por la cual se otorgan beneficios a estudiantes de pregrado, con la calidad de estudiantes a partir de la vigencia de esta ley, de estratos socioeconómicos 1, 2 o 3 y se dictan otras disposiciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Diseñar un marco normativo que permita flexibilizar el sistema de créditos educativos brindados por el Icetex a estudiantes de bajos ingresos pertenecientes a estratos 1, 2 o 3, disminuyendo los costos mensuales educativos y aumentando las probabilidades de permanencia en la educación.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Iniciativa radicada por el honorable Representante Wilson Hernando Gómez Velásquez el 30 de agosto de 2010, bajo el numeral, Proyecto de ley 071 de 2010; posteriormente acumulado con el Proyecto de ley 101 de 2010, iniciativa de la autoría del honorable Representante David Barguil Assís.

Proyecto de ley asignado para su estudio y discusión por competencia a la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y por disposición de su Mesa Directiva, asignados como ponentes, los honorables Representantes Wilson Gómez Velásquez, Iván Darío Agudelo Zapata, Juana Carolina Londoño Jaramillo, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, Atilano Alonso Giraldo Velásquez, Dídier Alberto Tavera Amado, Wilson Neber Arias Castillo.

Para la ponencia de primer debate en dicha célula legislativa, se presentaron dos ponencias. Siendo aprobada la Ponencia Mayoritaria en sesión ordinaria de la honorable Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes los días 3 y 17 de mayo de 2011.

En sesión Plenaria del día 30 de agosto de 2011, fue aprobado en segundo debate el texto definitivo del Proyecto de ley número 071 de 2010 Cámara, acumulado con el Proyecto 101 de 2010 Cámara, por la cual se otorgan beneficios a estudiantes de pregrado, con calidad de estudiantes a partir de la vigencia de esta ley, de estratos socioeconómicos 1,2 o 3, y se dictan otras disposiciones.

En su trámite legal y reglamentario, es enviado a la Comisión Sexta del honorable Senado de la República, siendo el suscrito designado como ponente para primer debate, aprobándose el texto propuesto en sesión ordinaria del día 23 de mayo de 2012; y siguiendo las instrucciones de la Mesa Directiva designado nuevamente como ponente para segundo debate.

3. JUSTIFICACIÓN

En vista de las elevadas tasas de deserción universitaria, y el aumento de población joven que no puede tener acceso a la Educación Superior en razón a los costos educativos o falta de oportunidad económica, esta propuesta busca disminuir los costos mensuales educativos de los beneficiarios de créditos Icetex y aumentar las probabilidades de ingreso y permanencia de los mismos en la Educación Superior.

Aún más en vista de que el derecho al acceso a la educación superior tiene carácter prestacional y se traduce en la obligación del Estado de fomento al acceso a la Educación Superior, mediante los mecanismos que considere pertinentes, se hace necesaria la búsqueda e implementación de políticas que como esta propendan por tal fin.

Siendo la EDUCACIÓN, ca talogada Derecho Fundamental[1][1][1] y principal herramienta para la disminución de la Brecha Social, con la intención de concurrir en la búsqueda de la PROSPERIDAD EDUCATIVA; y bajo la plena observancia de lo que el Principio de Igualdad ordena en dar prioridad a la población económicamente vulnerable (focalización y redistribución de los recursos), se vislumbra lo que por vía Jurisprudencial, la Corte Constitucional ha señalado ampliamente y ha tenido a bien denominar ¿FACETA PRESTACIONAL¿ del Derecho a la Educación, en los siguientes términos:

¿El derecho al acceso a la educación superior tiene carácter prestacional y se traduce en la obligación del Estado de fomento al acceso a la educación superior, mediante los mecanismos que considere pertinentes (...).

El propio constituyente consideró relevante establecer como uno de los medios para el cumplimiento de esa obligación y la consecuente eficacia de esa faceta del derecho fundamental a la educación, el diseño e implementación de políticas de carácter financiero que faciliten el acceso al servicio de educación superior a la población interesada, y en condiciones de ingresar a ese ciclo de formación. En tal sentido, dispone el inciso 4° del artículo 69 de la Carta que: ¿El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior¿[2][2][2].

Así mismo no en vano el alto tribunal señala:

¿(...) Para el cumplimiento de la obligación descrita, el legislador ha decidido entregar al Icetex un papel protagónico en el escenario previamente esbozado. Así, el Instituto maneja recursos públicos prioritarios para el gasto social y su Junta Directiva posee amplias atribuciones en materia de desarrollo de políticas públicas para el acceso a créditos educativos. Imprescindible, por lo tanto, resulta indicar que sus funciones deben ser ejercidas dentro de la responsabilidad de ser garante por el respeto de la faceta de accesibilidad al derecho a la educación, por una adecuada gestión de los recursos y por la eficiencia y universalidad en la prestación del servicio (...)¿[3][3][3].

4. IMPACTO FISCAL

Según el Presupuesto que ha señalado el Gobierno que tiene destinado para este propósito es de 1.2 billones de pesos para implementar esta política en los próximos cuatro años.

PROPOSICIÓN 

Por lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a la Plenaria de la Corporación, dar segundo debate al Proyecto de ley número 120 de 2011 Senado, 071 de 2010 Cámara, 101 de 2010 Cámara, acumulados, por la cual se otorgan beneficios a estudiantes de pregrado, con la calidad de estudiantes a partir de la vigencia de esta ley, de estratos socioeconómicos 1, 2 o 3 y se dictan otras disposiciones, con el texto propuesto adjunto.

