El congresista rechazó enfáticamente el anuncio hecho por el Ministerio de Hacienda, respecto a la negativa de crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la cual es promotor.

"No permitiremos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial se convierta en letra muerta. Si el concepto de Hacienda es negativo es porque desconoce los alcances de este proyecto", dijo el senador Carlos Ferro (Partido de la U).

De esta manera el congresista se opuso al anuncio de la viceministra de Hacienda Carolina Soto, sobre la posibilidad de no crear esta Agencia, a raíz del recorte presupuestal que tendrá el sector transporte.

"No entendemos cómo el Ministerio de Hacienda desconoce un proyecto que lleva más de dos años configurándose al interior del Congreso, además negar la posibilidad de la creación de esta Agencia implica el desconocimiento de más de 6.000 muertos a causa de accidentes viales", señaló.

"Señor ministro de Hacienda –dijo Ferro–, no se le olvidé que este proyecto se basó en estudios técnicos, sociales, económicos, entre otros, atendiendo no solo los aportes de las familias de las víctimas, sino contando con el apoyo de los ciudadanos y de Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte", recordó Ferro.

"El Ministerio de Hacienda no puede ser insensible frente a esta problemática, menos desconocer que hace parte de una política que el presidente Santos ha presentado a los colombianos. No crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial equivale a aumentar el número de muertos en el país", agregó.

Prensa senador Carlos Ferro

Así lo ratificó luego de que el presidente del Congreso conformara una Comisión Accidental encargada de buscar soluciones a la actual situación.

Con el respaldo de la Comisión Sexta del Senado, el evento programado para el próximo 25 de julio espera reunir al Gobierno, universidades, Secretarías de Educación, gremios y asociaciones, entre otros.

"En la propuesta del Gobierno no hay inyección de recursos para que los municipios presten este derecho fundamental en condiciones óptimas": senador Carlos Ferro Solanilla (Partido de la U).

Hace menos de un mes el Gobierno Nacional presentó dos iniciativas: la primera, un proyecto de ley estatutaria con mensaje de urgencia y la segunda, un proyecto de ley ordinaria que a mi parecer no fortalece la descentralización en la prestación del servicio de salud, por las razones que iré argumentando.

En la propuesta del Gobierno no hay inyección de recursos para que los municipios presten este derecho fundamental en condiciones óptimas, teniendo en cuenta que deja sin facultades para que ofrezcan prestaciones individuales y la atención primaria en salud –APS.

Además se sigue fortaleciendo a la empresa privada, reafirmando este derecho como un mercado. En ningún aparte de este proyecto se humaniza el servicio a la salud, lo cual resulta preocupante.

En general, el proyecto de Ley ordinaria no es como tal una reformulación estructural de la Política Pública de Salud, sino más bien una redefinición de sus componentes, por ejemplo: establece crear una entidad especial de gestión adscrita al Ministerio de Salud y de la Protección Social, cuyo objeto es afiliar a la población en el Sistema de Seguridad Social en Salud, recaudar las cotizaciones de los afiliados al Régimen Contributivo de Salud, administrar los recursos del sistema, realizar y ordenar los pagos, giros o transferencias de los diferentes agentes del sistema, entre otras funciones que hoy en día existen pero bajo otras denominaciones.

Por su parte, el hoy llamado Plan Obligatorio de Salud –POS se convertirá en el denominado Mi-Plan, que básicamente estará conformado por un listado excluyente de servicios y tecnologías para la atención en salud.

Respecto a las EPS, el proyecto las convierte en Gestores de Servicios de Salud, las cuales serán personas jurídicas de carácter público, privado o mixto, que operarán dentro de un área de gestión sanitaria para garantizar las prestaciones de servicios de salud individual. La cuestión es si realmente hay una reforma detrás de esta nueva denominación. Lo importante aquí será ubicar los mecanismos para evitar la concentración de recursos por parte de las EPS.

A través de esta reforma, el Estado se dividirá en Áreas de Gestión Sanitaria, en donde se espera que lleguen los prestadores de servicios de salud, sin embargo, dichos gestores requerirán de sostenimiento financiero para prestar el servicio, lo cual genera dudas respecto a cómo se garantizará el acceso a la atención en salud a los habitantes de las regiones más apartadas, teniendo en cuenta que en muchos casos no habrá demanda suficiente para cubrir la inversión de los gestores.

De lo anterior cabe preguntar, ¿de qué manera garantizará el Estado la prestación del servicio en las regiones más alejadas?, o ¿asumirá el Estado la prestación del servicio en aquellas zonas donde los gestores de salud no encuentren retribución alguna?

