Desde hace unos meses está rondando por las calles, carreteras y campos de Colombia, la iniciativa de un referendo por el agro. Aquí les presento mi lista de motivos para sumarse a esta iniciativa. 

1. Soy un agrodescendiente

En honor a mi origen, por respeto al campo. Todas y todos los colombianos tenemos nuestra ascendencia en las zonas rurales, de allí proviene el grueso de la población que, por distintos motivos, ha migrado a las ciudades. 

Como hijo del campo del suroeste antioqueño, conocedor de los tiempos de la vida en las regiones rurales, considero que es necesario apoyar las apuestas que opten por mejorar las condiciones de vida en esas zonas.

2. Mi plato está lleno gracias al campesino

El 70 % de nuestros alimentos son producidos por campesinos. No es un secreto para nadie que las urbes de nuestro país dependen del arduo trabajo de los y las campesinas que trabajan la tierra y sacan de ella productos como el tomate, las hortalizas, la papa, la cebolla, el platano, el arroz, el café, las frutas y el resto de productos agrícolas que se nos ocurran.

Con el esfuerzo cotidiano del campesinado, podríamos garantizar soberanía alimentaria en todos los niveles. No obstante, con los Tratados de Libre Comercio nuestros campesinos están sumidos en el atraso y la miseria, tienen dificultades para competir en condiciones muy desiguales con productos foráneos, muchas veces de menor calidad y procedencia desconocida.

3. Proteger lo propio

Como ya lo dije, los efectos nocivos de los Tratados de Libre Comercio hacen que cada día se hundan más las posibilidades de alimentarnos soberanamente. La enorme brecha que favorece a las multinacionales del agronegocio, inunda el mercado con opciones aparentemente más baratas que hacen que los productores agrícolas nacionales deban rebajar sus precios, haciendo muy poco rentable la actividad.

Pero no todo está perdido. Nos han hecho creer que los TLCs no son renegociables, lo cual es una gran mentira ya que, si bien tienen la naturaleza de tratado internacional, no hacen parte del bloque de constitucionalidad. Esto quiere decir que lo único que se necesita para renegociar un TLC es un gobierno con la voluntad política de defender la producción y el trabajo de los colombianos, o un mandato constitucional que así lo imponga: un referendo por el agro.

4. Defender el territorio

Existe en nuestro país una tendencia a la urbanización. Sin embargo, el campesinado es fundamental para la vida en las ciudades como protector de las fuentes hídricas y conocedor de los ciclos de la tierra, garantiza que podamos desarrollar nuestra cotidianidad en las urbes.

Con los TLCs, la concentración de la tierra, los conflictos armados, el monocultivo y una enorme lista de problemáticas, es casi un milagro que sobreviva el campesinado y de su existencia depende la defensa del territorio.

Garantizar la permanecia en el territorio es la razón de ser del campesino y este referendo nos permitirá tener más herramientas legales para que no desparezca la cultura campesina. Esto implica el respaldo a toda territorialidad construida por el campesinado, entre ellas las Zonas de Reserva Campesina reconocidaspor la ley 160 de 1994. 

5. Por la vida de las mujeres rurales

Según el Censo Nacional Agropecuario del DANE, en cerca del 60 % del área rural dispersa del país los hombres toman las decisiones de producción sobre la tierra.

La proporción para las mujeres fue el 24 %. En el 16,5 % de los casos las decisiones se toman entre ambos, lo que quiere decir que, en total, las mujeres deciden sobre el 40,5 % del área rural productiva. 

Para solucionar esta inequidad dentro de la situación ya compleja del campo, necesitamos garantizar acceso a la tierra y permanencia en el territorio, además de visibilidad de las problemáticas. Estas condiciones solo las lograremos si reformamos la Constitución.

6. En la memoria del Paro Agrario de 2013

Las carreteras del suroeste antioqueño fueron un escenario inolvidable para mi formación como líder. El Paro Cafetero de mediados del 2013, que calentó motores para lo que fue una de las moviliaciones más significativas de la historia del país, fue mi escuela en el mundo de la movilización en el campo.

Este referendo asume como propias muchas de las demandas hechas por los campesinos en esas movilizaciones. Pone a servicio de sus necesidades las herramientas constitucionales y legislativas que la ciudadanía tiene a la mano.