Presentado por:

Plinio Olano Becerra,

Honorable Senador Ponente.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE ALPROYECTO DE LEY NÚMERO 120 DE 2011 SENADO, 071 DE 2010 CÁMARA, 101 DE 2010 CÁMARA, ACUMULADOS

por la cual se otorgan beneficios a estudiantes de pregrado, con la calidad de estudiantes a partir de la vigencia de esta ley, de estratos socioeconómicos 1, 2 o 3 y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1°. A todos los estudiantes beneficiarios de créditos para educación superior de pregrado, otorgados por el Icetex, pertenecientes a estratos socioeconómicos 1, 2, o 3, se les concederá un subsidio equivalente al ciento por ciento (100%) de los intereses generados por dicho crédito durante la vigencia del mismo. Por tanto, el beneficiario deberá asumir el pago sólo del capital actualizado en el IPC anual.

Artículo 2°. Así mismo, para incentivar la permanencia y calidad, se concederá una condonación de la deuda de los créditos de educación superior otorgados por el Icetex, de acuerdo a lo que reglamente el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la sanción de esta ley y que cumplan los siguientes requisitos básicos:

1. Que los resultados de las pruebas SABER PRO (Anterior ECAES), estén ubicados en el decil superior en su respectiva área.

2. Haber terminado su programa educativo en el periodo señalado para el mismo.

Artículo 3°. La Nación garantizará y destinará al Icetex los recursos requeridos para compensar los ingresos que deja de percibir por los conceptos anteriores.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean con-trarias.

Presentado por:

Plinio Olano Becerra,

Honorable Senador Ponente.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE AL PROYECTODE LEY NÚMERO 120 DE 2011 SENADO, 071 DE 2010 CÁMARA, 101 DE 2010 CÁMARA, ACUMULADOS

por la cual se otorgan beneficios a estudiantes de pregrado, con la calidad de estudiantes a partir de la vigencia de esta ley, de estratos socioeconómicos 1, 2 o 3 y se dictan otras disposiciones, en la Comisión Sexta del Senado, sesión del día 23 de mayo de 2012.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. A todos los estudiantes beneficiarios de créditos para educación superior de pregrado, otorgados por el Icetex, pertenecientes a estratos socioeconómicos 1, 2, o 3, se les concederá un subsidio equivalente al ciento por ciento (100%) de los intereses generados por dicho crédito durante la vigencia del mismo. Por tanto, el beneficiario deberá asumir el pago sólo del capital actualizado en el IPC anual.

Artículo 2°. Así mismo, para incentivar la permanencia y calidad, se concederá una condonación de la deuda de los créditos de educación superior otorgados por el Icetex, de acuerdo a lo que reglamente el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la sanción de esta ley y que cumplan los siguientes requisitos básicos:

1. Que los resultados de las Pruebas SABER PRO (Anterior ECAES) estén ubicados en el decil superior en su respectiva área.

2. Haber terminado su programa educativo en el periodo señalado para el mismo.

Artículo 3°. La Nación garantizará y destinará al Icetex los recursos requeridos para compensar los ingresos que deja de percibir por los conceptos anteriores.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Así quedó establecido en el proyecto de Ley, impulsado por el partido de la U, que cursó su último debate en la plenaria de senado y que ahora pasa a sanción presidencial.

La iniciativa autoría del Representante a la Cámara por Bogotá WILSON HERNANDO GÓMEZ, elimina la tasa de interés que causaba un préstamo para los jóvenes que querían acceder a un crédito con el ICETEX, ocasionando deudas impagables a miles de familias colombianas.

En adelante cualquier joven del estrato 1 - 2 ó 3 que quiera acceder al crédito, podrá hacerlo con la tranquilidad que no tendrá que pagar un solo peso durante la época de estudio, que tendrá hasta dos años de gracia y que el subsidio a la tasa será durante la vigencia del crédito.

Con esta Ley de la República se garantiza educación superior a los mas pobres de nuestro país para que se hagan a un título profesional y puedan competir en un mercado laboral que cada día es mas exigente, y que sólo genera oportunidades para quienes tienen acceso al conocimiento.

Ahora las familias en Colombia podrán obtener un crédito y ver crecer profesionalmente a sus hijos con el acompañamiento del Estado a través del subsidio de la tasa de interés, ya que el ICETEX dejará de funcionar como banco tradicional, para convertirse en una institución de carácter social que contribuye al desarrollo del país, a través del acceso a la educación de los colombianos.

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende penalizar el abandono a los padres por parte de los hijos.

La iniciativa que es de autoria del representante Wilson Gómez, argumenta que hoy en Colombia existe una legislación que lleva a la cárcel a los padres que abandonan a sus hijos, pero no existe legislación para un hijo que abandona a su padre. 

"Vamos a dar cárcel a los hijos irresponsables que abandonen a sus padres en Colombia, para que aquellos hijos que tengan recursos garanticen la manutención a sus padres que no tienen una pensión, que no tienen un trabajo y que no tienen la posibilidad de subsistir por sus propios medios", indicó el representante. 

Agregó que las cifras vienen demostrando, para el caso concreto de Bogotá, que 20 adultos mayores son abandonados diariamente, demostrándose que el adulto mayor se ha convertido en un estorbo en la casa y en la calle para la sociedad. 

"Generalmente la población está en condición de vulneración en dos etapas de la vida, cuando se es niño y cuando se está viejo, después de haber superado los 60 años. En las sociedades modernas al adulto mayor se le privilegia muy bien, considerándolo el tesoro de la sociedad, pero en Colombia infortunadamente no ocurre esto", manifestó Wilson. 

La pena de cárcel irá entre 32 a 60 meses, en la eventualidad de que el caso de abandono no sea tan grave, puede ser excarcelable, pero si la pena supera los cuatro años, se debe pagar la pena en una cárcel.

