que no sólo existe acompañada de gran desigualdad y falta de acciones efectivas para conjurarla, sino como algo que nos afecta a todos. No se trata sólo de un fenómeno humanitario (que lo es) sino de un verdadero obstáculo para el desarrollo del país en general, quizá de esta manera encontraríamos por fin acciones y resultados satisfactorios.

En efecto, tendremos negada la prosperidad para todo el país si no se toman medidas fuertes contra la pobreza de departamentos como el Chocó, Cauca, Nariño, La Guajira, Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Cesar, Amazonas, Vaupés, Vichada, Guaviare, Caquetá y Guanía y conglomerados de municipios de altos niveles de pobreza como el Urabá, costa pacífica del Chocó, Mojana, Boyacá, Sur de Bolívar, Cesar, el Ariari.

De nada sirve desarrollarnos en un lado mientras en los otros nos sumimos cada vez más en la miseria, como sucede en 23 departamentos en los que la pobreza está por encima de la nacional, muchos de estos departamentos con más de la mitad de su población en la pobreza, además de la enorme brecha de la pobreza rural, tres veces más alta que la urbana.

Veinte millones de pobres y ocho millones en la indigencia, el 46% de la población colombiana, nos tiene que poner a reflexionar sobre varios temas: la conveniencia de un cambio en la forma de remunerar y la distribución de nuestros excedentes dada la bajísima participación de los trabajadores en la torta del ingreso con relación al Estado y los particulares, la precariedad del empleo, la gran informalidad que campea en la ciudad y el campo, la injusta tercerización, el asistencialismo, la protección a los servicios financieros y las actividades exitosas y preponderantes en nuestra economía pero que no generan empleo por ser intensivas en capital por lo cual no deben seguir recibiendo beneficios gubernamentales.

"En tan solo 10 años, el incremento de títulos mineros otorgados, aumentó en un 1089,5 %, pasando de 105 a 1.114 en el país", señaló el senador.

En el marco del primer congreso del sector de la Minería a Gran Escala, llevado a cabo en Cartagena, el senador Félix Valera Ibáñez (Partido Verde), expresó sus preocupaciones al desarrollo de la actividad de la gran minería en Colombia.

Basado en las cifras suministradas por la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional de Planeación, sobre la política ambiental colombiana, el senador Valera puso en conocimiento de empresarios, académicos, altos funcionarios y demás personalidades presentes, la problemática derivada de la presión que la minería ejerce sobre el territorio colombiano.

"Entre 2000 y 2010 se presentó un incremento del 1089,5% en el número de títulos mineros otorgados por año, al pasar de 105 en el 2000 a 1144 en el 2010. En total se otorgaron más de 10.800 títulos mineros. En el mismo periodo, el área total concesionada fue de poco más de 5 millones 800 mil hectáreas, lo cual representa el 5.13% de la superficie del territorio continental del país y equivale en extensión al departamento de Vaupés y a más del doble del territorio de Cesar. Esto, sin incluir las áreas otorgadas en concesión antes del año 2000, a los proyectos de gran minería ubicados en los departamentos de Cesar y La Guajira", puntualizó.

El congresista Valera invocó la tesis de La Tercera Vía, introducida a Colombia en los años 90 por el hoy presidente Juan Manuel Santos, como un modelo alternativo de desarrollo que permitiría el crecimiento económico fundado en la explotación minera, sin perder de vista los estándares medioambientales y el profundo respeto por las garantías laborales.

"Creo firmemente que es una aspiración legítima de los empresarios procurar la obtención de utilidades por la actividad económica que adelantan, pero con la misma vehemencia, considero que es una obligación para quienes propugnamos por el desarrollo de la minería responsable, denunciar todo tipo de abusos, infracciones, incumplimientos o excesos cometidos por las empresas", destacó el senador.

Por último, el Valera invitó a las empresas del sector de la Gran Minería a replicar en el sector privado su iniciativa legislativa relacionada con las compras públicas verdes, de la cual serán protagonistas todas las entidades estatales una vez ésta sea aprobada en el Congreso de la República.

"Adquirir productos amigables con el medio ambiente, diseñar guías de buenas prácticas ambientales basadas en la adecuada utilización del papel y de los equipos electrónicos y sus componentes, así como aquellas relacionadas con el consumo eficiente de agua y energía, son postulados que demostrarían el compromiso de las empresas mineras con el planeta y las comunidades, lo que a la vez se enmarcaría perfectamente del concepto de minería responsable", concretó.

Prensa senador Félix Valera

"Nadie se atrevería a dudar que la concentración de la tierra es un factor generador de inequidad y desigualdad, así como el caldo de cultivo de conflictos sociales, económicos y políticos" Senador Félix Valera (Partido Verde).

"Se necesitan medidas administrativas y legislativas urgentes que hagan efectiva la soberanía en nuestras aguas y prevenga la masacre de tiburones": senador Felix Valera (Partido Verde).

En esta semana el país y el mundo se enteraron por intermedio de la consejera presidencial Sandra Bessudo de un episodio cruel e irracional realizado en una zona del pacifico colombiano (santuario de Malpelo), protegido y patrimonio de la humanidad: una flota de inmisericordes pesqueros costarricenses, navegando ilegalmente en nuestras aguas, masacraron a más de 2000 tiburones.