7. Para atacar la desigualdad

En pleno siglo XXI, en nuestro país, tan solo el 0,4% de la población posee el 46% de la tierra. La desigualdad se mantiene y se refleja en la enorme concentración de la propiedad de la tierra.

En tiempos de paz, el campo debe atravesar por reformas reales que permitan solucionar las problemáticas históricas que lo han aquejado, en Colombia no habrá desarrollo rural equitativo mientras la posesión y el uso de la tierra no cambien. Los niveles de concentración se mantiene en los
niveles de hace 100 años.

Para ponerle los puntos sobre las íes a este fenómeno, el referendo por el agro propone reformar el artículo 64 de la contitución, con la intención de promover el efectivo aprovechamiento económico y la función social de la propiedad rural, garantizando los derechos de los campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes, protegiendo la producción y soberanía nacional.    

8. Para respaldar la agricultura familiar, campesina y comunitaria

El Censo Nacional Agropecuario anunció que el 93,7% de los  trabajadores pertenecen a los hogares en las Unidades de Producción Agropecuaria con menos de 50 hectáreas. Esta cifra confirma la gran importancia de la agricultura familiar, que consideramos como un sistema socioeconómico de pequeña escala,  gestionada y operada por el núcleo familiar, por la comunidad o por asociaciones mutuales u otras formas autogestionarias del territorio rural.

Creemos que su propósito,  el autoabastecimiento y aprovechamiento tradicional de la tierra, garantiza la seguridad y soberanía alimentaria pero necesita un blindaje legal que le permita persistir. Por ello es necesaria la renegociación de los TLCs que demanda el referndo.

9. Contra el hambre

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), América Latina y el Caribe es la primera región del mundo en alcanzar las dos metas internacionales de reducción del hambre. Sin embargo, 34 millones de personas todavía padecen hambre en la región, es decir, no cuentan con los medios suficientes como para acceder a los alimentos disponibles en la cantidad y calidad requerida.

Garantizar mejores condiciones en el campo será de paso velar porque el hambre sea cada vez más un fantasma y no una realidad. Firmar el referendo por el agro es caminar hacia el encuentro de condiciones para una producción alimenticia soberana que pueda atacar esta problemática.

10. Por la dignidad

Nuestro campo es vida y defenderlo es un deber de toda la ciudadanía. La útima razón de mi lista, no por eso la menos importante, es la dignidad.

Para que no sigan pisoteando nuestra soberanía, para que no tengamos un campo sin campesinos, para que nos escuchen, para que haya leyes que le den el lugar que se merece a quienes día a día se levantan antes que el sol para regar cultivos y podar plantar. Para que Colombia sea un mejor lugar... ¡Yo firmo el referendo por el agro! 

Cuando empezamos a hablar de la cárcel,  acostumbramos perder de vista asuntos obvios. Se nos olvida que no todos los que están en la cárcel son delincuentes, así como que no todos los delincuentes están en la cárcel; perdemos de vista la humanidad de los que están en estos centros y generalizamos peligrosamente negándoles derechos que tienen por el solo hecho de ser humanos.

En Colombia, para el mes de enero de este año, se encontraban 120.736  personas privadas de la libertad, el 35% permanecen allí sin que un juez de la Repúlica les resuelva si son inocentes o culpables y, a pesar de que el derecho dice que mientras no se les pruebe lo contrario son inocentes, la realidad los trata como culpables de la forma más atroz, pues no solo se les priva de la libertad en muchos, muchísimos casos, se les priva de su familia, de su trabajo, de su educación, de la salud, e incluso de la vida.

Pero más allá de estos datos, que deberían bastar para pensarnos seriamente en la forma como en sociedad aplica la privación de la libertad, tenemos que dejar de buscar el muerto río arriba. La solución no es construir más cárceles, o meterlos en contenedores, o redistribuirlos por todo el país. Entre diciembre del 2015 y enero del 2016, ingresaron 292 personas a centros carcelarios, esto es, casi 9 personas por día a purgar penas superiores a 5 años. Así no hay sistema penitenciario que aguante, sin olvidar que no todos los delitos son procesados y mucho menos llevados hasta la sentencia.

Hemos subido penas de manera constante, eliminado garantías para los procesados, endurecido la regla por más de 20 años consecutivos y la tendencia de la criminalidad a juzgar por el número de condenados es al aumento, podríamos pensar que hay una mayor efectividad de los órganos policiales y judiciales pero si esto fuera cierto las cárceles no estarían saturadas de sindicados sin que nadie les resolviera su situación.