Al cumplir 40 años de labores en la formación de miles de colombianos que hoy ejercen  sus diferentes profesiones en el país y en el exterior, la Cámara de Representantes confirió la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar a la Corporación Instituto de Administración y Finanzas CIAF, con sede en Pereira (Risaralda).

La distinción en el grado Cruz Comendador, fue promovida por el representante por Bogotá Wilson Gómez Velásquez, del Partido de la U, en reconocimiento al trabajo académico de la CIAF en la formación integral de los profesionales que demanda la región del Eje Cafetero y el país.

La condecoración fue impuesta por el presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, quien resaltó la tarea de la Corporación como una institución de educación superior que imparte formación en distintas áreas del conocimiento para preparar a los profesionales colombianos para el mundo globalizado.

Al imponer la condecoración al rector de la institución Carlos Eduardo Rodríguez Pulido, el congresista Gómez Velásquez destacó el aporte al desarrollo educativo del Eje Cafetero que ha hecho la CIAF en cuatro décadas de labores académicas con visión social.

La Corporación Instituto de Administración y Finanzas fue creada en 1972 en respuesta a las necesidades de educación y desarrollo personal que tenían en la región los trabajadores de escasos recursos y con limitaciones de tiempo para acceder a la educación en jornadas diurnas en razón de su jornada laboral.          

El representante a la Cámara por Bogotá Wilson Gómez Velásquez (La U) calificó de inoportuna e improvisada la medida del Distrito que ordena reubicar a más de 15 mil estudiantes de primaria y bachillerato dentro del proceso de reorganización de la oferta educativa y matriculas para el año lectivo 2012.

Advirtió sobre el alto impacto social que causará esta decisión de la Secretaría de Educación Distrital (SED) a principios del año entrante cuando los padres de familia y los propios alumnos se vean sorprendidos por el traslado de colegios contratados con privados a instituciones educativas oficiales con disponibilidad de cupos.

“Esta situación traerá caos porque el año escolar ya se cerró en Distrito Capital, los rectores se van de vacaciones y ya más de 16 mil estudiantes tenían sus cupos asignados por convenio con los colegios contratados por la Secretaría de Educación”, aseguró Gómez Velásquez al cuestionar el momento inoportuno para expedir la resolución No. 3699.

Dicha resolución, firmada el 24 de noviembre pasado, cobija a entre 14 mil y 18 mil niños y jóvenes que en el 2011 estudiaron en colegios por contrato con la SED y que en el 2012 deben ser reubicados en establecimientos educativos públicos pertenecientes al Distrito.                  

Al preguntar a la Alcaldía Mayor de Bogotá si tiene un plan de contingencia para afrontar el caos que se puede presentar al iniciar el año académico del 2012, el representante Gómez Velásquez advirtió sobre posibles protestas y manifestaciones de los padres de familia de los estudiantes que tendrán que cambiar de colegio, lo que traumatizaría el comienzo del año escolar.    

Para que responda por el colapso vial que se registra en el país como consecuencia de la ola invernal y por la falta de medidas eficaces para prevenir la accidentalidad en las carreteras nacionales fue citado al Congreso de la República el ministro de Transporte, Germán Cardona.

El debate de control político fue convocado por el representante a la Cámara por Bogotá Wilson Gómez Velásquez (partido de la U) ante la gravedad de los problemas que se presentan en varios departamentos por los bloqueos y cierres de corredores viales a causa de la destrucción de las vías de comunicación terrestre. 

“El Ministro Cardona tiene que darle la cara al Congreso para que le cuente al país cuál es la dimensión de la crisis vial que tiene en emergencia a la Nación y que amenaza con agudizarse ante las fuertes lluvias que azotan a todo el territorio”, dijo Gómez al presentar la proposición de citación en la Comisión VI de la Cámara de Representantes.

Las preguntas que el Ministro de Transporte debe responden tienen que ver con las pérdidas ocasionadas por el invierno en la infraestructura vial, los recursos que el Gobierno Nacional ha destinado para afrontar los daños y cuáles son las medidas adoptadas por el Ministerio e Invías para garantizar la movilidad en el país.

Gómez Velásquez también cuestionará a Cardona por la falta de previsión de su cartera para vigilar y controlar la expedición de licencias de tránsito y de certificados de revisión técnico-mecánica, lo que ha llevado al aumento en los últimos meses de la accidentalidad vial, con un alto saldo de victimas.

El representante a la Cámara por Bogotá Wilson Gómez Velásquez, del partido de La U, autor de la eliminación de los intereses del crédito Icetex, aseguró que con esta decisión el Congreso está garantizando el acceso de más jóvenes de bajos recursos del país al sistema de educación superior.

Destacó la alianza del Congreso y el Gobierno para sacar adelante en la Cámara el proyecto de Ley que establece el subsidio de los intereses generados por los préstamos otorgados a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 para cursar sus carreras técnicas, tecnológicas y profesionales.

“Lo que ha hecho el Congreso es tender una mano a los jóvenes más pobres para que puedan acceder a la educación sin que nada sea regalado ni se atente contra las finanzas del Icetex”, dijo Gómez al señalar que los estudiantes deben devolver el capital más el IPC causado durante la vigencia del crédito.

En un debate realizado en la Comisión VI de la Cámara con asistencia de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y la presidente del Icetex, Martha Lucía Villegas, se puso de relieve el modelo de crédito del Icetex como ejemplo y referente para varios países de Latinoamérica.

“Muchos países quieren copiar la fórmula de eliminar los intereses de los créditos estudiantiles por el impacto que produce en los jóvenes que necesitan del apoyo del Estado para continuar o cursar sus carreras profesionales, y de paso combatir la deserción”, afirmó el legislador.

