El regalo de curules a las Farc

No es un capricho afirmar que las 10 curules para las Farc en el Congreso de la República que fueron aprobadas en primer debate en el proyecto de Acto Legislativo que regula la reincorporación política del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, son regaladas.

 

Si bien, no me opongo a la creación del Partido político de las Farc porque creo que debe existir el tránsito de la violencia a la política, no es justo que al Congreso vayan a llegar los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad de las Farc, más aún sin haber pagado un solo día de cárcel, sin entregar el dinero producto del narcotráfico y sin devolver los niños reclutados.

 

Esto sería tal como decir que ‘Iván Márquez’, responsable de reclutar, violar y asesinar a cientos de niños en Colombia, saliera a dar lecciones de moral.

 

Con todas las fallas de nuestro sistema político, es el pueblo, el Constituyente primario, el que escoge democráticamente lossenadores y representantes que integran el Congreso de la República. Es decir, un Congreso legítimo que ahora, con este acuerdo, va a ser vulnerado. El resultado de esto será que, mientras los actuales congresistas llegamos con votos, los representantes de las Farc van a llegar con muertos.

 

Y aunque el Gobierno insista en el argumento que no serán representaciones entregadas a dedo porque el partido de la guerrilla participará en las elecciones, la verdad es que sin importar el número de votos obtenidos, se les garantizará 10 escaños, lo que a todas luces serán unas curules regaladas y sin legitimidad.

 

Un agravante adicional será que el partido por el que se presenten los exintegrantes de las Farc, no solo van a recibir recursos del Estado sino que harán política con los dineros producto del narcotráfico y de actividades ilegales que no han devuelto, sin contar con los disientes que actuarán como su brazo armado.

 

Por si fuera poco, también buscan que los responsables de las más graves atrocidades contra nuestra sociedad puedan aspirar a la Presidencia de la República, propuesta a la que también me opuse.

 

Es por eso que pienso que además del regalo de 10 curules para las Farc, sería más sensato si se otorgara el mismo número de escaños para las víctimas de la guerrilla, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, sean estas civiles o miembros de la Fuerza Pública, proposición que presenté en la Comisión Primera de Cámara.

 

De este modo se construirá una verdadera reconciliación entre los colombianos, habrá una real reparación y justicia que no premie a los victimarios.

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"Proponemos 5 curules para víctimas de las Farc en Senado y 5 en Cámara"

El representante Santiago Valencia González propuso este miércoles la asignación de cinco curules adicionales en Senado y cinco en Cámara para las víctimas de las Farc, en desarrollo del debate del proyecto de Acto Legislativo que regula la reincorporación política del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

 

La proposición que modifica el artículo transitorio 3 del artículo 1 del proyecto contempla la asignación de dichas curules a víctimas de la guerrilla, ya sean civiles o miembros de la Fuerza Pública durante los periodos 2018–2022 y 2022-2026.

 

“Si les van a regalar cinco curules a la Farc, nosotros estamos proponiendo que entonces también se les den cinco a las víctimas en el Senado y cinco en la Cámara en aras de manifestarse en la búsqueda de la paz”, sostuvo Valencia.

 

El Representante expresó su desacuerdo en que al Congreso vayan a llegar los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad  de las Farc.

 

“Yo no me he opuesto al Partido de las Farc, creo que debe existir el tránsito de la violencia al partido de las Farc ¿Pero por qué quienes van han participar tienen que ser los que cometieron los peores crímenes? ¿Cuál es el ejemplo para la democracia que un señor de estos venga al Congreso a dar lecciones de moral?”, se preguntó Valencia.

 

Por último, precisó que el Ministro del Interior debería rechazar las condiciones en que se pretende dar participación política a la guerrilla.

 

“Si realmente el ministro Cristo creyera en la recuperación de la democracia, sería el primero que se opondría a que esos bandidos, sin pagar un solo día de cárcel, sin devolver la plata del narcotráfico y sin devolver los niños reclutados, pudiesen llegar al Congreso”, finalizó.

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Pedimos a entes de control intervenir en contrato de helicópteros rusos

Ante los múltiples cuestionamientos generados por el contrato entre la Organización de Naciones Unidas y la empresa rusa UTair Helicopter para el transporte de funcionarios del organismo en su misión de monitoreo y verificación de la desmovilización de las Farc, el representante Santiago Valencia González le pidió a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, intervenir para establecer presuntas irregularidades en este proceso.

 

Según la Asociación de Pilotos de Helicópteros de Colombia, además de afectar gravemente la generación de empleo de la empresa nacional que se dedica a esta labor, la operación de aeronaves MI-8MTV por parte de la compañía extranjera, viola la reglamentación aérea colombiana.

 

“Según los pilotos de helicópteros desde el año 2004 no les está permitido operar en Colombia a dichas aeronaves porque no poseen “certificado tipo”, el cual es un elemento esencial para la operación segura de aeronaves”, señaló el Congresista.

 

Añadió que “de acuerdo a la denuncias de este gremio, dicha empresa no cumple con los requisitos contemplados en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia parte 3. “actividades aéreas civiles” y 4. “normas de aeronavegabilidad y operación de aeronaves”.