En Colombia, el 'arrume' de cuerpos dentro de la cárcel -o hacinamiento- ha mantenido una tasa global de un 54% con una tendencia al aumento sostenida en el tiempo. Tenemos al 0.2% del país tras las rejas y, curiosamente, el crimen no ha cedido.

Debemos pensar en otras soluciones, despenalizar conductas, hacer más rigurosa la imposición de la medida de aseguramiento, robustecer el sistema judicial, reforzar el sistema de defensores públicos abrumados por un numero inhumano de casos que deben atender, darle materialidad al preámbulo de la constitución y poner el acento en lo social del Estado social de derecho.

Promuevo el deshacinamiento no por amor a la delincuencia sino por el sentimiento básico de humanidad, por el principio de legalidad; porque cuando el Estado se reserva la facultad de castigar a los ciudadanos también dice que lo hará con arreglo a la dignidad humana, si no se puede castigar sin hacer perder la dignidad entonces que no se castigue, pero no podemos ser cómplices como sociedad de la tortura masiva, a miles de connacionales muchos de ellos inocentes que se les niega todo por el afán de castigar como si con esto solo bastara para mejorar la sociedad.      

Víctor Javier Correa Vélez
Representante a la Cámara por Antioquia
Polo Democrático Alternativo

El proyecto de ley que cursa en el Congreso para un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, le otorga poderes exorbitantes y arbitrarios a la Policía Nacional y a las autoridades con funciones de Policía. Ello, además de constituir una afrenta contra los Derechos Humanos de los colombianos, socava el intento que diversos actores se han trazado para recuperar la confianza de los ciudadanos respecto a esa institución. El proyecto de código no sólo afecta a los ciudadanos, también a la Policía Nacional.

Es necesario que todos los actores sociales, políticos y académicos, sumemos esfuerzos para que la propuesta  de  archivar  el  proyecto  de  Ley  obtenga  el  apoyo  político  necesario  y  no  sea  la aplanadora oficial la que imponga un Código Nacional de Policía obsoleto que favorece relaciones sociales basadas en la desconfianza hacia los ciudadanos. Es deber de todos proteger a los ciudadanos y a la misma imagen de la Policía Nacional, evitando que se le asignen funciones que erosionan su rol en la sociedad. El llamado es para que de forma colectiva y participativa se construya un código basado en la confianza ciudadana.

El referido proyecto de ley da la espalda a las propuestas contemporáneas que conciben la seguridad ciudadana como un concepto integral que debe abordarse desde diversas aristas. El texto del Código centra la atención exclusivamente en la faceta represiva del poder de policía desconociendo los factores sociales que generan la delincuencia, el carácter institucional de la prevención del delito y la perspectiva de derechos humanos que impone la Constitución de 1991 para tratar un asunto tan relevante.

Como sostuve en otro momento, el modelo de seguridad ciudadana que debe contener el Código Nacional de Policía debe sujetarse a los cuatro principios básicos que se recogen en el informe de 1994  del  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD).  Esto  significa  que  debe contener una perspectiva de universalidad, interdependencia de sus componentes, carácter personal y enfocado en la prevención.

Contrariando los principios señalados, el nuevo Código Nacional de Policía ratifica una visión organicista, peligrosista y perfeccionista del poder de Policía. El proyecto termina siendo una excusa para perseguir a la comunidad LGTBI, criminalizar expresiones artísticas callejeras, ratifica la actitud peligrosista frente a los jóvenes e impone una determinada ‘moral social’ basada en un control social perfeccionista.

De ser aprobado el proyecto de Ley, se permitirá que el poder del Estado imponga determinadas comprensiones del rol institucional recordándonos los totalitarismos de mediados del siglo XX; que induzca de manera preferente algunas formas de relacionamiento ciudadano segregando otras construcciones culturales y de género; que estigmatice ciertas manifestaciones de afecto como si todavía estuviésemos en un orden puritano; y que censure diversas formas de expresión cultural y social, como si existiesen criterios universales sobre la estética. Ni la urbanidad de Carreño aspiro a tanto.