Con el subsidio a la tasa real del crédito educativo, como quedó consagrado en el artículo 150 del Plan Nacional de Desarrollo, se abre la posibilidad de ingreso a la educación superior estatal a más de 200 mil estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de todo el país en los próximos 4 años, puntualizó Gómez.

La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de Ley que elimina el cobro de intereses al crédito que otorga el Icetex a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 para cursar sus carreras profesionales y tecnológicas.

La plenaria de la corporación le dio vía libre por unanimidad a la iniciativa de autoría del representante a la Cámara por Bogotá Wilson Gómez Velásquez, del Partido de la U, que ya había recibido su aprobación en primer debate en la Comisión VI en mayo pasado.

Más de 50 mil jóvenes de todo el país, principalmente de escasos recursos económicos podrán tener acceso a la educación superior sin pagar un solo peso de interés por el préstamo durante el tiempo en que estén estudiando. Únicamente tendrán que devolver el capital cuando terminen la carrera.

El proyecto, que pasa ahora al Senado de la República para surtir dos debates más, establece que los estudiantes solo pagarán el valor del crédito más la inflación causada de acuerdo con las cifras del DANE.

Además contempla como estímulo una condonación del 100% a los estudiantes de Sisbén 1, 2 y 3 que obtengan los mejores resultados en las pruebas Saber Pro (antes Ecaes). Y como premio al esfuerzo, a los jóvenes por graduarse se les hará una condonación del 25% de todo el capital girado.

“El impacto de este proyecto avalado por la Cámara está en que el subsidio de educación superior o eliminación de los intereses del crédito queda como una Política de Estado que permanece en el tiempo y que no está al vaivén del obernante de turno, que puede decidir cambiarlo o mantenerlo", afirmó el autor Gómez Velásquez.

Un polémico proyecto de Reforma Constitucional, que pretende crear la figura de los 'vices' en las Alcaldías y Gobernaciones del país, será radicado en los próximos días ante el congreso de la República.

La iniciativa pretende que así como el presidente de la República tiene su Vicepresidente, los Gobernadores y Alcaldes tengan su vicegobernador y su vicealcalde, respectivamente.

El proyecto nace por los más recientes casos de suspensión o destitución de algunos gobernantes como el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y el gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, cuyos sucesores provisionales fueron nombrados mucho tiempo después de la fecha en que se hizo efectiva su destitución del cargo.

Según el representante a la Cámara del partido de la U, Wilson Gómez, la iniciativa pretende evitar que cada vez que un gobernador o un alcalde sea destituido de forma definitiva, su 'vice' tenga la obligación de asumir de forma automática el cargo, sin necesidad de gastar dinero en la convocatoria de elecciones atípicas o designar una terna para la escogencia de su sucesor.

“Cada vez que un mandatario regional es destituido, sancionado o secuestrado, eso representa una falta absoluta de ese funcionario y de inmediato, el Estado debe acudir a unas elecciones, eso ha conllevado a que el Estado incurra en unos gastos supremamente altos”, dijo Gómez.

Los funcionarios en estos cargos no tendrían funciones específicas, como el Vicepresidente de la República, pero sí podrían desempeñarse en el cargo que les impusiera el gobernante, por ejemplo, en la Alcaldía de Bogotá, un 'vice' podría ser Secretario de Gobierno, Secretario de Salud, o de Educación y hacer parte del gabinete, con la única función de reemplazar al alcalde cuando éste no pueda seguir en el cargo.

El representante Wilson Gómez dijo que teniendo una figura de 'vice' en las diferentes alcaldías nos evitaríamos polémicas como las que se generaron en torno a la elección de un alcalde encargado para la ciudad de Bogotá, cuando Samuel Moreno fue suspendido por primera vez por parte de la Procuraduría.

En ese caso, el presidente Santos duró aproximadamente un mes para escoger a Clara López como alcaldesa encargada de la ciudad, de una terna que tuvo que ser modificada con previo concepto del Consejo de Estado, debido a que en principio uno de los candidatos estaba impedido para asumir el cargo.

Fuente: RCN Radio

Para garantizar la protección del adulto mayor, los hijos que abandonen a sus padres podrían ser castigados con penas de cárcel de 4 a 6 años, según un proyecto de Ley del representante a la Cámara por Bogotá, Wilson Gómez Velásquez, del partido de la U.  

La iniciativa, que será radicada en los próximos días, contempla esa sanción en los casos graves en que los padres son abandonados en las calles, hospitales y asilos o albergues, que son las modalidades más comunes en el país.

La propuesta busca no solo asegurar el cuidado y protección de las personas mayores de 60 años en el largo plazo, sino contribuir a preparar a la sociedad para el futuro y concienciar a los hijos sobre su responsabilidad intergeneracional de asistir a sus padres.

El código penal colombiano no penaliza de manera directa el abandono de las personas de la tercera edad por parte de sus descendientes.

“Se propone establecer que quienes no provean a sus padres de las condiciones mínimas para vivir sean sancionados con penas de cárcel”, dijo Gómez Velásquez al advertir sobre el creciente problema de abandono de los adultos mayores.

Según las estadísticas más recientes, 15 ancianos aparecen diariamente abandonados en Bogotá, y en otras ciudades del país se calcula que entre 1 y 3 personas mayores corren la misma suerte en el día.

La población adulta en Colombia es de 6’050.552 personas, que corresponde al 11,5 por ciento de los 44 millones de colombianos. Para el 2015 se estima que habrá 10,5 millones de mayores de 60 años, que se concentrarán principalmente en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Atlántico, Bolívar y Tolima.

Por unanimidad, la Comisión VI de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto que establece que los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 del país no pagarán ningún interés por los créditos educativos otorgados por el ICETEX para cursar carreras profesionales, técnicas y tecnológicas.