En el proyecto, el Gobierno ha propuesto que sean los alcaldes y gobernadores quienes asuman la responsabilidad en la administración del servicio, por ello se incluyó un artículo para designar un gerente. De alguna manera estamos entregando una responsabilidad política en el manejo de la Salud a los entes territoriales. Lo cual considero una acción importante.

Pensemos en lo que había venido ocurriendo: el concurso de méritos, sistema mediante el cual se designaban los gerentes de las Empresas Sociales del Estado, se había convertido en la forma disfrazada de un manejo politiquero de la salud, lo cual llevó a la quiebra a cientos de hospitales. Más complejo aún cuando nadie ha querido asumir responsabilidad, precisamente porque la selección fue a través de "méritos".

Considero que uno de los puntos que debe llamar nuestra atención a la hora de discutir este proyecto es cómo lograremos que los hospitales cumplan con los indicadores de ejecución de recursos y gestión óptima, además ¿se justifica el subsidio a la nómina de los hospitales?, ¿cómo se financiará el actual déficit de los hospitales?

Una verdadera reforma a la Salud es aquella donde el Estado asume un rol preponderante en la prestación del servicio, para ello se requiere que la salud se entienda no como un mercado, sino como un derecho esencial, donde se incentive la ciencia, tecnología e innovación que permita la sostenibilidad del sistema y que a su vez garantice la gratuidad y la accesibilidad en la prestación al servicio de salud.

Podemos preguntar, ¿responde esta ley al problema real de la salud?, ¿soluciona las dificultades en financiación? y sobre todo ¿cómo se asegura que el giro de los recursos sean oportunos ante la facturación de las ESE?

En general la ley estatutaria configura el fondo filosófico de lo que debe ser la Salud, sin embargo, creo que la Ley ordinaria, tal como fue presentada no responde a lo primero.

Bajo este panorama, nuestro deber como legisladores será exigir en los debates correspondientes que el Estado asuma acciones de carácter administrativo, presupuestario, judicial y social para dar efectividad a la prestación del servicio, realizando, como tiene que ser, una inversión de recursos de manera prioritaria y progresiva.

"En unos años el sector llegará a ser modelo de desarrollo continental, incluso mundial, pero antes hay un camino que recorrer, normas que revisar y experiencias por evaluar": senador Carlos Ferro (Partido de la U).

Colombia atraviesa por un momento único en su historia en materia de infraestructura, tanto así que para el 2018, según el presidente Santos, se espera tener por lo menos 3.200 kilómetros construidos en dobles calzadas.

Sin embargo para que una meta tan ambiciosa resulte posible vamos a requerir de infraestructura de primera clase que genere empleo, desarrollo y nuevas oportunidades para la economía nacional, para lo cual tendrá que modificarse la forma como son planteados los proyectos de infraestructura vial.

Por encima de todo, de cualquier desarrollo o reforma al sector, las comunidades intervenidas por los proyectos de infraestructura deberán ser el eje y la prioridad del Estado, por ello la garantía de sus derechos y el bienestar de los ciudadanos no puede ignorarse en todo este asunto.

Tal como lo hemos dicho en los debates de control político que hemos adelantado, los principales problemas en la ejecución de las obras públicas pactadas mediante APP o concesiones están relacionados con la debilidad e incoherencia a la hora de planear los proyectos, es así que los riesgos, las imprevisiones, los costos, los cronogramas y demás elementos de la ejecución se convierten en cuellos de botella que entorpecen el objeto perseguido por cada contrato.

Como consecuencia, el Estado y los concesionarios y/o contratistas, se ven obligados a renegociar una y otra vez los acuerdos -después de firmados los contratos-, pues la mala planeación ignora realidades que surgen con la puesta en marcha de los proyectos.

Preocupan las constantes improvisaciones en obras trascendentales para el desarrollo nacional, pero preocupa aún más que el país carezca de una política seria y articulada de planeación; así como también de una política estatal para resolver a tiempo los problemas relacionados con el traslado de redes de servicios públicos y el cumplimiento de los requisitos ambientales.

Lo anterior ha generado situaciones que afectan no solo a los contratantes y contratistas, sino que por ejemplo, en muchos casos la mala gestión de los entes contratantes en lo relacionado con la gestión predial ha afectado a familias y comunidades que deben desalojar sus viviendas sin un pago justo por sus propiedades.