 

Además, Valencia dijo que “es importante que los entes de control verifiquen los riesgos para la seguridad aérea debido al desconocimiento que de la topografía colombiana tienen los pilotos rusos y los altos niveles de accidentalidad de estas aeronaves que tienen más de 30 años de uso”.

 

El Congresista advirtió de la responsabilidad que tuvo la empresa extranjera en el abuso sexual de una menor de edad en el Congo cuando realizaba operaciones para la ONU en el año 2000.

 

El Representante enfatizó que “mientras las empresas nacionales de transporte en helicóptero se están cerrando, el Gobierno prefiere contratar estos servicios con una empresa extranjera”.

 

De los 10 helicópteros que se espera realicen estas operaciones, dos ya han llegado al país.

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En 2014 Gobierno certificó ilegalidad migratoria de Tanja Nijmeijer

 

 

El Congresista pidió al Gobierno aclarar condición de la holandesa

 

Tras haber establecido la condición migratoria irregular de la ciudadana holandesa Tanja Nijmeijer durante su permanencia en Colombia, el representante Santiago Valencia González le pidió este martes al Ministerio de Relaciones Exteriores aclarar el estatus de la guerrillera de la Farc tras conocerse su ingreso al país.

 

Valencia citó la respuesta del derecho de petición de Migración Colombia con fecha del 23 de septiembre de 2014 en el que la entidad afirmó que Nijmeijer no contaba con permiso temporal de permanencia ni con salvoconducto.

 

 

“Esperamos que ahora el Gobierno aclare e informe sobre la condición de la extranjera y que su presencia en el país no viole las normas migratorias”, dijo Valencia.

 

 

El Representante sostuvo que de no tener los requisitos en regla, la holandesa debería ser expulsada de manera inmediata del país.

 

 

“La única forma en la que ella podría tener sus papeles en regla, sería mediante el trámite de obtención de la nacionalidad colombiana, y para que se le otorgue la nacionalidad a un extranjero, tiene que haber hecho grandes aportes a la nación”, expresó.

 

 

Nota: Se adjunta derecho de petición.

 

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Nos retiramos de la votación para no incurrir en prevaricato

 

El representante Santiago Valencia González advirtió este miércoles en el debate de refrendación de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc en la Cámara, que al aprobar dicho documento el Congreso incurrirá en prevaricato por sustituir al constituyente primario.

 

“Quieren desconocer la voluntad popular llevando al Congreso a incurrir en un prevaricato. Este Congreso quiere sustituir la voluntad del constituyente primario, y lo quiere hacer sin la legitimidad para hacerlo porque fue derrotado el 2 de octubre pasado”, sostuvo Valencia.

 

El Representante recordó que para implementar el acuerdo primero debía ser refrendado por los colombianos.

 

“El mismo acuerdo dice que la implementación no se podrá hacer sin una refrendación previa que es lo que pretende hacerse aquí, y ese es un efecto jurídico y no político que llevaría a esta plenaria a incurrir en un prevaricato por no estar dentro de sus funciones constitucionales y legales de acuerdo a la Ley Quinta”, señaló.

 

El Congresista se preguntó si con esta manera de proceder ¿Cree realmente el Gobierno que alcanzará una paz estable y duradera violentando la Constitución y el Ordenamiento Jurídico?

 

Valencia desmintió a los negociadores del Gobierno que en el debate afirmaron que el acuerdo ya no quedará en el Bloque de Constitucionalidad.

 

“En los acuerdos quedó que estos serán un acuerdo especial cuya principal característica es que harán parte del Bloque Constitucional, es decir, que tendrán un carácter supraconstitucional”, precisó el Congresista.

 

De igual manera expresó que “se violentó la Constitución y el Estado de Derecho con la Ley Estatutaria del plebiscito, así como con el Acto Legislativo por la Paz que contiene el Fast Track y los superpoderes al Presidente de la República, lo que deja al Congreso como un simple notario de lo acorado”.

 

Adicionalmente rechazó lo establecido en el punto de narcotráfico en los acuerdos, al decir que el Gobierno renunció a la fumigación con glifosato de los cultivos ilícitos.

 

“El Gobierno nos dijo que no había renunciado a la aspersión con glifosato, pero eso es una inexactitud, el Gobierno ya renunció a la aspersión con glifosato y nos tiene nadando en coca. Más de 150.000 hectáreas de coca que se dejaron en el acuerdo, se dejaron a la voluntad del propietario para erradicarla”, dijo.

 

Valencia dejó constancia sobre el debate dado por la bancada del Centro Democrático y su retiro de la votación para no incurrir en un prevaricato.  

 

 

 

 

 

Se anexa link de la intervención: https://www.youtube.com/watch?v=ycjjH_M-xJo

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Congreso prevaricaría en caso de refrendar el acuerdo de paz

 

 

El representante Santiago Valencia González advirtió este miércoles que si el  Congreso de la República refrenda el acuerdo de paz con las Farc, estaría prevaricando, ya que constitucional y legalmente, el legislativo no tiene estas funciones.

 

“La refrendación a través del Congreso vulnera, no solo el sentido material y normativo de la Constitución ya que en ningún artículo se le otorga tales funciones al Legislador, sino que además, desconoces principios, valores e incluso el espíritu mismo de la Carta”, explicó El Representante.