El proyecto de autoría del representante por Bogotá, Wilson Gómez Velásquez, del partido de U, beneficiará a más de 50 mil jóvenes, quienes podrán tener acceso a la educación superior sin pagar un solo peso de interés por el préstamo durante el periodo de estudio.

Los estudiantes solo tendrán que pagar el capital prestado cuando terminen la carrera, más la inflación causada de acuerdo con las cifras del DANE, generados en el periodo de amortización, señala el proyecto que pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara.

Además contempla, para incentivar la permanencia y combatir la deserción en la educación superior, que hoy supera el 45 por ciento, una condonación de la deuda de los créditos a los estudiantes pertenecientes al Sisbén 1, 2 y 3 y que obtengan los mejores resultados en las pruebas Saber Pro (antes Ecaes).

“Lo que buscamos con este beneficio a los estudiantes de pregrado es que el subsidio de educación superior sea una Política de Estado que permanezca en el tiempo y que no esté al vaivén del gobernante de turno, que puede decidir cambiarlo o mantenerlo,  afirmó el autor Gómez Velásquez.

El subsidio de los intereses del crédito educativo fue incluido, por iniciativa de los miembros de la Comisión VI de la Cámara, en uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que será sancionado por el presidente de la República Juan Manuel Santos en los próximos días.

En el 2011 el ICETEX tiene previsto entregar 53.930 nuevos créditos y renovar 209.000 por un valor total de 714.900 millones de pesos. El 97,4 por ciento de los préstamos educativos se otorgan a jóvenes de los estratos 1, 2 y 3.

Como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional que declaró  inexequibles los decretos del Gobierno de la segunda emergencia social, la reconstrucción de 2.277 escuelas y colegios de todo el país, principalmente de la zona rural, quedó en vilo por la falta de recursos.

Así lo advirtió el representante a la Cámara por Bogotá Wilson Gómez Velásquez, del partido de La U, luego de una reunión de los miembros de la Comisión VI de la Cámara baja con la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo.

Las sedes educativas, afectadas por la ola invernal de fin de año, que dejó más de 2 millones de damnificados, están ubicadas en 355 municipios pertenecientes a 19 departamentos, entre ellos los de la Costa Atlántica.

“La preocupación es por cerca de 556 mil niños y jóvenes que están recibiendo clases en carpas y tambos porque sus escuelas y colegios sufrieron graves daños a causa de la fuerte ola invernal del año pasado”, afirmó Gómez Velásquez.    

Explicó que para reubicar o reconstruir esas sedes educativas se requieren  cerca de 700 mil millones de pesos, recursos que estaban incluidos en el decreto 020 de 2011, mediante el cual el Gobierno declaró la emergencia por la calamidad pública del 2010 y que la Corte dejó sin efecto.

“Es urgente tramitar un proyecto de Ley para apropiar los recursos que permitan continuar con el proceso de reconstrucción de los establecimientos educativos porque la situación puede empeorar con la llega de la segunda temporada invernal”, dijo el legislador de La U.

De las escuelas y colegios que resultaron afectados por el duro invierno que azotó el territorio nacional el año anterior, se han readecuado 200, en los que se han invertido 30 mil millones de pesos.  

Una encuesta realizada por Datexco en 13 ciudades del país para el Opinómetro Colombia, reveló que el 80,2 por ciento de los colombianos están de acuerdo con el proyecto de Ley radicado en el Congreso que busca castigar con penas de 4 a 6 años de cárcel el uso indebido de armas blancas.

El 17,6 por ciento de los encuestados dijo no estar de acuerdo con la iniciativa legislativa y el 2,2 por ciento no sabe no responde, según los resultados de la encuesta contratada por EL TIEMPO y La W, realizada el 22 de marzo del 2011.

Los encuestados, 700 hombres y mujeres mayores de 18 años, fueron consultados por teléfono en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva y Manizales, entre otras capitales.

El proyecto para sancionar con cárcel el porte de armas blancas fue presentado por el representante a la Cámara por Bogotá, Wilson Gómez Velásquez, del partido de La U, al reiniciarse las sesiones ordinarias del Congreso con el fin de que sea tramitado en la presente legislatura.

La pena de presión que se propone en la iniciativa equivale a la que hoy se impone a quienes portan armas de fuego sin salvoconducto, según el Código Penal de Procedimiento.

“Lo que se busca es reducir un importante porcentaje de la violencia urbana que está disparada en el país y mejorar la percepción de seguridad ciudadana”, sostiene Gómez Velásquez, al señalar que armas cortopunzantes y contundentes son utilizadas para cometer homicidios, lesiones personales, robos y atracos.

Según las estadísticas oficiales, el 15 por ciento de los delitos en el país se cometen con  armas blancas, mientras en Bogotá la cifra alcanza el 35 por ciento. Anualmente se decomisan en promedio 500 mil cuchillos en el país.             

Las autoridades de tránsito del país tienen la obligación de notificar oportunamente, mediante un Mandamiento de Pago, a los infractores para interrumpir la prescripción de los comparendos antes de vencerse los 3 años que contempla la norma vigente del Código Nacional de Tránsito.     

Igualmente las secretarías de Tránsito, de Movilidad o el organismo competente del municipio, tendrán 5 años como máximo, contados a partir de la imposición del comparendo, para hacer efectivo el cobro de las obligaciones generadas por las infracciones a las normas de tránsito.

Estas aclaraciones quedaron consignadas en el proyecto de Ley 013 de 2010, aprobado en primer debate por la Comisión VI de la Cámara de Representantes, y que modifica el artículo 26 de la Ley 1383 de 2010 (Código nacional de Tránsito). Así mismo contempla que la prescripción será decretada de oficio o a solicitud de parte. 