Peor aún es la situación que se evidencia en cientos de tramos en donde la falta de planeación, previsión y por ende el desconocimiento de la ubicación de los proyectos, ha generado vías que aumentan la accidentalidad. Para no ir tan lejos, en el 2012 fueron 5.693 los muertos por accidentes viales, a 18 de febrero del año en curso la cifra superaba las 600 muertes, según la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.

Nuestra posición al respecto plantea no solo una restructuración al modelo concesional del país, sino además una revisión cuidadosa de los criterios técnicos para la selección objetiva de contratistas, de esta manera existirán reglas de juego claras para contratantes y contratistas desde las etapas más tempranas de la formulación de proyectos.

Por esto acompañamos al Gobierno nacional en su interés por acelerar la ejecución y superar el rezago en infraestructura que tiene el país, pues seguro la iniciativa cuyo trámite adelantará el Congreso de la República removerá los obstáculos jurídicos que entorpecen el desarrollo oportuno de la infraestructura.

El proyecto presentado por la actual ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, se suma a una serie de gestiones adelantadas desde el Gobierno para impulsar una de sus principales locomotoras, entre ellas: la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, el logro de la reforma tributaria en cuanto a que ni el concesionario ni la entidad concedente serán sujetos del impuesto predial y contribución por valorización, además de la implementación del Comité Intersectorial de Infraestructura.

Ahora, con este proyecto, el Congreso de la República tendrá una oportunidad importante para resolver cuatro cuellos de botella recurrentes –más no únicos- en la infraestructura: los predios, las redes de servicios públicos, los permisos mineros y las licencias ambientales.
Cabe aclarar que la responsabilidad de esta iniciativa no solo recae en el Legislativo, pues si bien esperamos entregar una ley que sirva concretamente a los problemas ya enunciados, es necesario que se establezca una integración entre los organismos claves del sector, entre ellos: el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, DNP, Autoridades Ambientales, entidades de Control, entre otras.

Somos optimistas a esta reestructuración, seguro en unos años el sector llegará a ser modelo de desarrollo continental, incluso mundial, pero antes hay un camino que recorrer, normas que revisar y experiencias por evaluar. Todo ello con el fin de promover la infraestructura nacional, aumentar la competitividad y mejorar las condiciones de vida de cientos de colombianos que aún esperan por rutas que los conecten con el resto del país y las oportunidades que este ofrece. Infraestructura sí, pero bien pensada.

Por esta razón, el senador Carlos Ferro radicó un proyecto que busca titular a favor de las administraciones territoriales los terrenos donde funcionan centros educativos hace mínimo diez años.

Aunque la problemática afecta a todos los departamentos del país, los que mayor número de predios sin titularidad registran son: Caquetá (1570), Cundinamarca (1126), Norte de Santander (993), Boyacá (990) y Magdalena (772).

Por su parte, unos 4.040 predios pertenecen a las comunidades, mientras que 1.161 son propiedad de personas naturales, sociedades u otros. Lo anterior, con base en la información del Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa –SICIED.

De un total de 28.897 predios de sedes educativas oficiales consultadas (entre 2009 y 2012), solo 13.948 pertenecen a las entidades territoriales, lo que implica que cerca del 50 % siguen siendo propiedad de particulares, juntas de acción comunal, o en su defecto de las comunidades.

Por lo anterior, la propuesta del senador Ferro posibilitaría la legalización de dichos inmuebles con el fin de que todos los municipios puedan adquirir, mejorar y ampliar la infraestructura educativa con recursos públicos.

“La situación es más compleja de lo que se cree, pues hay casos en los que la entidad territorial expresa tener la "sana tenencia" de los terrenos, lo cual afecta la inversión de recursos destinados a la infraestructura educativa y demás”, señaló Ferro.

A pesar de los problemas que evidencian las instalaciones de cientos de escuelas y colegios, principalmente rurales, para el Estado colombiano es imposible intervenir su estructura, aun cuando exista la voluntad, “razón suficiente para respaldar esta iniciativa que beneficiará a los municipios, a las instituciones y sobre todo a los estudiantes”, dijo el congresista.

Rumbo a la Comisión Primera

El Proyecto de Ley 078/2012, radicado ante la Secretaría General del Senado, fue designado a laComisión Primera, y será el liberal Juan Manuel Galán, como coordinador ponente, quien junto a sus colegas Carlos Enrique Soto (La U), Hernán Andrade (Conservador), Doris Clemencia Vega (PIN), Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático) y Jorge Eduardo Londoño (Verde), definirán el futuro de esta iniciativa.