 Un video reproducido por la prensa hace evidente que los carniceros no aprovechan todo el animal sino que le cercenan la aleta y aún con vida y lisiado lo abandonan, sin posibilidad de su constante movimiento muere de asfixia en el fondo del océano. De esta manera son sacrificados anualmente en todo el mundo alrededor de 150 millones de estos animales, es decir, todo el soporte de una industria floreciente y próspera frente a la cual los gobiernos del mundo deben proceder enérgicamente con medidas económicas y jurídicas que obstaculicen y le quiten la rentabilidad al negocio.

Desafortunadamente esta actividad que vulnera gravemente nuestra soberanía, altera los ecosistemas marinos y la cadena alimentaria es muy frecuente, la cual es perpetrada por flotillas de feroces bucaneros que "cazan" industrial e irracionalmente. Sumado esto al castigo que le infligen al clima global y ponen en riesgo de desaparición a esta especie, los tiburones tardan mucho cerca de 20 años, en madurar sexualmente y paren pocas crías, teniendo un bajo índice de reproducción.

Después de más de 400 millones de años de permanencia en este planeta de agua, por cuenta de una superstición estamos a punto de extinguir a las 350 especies de escualos conocidas, razón por la cual debemos ponernos de acuerdo con los demás gobiernos para reprimir prontamente esta actividad transnacional e internamente tomar medidas administrativas y legislativas urgentes que hagan efectiva la soberanía en nuestras aguas. Así podremos brindarle real protección al rey de los mares y los ecosistemas en los que habita.

Esta alerta de la consejera presidencial Sandra Bessudo, debe generar todo un plan gubernamental y civil para implementar acciones que prevengan incursiones ilegales en nuestras aguas, así como medidas que logren impedir estas aventuras depredatorias sancionando severamente la audacia de los corsarios que incumplan disuadiendo con ello la pesca de tiburones.

Para ello la reciente ley 1453 de 20011 consagra tipos penales específicos que seguramente llevarán a la cárcel a los perpetradores de semejantes conductas atentatorias de nuestra soberanía y ecosistemas. 

Este problema ambiental tiene un espectro mundial, sin Dios y sin ley verdaderas flotas pesqueras medran por los mares.

No obstante se debe empezar por alguna parte, nuestra Cancillería envió sendas notas diplomáticas dando cuenta del hecho a los hermanos costarricenses que, honrando su conocida tradición de civilidad y legalidad, nos ayudarán a controlar esta actividad. Por otra parte, estoy seguro que el gobierno con nuestra Armada Nacional reforzará la vigilancia de las zonas marinas, estaremos haciendo atento seguimiento de todo ello.

"Invirtamos los recursos racionalmente en infraestructura, vivienda, educación y agricultura, eliminemos las gabelas a los mineros petroleros": senador Félix Valera (Partido Verde).

Así lo manifestó, tras la muerte de Wiston Romero, electricista de la Drummond, quien cumplía funciones de mantenimiento de maquinaria pesada en la mina El Descanso (César).

Mediante una carta, el senador Félix Valera (Partido Verde), expresó sus condolencias a la familia de Wiston Alberto Romero Celedón, electricista de la empresa Drummond, en razón de su deceso mientras realizaba mantenimiento a un equipo de maquinaria pesada en la mina El Descanso, ubicada en jurisdicción de la Loma- Cesar.

La siguiente es la carta enviada por el senador Valera:Bogotá, D.C., noviembre 8 de 2011

COMUNICADO
SENADOR FÉLIX JOSÉ VALERA IBÁÑEZ

REF.: CONDOLENCIAS MUERTE MINERO

Quiero expresarle mis sentidas y sinceras condolencias a los familiares y compañeros de Wiston Alberto Romero Celedón, electricista de la empresa Drummond, en razón de su deceso mientras realizaba mantenimiento a un equipo de maquinaria pesada en la mina El Descanso, ubicada en jurisdicción de la Loma- Cesar.

Como creyente en los designios de nuestro padre celestial, elevaré mi oración por el descanso eterno de Wiston e imploraré por el consuelo y la esperanza para los suyos.

De otra parte, consciente de las implicaciones que trae consigo el hecho de que la explotación minera sea actualmente una de las locomotoras con las que el Gobierno del Presidente Santos pretende impulsar el desarrollo del País, quiero hacerles saber que desde mi condición de Senador de la República trabajaré en la elaboración de una legislación más severa, encaminada a establecer de manera clara y concreta la responsabilidad de las empresas del sector minero frente a los accidentes de sus trabajadores, para que casos como el de Wiston no vuelvan a presentarse.

Con sentimientos de consideración y solidaridad por su dolor,

_________________________
FÉLIX JOSE VALERA IBÁÑEZ
Senador de la República

Prensa senador Félix Valera

Analizando el panorama económico y social colombiano, marcado por la exclusión de la mayoría de personas y la concentración de las oportunidades en una minoría histórica, el gobierno acierta en modificar su proyecto de reforma a la educación superior, renunciando a su pretensión de permitir en Colombia instituciones educativas con ánimo de lucro . Sobre todo si se atiende el número considerable de estudiantes de bachillerato que no lograron ingresar a la universidad pública por falta de cupos, muchos de ellos sin ninguna capacitación pasaron forzosamente a engrosar la predominante economía informal , percibiendo ingresos muy inferiores a sus similares universitarios y sin ninguna protección social.

Esto afecta profundamente la economía en términos de productividad, las relaciones sociales, la promoción social, el acceso al conocimiento y la participación en general, razones de peso para posibilitar el acceso a la universidad pública a la mayoría y no como un privilegio. Radicando la deficiente cobertura y la escandalosa deserción universitaria (45.3%) en problemas de financiamiento, mal podríamos pensar que las IES con ánimo de lucro servirían más, que las actuales IES públicas, relativamente cómodas en las matrículas y las IES sin ánimo de lucro que a pesar de ser privadas reinvierten sus dividendos en mejorar la calidad educativa.