Desde hace muchos años se viene advirtiendo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Constitucional, la inconstitucionalidad que se presenta cuando por medio de políticas públicas, en este caso de seguridad, el Estado interviene para limitar o suspender desproporcionadamente  el  núcleo  esencial  de  los  Derechos  Humanos.  En  este  sentido,  la posibilidad de que la Policía y las autoridades con funciones de policía intervengan en la libertad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y el domicilio suponen unas competencias irrazonables para un Estado de Derecho que se basa en el respeto de los Derechos Humanos.

Esperemos que sea recibido con actitud democrática este llamado a la construcción de un Código Nacional de Policía y de Convivencia basado en la confianza hacia los y las ciudadanas, que contenga una perspectiva integral de la seguridad y que tenga un enfoque de derechos humanos.

Se sabe que el hoy representante a la Cámara por Antioquia, Victor Correa Vélez,  fue líder en el proceso de la MANE, pero ahora prueba seguir su lucha por la educación del país frente a los grandes tribunales. Para esta ocasión presenta una acción de nulidad contra la resolución 02041 de 2016, emitida el pasado 3 de febrero por el Ministerio de Educación Nacional, ya que, según el representante, "está normativa atenta contra la pluralidad del conocimiento y la Autonomía.

La resolución "establece las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado"; es decir que modifica los requisitos para la acreditación de los programas de licenciatura. Ante esto, el Congresista del Polo Democrático Alternativo, expresa que el Ministerio adolece de la competencia necesaria para expedir esta regulación y que resulta contraria a la ley 30 de 1992 que contiene las normas en las cuales debía fundarse"

Agrega que esta "excede la potestad otorgada por la Constitución y la ley ya que al emitirla no tuvo en cuenta los reiterados pronunciamientos del H. Consejo de Estado y la H. Corte Constitucional y agrede la capacidad de autodeterminación de las Universidades.

Frente al mecanismo, expresó que "este tipo de acciones las puede presentar cualquier ciudadano, yo sólo hago mi papel en defensa de la educación".

Vale la pena recordar que en días pasados en un debate de control político, Correa Vélez repitiendo la conocida arenga estudiantil que reza "jugo`e mora para el gobierno que se demora" le entregó un jugo de mora a la ministra Gina Parody, expresando que lo merecía por los 22.000 estudiantes de Antioquia que se habían demorado 60 días para iniciar calendario académico (  http://www.victorcorrea.com.co/un-jugo-de-mora-para-la-ministra/ )

Entre tanto, Correa convoca a espacios de diálogo y debates en las diferentes universidades para exponer y recoger más argumentos sobre la regulación que establece el Ministerio, "pues son los estudiantes y comunidad universitaria, quienes deben llevar a profundidad el análisis de esta coyuntura".

Parlamentarios de América Latina y el Caribe se comprometen con la lucha contra el hambre .

El gobierno nacional en cabeza de los ministerios de vivienda y transporte presentaron, con mensajes de urgencia al Congreso de la República, el proyecto de ley 175, que modifica la recién aprobada ley de infraestructura, generando mecanismos de expropiación administrativa mucho más agiles y expeditos. A mi parecer, en dicho proyecto se esconden enormes amenazas para los colombianos más pobres, tras el loable propósito de permitir el desarrollo del país.

El desarrollo de la infraestructura del país es, sin duda, necesario para mejorar las condiciones de producción y competitividad, así como para generar bienestar y equidad; lastimosamente, también puede servir para profundizar brechas, desplazar comunidades y concentrar la riqueza, construyendo modelos de exclusión social y marginalidad. Todo depende de la manera en que se planeen, proyecten y ejecuten los proyectos.

En toda Colombia la intencionalidad se ha dejado ver; abundan los proyectos y megaproyectos de infraestructura urbana y rural, que han sido impuestos de manera arbitraria, desconociendo las dinámicas propias de las comunidades y su arraigo al territorio, generando violencia, desplazamiento y profundizando la pobreza. Basta mirar ejemplos como lo ocurrido con Hidroituango en Antioquia, donde cientos de campesinos y mineros artesanales terminaron protestando durante 6 meses en la ciudad de Medellín, por la falta de reconocimiento de sus derechos; caso similar es el del municipio San Carlos, municipio también perteneciente a Antioquia, en el cual la construcción de una obra de desarrollo fue el principal motor de la violencia.

También abundan los ejemplos urbanos como el desplazamiento forzado, causado en el barrio la Cruz, en los pilotos de los modelos de intervención del Jardín circunvalar, los planes parciales de Naranjal y Moravia, el puente de la madre Laura en Puerto nuevo, el plan de renovación Urbana de ciudad paraíso en Cali o el plan parcial de la comuna San José en Manizales.