 

El Congresista sostuvo que al revisar el Artículo 150  de la Carta Política y la normatividad de la materia, “no se observa dónde estaría la competencia expresa y clara, para ser – el Congreso - Agente Refrendador Popular  de Acuerdos de Paz, como lo pretende el gobierno”.

 

En este sentido agregó “que una cosa es aprobar leyes para "implementar" los temas del Acuerdo, y otra, muy diferente, "refrendar" lo que el Presidente de la República firme y consagre en un Acuerdo”.

 

Valencia añadió que “entre otras curiosidades, no se sabe con claridad qué naturaleza jurídica tiene el acuerdo, ya que se dice que es un Acuerdo de Paz, pero aborda, regula y se refiere a muchos y muy diversos temas, que necesariamente no tiene que ver con este valor fundamental”.

 

Advierte el Congresista que “la decisión de refrendar el acuerdo será enmarcada entre la ilegalidad y la ilegitimidad, puesto que ya quedó demostrado que mientras el 85% del Congreso hablaba y se ufanaba del gran acuerdo celebrado entre el gobierno y las farc, el pueblo colombiano en las urnas el 2 de octubre probó lo contrario, dando un mandato al Estado de que ese acuerdo no debía ser refrendado”.

 

El Representante recordó la sentencia de la Corte Constitucional frente al ‘plebiscito por la paz’, cuando afirmó que “la consecuencia correlativa de la votación desfavorable o de la falta de votos suficientes para la misma, es la imposibilidad jurídica para el Presidente de adelantar la implementación de ese Acuerdo, debiendo poner a consideración del pueblo una nueva decisión con condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron”.

 

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Avanza proyecto de ley que prohíbe el alquiler de vientres con fines de lucro

 

 

La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que “prohíbe el alquiler de vientres con fines de lucro en Colombia y se reglamenta su práctica”.

 

La iniciativa, de autoría de la senadora María del Rosario Guerra y del representante Santiago Valencia, fue aprobada con 19 votos a favor y uno en contra.

Tras destacar la aprobación del proyecto, la Senadora sostuvo que se pretende poner fin una práctica que vulnera los derechos humanos, en tanto que las mujeres como los bebés son tratados como mercancías.

 

“Atenta contra la dignidad de la mujer y contra los derechos de los no nacidos.

Este es un tema que se ha vuelto comercial y eso es lo que queremos evitar”, afirmó.

 

Por su parte, el representante Valencia expresó la necesidad de prohibir el alquiler de vientres como ya se ha hecho en países desarrollados.

 

“Esta es una actividad que ha sido prohibida en la mayoría de los países desarrollados y que ha hecho que de allí vengan a países en vías de desarrollo a buscar mujeres en situación de vulnerabilidad para alquilar su vientre, lo cual  vulnera abiertamente los derechos de ellas y de estos niños”, señaló el Representante.

 

La maternidad subrogada, más conocida como alquiler de vientres, ha sido entendida en Colombia como la contratación de una mujer que se compromete a gestar un bebe con la obligación de entregarlo a los solicitantes cuando nazca, quienes a su vez se comprometen a criarlo. Por su parte, la mujer gestante debe renunciar a la filiación.

 

 

 

El Proyecto de seis artículos propone:

 

 

 

1.    Prohibir la práctica de alquiler de vientres con fines de lucro y regularla para parejas colombianas con problemas de infertilidad o gestación.

 

 

 

2.    La definición del concepto de alquiler de vientres.

 

 

 

3.    La nulidad de pleno derecho de los actos jurídicos en los que se pacten la obligación  de alquilar el vientre con fines de lucro.

 

 

 

4.    Penas entre seis y ocho años a quien promueva, financie, pague, colabore o constriña a una mujer para alquilar su vientre.

 

 

 

5.   Reglamentación por el Ministerio de Salud frente al procedimiento en los casos permitidos.

 

 

 

6.   Vigencia de la ley.

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Representante Santiago Valencia le preguntó al Presidente Santos si permitirá corregir los acuerdos con las Farc

 

 

En constancia radicada este martes en plenaria de la Cámara, el representante Santiago Valencia González,  le preguntó al presidente Juan Manuel Santos si está dispuesto a  corregir los acuerdos con las Farc tras la victoria del No en el plebiscito.

 

“(…) preguntarle al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, si, atendiendo el mandato ciudadano que se expresó en el plebiscito claramente por el No, frente a los acuerdos entre el Gobierno y las Farc ¿Está dispuesto a corregir los puntos en los que la ciudadanía manifestó sus preocupaciones?”, expresó Valencia.

 

Lo anterior, en relación a las más recientes declaraciones de voceros de las Farc, quienes afirmaron que no están dispuestos a modificar el acuerdo final de La Habana.

 

Frente a esta postura de la guerrilla, el Representante recordó que el mismo documento y la sentencia de la Corte Constitucional contemplaron que si no eran refrendados mayoritariamente por la voluntad popular, no son aplicables.

 

“El acuerdo en su artículo 6.6, página 192, dice que: "aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique en los términos que este alto tribunal señale", mencionó.

 

El Congresista afirmó que la Corte fue clara en decir que de ganar el no en el plebiscito, los acuerdos no se podrían elevar al bloque de constitucionalidad y estos se podrían renegociar.