Prensa senador Carlos Ferro

Para el congresista resulta preocupante el bajo número de proyectos culturales que han presentado las entidades territoriales, aun sabiendo que se trata de los sectores con menor presupuesto aprobado.

Tras el informe de gestión presentado por la ministra de Cultura, Mariana Garcés, quedó en evidencia que alrededor del 50 % de los recursos provenientes del IVA de la telefonía celular, los cuales se destinan a la Cultura, no han sido ejecutados por los departamentos.

"En este país de regiones, donde a diario se promueve la diversidad cultural, resulta difícil de comprender el déficit en ejecución presupuestal que actualmente se presenta en los municipios. Preocupante, si se tiene en cuenta que a la fecha, faltando poco para culminar esta vigencia, solo cinco proyectos se han presentado para acceder a estos recursos", señaló Ferro.

Agregó que, tal como lo establece la Ley, "el dinero que hasta el último día del 2012 no se justifique mediante algún proyecto cultural, se reintegrará al tesoro público para luego ser reinvertido en el municipio o departamento que no lo destinó a la Cultura".

Por ello, instó a los municipios y departamentos a ejecutar la totalidad de los recursos, así como mejorar la convocatoria en los municipios para la presentación de proyectos, con tal de contrarrestar la falta de ejecución que ha afectado al sector en los últimos años.

Por su parte, la ministra Garcés sostuvo que entre 2003 y 2010 se giraron recursos a las regiones por $100.000 millones, de los cuales $48.000 millones no fueron ejecutados.

Para Garcés, el problema radica en el desconocimiento que sobre el acceso a estos recursos tienen los municipios, incluso, planteó fallas metodológicas a la hora de convocar, presentar y seleccionar los proyectos en los departamentos.

Al respecto, el senador Ferro pidió al Ministerio de Cultura revisar si los términos de las convocatorias han dificultado la participación de los municipios, o si por ejemplo, la entrega de los recursos se ha visto afectada por debilidades en la gestión de las gobernaciones.

"Constantemente se dice que no hay dinero para la cultura, pero los departamentos no están demostrando un compromiso serio para optimizar los recursos, garantizar resultados y por ende, exigir una mejor partida dentro del Presupuesto Nacional", indicó el congresista.

Prensa senador Carlos Ferro

El objetivo es proponer un diálogo entre el Gobierno, la Academia, los investigadores y los estudiantes, respecto a las estrategias necesarias para fortalecer la Educación Superior.

Reconociendo la necesidad de avanzar en una política de Educación Superior que garantice no solo mayor cobertura, sino además, mayores incentivos a la investigación en las universidades, el senador Carlos Ferro (Partido de la U) liderará una serie de audiencias y foros donde se espera la participación de los diferentes actores involucrados.

"Aunque en el 2011 la propuesta del Gobierno fue archivada, tras el rechazo manifestado por los ciudadanos, distintos grupos han venido adelantando estudios importantes para desarrollar una propuesta que responda a las necesidades del sector", sostuvo el congresista.

"Además, insistió en que el propósito de las audiencias no solo es identificar las alternativas del Gobierno, sino "convocar a un diálogo abierto, participativo, donde las distintas visiones sirvan de insumo para adelantar una reforma a la educación superior a partir del consenso. Para ello fomentaremos un escenario donde todos los interesados puedan exponer sus argumentos".

"No seremos ajenos a la necesidad de fortalecer las instituciones –dijo Ferro–, al contrario nos interesa disminuir la desigualdad entre unas y otras. Para ello, el financiamiento de las universidades públicas y el respaldo a las universidades privadas será un factor determinante en el desarrollo de las audiencias".

Por su parte, la ministra de Educación, María Fernanda Campo se mostró dispuesta a participar en las audiencias e identificar, junto a los demás actores, las mejores opciones para garantizar la construcción de una política integral de educación superior.

Durante las audiencias, se espera que el Gobierno nacional, representado por los ministros de Educación y Hacienda, además de los representantes de la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN, el Sistema de Universidades Estatales –SUE, estudiantes, profesores, rectores, investigadores, entre otros, construyan las bases de la que podría convertirse en la reforma integral de educación superior.

La fecha, lugar y hora de cada una de las audiencias se darán a conocer a través de los medios oficiales del Senado o mediante la cuenta oficial en Twitter del senador Carlos Ferro @senadorferro.

Prensa senador Carlos Ferro

"La norma le apunta a generar mejores oportunidades de empleo para quienes de alguna u otra manera aportan al desarrollo del sector en el país", senador Carlos Ferro (Partido de la U).