Ante los grandes cambios del milenio y situaciones enteramente nuevas, en contravía del pragmatismo y las necesidades de la sociedad, más de la mitad de los universitarios colombianos están matriculados en Administración, Contaduría, Economía, Derecho y Ciencias sociales mientras el 1.8 por ciento está en las Ciencias naturales, Ciencias básicas y Matemáticas. En el mismo sentido, en Latinoamérica el 57 por ciento de los universitarios están estudiando humanidades mientras un 16 por ciento tecnologías. Esa relación oportunamente pretende ser modificada por la Política educativa colombiana (reforma), con una meta de pasar de los 170 mil actuales a 362 mil estudiantes (66.7%) de T y T, claro está, si se garantiza su financiamiento y si se logra articular “sanamente” la llamada educación formal, con la tecnológica sin implantar una odiosa y discriminante división entre los que tienen posibilidades económicas y los que no; dejando las humanidades para unos cuantos con posibilidad económica y la formación técnica para el resto La educación superior pública en Colombia alberga el 55.4 por ciento de estudiantes , realiza el 70% de las investigaciones, concentra la mayoría del doctorado.

Junto con estas medidas gubernamentales, como se ha hecho en otros países traídos como ejemplo por el gobierno, se deben tomar acciones urgentes para fortalecer nuestras 32 maltrechas universidades publicas golpeadas por la asimetría de los ingresos (antes de los 90 eran el 95% de los ingresos) atados con el IPC y los crecientes gastos suficientemente explicados en nuestra prensa por los rectores encabezados por Moisés Wasserman.

En efecto, dichas universidades perciben un aporte con un aumento del 3 por ciento anual por encima de la inflación con lo que tienen que atender unas tareas como incremento de salarios, pensiones, cotizaciones en salud, cambios en la vinculación de docentes, impuestos prediales , valorización servicios públicos y cambios en la sismoresistencia de los edificios y las que trae la reforma, aumento de cobertura, mejora de calidad, mejoramiento de planta profesoral, soporte a universidades regionales, que las sume en un desfinanciamiento crónico y que nuestro gobierno tiene que entrar a solucionar si se respeta la coherencia entre los fines y los medios.

En suma, el gobierno dentro del proyecto de ley debe resolver el problema de financiamiento de la educación pública por lo menos en el déficit que subsiste después del esfuerzo realizado y el cubrimiento de las nuevas tareas impuestas en la reforma. La reforma de la educación superior dentro de sus objetivos declarados busca mejorar su calidad, habida cuenta de que en nuestro país, por motivos económicos, la calidad de la educación superior no es la mejor. Esto es evidente en que solo el 4.5 por ciento de los profesores universitarios del país tienen estudios de doctorado , solo el 13 por ciento de los programas de pregrado del país están acreditados, solo 21 de las 283 IES públicas y privadas gozan de acreditación institucional, de los 110.488 docentes vinculados a la educación pública y privada en el 2009 el 30 por ciento estaban de tiempo completo, el 13.6 por ciento de medio tiempo y la gran mayoría(56.2%) eran catedráticos, en contravía de las exigencias de acreditación de calidad que implica tener un equilibrio entre docentes de tiempo completo y hora-cátedra fortaleciendo con ello la investigación. En el ranking de las mejores universidades del mundo la mejor universidad colombiana aparece después del puesto 550 y no aparecemos entre las primeras 15 de Latinoamérica.

El gobierno decidió inyectarle unos billones de pesos que en parte se destinarán para la formación doctoral y la investigación y sacar del proyecto las universidades con ánimo de lucro que en su afán de la ganancia, disminuirían costos de funcionamiento que poco ayudarían a la pretensión de calidad en las universidades. Además no es cierto que el manejo privado garantice la calidad como es patente en que, a pesar de la disparidad de 5 veces entre los costos de matrícula de las universidades privadas y los costos por estudiante de las públicas, en los exámenes ECAES no existen diferencias considerables.

Este ánimo de reforma, como ha sucedido en otros países, debe aprovecharse para fortalecer las universidades públicas, en varios aspectos especialmente el financiero, teniendo en cuenta que estas universidades han cumplido con la tarea de captar recursos propios que en promedio actualmente alcanzan el 50% de los presupuestos. Así mismo se debe promocionar, con recursos a la vista, la Educación técnica y tecnológica para todos, sin asignaciones clasistas respondiéndoles a procesos correlativos en la economía y el mercado laboral. El mejoramiento de la calidad debe ser el primer objetivo de la reforma para lo cual se debe hacer las inversiones necesarias en el profesorado y la investigación. Esperemos para ver cómo se reorienta la reforma después de la sabia y oportuna exclusión, realizada por el gobierno atendiendo el clamor estamental y ciudadano.

"El crecimiento y la riqueza que se crean no les llega a los más pobres y lo que hacen es aumentar las brechas sociales": senador Félix Valera (Partido Verde).

“En su actividad las empresas mineras instrumentalizan personas y territorios, sin respetar nada, ni siquiera el agua; es hora de poner límites a este abuso. Por eso todos debemos rechazar la pretensión de desviar el curso del rio ranchería y obligar a las multinacionales mineras a reconocer como limites la vida y los derechos de las comunidades”. En nuestra actividad pública y congresual hemos estado exigiendo a las empresas mineras, que operan en nuestro país, respeto por la autodeterminación de las subnaciones que ocupan los territorios y por los derechos sociales y ambientales de las comunidades afectadas.