 

“Consideramos que no es posible que la decisión de revisar el acuerdo sea de las Farc, como en principio lo ha dicho hoy  la canciller María Ángela Holguín a medios de comunicación, cuando es el Gobierno, como representante del Estado colombiano legítimamente constituido, quien debe hacer cumplir esa decisión”, precisó.  

 

El Congresista expresó que “si los acuerdos contenían el compromiso de reconocer el plebiscito, es contradictorio que ahora, las mismas Farc que han pedido participación política toda su vida, y por lo cual justificaron su alzamiento armado por 52 años, ahora desconozcan el resultado democrático”.

 

Valencia anotó que “es necesario conocer la posición del Gobierno Nacional frente a esta situación, ya que no permitir abrir los acuerdos, haría inocuo un acercamiento para un pacto nacional que permita llegar a buen término estos acuerdos”.

 

Por último reiteró “la voluntad del Centro Democrático en aportar a un gran pacto nacional en busca de la paz con respeto a la Constitución, justicia, no derogación de las instituciones y pluralismo político”.

 

Se incluye video de la intervención:

https://www.youtube.com/watch?v=siZ0nDT4pBA

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Pedimos a los jueces celeridad para resolver tutelas sobre el plebiscito

 

 

El representante Santiago Valencia González les pidió respetuosamente a los jueces que tienen a cargo las tutelas presentadas contra el plebiscito en todo el país, agilizar las decisiones en este sentido ya que se corre el riesgo que los fallos se produzcan después que se realice la votación del domingo.

 

Valencia se refirió específicamente a la tutela radicada en el Tribunal Superior de Medellín frente a la cual el magistrado asignado admitió el estudio de la acción pero negó la medida cautelar de suspender el plebiscito.

 

Ante esta situación, Valencia pidió al juez resolver este mecanismo de protección antes del domingo para que en caso de que se apruebe, no se afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

El Congresista sostuvo que los magistrados y jueces de la República no deben omitir la sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional, que estableció que “el grupo armado con el que se negoció deponga el uso de las armas como paso previo y obligatorio a la refrendación popular”.

 

Los lineamientos de la sentencia fueron recordados por la presidenta de este alto tribunal, María Victoria Calle, quien dijo en declaraciones a los medios de comunicación que antes del plebiscito las Farc “Deben deponer las armas, no pueden utilizarlas para constreñir al elector o amenazarlo”.

 

En la tutela interpuesta se advierte que mientras las Farc no realicen la dejación de las armas, es decir realicen la entrega real y material, la participación del potencial del electorado nacional en el plebiscito será sujeto de presión, constreñimiento y de amenazas por parte de las Farc como ha presentado en ocasiones anteriores.

 

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Presentaremos tutela para que se cambie pregunta del plebiscito

 

El Representante a la Cámara Santiago Valencia González, en representación del Partido Centro Democrático, radicará este jueves una tutela contra la Presidencia de la República solicitando el cambio de la pregunta del plebiscito para refrendar los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.

 

Según el Representante, la pregunta anunciada por el presidente Juan Manuel Santos el martes pasado, es tendenciosa y viola los derechos fundamentales de participación ciudadana.

 

De esta manera Valencia pedirá “tutelar mis derechos fundamentales y los de los 34.899.945 ciudadanos que conforman el potencial del electorado nacional a una libre participación ciudadana y un ejercicio del principio democrático, debido a que la pregunta formulada carece de todos los elementos que determinó la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-379 de 2016”.

 

Adicionalmente el recurso solicita “la modificación del texto de la pregunta que se pretende realizar en el plebiscito, debiendo adoptar, reconocer y garantizar que se cumplan los requisitos que determinó la Corte”.

 

De la misma forma la tutela pide “suspender la decisión del Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, de convocar el plebiscito para el próximo domingo 2 octubre de 2016”.

 

La tutela se presentará en los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá.

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Respuestas a cuestionario sobre acuerdos con Farc es una burla

 

El representante a la Cámara, Santiago Valencia González, calificó como una nueva burla al país las respuestas al cuestionario de 60 preguntas sobre los acuerdos con las Farc, que el Gobierno Nacional envío a su despacho tras el debate de control político sobre el tema que realizó el martes pasado en la Comisión Primera.

Valencia afirmó que no se respondieron de manera concreta y clara los cuestionamientos hechos originalmente por el Procurador General de la Nación.

“Muchos de los interrogantes tienen como respuesta que están en discusión, hay respuestas que no están en los acuerdos, en otras no se resuelve concretamente los cuestionamientos sobre el desarrollo de los acuerdos”, aseguró el Representante.

Desmovilización

Es así como respecto a la pregunta del ¿Por qué no se habla de desmovilización en los acuerdos? “El Gobierno no asegura que la guerrilla reconozca su desmovilización y esté dispuesta a aceptarla, mencionando por primera vez que éste punto sigue siendo objeto de discusión”, indicó

Respecto del desmantelamiento total de las Farc, incluidas las milicias, señala que “aunque el Alto Comisionado trata de incluir a los integrantes del Partido Comunista Colombiano y a la organización clandestina del

Movimiento Bolivariano en lo que llama ‘el tránsito a la legalidad’, ni siquiera menciona cual será el tratamiento para la plena de identificación de más de 10.000 miembros no combatientes, a lo que se suma que la palabra ‘milicias’ no está textualmente en los acuerdos”.