Sin duda alguna, la recién sancionada ley de cine se convierte en otro de los instrumentos para fortalecer el sector cultural en Colombia, que desde siempre ha reclamado mayores recursos e incentivos para respaldar el talento nacional. Más cultura, menos guerra tiene que ser la consigna.

Como ocurre con las películas que hacen historia, esta es una obra creada a varias manos: el proyecto del ley fue presentado al Congreso por el Gobierno Nacional con el respaldo de actores, productores, entre otros amantes del cine, y desde el Senado de la República donde tuve el honor de ser ponente, defendimos el la iniciativa, resaltando el terreno abonado por la Ley 814 del 2003, pionera enel país para fomentar el cine nacional, la cual sentó las bases para lograr esta nueva Ley, cuyos beneficios brindarán competitividad internacional al sector.

Son decenas las ciudades y paisajes del mundo que se han inmortalizado en los ojos de millones de personas gracias a la gran pantalla, París, "La Ciudad Luz" reconocida por su representativa Torre Eiffel; la Gran Manzana de Nueva York, Venecia o Miami, son solo algunos ejemplos de lugares reconocidos gracias al cine. Sin importar el presupuesto de las producciones: cortos, largometrajes, incluso la publicidad, han rescatado la belleza de estos lugares para otorgarles un merecido reconocimiento en la industria.

Algunas ciudades y escenarios colombianos han sido parte de importantes películas, sin embargo, no en todos los casos, lo observado en la pantalla corresponde a la realidad. Es así como nos han mostrado una Bogotá rodeada de selva, una Cartagena montañosa y sin playas, o a Medellín como un pequeño poblado sin desarrollo urbano alguno, pensando en esto y bajo la necesidad de promocionar al país, la ley servirá para promover los escenarios nacionales como un atractivo para grandes producciones.

Por lo anterior, tenemos la oportunidad de promocionar la diversidad del país y atraer a productores nacionales e internacionales. Por ello, no solo es una ley dedicada al apoyo de la industria audiovisual, sino que además le aporta desarrollo y recursos al turismo, en tanto que los profesionales que decidan filmar sus películas en Colombia, se encargarán a su vez de atraer un mayor número de turistas a las ciudades y regiones que hasta ahora habían sido desconocidas por el cine.

Es un orgullo contarles a los colombianos que desde el pasado 11 de julio hacemos parte de una lista exclusiva de países que ofrecen retribuciones a quienes elijan nuestro territorio para producir sus películas. Una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que habrá una contraprestación del 40% del valor de los gastos realizados en Colombia por concepto de servicios contratados con sociedades nacionales de servicios cinematográficos. Además las productoras recibirán el 20% del valor de los gastos en hotelería, alimentación y transporte.

A su vez, la norma le apunta a generar mejores oportunidades de empleo para quienes de alguna u otra manera aportan al desarrollo del sector en el país. Por ejemplo, si usted es técnico, luminotécnico, fotógrafo, director de arte, entre otros, y llegase a ser contratado por una productora internacional, la Ley garantiza los derechos y prestaciones sociales consagradas en la legislación nacional, en cada uno de los contratos.

Otro de los aspectos para destacar es el aporte que el Estado dará al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), mediante el cual se incentivará a los productores invertir en el país como posible potencia cinematográfica, se trata de 25 mil millones de pesos, administrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo las directrices del Ministerio de Cultura, cuya cifra irá aumentando en la medida que aumenten las producciones fílmicas en el país.

Este sueño acaba de convertirse en realidad, sus frutos los recogeremos dentro de muy poco, de eso estamos seguros. Fue el mismo Presidente Santos quien prometió visitar Hollywood y atraer a los productores internacionales para que giren su mirada hacia nosotros. Mientras tanto seguiremos insistiendo en la necesidad de fortalecer el sector, por ejemplo habrá que pensar en incentivos para los libretistas nacionales, así como para las productoras pequeñas e independientes. De ningún modo descuidaremos a quienes apenas empiezan a participar en la industria. ¡Luces, cámara, sanción!

25 mil millones de pesos, por parte del Estado, servirán de base para crear el Fondo que brindará incentivos a los productores nacionales e internacionales que rueden sus películas en el país.

Fomentar el territorio nacional para el rodaje de obras cinematográficas, es el objetivo principal de la nueva Ley del Cine, la cual fue socializada por el Presidente Juan Manuel Santos en un evento realizado en la Casa de Nariño.