Con su característica de enclave, sin integrarse con el resto de la economía, estas explotaciones extraen la materia prima con mano de obra barata y grandes gabelas tributarias obteniendo una gran rentabilidad. Todo ello sin considerar la miseria y carencias de las comunidades locales a las cuales se les imponen los costos sociales y ambientales de estos proyectos bajo una lógica netamente comercial, generando en su entorno bajos salarios, inflación, desempleo, depresión para el resto de los sectores económicos, entre los cuales buen ejemplo es la agricultura, desplazada totalmente en estos territorios. Estas empresas en su búsqueda de mineral no se detienen ante nada, ni siquiera los ríos, fuente de la vida, son respetados. Pese a nuestras protestas uno a uno han sido sacrificados en el Cesar, atentando contra la vida y sus soportes.

El turno le llegó a la Guajira: para extraer carbón, el río Ranchería, fuente principal de agua del departamento con una extensión de 220 kilómetros, pretende ser desviado en 26 kilómetros sin pensar en las consecuencias que dicha operación acarrearía para el medio ambiente y la población que habita dicho territorio. Como ocurrió con Santurbán, tenemos que ponerle límites a la voracidad minera. Ciertos mínimos deben ser respetados si queremos preservar la vida y sus presupuestos, dentro de ellos deben estar los ríos a los que debe brindarse una protección reforzada, rechazando categóricamente el cambio del agua por mineral por no resultar rentable ni conveniente para el país.

Tenemos que restringir la actividad minera -y las visiones desarrollistas en general- a un marco que respete la vida y el medio ambiente. En ello debe participar la sociedad en general articulándose, o mejor, organizándose alrededor de la defensa de los derechos individuales y colectivos puestos en riesgo; pero en especial el Estado realizando su actividad de control de las multinacionales en especial cuando se encuentren en riesgo bienes públicos como los ríos, tan importantes e insustituibles.

Desde ya rechazamos la desviación del río Ranchería, por ser un atentado grave contra la comunidad guajira y su medio ambiente; llamamos a las fuerzas políticas y sociales a sumarse en el propósito patriótico de impedir tamaño disparate. Recordamos también que la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento con relación al Código minero ha reiterado su jurisprudencia: todo lo que afecta a las minorías étnicas es necesario someterlo a la consulta previa; razón por la cual cualquier consideración y acción sobre el río ranchería debe consultarse previamente con las comunidades.

“Si el Gobierno Nacional tiene la verdadera intención de convertir a la minería en una de las locomotoras que impulsarán el desarrollo del país, es imperioso que no descuide los lineamientos previstos en materia de sostenibilidad ambiental, pues el perjuicio ecológico ocasionado por el ejercicio indiscriminado de dicha actividad no tiene reversa, tal como ocurre con las locomotoras”.

Hace apenas dos meses todas las miradas de la opinión pública colombiana se volcaban sobre los trámites adelantados por la multinacional canadiense Greystar para obtener una licencia que, de haberse otorgado, le hubiera permitido concretar su proyecto de explotación aurífera en pleno páramo de Santurbán, esto es, en una zona excluible de minería de conformidad con el Código de Minas. Hoy, por cuenta de una sutil modificación sugerida por el Ministerio de Minas al texto del Plan de Desarrollo, se pretende excluir, pero de protección, a una extensa zona de reserva coralina del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el objeto de promover la extracción de crudo. Y es que el área donde el Gobierno Nacional permitiría la exploración de petróleo fue declarada por la UNESCO en el año 2000 como reserva de la biosfera marina.

En esa misma línea, el Ministerio del Medio Ambiente resolvió declarar como Área Marina Protegida (AMP) una zona dentro del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio de la Resolución No. 107 de 2005, pero lamentablemente los argumentos utilizados para motivar dicho administrativo y que aluden a “la conservación de muestras representativas de la biodiversidad marina y costera, de los procesos ecológicos básicos que soportan la oferta ambiental del archipiélago y de los valores sociales y culturales de su población, y promover en el interior de la Reserva de la Biosfera Seaflower la integración de los niveles nacional y regional”, no aparecen por ninguna parte al momento de considerar una eventual explotación petrolera en aquella zona dentro del Plan de Desarrollo puesto a consideración del legislativo.

Pero ¿Qué son las Áreas de Reserva Marina o Áreas Marinas Protegidas?. El de Área Marina Protegida (AMP) es un término cada vez más común en el contexto de la conservación de la biodiversidad, la protección de hábitats y la gestión pesquera. El término cubre un amplio rango de medidas de protección, con una variación, igual de amplia, de los beneficios otorgados por esta figura. Las AMP pueden ser creadas para cumplir muchos propósitos, que abarcan desde la protección de una especie, hasta un hábitat o ecosistema completo, o la protección de ciertos intereses, como la pesca a menor escala o recreativa. Las reservas marinas son un tipo de AMP que, en términos de medio ambiente marino, ofrecen el mayor nivel de protección.

Las reservas marinas son porciones de mar que están totalmente protegidas contra los daños de las actividades humanas, como si fueran parques nacionales en el mar. La del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Seaflower, es un Área Marina Protegida que abarca un total de 6.5 millones de hectáreas, lo que la convierte en la más extensa del Caribe y permite contarla entre las 10 más grandes del mundo. Allí las barreras coralinas hacen las veces de diques o jarillones naturales, por cuanto impiden que la fuerza de las olas arrase con las islas; de modo que nos encontramos ante una situación que no sólo tiene implicaciones de carácter ecológico, lo cual bastaría para considerarla sumamente grave, sino que se trata de un asunto de riesgo latente para la vida de miles de raizales de ese maravilloso ecosistema insular.