Armas a entregar

En relación a la cantidad aproximada que estima el Gobierno de armas que están en poder de las Farc y van a ser entregadas, “el Alto Comisionado solo hace referencia a que se establece que dejarán la totalidad de las armas en los 180 días, pero no determina absolutamente nada sobre un aproximado o identificación de las armas que están en poder de la guerrilla”, detalló el Representante.

Frente a quiénes garantizarán la seguridad de los integrantes de las Farc, “se reconoce que serán los mismos integrantes de la guerrilla quienes prestarán dicho servicio de seguridad y protección haciendo parte de la Unidad Nacional de Protección, es decir, siendo funcionarios de esa Entidad”, y agrega que “no se responde ¿Cuántos miembros de las Farc conformarán éste esquema, qué armamento les otorgará el Estado y si se les aplicará alguna clase de prueba técnica, psicológicas o de otra índole?”.

Amnistía

En cuanto a la Ley de amnistía para la excarcelación de los miembros de las Farc, “admite el Gobierno que está trabajando en éste proyecto de ley, determinando que no serán objeto de amnistía e indulto los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, entre otros. Sin embargo,  surge  la pregunta sobre ¿Cómo hará el Gobierno para acordar éste punto con las Farc, si en todos los comunicados emitidos por éste grupo guerrillero anuncian que no pagarán cárcel?”.

Respecto que las Farc entreguen toda su riqueza ilícita acumulada, “el Gobierno simplemente enuncia que las Farc en virtud de lo acordado se comprometen a la reparación material e integral de sus víctimas. Sin embargo, omite completamente responder cuáles son los recursos con los que cuenta las Farc, así ¿Cómo espera el Gobierno que la guerrilla repare a sus víctimas si siempre han manifestado que no tienen recursos?”, se preguntó.

En cuanto a la revisión de las normas de seguridad y vigilancia privada, “responde el Gobierno que aún está en proceso de estudio en La Mesa, de lo cual no se descarta que entre los elementos de mejoramiento de dichas normas se contemplen la participación de las Farc en las empresas de seguridad y vigilancia”, puntualizó el Congresista.

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"Fin de la guerra es una mentira del Gobierno"

Tras advertir las inconsistencias de cada uno de los puntos firmados por el Gobierno en las negociaciones con las Farc, el representante a la Cámara Santiago Valencia González afirmó que "el fin de la guerra es una mentira de este Gobierno".
 
A esta conclusión llegó el Representante durante su ponencia en el Foro: El Marco Jurídico de las Negociaciones de La Habana, que se realizó en la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas.
 
Frente al punto de Desarrollo Agrario Integral, Valencia señaló que se está negociando con los mayores despojadores de tierra a campesinos que, al mismo tiempo usarán las Zonas de Concentración para imponer control territorial.
 
"Han sido los mayores despojadores de tierra en la historia de Colombia. Las Zonas de Concentración cercanas a Zonas de Reserva Campesina serán usadas por la guerrilla como un mecanismo de control territorial y de posicionamiento político", advirtió.
 
Al tiempo añadió "que las Zonas de Concentración de las Farc coinciden con las zonas con presencia de cultivos ilícitos".
 
Participación política
En cuanto al acuerdo de Participación en Política dijo que se desconoce la tradición jurídica del país que indica que las personas que hayan sido condenadas no podrán participar en política.
 
"Los guerrilleros que participen en política no podrán ser los máximos líderes de las Farc o quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra", precisó.
 
Agregó "que además de las curules que parece les quieren dar, mediante las Circunscripciones Especiales de Paz obtendrán tras adicionales".
 
Drogas
En relación al acuerdo de Drogas Ilícitas, dijo que es contradictorio que al mismo tiempo se hayan dispararon los cultivos ilícitos en el país.
 
"Han aumentado cerca 40% los cultivos de droga. Un kilo de coca que se vendía a un dólar de 2 mil pesos, ahora se está vendiendo a un dólar de 3 mil. Es decir que además del aumento de los cultivos, las Farc están recibiendo un 33 por ciento adicional por el cambio del dólar frente al peso", afirmó el Congresista.
 
Añadió que mientras esto pasa "el único que no sabe de la plata de las Farc es el Presidente. Lo que estamos presenciando es el proceso de lavado de activos más grande de la historia de Colombia", sostuvo.
 
En este punto advirtió que "mientras siga el negocio de las drogas en Colombia jamás encontraremos la paz, porque el motor de la guerra son las drogas. Mientras este Gobierno, u otro gobierno, no tenga una política clara frente a las drogas, aquí siempre estaremos en conflicto. El llamado al fin de la guerra es una mentira de este Gobierno", enfatizó el Representante.
 
Víctimas
Sobre los acuerdos de Víctimas cuestionó que se haya dicho que no hay "ni un centavo para la reparación", además indicó que "se está revictimizando a esta población dejando a sus victimarios participar en política, diciendo que las Farc también son víctimas y que el victimario es el Estado".
 