El modelo en todos los casos es similar, parte primero por desconocer el derechos de los habitantes al acusarlos de falta de propiedad, actuando al margen de los problemas de titulación predial tan serios que existen en nuestro país, luego viene el censo donde no se incluyen a todos los núcleos familiares, o todas las personas que derivan su sustento económico de un territorio, sean propietarios o no, después el mecanismo de compensación no es justo y no se repara integralmente la perdida objetiva del afectado: quien tenía casa, no obtiene casa; quien tenía actividad productiva, no recibe una en igualdad de condiciones, y además, quizá más grave, en los procesos de reparación y reubicación se rompe con el arraigo territorial y el tejido social que en comunidad se ha construido, vecinos y vecinas que se apoyan, la relación con la tienda del barrio o vereda, el “Good will¨etc.

Para agravar el enfoque, muchas veces los beneficios que se obtiene de los desarrollos de la  infraestructura no terminan sirviendo a quienes históricamente habitan el  territorio; por ejemplo, en el plan parcial de Naranjal, los vivienditas, recicladores, pequeños industriales,  mecánicos, comerciantes,  cuando fueron reconocidos o los trasladaron a un predio en condiciones inferiores a las que ya poseían o, mejor dicho, los desplazaron, en ningún caso permanecen allí para disfrutar del mejoramiento urbano, máxime con la presión que generan las constructoras que avanzan en proyectos de vivienda de altos estratos que claramente no son para quienes allí habitan, gran negocio, compran a huevo y venden a oro pasando por encima de quien sea necesario.

Este proyecto de ley  que está haciendo curso, considero, contribuye a facilitar los procesos de expropiación para acelerar la implementación de proyectos bajo la intencionalidad ya argumentada. De una manera sucinta reduce los tiempos de expropiación administrativa a tan solo un mes, mediante cambios en los mecanismos de notificación y proceso de negociación; podrán notificarse en formas tan inadecuadas como al primero que abra la puerta del bien, además quienes tras 30 días luego de la oferta de compra no logren acuerdo con el gobierno tendrán que recibir lo que se encuentre en su avalúo catastral.

Si bien una de las aristas de la discusión presentada por el gobierno nacional tiene también razones de peso, hay que decir que no responde a la realidad de la mayoría Colombiana. Argumenta el ejecutivo que muchas obras hoy están detenidas por que grandes capitales y pules de abogados han inflado los precios de los predios por donde trascurren importantes proyectos de infraestructura para desfalcar al estado. Rayaría con lo absurdo si quisiese desconocer esa realidad; no obstante, lo cierto es que estos grandes capitales pertenecen a una pequeña minoría que, además, tiene gran poder político, y la flexibilidad propia de los capitales de inversión sería suficiente con acomodar su modelo de negocio ante la nueva realidad jurídica, comprando predios cerca la zonas de derrame de la valorización, o financiando campañas para orientar el desarrollo de los proyectos desde los mecanismos de cooptación al poder o la llamada puerta giratoria.

Entonces quienes en ultimas serán el verdadero objeto de esta ley serán las comunidades mayoritarias del país, que a su vez son las más excluidas, las que no tiene el poder político ni el poder económico para incidir efectivamente en el poder institucional, nuestros  indígenas, campesinos, afrodescendientes y las personas en situación de pobreza, luego temo sea esta una ley para expropiar pobres en beneficio de los grandes capitales, las inmobiliarias y constructoras,  las empresas concesionarias y las multinacionales.

En Medellín 49 planes parciales están pendientes por ser ejecutados. En principio algo positivo sí es para el disfrute de quienes habitan los territorios,  pero los antecedentes en Medellín nos muestran algo distinto. Otro punto, quizá el que más asalta mi temores, es el de los anuncios hechos en los primeros debates, donde se sugiere que podrían incluirse en estos mecanismos express las expropiaciones de  tierras de interés  para  proyectos energéticos y mineros, lo que sumado a las llamadas licencias ambientales express  configura un paquete de  agresión que amenaza con entregar nuestras tierras a intereses de pequeñas minorías económicas.

victorcorrea.com.co/?p=411 

El día martes 04 de noviembre en el Congreso de la República, concretamente en la Cámara de Representante, fue presentado para debate un acto legislativo de origen  en el ejecutivo, que tiene como fin unificar los periodos de alcaldes y gobernadores, a la par que a los actuales les da la posibilidad de reelegirse.