Léase lo anterior a manera de advertencia frente al ecocidio que podría derivarse de un evento desafortunado como el ocurrido hace un año en el Golfo de México debido a la conflagración de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, y el consecuente derrame de alrededor de 5 millones de barriles de crudo, apenas un mes después de que la administración Obama anunciara la exploración y explotación de petróleo en las costas estadounidenses.

 Ese no es el escenario que imaginamos para Colombia quienes desde el Congreso de la República nos hemos opuesto y nos opondremos siempre, con argumentos, a decisiones o actuaciones que amenacen nuestra estabilidad ecológica. Ahora bien: si el Gobierno Nacional tiene la verdadera intención de convertir a la minería en una de las locomotoras que impulsarán el desarrollo del país, es imperioso que no descuide los lineamientos previstos en materia de sostenibilidad ambiental, pues el perjuicio ecológico ocasionado por el ejercicio indiscriminado de dicha actividad no tiene reversa, tal como ocurre con las locomotoras.

“La educación no solo es un servicio público, sino un derecho que debe ser garantizado por el Estado en términos de igualdad”

Nuestro Estado social y democrático de derecho atraviesa por un trance difícil del cual probablemente sobrevivan solo sus jirones. Prueba de ello es la llamada sostenibilidad fiscal y el proyecto de ley modificatorio de la Ley 30 de 1992 que da un giro radical hacia la mercantilización de la educación superior en Colombia. 

Este último no es un propósito aislado, puesto que países como Italia e Inglaterra han incrementado los costos educativos, al igual que en Norteamérica, México, Chile y Brasil en donde grupos financieros están adquiriendo universidades y después aplican ajustes e importan su propio método.

La Ley 30 fue expedida hace 18 años. Era necesaria una reforma porque, como lo dijo el presidente Santos, el mundo de hoy es otro, con nuevos retos y desafíos. Se debe mejorar la calidad para competir a nivel mundial y garantizarles a nuestros bachilleres más acceso al disfrute del derecho a la educación. Sin embargo, como afirmó Moisés Wasserman: la respuesta es imperfecta. En palabras de Hernando Gómez Buendía, la educación no es un factor de equidad, sino un mecanismo principal de transmisión y ampliación de las desigualdades existentes.  

El  Gobierno busca modernizar la educación en Colombia. Se ha empeñado en una reforma de la Ley 30 de 1992 que por sus contenidos ha generado preocupación en el medio universitario por el riesgo de que este servicio público termine mercantilizado, excluyendo a más colombianos. Se convertiría así en  un completo privilegio de los más pudientes, máxime cuando no se fortalece la educación pública que terminará perdiendo competitividad.

Omitido en el proyecto de ley el tema presupuestal, en relación con la inversión y funcionamiento, está claro que la modernización de la educación se hará muy seguramente con capitales privados nacionales e internacionales. Por ello, la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y entidades mixtas fundadas o adquiridas por grupos financieros que, tal como ha sucedido ya en  varios países de Latinoamérica, relevarán de su obligación constitucional a nuestro Estado para delegársela al capital privado.

Todo esto ocurre mientras los rectores de universidades públicas, en múltiples cartas, denuncian el desfinanciamiento a que los sometió la Ley 30 de 1992, el incumplimiento de recursos en el año 2009 y los variados compromisos que adicionalmente adquirieron, como aumento de la cobertura, nuevas sedes, grupos nuevos de investigación y pensiones, entre otros.

Por otra parte, es necesario reflexionar si nos hemos preparado lo suficiente para entrar en un TLC con el que llegarán multinacionales de la educación superior que dominarán el mercado terminando por imponer el sentido y contenido de la educación en Colombia.
Hay cambios que nos resultan francamente antipáticos, como por ejemplo tratar de eliminar instancias universitarias tan necesarias como los consejos académicos,  transfiriéndole funciones a una figura conocida con nuevos contenidos, que pasa de rector a gerente preocupado, indudablemente, por la eficiencia.

Qué decir de la investigación al servicio del sector productivo, la desaparición del 2 por ciento destinado al bienestar universitario, y  el impuesto para las becas. Universidades sin campos ni escenarios deportivos, exenciones tributarias para las empresas educativas para que supuestamente ayuden a financiar la educación de los más pobres, probable tercerización para los docentes catedráticos y ocasionales.

Tal como lo ordena la Constitución Política, la educación no solo es un servicio público sino un derecho que debe ser garantizado por el Estado en términos de igualdad y cuyo cumplimiento debe ser estrictamente vigilado.

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Como colombiano y Senador miembro de la Comisión de Quinta encargada del estudio de temas medio ambientales e integrante de la bancada del Partido Verde en esa Corporación, pero sobre todo como cualquier habitante de este planeta preocupado por el impacto que sobre el agua, el aire, la tierra y demás elementos indispensables para los seres vivientes, generan las diversas actividades económicas desarrolladas por el hombre, me siento satisfecho con la decisión adoptada por la multinacional canadiense Greystar en el sentido de retirar la solicitud de licencia técnica y ambiental para el desarrollo del proyecto Angostura, la cual tenía como finalidad explotar oro en el páramo de Santurbán, en las estribaciones de los municipios de Vetas y California en el departamento de Santander.