Al tiempo reprochó el llamado Tribunal de Paz creado en los acuerdos. "Ahora habrá un tribunal que no será para juzgar a las Farc sino para juzgar a los empresarios. Esto lo que va a llevar es a que personas inocentes terminen confesando delitos".
 
En relación al plebiscito recalcó que es una trampa con la que quieren poner a los colombianos a decidir en una pregunta cuatro años de negociación.
 
"Dijimos que ese no es el mecanismo idóneo de refrendación porque los colombianos no vamos a tener la posibilidad de decir si estamos de acuerdo o no con lo que se está planteando. Creemos que allí hay una irregularidad y que hay una trampa porque seis años de negociación nos los van a resumir en una sola pregunta y tres meses de campaña", concluyó.
 
En el Foro también participaron el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y el senador, Antonio Navarro Wolff.

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La trampa del plebiscito

Columna de opinión del representante Santiago Valencia.

En los próximos cinco meses se decidirá uno de los capítulos más importantes en la historia política de Colombia. En este tiempo se definirán por parte del Gobierno la implementación de los acuerdos con las Farc, y su refrendación por parte de la ciudadanía. Lo que está en juego es ni más ni menos que el futuro del país. 

Es por eso, que una vez más, y llamando al buen juicio de los colombianos, me permito enfatizar las implicaciones que tendrán el plebiscito denominado ‘por la paz’ y el Acto Legislativo, también llamado ‘por la paz’.

En cuanto al primero, quiero decir que este no es más que un engaño por el cual el Gobierno condiciona a los ciudadanos a votar Sí o No un extenso temario en el cual no podremos rechazar aquellos puntos en los que no estamos de acuerdo. 

Es así, como bajo la falsa promesa de la paz, el Gobierno quiere llevar a millones de colombianos a aprobar unos acuerdos de casi cuatro años de negociación en un instante, sin discusión y sin saber exactamente de qué tratan.

En pocas palabras, con una escueta pregunta nos quieren hacer tragar cualquier cantidad de sapos sin que podamos decir punto por punto, si lo que se decidió en La Habana corresponde a lo que es la voluntad del pueblo.

Adicional a esto, resulta contrario que se pretenda legitimar unos supuestos acuerdos de paz con solo el 13 por ciento del electorado (4 millones 300 mil votos) en un país de 48 millones de habitantes.

También queda el grave antecedente de haber modificado la figura del plebiscito, haciendo uno casi exclusivo para refrendar los acuerdos con las Farc.

Por su parte, el Acto Legislativo que modifica la Constitución para implementar los acuerdos, ocasionará inseguridad jurídica debido a que cambiará las reglas frente a los asuntos de paz. Esto, al contrario, no va a permitir que se llegue a este objetivo a pesar que se firmen unos acuerdos con las Farc.

Adicionalmente, este acto legislativo sustituyó la Constitución al modificar las funciones del Congreso, dejándolo como simple notario de las leyes que presente el Ejecutivo.

De otra parte, las facultades que se le dan al Presidente para que pueda emitir decretos con fuerza de Ley para desarrollar los acuerdos, asemeja a Colombia al modelo Castro –chavista.

De igual manera, el acto legislativo permitirá que los acuerdos con las Farc se puedan elevar al bloque de constitucionalidad, por medio de la tipificación de los acuerdos como Acuerdo Especial en el marco del Derecho Internacional Humanitario, lo que hará que en la práctica que los guerrilleros se conviertan en constituyentes. 

Ni que decir de la modificación que se hizo al proceso de aprobación de los proyectos de actos legislativos que por su naturaleza deben rendir ocho debates, el cual fue reducido a cuatro.

De este modo, sobrepasando las normas, el Gobierno busca darle punto final a unos acuerdos en los que tendremos que tragarnos enormes sapos que fomentarán nuevas violencias debido al alto grado de impunidad que conllevan.

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"Los 25 mil procesados que saldrían de la cárcel son pocos frente a los delincuentes libres"

El representante a la Cámara Santiago Valencia González afirmó durante el debate del  proyecto de ley que establece prorrogar la medida de aseguramiento a ciertos delitos, que el problema de fondo es la cantidad de personas libres por la impunidad de la justicia.

“Realmente los 25 mil procesados que podrían salir si el Congreso no aprueba este proyecto de ley es insignificante en comparación de la cantidad de delincuentes que hoy están en la calle”, dijo Valencia en Comisiones primeras conjuntas.

El Representante afirmó que “el problema de fondo es que de cada 100 delitos, 94 quedan impunes, es decir, hay 94 delincuentes en la calle”.

El Congresista le preguntó al Fiscal General encargado, Jorge Perdomo, por los resultados contra la impunidad  en relación al alto presupuesto que maneja la entidad.

“Por qué una Fiscalía con unos recursos altos no tiene ningún impacto en los índices de impunidad en el país. ¿Qué es lo que está pasando con estos recursos? ¿Se están aplicando eficientemente? A pesar de ser altos no hay ningún impacto en los índices de impunidad”, sostuvo.

Valencia González señaló que leyes como la 1453 de 2011 y la 1474, promulgadas por el actual Gobierno, han producido más hacinamiento en las cárceles, lo que dijo hace parte del desbarajuste institucional.