Tras su sanción, el legislador Carlos Ferro (Partido de la U), ponente de la iniciativa en el Senado, sostuvo que "esta nueva Ley brinda mejores oportunidades al sector cinematográfico, pues complementa las posibilidades de fomento de la industria que ya había otorgado la Ley 814 del 2003".

A partir de noviembre, cuando se reglamente la norma, se asignarán recursos del Presupuesto Nacional para crear el Fondo Fílmico Colombia, el cual recibirá donaciones, transferencias y aportes en dinero, incluso contribuciones de cooperación internacional.

Por su parte, la Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal sobre los recursos del Fondo Fílmico Colombia.

Una Ley complementaria

Tal como lo explicó el senador Carlos Ferro, "la nueva norma no reemplaza la Ley 814 del 2003, al contrario entra a regir de forma complementaria, ocupándose únicamente de los incentivos para los productores, dado que el fomento del cine nacional se ha ido fortaleciendo con la 814".

"Reconocemos la necesidad de seguir fortaleciendo la industria, por ejemplo habrá que pensar en incentivos para los libretistas nacionales y los creativos, así como para las productoras pequeñas e independientes. Lo importante es que sumamos una nueva herramienta, más adelante tendremos nuevas y mejores oportunidades para el cine nacional", agregó.

Beneficios de la Ley del Cine

• Las productoras de cine, que rueden total o parcialmente en el país, y además celebren contratos con Filmación Colombia (Fondo), tendrán una contraprestación equivalente al 40% del valor de los gastos realizados en Colombia por concepto de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios cinematográficos.

• A su vez, recibirán el 20% del valor de los gastos en hotelería, alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el manual de asignación de recursos.

• Los profesionales del sector que sean contratados por las productoras cinematográficas, también se beneficiarán, pues la Ley obliga a garantizar los derechos y prestaciones sociales consagradas en la legislación nacional, en cada uno de los contratos.

• La Ley facilitaría los trámites de filmación en espacios públicos.

Prensa senador Carlos Ferro

La norma recibirá sanción presidencial, con el objetivo de institucionalizar la Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial.

Más allá de instaurar una cátedra en las instituciones educativas, el proyecto pretende crear mecanismos para generar un mayor impacto en los procesos orientados a la consolidación de una cultura ambiental que respalde la consolidación de la Política Nacional de Educación Ambiental, aprobada por el Consejo Nacional Ambiental del Sistema Nacional Ambiental (SINA- 2002).

Para el senador Carlos Ferro (Partido de la U), ponente de la iniciativa, "la educación ambiental aplicada a las acciones de los ciudadanos, debe contribuir de manera sistemática a la formación de sujetos responsables, informados, éticos, críticos y capaces de contribuir a la construcción de un país con mejores calidades humanas".

La iniciativa busca desarrollar proyectos concretos, que permitan a todos los actores sociales el alcance de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y responsables, frente al manejo sostenible del ambiente.

Por lo anterior, serán los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA), quienes se distribuyan responsabilidades relacionadas con la educación ambiental, además de la construcción de procesos interinstitucionales que promuevan la protección de los recursos naturales.

Al corto plazo, el proyecto espera responder directamente a los problemas relacionados con: cambio climático, biodiversidad, agua, manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre otros.

Pese a los esfuerzos, reconoce el senador, "es fundamental fortalecer la institucionalización para el desarrollo y apropiación de la educación ambiental en Colombia, a través de su incorporación en las entidades locales, regionales y nacionales, coordinando el trabajo entre las diferentes entidades y grupos de población, con competencias y responsabilidades en las problemáticas medioambientales".

Al respecto, el articulado establece que los ministerios de Educación; Ambiente y demás carteras asociadas al desarrollo de la Política, así como los departamentos, distritos, municipios, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, entre otros, deberán "incorporar en sus presupuestos anuales, las partidas necesarias para la ejecución de planes, programas, proyectos y acciones, encaminados al fortalecimiento de la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental".

Por lo anterior, no debe confundirse los alcances de este proyecto con la sola inclusión de una cátedra ambiental en los colegios y escuelas del país, pues, bajo la visión de Ferro, "la educación ambiental debe ser considerada como un proceso integral que trascienda la escuela y fortalezca al ciudadano a través de acciones cotidianas acompañadas de procesos liderados desde las mismas instituciones del Estado".

Prensa senador Carlos Ferro

La norma pasará a sanción presidencial, ofreciendo beneficios a las productoras nacionales e internacionales que filmen en el país, mediante la creación de un fondo de estímulos.