Entre los múltiples riesgos que venían aparejados con el proyecto de angostura se destacaban varios de orden ambiental y social, tales como: alteración de la composición química de los suelos, afectación de los hábitats naturales de la fauna y la flora, interrupción de caudales por la disposición de residuos sólidos, afectación de las aguas superficiales y de las subterráneas o freáticas, eventual desplazamiento de comunidades asentadas en terrenos de interés para el desarrollo del proyecto minero o provocar un surgimiento descontrolado de asentamientos humanos, enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada, etc. Hoy estoy preso de un alborozo verde porque los riesgos antes señalados no podrán degenerar en daños para la sociedad santandereana. Y es ese mismo verde el que simboliza la esperanza de todos los colombianos en que nuestros hijos y las generaciones que están por venir, puedan disfrutar, como nosotros lo hemos hecho, de las maravillas naturales que abundan en un medio ambiente sano.

Santurbán es apenas una de las miles de batallas que tendremos librar en el terreno ambiental, dado que en la actualidad hay 391 títulos mineros que afectan 108.972 hectáreas de páramo. Finalmente, los invito a todos a seguir militando en la causa ambiental tal como lo hicieron miles de santandereanos y colombianos en favor del páramo de Santurbán. El camino es largo y el interés de las multinacionales dedicadas a la explotación de nuestros recursos naturales subsiste y se incrementará con el paso de los años.

Atentamente,

FÉLIX JOSE VALERA IBÁÑEZ Senador de la República

La Constitución de 1991, aunque ha perpetuado la forma de Estado unitario, realizó una decisiva apuesta por la descentralización, continuando de forma integral con el modelo descentralizador iniciado en los años ochenta. Su artículo 1º proclama a Colombia como una república “unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”.

Esta disposición ubica al Estado colombiano en un modelo unitario, pero dejando abierta la posibilidad de poner en marcha procesos de descentralización territorial. Por lo anterior, no puede entenderse la unidad como una medida de limitación o de fortalecimiento del Estado central en detrimento de la autonomía consagrada en la Constitución, sino que responde a la voluntad del constituyente de subrayar que la descentralización territorial no es incompatible con la unidad, tal como ha ocurrido en los procesos de regionalización emprendidos en países como Italia y Francia.

En Colombia, el artículo 286 de la Constitución Política enlista las entidades territoriales que conforman el diseño del ordenamiento territorial del Estado colombiano. Los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. A renglón seguido, el estatuto superior delega en la ley la facultad de brindarle el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la ley. La región aparece en la Constitución de 1991 como un instrumento administrativo y de planificación, producto de la unión de dos o más departamentos, en procura del desarrollo económico y social del respectivo territorio (art. 306).

Al mismo tiempo, se dispone que esas regiones administrativas y de planificación cuenten con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. No obstante la claridad de las disposiciones constitucionales antes referidas, el proyecto de LOOT presentado el pasado 23 de agosto a consideración del Congreso por el Gobierno Nacional, parece esquivo al ordenamiento superior cuando aborda los componentes que eventualmente le darían vida a las regiones como entes territoriales, verbigracia, personería jurídica, autonomía y patrimonio propio.

Llama toda nuestra atención la forma como el proyecto gubernamental que pretende darle vida a la LOOT, al encargarse de la región territorial, reproduce de manera idéntica, en su artículo 32, lo dispuesto en el artículo 307 constitucional, el cual dispone: “La respectiva ley orgánica, previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en cada caso a referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados. La misma ley establecerá las atribuciones, los órganos de administración, y los recursos de las regiones y su participación en el manejo de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías. Igualmente definirá los principios para la adopción del estatuto especial de cada región”.

Resulta paradójico, cuando menos, que en el articulado del proyecto de LOOT se vierta de manera exacta el contenido del artículo 307 superior, mientras que en la exposición de motivos se afirma que “… la propuesta evita repetir los principios y conceptos ya señalados en la Constitución…”. Se suponía que el proyecto de LOOT presentado por el Gobierno del presidente Santos recogería el anterior mandato constitucional, estableciendo claramente las condiciones de conversión, las atribuciones, los órganos de administración y las fuentes de financiamiento de las regiones. Por lo menos ese fue el compromiso de casi todos los candidatos presidenciales, entre ellos el actual Presidente, con más de dos millones y medio de costeños que se manifestaron el 14 de marzo en las urnas, a favor de la iniciativa de creación de la Región Caribe.

No define el proyecto de LOOT, por ejemplo, cuáles son los requisitos para la conversión de la región en entidad territorial; tampoco se define competencia alguna en cabeza de las mismas ni se habla de sus fuentes de financiación. Lo anterior conlleva obligatoriamente a la expedición de otra ley orgánica que se encargue del asunto, ya que por ostentar una superior jerarquía no podría ser modificada por una ley ordinaria.

En materia presupuestal, por ejemplo, el proyecto de LOOT no establece cómo sería la participación de las regiones en las rentas nacionales, en caso de convertirse en entidades territoriales. Por el contrario, el artículo 30 supedita el financiamiento de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) al giro de recursos provenientes de regalías, en los términos establecidos por el Gobierno Nacional y la ley, así como a lo que las entidades territoriales que la conformen puedan destinar para tal fin. Llegó la hora de reclamar el derecho que tenemos a ser dueños de nuestro propio destino, sin dejar de pensar en Colombia como Nación. No queremos un regalo, se trata de un derecho consagrado en la Constitución Política y que se nutre de razones sociales, filosóficas, políticas y económicas, reconocidas hoy en el mundo. La autonomía política y administrativa sólo es viable si va a aparejada con una redistribución de los recursos y las competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

En el Plan Nacional de Desarrollo, de casi quinientos billones de pesos  se debe tener en cuenta que existen de manera simultánea una interdependencia y tensión entre economía y medio ambiente, la cual debe ser conciliada por el Gobierno¹, tratando de superar el antagonismo hoy existente, traducido en el servilismo de la tierra, el aire y el agua a los intereses del  progreso, tendiendo rieles de verdadero y efectivo respeto ecológico. 