“El problema de fondo es un Gobierno que no ha atacado el problema desde la política pública criminal y carcelaria como lo debe hacer. Un problema que no ha atacado la impunidad, una justicia ineficiente y un desbarajuste institucional”, precisó.

Se anexa link de la intervención: https://www.youtube.com/watch?v=J5UsLLGf57Y

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El Acto Legislativo para las Farc genera escozor

El representante a la Cámara Santiago Valencia González sostuvo que el acto legislativo para la paz al que el Gobierno le incluyó un artículo para que los acuerdos con las Farc se constituyan en acuerdo especial, genera “escozor” y “profunda preocupación”.

“Lo que está en riesgo es la Constitución política de 1991 y la supervivencia del Estado de Derecho”, afirmó el Representante.

Al inicio del debate del proyecto Valencia señaló que el acto legislativo “contiene modificaciones sustanciales profundas al principio democrático”.

Advirtió los riesgos que genera la aprobación del proyecto. “El procedimiento especial para la implementación es una nueva burla al país que deja al Congreso como simple notario” en el cual “no se podrán presentar modificaciones que no sean autorizadas por el Gobierno”.

Agregó el Representante que se violan los principios legales ya que esta iniciativa no rinde los debates requeridos por la Ley.

“(…) Modificando la Constitución en solo cuatro debates, cuando la Carta Magna señala que sea en ocho debates”, señaló.

Además denunció que el artículo 2 desconoce el poder legislativo “con facultades que se le dan al Presidente para expedir decretos Ley, que no podrían ser revisados por el Congreso”.

Consideró que el artículo 4, que integra los acuerdos con las Farc como acuerdos especiales humanitarios, “nada tiene que ver con el bloque de Constitucionalidad”.

Finalmente dijo que es muy grave que “el Congreso vaya a aprobar irresponsablemente los acuerdos de la Habana sin ni siquiera saber una coma de lo que contienen”.

“Esto ratifica que lo que hay es un acuerdo de impunidad, que allí no hay una mesa de negociación, sino una mesa de concesiones. Toda la ciudadanía debe alzar su voz para evitar que el presidente Juan Manuel.

Santos le entregue el país a los narcoterroristas de las Farc”, puntualizó.

Se anexa link del video de la declaración: https://www.youtube.com/watch?v=kAFX-hVJ15Q

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UIAF mintió en 2014 sobre investigación de dineros de Las Farc

Comunicado del representante Santiago Valencia.

El representante a la Cámara Santiago Valencia González advirtió que en noviembre de 2014, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), mintió al responderle un derecho de petición, donde le dijo que no tenía información sobre las finanzas de las Farc.

Valencia recordó que a pesar que la entidad no dio información concreta, le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad en medio de un protocolo casi que intimidatorio.

"Tras enviar el derecho de petición, funcionarios de la UIAF llevaron personalmente el documento de respuesta a mí oficina para que yo lo firmara", señaló Valencia.

Ahora, cuando se conoce que sí existe un informe de la entidad sobre las ganancias de esta guerrilla, el Representante afirmó que el Gobierno quiso ocultar a toda costa esta información.

"Ya son demasiadas evidencias sobre este tema. La revista Forbes las ubica como el tercer grupo terrorista más rico del mundo. Se han denunciado bienes por 30 millones de dólares en Costa Rica, The Economist reveló que su fortuna asciende a 10.000 millones de dólares, y el mismo Fiscal encargado acaba de decir que investigan bienes de esta organización en Centro América", sostuvo.

El Representante dijo que es inaceptable que se quiera seguir tapando la verdad relevando de su cargo al director de la UIAF, por lo que anunció que enviará copia de lo sucedido a la Procuraduría General de la Nación por posible falta disciplinaria de un funcionario público.

Por último el Congresista puntualizó que "es inconcebible que el Gobierno diga desconocer sobre los dineros de las Farc, que la guerrilla afirme que no tiene un peso para reparar a sus víctimas, y en medio de esta mentira, se presione a los funcionarios para que omitan información", puntualizó.

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Aprobado en primer debate proyecto que crea la Cátedra de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas

Por unanimidad la Comisión Sexta de la Cámara aprobó este martes el proyecto de ley que crea la Cátedra de Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas en todas las instituciones educativas del país, de autoría del representante Santiago Valencia González.

El proyecto de ley 135 de 2015 busca “garantizar la creación de políticas públicas frente a la prevención al consumo de sustancias psicoactivas”.

La iniciativa propone que la Cátedra se dicte en todas las instituciones educativas, en los niveles básicos, media y superior del país, como asignatura independiente.

Esta clase tendrá como objetivo “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, reflexión y diálogo sobre los impactos negativos que implica el consumo de estas sustancias, en busca del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.

El proyecto que consta de ocho artículos indica que la Cátedra, de carácter obligatorio, “se desarrollará de acuerdo al principio de autonomía universitaria y en concordancia con sus programas académicos y su modelo educativo”.

Ahora el proyecto pasa a plenaria de la Cámara. De ser aprobado allí, comenzará su trámite en Comisión Sexta y plenaria de Senado para convertirse en ley.

Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas –SPA- de estudiantes de secundaria 2011 y de estudiantes universitarios 2012, el 87 por ciento de esta población dijo haber consumido marihuana alguna vez.