El ponente de la iniciativa, representante por Bogotá Wilson Gómez Velásquez, del Partido de La U, dijo que con las precisiones jurídicas a la norma vigente se busca que los municipios y Distritos no sigan perdiendo recursos por deficiencias administrativas para ejecutar los cobros o por la prescripción de los comparendos.

En el proyecto que pasará en los próximos días a segundo debate en plenaria de la Cámara, también se cambió el término ‘locaciones’ por ‘infraestructuras’ con el fin de que la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional pueda invertir parte de los recursos que recibe por concepto de multas en la adquisición y construcción de inmuebles para suplir las necesidades del servicio.

Gómez Velásquez recordó que en el caso de Bogotá, el Distrito perdió cerca de 287 mil millones de pesos que hoy no se pueden recuperar por haberse dado la figura jurídica de la prescripción de la acción ejecutoria para el cobro de las sanciones.

“Con estas normas se pretende agilizar los cobros jurídicos y embargos a los infractores morosos, quienes al ser notificados por el Mandamiento de Pago, no tienen disculpa de pagar sus deudas y ponerse al día por concepto de comparendos”, aseguró el congresista del partido de La U.         

Por iniciativa del representante a la Cámara por Bogotá Wilson Gómez Velásquez, del Partido de La U, fue aprobada la eliminación de los intereses del crédito educativo del Icetex para los estudiantes de estratos bajos dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que aprobó el Congreso en primer debate en las comisiones económicas. 

Con el nuevo artículo del PND se favorecerá a los jóvenes de escasos recursos del país, quienes deben acudir a la universidad privada ante la imposibilidad de encontrar un cupo en las instituciones de educación pública.

Con cero intereses, un joven o cualquier colombiano que acceda a un crédito del Icetex, tendrá que retornar, una vez haya culminado sus estudios, solo el capital que recibió como préstamo y no los costosos intereses que les cobran, como sucede en la actualidad. 

Según quedó consignado en el articulado del PND, la Nación garantizará y destinará al Icetex los recursos necesarios para compensar los ingresos que deja de recibir al no cobrar los intereses del crédito educativo para universitarios de estratos 1, 2 y 3.

No obstante haber sido incluido el artículo en el Plan de Desarrollo, el representante Gómez Velásquez anunció que continúa con el proyecto de su autoría en la Comisión VI de la Cámara, pues el PND es una ley transitoria que tiene un término definido, y la idea es que el subsidio del 100 por 100 de los intereses sea una política de Estado.

Las personas que porten o utilicen armas blancas en sitios públicos o privados sin justificación y que pongan en peligro la vida o la integridad física de los ciudadanos o afecten su patrimonio económico, podrían ser castigadas con penas de prisión de cuatro a seis años.

Además, la sanción mínima para quienes reincidan en el porte indebido de este tipo de armas -cuchillos, navajas, puñales, machetes, manoplas, leznas y mazos- y tengan antecedentes penales, puede ser aumentada en una sexta parte y la máxima hasta en la mitad.

Así lo establece el proyecto de Ley radicado por el representante a la Cámara por Bogotá, Wilson Gómez Velásquez, del partido de La U, que penaliza en Colombia el porte de armas blancas y/o cortopunzantes o contundentes.

La iniciativa, puesta a consideración de la Cámara Baja, define como arma blanca todo instrumento, máquina o elemento que sirva para atacar o defenderse, y cuya utilización ponga en riesgo la vida. No están catalogadas como tales las herramientas o elementos con fines laborales.

El proyecto esta avalado por el presidente de La U, senador Juan Lozano, y suscrito por los representantes Eduardo Díaz Granados (Magdalena), Gerardo Tamayo (Santander), Carlos Hernández Mogollón (Norte de Santander), Didier Burgos (Risaralda) y Alfredo Molina (Cundinamarca).

Gómez Velásquez, explicó que las más recientes cifras sobre violencia y delincuencia urbana reflejan que este tipo de armas han cobrado mucha importancia en la comisión de delitos de gran impacto social como homicidios, hurtos y lesiones personales.

La Policía Nacional, según el proyecto, será el organismo encargado de expedir el carné o permiso especial a personas que por razón de su oficio o trabajo tienen que portar cualquier instrumento catalogado como arma blanca, y el DAS alimentará la base de datos de los infractores.

En el año 2009 en Colombia se cometieron 15.817 homicidios, de los cuales 2.372 fueron con armas cortopunzantes y ocurrieron principalmente en Bogotá, Medellín y Cali. Esta cifra es coherente con el número de cuchillos que se decomisan en promedio al año en el país: 500 mil.

En el caso de Bogotá, en el 2009 se registraron 1.645 homicidios, de los cuales el 61 por ciento fueron con armas de fuego y el 32 por ciento (532) con armas o elementos cortopunzantes.

Soy Codirector Nacional del Partido de la U. Una vez en el Congreso conseguí la elección como codirector del partido; desde allí trabajo para consolidar las propuestas de nuestro presidente Juan Manuel Santos, que buscan mejorar las condiciones de vida de los colombianos. También defiendo la participación de nuestros líderes en las próximas elecciones.

Como Representante, he defendido siempre a los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y la población en condición de discapacidad para que se les garanticen plenamente sus derechos.

Como iniciativas legislativas, radiqué al asumir mi curul el proyecto de Ley que ELIMINA LOS INTERESES del crédito educativo del ICETEX para beneficiar a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3; propuse que EL SUBSIDIO DE VIVIENDA SE CONVIERTA EN LA CUOTA INICIAL y que SE ELIMINE EL AHORRO PROGRAMADO. Acompaño como ponente el proyecto que condona las deudas por comparendos de tránsito, pero que impone mayores controles de ahora en adelante a los conductores infractores.