Para ello se debe aumentar el rubro presupuestal² asignado a la gestión ambiental, abrir un capítulo especial en el Plan de Desarrollo a este tema que además sea transversal, influyéndolo en su totalidad. 

Así mismo, debido al desastre invernal se debe tener en capítulo aparte la reconstrucción³ asumida como otra locomotora y desde la integralidad de la política como una oportunidad que lleve no solo alivio, sino desarrollo con equidad a las zonas de calamidad, sobretodo en el tema de la infraestructura, generando un necesario salto hacia la modernización del país.

Como resultado nuclear del Plan esperamos que se frene el  meteórico deterioro ambiental⁴, el irracional uso de nuestros suelos, se eliminen los riesgos de personas y ecosistemas ante la incertidumbre climática, se meta en cintura la actividad minera poniendo a responder como debe ser por los perjuicios y ejercer el  debido control para evitarlos.

Para la provincia el comienzo del PND es fugazmente esperanzador porque pareciera tener una visión integrada del desarrollo territorial con puentes de convergencia entre las áreas ricas y pobres del país, pero ya tenemos un adelanto doloroso de este entendimiento con la reforma de las regalías que nos apaga el entusiasmo ante el abrumador centralismo que deja sin recursos a los lugares que más los necesitan y contraviene deliberadamente las promesas y mandatos de la constitución en este sentido, dándose no una modificación sino un verdadero remplazo constitucional.

En dicho Plan se debe replantear la política aplicada en las concesiones saliendo del exclusivismo de las mismas compañías de ingeniería que han fracasado en su gestión en el país, lo mismo que el sector minero energético implementando una política que consulte nuestros intereses  nacionales y le ponga freno a las gabelas y prerrogativas innecesariamente entregadas por la administración anterior a las multinacionales que operan en nuestro suelo.

Ojalá se cumpla la meta de construcción de vivienda, más de 200,000 al año y también el estimado para crecimiento de la economía, teniendo en cuenta la generación de empleo, la mejora de los índices de concentración de la riqueza y desigualdad. Igual para la problemática de DDHH tan sensible en este país afectado por la violencia de manera permanente.

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En el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se han expedido alrededor de 40 decretos legislativos que buscan contrarrestar los devastadores efectos  generados por el fenómeno de La niña. En términos generales, podría decirse que el núcleo normativo allí adoptado es bienintencionado y muestra un ambicioso programa de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas. Empero, esto último no implica soslayar aspectos preocupantes respecto de algunas de las medidas contenidas en los decretos. 

En efecto, varios de los decretos legislativos contemplan medidas de corte centralista en tanto que reservan para el Gobierno Nacional gran parte de la capacidad decisoria del Estado, como explicaré a continuación: 

Es inquietante que en la conformación de la Junta Directiva del Fondo de Calamidades, así como en la del Consejo Directivo del Fondo de Adaptación, sólo tengan asiento funcionarios del Gobierno Central y representantes del sector privado designados por el Presidente de la República. Sería conveniente que en esos máximos cuerpos de decisión también estuviesen representados los entes territoriales, pues son éstos quienes en últimas van a recibir los recursos para la reconstrucción.

A través de las medidas de marras también se suprimió la participación la Defensa Civil y la Cruz Roja en la Junta Directiva del Fondo de Calamidades, circunstancia que deploro sobremanera, pues en momentos de emergencia y desastre no es para nada provechoso ignorar las recomendaciones de organismos dedicados por décadas a esos menesteres.

Similar preocupación me produce el hecho de que, so pretexto de la colosal inversión que debe hacerse para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal, el Gobierno Nacional termine brincándose al Congreso por medio del decreto 4820 de 2010, cuyo artículo 1º autoriza a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público a enajenar parcialmente su participación accionaria en Ecopetrol S.A.

De otra parte, para los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU) el decreto 4821 de 2010 establece un mecanismo de concertación ambiental entre las respectivas autoridades ambientales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en aspectos como la delimitación y reglamentación de áreas de reserva ambiental, así como la conservación de recursos naturales y paisajísticos. Pero tal mecanismo parece más una imposición porque la norma prevé, en caso de no existir acuerdo, que el referido Ministerio defina tales asuntos ambientales en un término de 15 días hábiles.

Lo anterior significa que si una Corporación Autónoma Regional (CAR) o una Secretaría de Ambiente llegaren a formular reparos ambientales frente a un PIDU, por más serios que sean, siempre terminaría imponiéndose la voluntad del Ministerio. Aquí es preciso recordar dos casos recientes en los cuales las CAR se opusieron con acierto a decisiones del Gobierno Uribe: CORTOLIMA oponiéndose a la explotación minera en La Colosa y, CORALINA solicitando se excluyera el área marina Seaflower en San Andrés, de un bloque de exploración sísmica para hidrocarburos.