La Cámara de Representantes aprobó en último debate el Proyecto de Ley No. 220 de 2012 Cámara – 150 de 2011 Senado, "Por la cual se fomenta el territorio Nacional como escenario para el rodaje de Obras Cinematográficas".

El articulado dispone asignar recursos del Presupuesto Nacional para crear el Fondo Fílmico Colombia, el cual recibirá donaciones, transferencias y aportes en dinero, incluso contribuciones de cooperación internacional. En principio, el fondo recibirá $ 25 mil millones por parte del Estado, según indicó la ministra de Cultura, Mariana Garcés, autora del Proyecto.

"Sin duda, la aprobación de esta nueva Ley brindará mayores oportunidades al sector cinematográfico en Colombia, por complementar las posibilidades de fomento de la industria que ya había otorgado la Ley 814 del 2003. Sectores como el Turismo y la Cultura se beneficiarán directamente de la norma", expresó el senador Carlos Ferro (Partido de la U), ponente de la iniciativa en el Senado.

En lo relacionado con la contraprestación, las productoras de cine, que rueden total o parcialmente en el país, y además celebren contratos con Filmación Colombia, tendrán una contraprestación equivalente al 40% del valor de los gastos realizados en Colombia por concepto de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios cinematográficos.

A su vez, recibirán el 20% del valor de los gastos en hotelería, alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el manual de asignación de recursos.

Para el senador Ferro, la iniciativa también beneficia a los profesionales colombianos que sean contratados por parte de las productoras cinematográficas, pues estas quedarán obligadas a garantizar los derechos y prestaciones sociales consagradas en la legislación nacional.

Por último, Ferro Solanilla agradeció a los demás congresistas por el apoyo recibido durante los cuatro debates del proyecto, el cual considera "una oportunidad para fortalecer industrias nacionales como el Cine y el Turismo, generando así nuevas fuentes de desarrollo para el país".

Para tener en cuenta

• Este proyecto no reemplaza la Ley 814 del 2003 (Ley del Cine)
• La Ley facilitaría los trámites de filmación en espacios públicos
• La iniciativa apoya producciones nacionales y extranjeras, regidas por los decretos 358 de 2000 y 763 de 2009.
• La partida destinada al FFC sería considerada una adición al presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
• La Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal sobre los recursos del Fondo Fílmico Colombia.

Prensa senador Carlos Ferro

El congresista insiste en priorizar recursos en educación, ciencia y tecnología para los municipios, de esta manera "abrir nuevos escenarios y oportunidades para la innovación social".

Durante el Foro Transparencia e Innovación social y empresarial, convocado por la presidencia del Congreso, el senador Carlos Ferro (Partido de la U), manifestó que "el Estado tiene un compromiso con los municipios: aumentar los recursos para la investigación e incluir a los jóvenes de las regiones en los programas de innovación tecnológica".

De igual forma, el congresista precisó en la necesidad de garantizar un mayor presupuesto para la educación de los municipios más pobres del país, "bajo las condiciones actuales, es difícil que un niño de un municipio lejano a la capital, acceda a las mismas oportunidades que tienen quienes fueron educados en Bogotá", dijo.

Ferro resaltó los avances que ha tenido la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (1286 de 2009), respecto a las investigaciones respaldadas por Colciencias, sin embargo instó al Gobierno Nacional a promover la investigación en el campo.

"Si el Gobierno del Presidente Santos se ha propuesto reducir la pobreza, es fundamental que las regiones, en términos de equidad, participen en el desarrollo del país, para ello se requiere del acompañamiento en cada uno de los avances en el sector agropecuario, la generación de empleo, nuevos desarrollos tecnológicos, calidad de la educación y demás", sostuvo.

Además, invitó a los jóvenes a informarse y participar de los programas que actualmente promueve Colciencias, el Plan Vive Digital y los recursos del Departamento Nacional de Planeación, entre otros, los cuales respaldan iniciativas tecnológicas y de investigación que prioricen el desarrollo en las regiones.

"Para hablar de innovación se requiere pensar en la equidad, por ello, desde el Congreso nuestra tarea es avanzar en proyectos que garanticen la igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los ciudadanos, sobre todo para los jóvenes, actores claves del emprendimiento", finalizó.

Así lo establece el Proyecto de Ley 150/11 Senado, el cual pasará a discusión de la Cámara de Representantes, luego de haber sido aprobado por la plenaria del Senado.

La creación de un fondo que estimule a las empresas productoras de cine, nacionales e internacionales, para que filmen sus películas en el país, es uno de los objetivos principales de la iniciativa, cuya ponencia es del senador Carlos Ferro (Partido de la U).