Debates de control político; ocho días después de tomar posesión adelanté el primer debate de control político sobre inseguridad en las calles de Bogotá; otro sobre la falta de oportunidad a los jóvenes para acceder a la educación; defendí a los campesinos de la Sabana de Bogotá para evitar que les arrebaten sus tierras sin un pago justo por ellas; también defendí la necesidad de construir el sistema metro de Bogotá para que la ciudad de el salto a la modernidad.

Siempre proponiendo: propuse una campaña de protección temporal que permita atender a los niños y niñas víctimas de la ola invernal en Colombia a través de familias o fundaciones que quieran asumir su custodia de manera temporal. Propuse reformar el Estatuto Orgánico de Bogotá para darles facultades de control político a los Ediles sobre Alcaldes y funcionarios; defendí el reconocimiento de la reposición de votos a candidatos a las Juntas Administradoras Locales, beneficio que tendrán para las próximas elecciones.

Pensar en grande, es nuestro compromiso y así hemos actuado. Cada intervención, cada propuesta, siempre la hago pensando en las familias que me acompañaron para llegar al Congreso de Colombia, los niños y niñas, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y la población en condición de discapacidad, siempre están en mi memoria.

El representante a la Cámara por Bogotá (la U) Wilson Gómez Velásquez anunció que continuará trabajando como autor del proyecto que busca  subsidiar la tasa de interés del crédito de educación superior para que esta iniciativa se convierta en Ley y por ende, en política de Estado.

Al acoger la decisión del presidente Juan Manuel Santos de bajar los intereses que cobra el ICETEX del 12 y 16 por ciento al 4 por ciento, dijo que insistirá el año entrante para que el proyecto que cursa en el Congreso sea aprobado con el fin de que a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 no tengan que pagar intereses por el préstamo para poder estudiar.

“No voy a desistir en mi propósito de que haya cero intereses para que los estudiantes de bajos recursos puedan acceder a la educación superior”, aseguró al señalar que con una política de Estado, el Gobierno de turno no puede reversar la decisión tomada hace unos días por el presidente Santos.  

Al presentar su informe de gestión de los 5 meses que lleva en la Cámara de Representantes, Gómez Velásquez resaltó el trabajo realizado para defender las causas sociales en temas de educación, vivienda, bienestar, seguridad y a la población menos favorecida de Bogotá y del país.

Los debates de control político citados por el legislador de La U en el inicio de la legislatura tienen que ver con la problemática de inseguridad en la capital del país, la falta de oportunidad de los jóvenes para acceder a la educación, la defensa de los campesinos de La Sabana para impedir que les arrebaten sus tierras sin un pago justo y la necesidad de construir el metro para Bogotá.     

“He cumplido a cabalidad defendiendo las causas de los míos”, dijo al destacar que como Representante ha trabajado por los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y la población en condición de discapacidad para que se les garanticen sus derechos.

Una campaña de protección temporal que permita atender a los niños victimas del fuerte invierno a través de familias o fundaciones que quieran asumir su custodia de manera voluntaria, la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá para darles facultades de control político a los Ediles sobre Alcaldes Locales y funcionarios y la defensa del reconocimiento de la reposición de votos a candidatos a las Juntas Administradoras Locales a partir de las próximas elecciones, figuran entre las propuestas promovidas por Gómez Velásquez entre julio y diciembre del presente año.                 

Anunció como una de sus tareas para el 2011 la presentación de un proyecto de Ley que busca que el subsidio de vivienda se convierta en la cuota inicial para adquirir vivienda social y se elimine el ahorro programado, que podría pagarse con la ampliación del plazo de 15 a 18 ó 20 años.

Como codirector del Partido de la U, Gómez Velásquez concentró su trabajo en el impulso y consolidación de las propuestas de gobierno del presidente Santos que buscan mejorar las condiciones de vida de los colombianos y en la apertura de espacios de participación democrática para quienes aspiran a las corporaciones públicas en las próximas elecciones.         

Con penas de cárcel iguales a las que se aplican por el porte de armas de fuego sin salvoconducto, propuso sancionar el representante a la Cámara por Bogotá Wilson Gómez Velásquez, del Partido de La U, el uso indebido de armas blancas, que en el país han contribuido en los últimos años a aumentar los delitos de alto impacto social.

El legislador anunció la presentación de un proyecto de ley que establece hasta cuatro años de cárcel para quienes porten armas cortopunzantes y contundentes, que son utilizadas en la comisión de delitos como homicidios, lesiones personales, robos y atracos, entre otros.

“La tendencia es que en Colombia el porte de armas blancas viene creciendo, toda vez que no existe una legislación que penalice esa práctica”, dijo Gómez Velásquez, al señalar que el 15 por ciento de los delitos en el país cometen con armas blancas, mientras en Bogotá la cifra alcanza el 35 por ciento, según las estadísticas oficiales.

Explicó que se hace necesario que tal como sucede con el porte de armas de fuego sin salvoconducto, contemplado en el Código de Procedimiento Penal, también el porte de un arma blanca sea justificado o de lo contrario castigado.

“Quien sea cogido en las calles sin ningún tipo de permiso oficial o justificación para portar armas blancas (cuchillos, navajas, machetes, manoplas,   debe ser sancionado con cuatro años de cárcel para evitar que esa pena sea excarcelable, sostuvo el congresista de La U.

Agregó que la tendencia mundial demuestra que los delincuentes portan armas blancas para evadir a las autoridades y en caso de ser capturados salir rápidamente de nuevo a las calles a cometer delitos, precisamente por el vacío jurídico que este en la penalización del porte de estas armas.