Por último, resultan igualmente centralistas algunas medidas del Decreto 141 de 2011 que fusionó varias CAR. Allí se disminuye el peso de la representación de gobernadores y alcaldes en los Consejos Directivos y se suprimen los dos representantes del sector privado y los dos representantes de las organizaciones no gubernamentales, al tiempo que el Presidente de la República se reserva la facultad de nombrar al Director General de la entidad, lo que anteriormente era competencia de la Junta Directiva.

No es sano para la democracia que mediante los decretos legislativos se acentúe el poder del ejecutivo, luego las medidas allí contenidas deben apartarse del centralismo y mantener su objetivo original: atender eficazmente la emergencia invernal. 

El legislador del Partido Verde manifestó su satisfacción respecto a la desición de Japón de suspender temporalmente la caza anual de ballenas.

Sea esta la oportunidad para hacerle un reconocimiento a organizaciones internacionales como Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) y Green Peace, por la lucha que desde hace más de tres décadas vienen librando en contra de los cazadores de ballenas, señaló el congresista. 

El comunicado enviado por el senador Valera es el siguiente:

“Ha resultado sumamente satisfactorio para mí y para la colectividad que represento, el anuncio que ha hecho hoy un portavoz de la Agencia de Pesca Japonesa, en el sentido de suspender temporalmente la caza anual de ballenas. Al mismo tiempo, aplaudiré la decisión del Gobierno Nipón con la esperanza de que termine siendo la definitiva.

Escenas espeluznantes son las que tenemos que observar cada año por esta época: arpones, garfios y enormes cuchillos son utilizados como herramientas fatídicas en contra de esos cetáceos que ofrecen una admirable resistencia hasta que despiden el último aliento de sus espiráculos. Tal ritual de violencia sólo demuestra que, infortunadamente, nos hemos olvidado de que los animales también son seres vivientes.

Como diría el escritor Fernando Vallejo, destacado defensor de los animales, en el marco de la entrega del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en el año 2003:

“(…) Los animales no son cosas y tienen alma y no son negociables ni manipulables y hay una jerarquía en ellos que se establece según la complejidad de sus sistemas nerviosos, por los cuales sufren y sienten como nosotros: la jerarquía del dolor. En esta jerarquía los mamíferos, la clase linneana a la que pertenecemos nosotros, está arriba. Mientras más arriba esté un animal en esta jerarquía del dolor, más obligación tenemos de respetarlo (…) Y que no me vengan los listos y los ingeniosos que nunca faltan a decirme ahora, para justificar su forma de pensar y de proceder, que entonces no hay que matar un zancudo. Entre un zancudo y un perro o una ballena hay un abismo: el de sus sistemas nerviosos (...)”.

Sirva el anterior fragmento para que en Colombia, autoridades y ciudadanos, empecemos a crear una conciencia colectiva en favor de la preservación de la vida animal; replicando decisiones como la adoptada hoy por la Agencia de Pesca Japonesa y repudiando acciones como la que recientemente nos causó estupor y que tuvo como fatal protagonista a una inerme perrita”.

Atentamente,

FÉLIX JOSÉ VALERA IBÁÑEZ

Senador de la República

Como Cesarense me preocupa enormemente las llamadas externalidades negativas que genera la explotación de carbón. Como todos saben, se ha generado una economía de enclave, sin ningún encadenamiento económico con la región, es decir, no somos nosotros los que absorbemos los bienes y servicios que se derivan de esta explotación, pero si los que sufrimos los efectos ambientales, por ejemplo, la total extinción del agua subterránea, la perturbación de los cauces de nueve ríos, del cambio del ph de la tierra en una extensión que llegará pronto a sumar las 500.000 hectáreas, de la presencia de la enfermedad holandesa, que a quien afecta principalmente es a nuestro territorio, cambiando la vocación agrícola de nuestra tierra por la minería, y dejándonos en las circunstancias de tener que traer el 85% de los alimentos que consumimos de otras partes del país. De igual forma, la prostitución de nuestros niños y niñas, jovenes, la polución de nuestro ambiente, la explotación inmisericorde de nuestros trabajadores, casi todos afectados por enfermedades profesionales no reconocidas como tal, así como la afectación de la unidad familiar de estos trabajadores.

Con el proyecto de reforma a la Constitución, del Régimen de Regalías, ha habido un retroceso a la promesa constitucional de la descentralización, ya que se quiere administrar desde el centro del país recursos que le pertenecen a la región, y que por ello tenemos que rechazar, pretensiones como la de reservar la iniciativa de la Ley que desarrolle esta disposición constitucional como privativa del gobierno.

Tampoco estamos de acuerdo con que al Fondo de Inversión Regional FIR se le aplique una formula decreciente a favor del Fondo de Ahorrro y Estabilización FAE, puesto que afecta directamente a los municipios, departamentos y distritos productores, así como a las regiones en general, que dicho sea de paso, tienen un atraso con respecto al centro del país, en promedio de 100 años. Por otra parte, parece que al gobierno se le olvidó la promesa inicial de ahorrar solamente lo excedentario, y por el contrario este ahorro se realizará sustrayendoselo a regiones que necesitan desesperadamente esta inversión. Así mismo, el Fondo de Compensación Regional debe hacerse por más de 20 años, puesto que el atraso regional no se va a superar en menos de este tiempo.

Sumado a esto, se afirma que la dirección de este proceso financiero, político y administrativo, se realizará a través del Plan Nacional de Desarrollo. Por ultimo, se reprocha que la aprobación del Proyecto de Ley se condicione a un plazo de seis meses, dado que en caso contrario el gobierno estaría facultado para aprobarlo a través de un decreto extraordinario, usurpando las facultades del legislativo, comprometiendo el sistema de frenos y contrapesos.