En la práctica, se propone que del Presupuesto Nacional sean asignados recursos para el fomento de la producción cinematográfica en el país, con el fin de crear el Fondo Fílmico Colombia, el cual recibiría donaciones, transferencias y aportes en dinero, incluso contribuciones de cooperación internacional. Para iniciar, según indicó la ministra de Cultura, Mariana Garcés, el fondo recibiría unos $ 25 mil millones, por parte del Estado.

En general, la plenaria estuvo de acuerdo con el texto presentado por el senador Ferro, sin embargo, hubo dos artículos que recibieron modificaciones: el artículo 1°, relacionado con el objeto y, el artículo 9°, sobre la contraprestación.

Luego de la comisión de conciliación, conformada por los senadores Daría Galvis Méndez, Luís Fernando Duque, Samy Merheg, Alexander López y el ponente, senador Carlos Ferro, acordó incluir una modificación en el objeto de la iniciativa, tal como se muestra:
Artículo 1º. Objeto. Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio nacional como elemento del patrimonio cultural para la filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad turística y la promoción de la imagen del país, así como el desarrollo de nuestra industria cinematográfica.

Lo anterior, de manera concurrente con los fines trazados por las leyes 397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural del cine, todo ello dentro del marco de una política pública diseñada para el desarrollo del sector cinematográfico, asociado a los fines esenciales del Estado.

En lo relacionado con la contraprestación (artículo 9), el texto aprobado señala que las empresas productoras de cine, que rueden total o parcialmente en el país, y además celebren contratos con Filmación Colombia, tendrán una contraprestación equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los gastos realizados en Colombia por concepto de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios cinematográficos.

De igual forma, recibirán el veinte por ciento (20%) del valor de los gastos en hotelería, alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el manual de asignación de recursos.

En uno de los parágrafos modificados (segundo) se establece que el titular o productor cinematográfico deberá garantizar al personal que contrate o vincule laboralmente en el país, los derechos y prestaciones sociales consagradas en la legislación colombiana.

Por último, el senador Ferro Solanilla expresó su satisfacción no solo por el apoyo recibido durante los dos primeros debates del proyecto, sino además por la oportunidad que este representa para fortalecer industrias nacionales como el Cine y el Turismo, generando así nuevas fuentes de desarrollo para el país.

Prensa senador Carlos Ferro

Desde Barcelona, el senador Carlos Ferro acompañó al ministro de las TIC, quien en representación del país recibió el premio GSMA 'Gobierno de liderazgo', durante el Mobile World Congress.

Gracias al Plan Vive Digital, liderado por el Ministerio de las TIC, el país obtuvo el premio que reconoce los esfuerzos en materia de políticas innovadoras de telecomunicaciones, durante el evento, el senador Carlos Ferro (Partido de la U), reiteró la necesidad de avanzar en el desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar nuevas formas de desarrollo en Colombia.

"Ahora más que nunca el Gobierno, las instituciones y los ciudadanos, debemos reinterpretar los usos que damos a la tecnología, de tal manera que sectores como la salud, el buen gobierno, la educación, la responsabilidad ambiental, entre otros, se beneficien con todo tipo de adelantos digitales", sostuvo.

Es la primera vez que Colombia se lleva el galardón como el gobierno que tiene las políticas TIC más innovadoras en el mundo, en esta ocasión, el premio GSMA "Gobierno de Liderazgo", fue para el Plan Vive Digital, por ser considerada una política de telecomunicaciones innovadora con un alto impacto económico y social.

"Acompañamos al ministro Diego Molano en este importante reconocimiento, pues desde el Congreso hemos entendido el Plan Vive Digital como una estrategia para disminuir la pobreza e incentivar el desarrollo a través de la cultura digital", señaló Ferro.

El senador, miembro de la Comisión Sexta, resaltó algunos de los logros del Plan Vive Digital, entre ellos: la reducción en costos de conectividad en comparación con otros países de la región; subsidios para Internet dirigidos a los estratos más bajos; los más de 700 trámites y servicios desarrollados por Gobierno en línea, entre otros.

Los premios GSMA se entregan cada año en el Mobile World Congress, evento de tecnología más importante en el mundo, realizado en Barcelona, donde se reúnen más de 65.000 personas; ministros y reguladores de más de 141 países, y representantes y CIO de operadores, fabricantes, desarrolladores de aplicaciones y contenidos para móviles.

Prensa senador Carlos Ferro Solanilla