Dicho proyecto, a juicio de este servidor, es una atentado directo a la democracia en tanto permite que se formen grandes empresas electorales capaces de arrasar de tajo, en un único periodo de elecciones, con las estrechas posibilidades de las minorías políticas, y contribuyendo a fortalecer un estado presidencialista donde el balance de pesos y contrapesos se pierde en lo regional, configurando  un bloque hegemónico de poder, aún más grandes que aquel que ya tenemos; además se esconde en argumentos carentes de valides como expresar que juntando todos las elecciones en un único año nos libra de los negativos efectos para la ejecución pública de la llamada Ley de Garantías.

Pero bueno, no escribo este artículo con la intención de explicar asuntos relacionados con el proyecto, algo que ya hice con vehemencia en el capitolio nacional, si no para poner de manifiesto los dilemas éticos que enfrentamos en nuestro ejercicio aquellos que pensamos de corazón en una nueva política, al ver llevado al límite nuestros formas para  conseguir objetivos tan loables como proteger nuestra democracia.  En este caso para hacerle frente a esta reforma constitucional que amenaza profundamente las posibilidades de nuestro partido y viola nuestra constitución, optamos por retirarnos del recinto, y así  no contribuir el establecimiento del cuórum necesario para su aprobación, acción que tuvo el efecto esperado.

Las críticas no se hicieron esperar, muchas de aquellos partidos que querían su trámite, otras y quizás las más duras, desde mi propia conciencia, desencadenadas al romper un pacto interno que hacía de este método uno ajeno a mi proceder, ¨si doy los debates me quedo a perderlos¨, no obstante   permanecer en el recinto no planteaba un dilema menor,  ya puesto a prueba en las primaras votaciones de los impedimentos presentados por algunos compañeros para el trámite de dicha reforma constitucional, estando también sobre la mesa  otro elemento de juicio a ser ponderado, miembros de mi bancada en una decisión propia a sus métodos decidieron retirarse desde el principio del recinto.

Siendo así dos porciones importantes de mi propia conciencia entran en choque, aquella que me pide permanecer, y aquella que me pide frenar el proyecto y acompañar a mi bancada, mi visión frente a una visión no menos válida que la de mis compañeros y frente a un fin superior. Hoy,  ya habiendo tenido la posibilidad de reflexionar con mayor profundidad en la corta noche previa al reinicio de actividades parlamentarias llego a algunas conclusiones, que por cierto en estos debates propios de la ética no concluyen si no que concilian:

- Pensar culpar a la oposición por hacer oposición es incurrir en un error político,  más si se tiene en cuenta que los parlamentarios gobiernistas no se presentaron en su totalidad al debate y esto afectó notoriamente el cuórum, y que el método utilizado por nosotros  en  este caso  en esencia no riñe ni  con la ética y ni  con la estética, pues es la abstención un mecanismo valido en la democracia, más  en una restringida donde difícilmente podemos desde nuestra posición minoritaria incidir en el curso de las decisiones; vengo de espacios donde los argumentos convencen, y es claro que en este pese a los argumentos se procede por los acuerdos preexistentes y la presión de un ejecutivo que poco respeta la separación de poderes.

- Desde el consecuencialismo  y las concepciones teleológicas de la ética uno podría decir que el fin máximo perseguido por nuestra acción (proteger nuestra democracia), era ético,  por lo  menos  en clave de nuestra propia visión política, por lo que el medio utilizado era totalmente justificable, más como ya le he dicho, este no es en sí mismo una afrenta ni ética, ni estética, ni legal, el dilema se plantea entonces  en la dimensión de mi propia humanidad, mis métodos  enfrentados a una visión también valida  y correcta de hacer política, llevándome a la  riña con una visión deontológica de la ética: las acciones que mi ser me reclama deben ser hechas asumiendo con estas las consecuencias.

En últimas la decisión fue tomada, me retiré del recinto antes dela votación alcanzando el resultado esperado, por lo menos esa noche el proyecto no fue aprobado, aunque el dilema interno continúa en tanto dos acciones aparentemente  correctas se contraponen y ni con la una ni con la otra podría encontrar paz.

 ¨Bienvenido Victor a las vicisitudes y ponderaciones del ejercicio de una nueva política en el congreso de la república¨.