La iniciativa busca reducir un importante porcentaje de la violencia urbana que hoy sufre el país y mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía, que según las encuestas, señala que después del desempleo el problema que más les preocupa es la inseguridad.

En el año 2009 en Colombia se cometieron 15.817 homicidios, de los cuales 2.372 se perpetraron con armas cortopunzantes y ocurrieron principalmente en las grandes capitales: Bogotá, Medellín y Cali. Esta cifra es coherente con el número de cuchillos que se decomisan en promedio al año en el país: 500 mil.

En el caso de Bogotá, en el 2009 se registraron 1.645 homicidios, de los cuales el 61 por ciento fueron con armas de fuego y el 32 por ciento (532) con armas o elementos cortopunzantes.

“Estas cifras reflejan que este tipo de armas ha cobrado mucha importancia como instrumento de violencia y delincuencia”, dijo Gómez Velásquez, al asegurar que es evidente la necesidad de controlar y judicializar el porte de armas en el país.    

Una campaña de protección a través de la adopción temporal y voluntaria de las niñas y niños que han quedado desprotegidos como consecuencia de la calamidad que vive el país por la ola invernal, propuso al Gobierno el representante a la Cámara por Bogotá, Wilson Gómez, del partido de La U. 

En carta dirigida a la Primera Dama de la Nación, María Clemencia de Santos, señala que la cruzada consiste en llamar a la solidaridad de los colombianos para que voluntariamente y con el acompañamiento del Instituto de Bienestar Familiar apadrinen a un niño o niña victima del invierno, hasta tanto las familias afectadas se puedan reubicar y volver a la normalidad. 

Gómez Velásquez propone que la adopción se haga de manera directa o indirecta para que las personas que deseen proteger a los menores de edad lo hagan en su hogar o por medio de Fundaciones que los acojan con respaldo económico de las familias benefactoras. 

El siguiente es el texto completo de la carta: 


Doctora: 

MARÍA CLEMENCIA DE SANTOS 

Primera Dama de Colombia 

Palacio de Nariño 

Ciudad 

Apreciada Primera Dama: 

Preocupado por la difícil situación por la que atraviesan las familias colombianas victimas de la ola invernal, pero sobre todo, de los niños y niñas que han quedado completamente desprotegidos como consecuencia de la calamidad que vive el país, quisiera por su conducto, proponerle al Gobierno Nacional que se inicie una campaña de protección temporal a los menores que lo han perdido todo. 

Para este propósito, la cruzada de protección consiste en llamar a la solidaridad de los colombianos para que de manera voluntaria y con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) apadrinen a un niño o niña victima del invierno de manera temporal, hasta tanto el Gobierno encuentre los mecanismos legales y económicos que permitan a las miles de familias afectadas reubicarse y retornar a la vida normal. 

Dicha protección puede hacerse de manera directa o indirecta para que la familia que desee apadrinar a uno de los menores de edad lo haga en su hogar o a través de fundaciones que los acojan con respaldo económico de las familias benefactoras, y así también brindarles afecto y amor. 

La buena intención y voluntad que han demostrado los colombianos para ayudar a sus compatriotas frente a esta tragedia sin antecedentes, debe canalizarse en beneficio de los más débiles, en este caso de las niñas y niños que por el desastre natural que sufre la Nación han quedado desamparados. 

De usted con consideración, 

Wilson Hernando Gómez Velásquez 

Representante a la Cámara 

Partido de La U. 

El proyecto del metro, obra que le marcará el rumbo a Bogotá en la próxima década, no solo sacará del atraso a la ciudad en materia de sistemas modernos de transporte masivo, sino que la acercará al futuro como metrópoli productiva y competitiva en el contexto internacional.  

Por esa razón, el Partido de La U, al que represento en el Congreso de la República, es un aliado para que este megaproyecto se haga realidad y contribuya a generar riqueza y equidad para los capitalinos, que hoy lo ven como una alternativa para solucionar los graves problemas de movilidad que amenazan con agudizarse en el corto plazo.

La discusión sobre la viabilidad del metro para Bogotá debe sustraerse de todo interés político para aterrizarla en el terreno de lo que más le conviene a la ciudad atendiendo el interés general y sin entrar en la disputa de si es el metro o más Transmilenio.

Claro que se necesita extender el Transmilenio con la construcción de nuevas Troncales por la Avenida Boyacá, la carrera 68 y la Avenida Primero de Mayo, pero sin perder de vista que en el presente siglo la columna vertebral de los sistemas masivos de transporte en el mundo es el metro.

Para que esta fórmula, metro y más Transmilenio se pueda materializar,   tampoco hay duda de que la Nación tendrá que hacer un esfuerzo presupuestal, que ya quedó garantizado en el documento Conpes de Movilidad Integral para la Región-Capital expedido por el Gobierno Uribe, compromiso refrendado por el presidente Juan Manuel Santos.

Y Bogotá no se va a quebrar ni a endeudarse por largos años. Precisamente una de las bondades de la construcción del metro es el proceso de renovación urbana que se da en la ciudad y que genera riqueza y obviamente, mejores condiciones de vida para los habitantes de la capital.

El metro, lejos de ser un error para Bogotá y de beneficiar a los ricos, como algunos sectores lo han vendido a los bogotanos, es el trampolín para que la capital del país de un salto a la modernidad para enfrentar el año 2038, en el que cumplirá 500 años de fundación.

Como representante de la U en Bogotá mi compromiso es ayudar a jalonar este tren, en el que en un futuro muy cercano millones de ciudadanos se puedan montar para conectarse con Transmilenio, el Tren de cercanías y los cables, tal como lo contempla el Sistema Integrado de Transporte, lo constituirá la verdadera revolución de la movilidad en la ciudad región.