Asimismo, el estudio reveló que las sustancias ilícitas más consumidas por los jóvenes son la marihuana, la cocaína, el bazuco y el éxtasis.

Del mismo modo, la investigación reveló que el consumo de drogas entre los jóvenes colombianos está creciendo, el mercado es cada vez más diverso, la población universitaria tiene el consumo más alto, y en relación a los países andinos, Colombia ocupa el primer lugar.

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Contradictorios datos del Gobierno sobre cultivos ilícitos

El Representante a la Cámara Santiago Valencia González reprochó este jueves la desinformación que viene generando el Gobierno Nacional frente a la medición de los cultivos ilícitos en Colombia.

Valencia González dijo que esta situación quedó en evidencia con el reconocimiento que hizo esta mañana el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, del aumento de los cultivos ilícitos cuando hace un poco más de un mes el presidente Juan Manuel Santos, en la firma del programa ‘Paz Colombia’, le dijo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que los cultivos de coca, marihuana y amapola en Colombia, habían disminuido.

“No puede ser que en el extranjero el Gobierno diga que en Colombia todo marcha bien y aquí sus ministros reconozcan los problemas tiempo después, cuando esta es una situación que venimos advirtiendo hace meses”, dijo el Congresista.

El Representante también consideró ambiguas las declaraciones del Ministro de Defensa pues no dice en cuántas hectáreas aumentaron los cultivos ilícitos.

“Él no da el dato principal, pero sí nos embolata con otras cifras de lucha contra la drogas, que si bien pueden ser ciertas, oculta la integralidad de la problemática”, indicó.

Por estas razones el Congresista le exigió al Gobierno Nacional decir la verdad sobre el tema y no seguir engañando al país. “Le pedimos al Gobierno que sea sincero, que le diga al país y a la comunidad internacional que están aumentando los cultivos ilícitos y en cuánto, que no oculten más la verdad”, precisó Valencia.

El Representante advirtió el peligro que esto conlleva en el desarrollo de un acuerdo con las Farc. “Así las cosas, la guerrilla va llegar a la firma de un acuerdo de paz fortalecida por el poder del narcotráfico”.

En febrero el presidente Santos le dijo a Obama que los cultivos ilícitos en Colombia habían disminuido 60 por ciento, cuando en realidad aumentaron un 44 por ciento, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Valencia insistió que “el Gobierno Santos no tiene una política pública unificada contra las drogas ilícitas. Hay acciones institucionales aisladas que ni reducen, ni controlan los aumentos evidentes de cultivos ilícitos, comercialización y consumo”.

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Hay que quitar el “CREE” a las donaciones de alimentos

El representante a la Cámara Santiago Valencia González anunció la presentación de una proposición en la discusión del proyecto de reforma tributaria, así como de un proyecto de ley con el objetivo de mitigar el hambre y la desnutrición en Colombia.

La proposición busca eximir del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), a los supermercados que donen productos alimenticios a los bancos de alimentos.

"El gravamen del 9 por ciento puesto por el Gobierno en la última reforma tributaria a las donaciones, afecta la entrega de alimentos por parte de los grandes comerciantes. Por esta razón, estamos pidiendo que este valor sea eliminado cuando se trate de donaciones de productos alimenticios en buen estado dirigidas a los bancos de alimentos", subrayó Valencia.

De otra parte, el proyecto plantea aprovechar los decomisos de alimentos de contrabando en buen estado y aptos para el consumo humano por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En 2014, en la frontera con Venezuela, la DIAN decomisó alimentos avaluados en 2.528 millones de pesos entre carne bovina, lácteos, arroz, frutas, leche en polvo, pescado seco, pollo fresco, que en su mayoría son destruidas, que bien podrían destinarse para aliviar el hambre de muchos compatriotas, sostuvo el congresista.

De la misma forma, la iniciativa contempla la prohibición de la destrucción de alimentos en buen estado por parte de supermercados y plazas de mercado.

"Queremos que en vez de destruir, eliminar o descartar alimentos aptos para el consumo humano por criterios de calidad, se brinden los mecanismos necesarios para que estos sean aprovechados", puntualizó.

Se espera que con esta iniciativa haya un fuerte impacto en la reducción de la desnutrición y el hambre en Colombia, en especial de niños y madres gestantes y reducir la cifra de menores de edad muriendo de hambre en departamentos como  La Guajira, Chocó, Arauca, Cauca.

Desnutrición

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) del año 2010 concluyó que casi la mitad de la población del país (42%) vive en condiciones de inseguridad alimentaria. El estudio señala que el 13,2 por ciento de la población en Colombia se encuentra desnutrida.

Anualmente cinco mil niños mueren por desnutrición y el 9 por ciento de los niños menores de 5 años se encuentran desnutridos, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Desperdicio de alimentos

Según la FAO, cerca de un millón 300 mil toneladas de comida se desperdician anualmente en el mundo, es decir, en promedio la tercera parte del alimento que se produce, lo que le cuesta a la economía mundial un billón de dólares.

En Colombia, 1'154.000 toneladas de frutas y 261 mil toneladas de verduras se pierden en la poscosecha, es decir, no llegan ni a comercializarse, de acuerdo con un estudio divulgado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Dicha cantidad de alimentos podría servir para alimentar a nueve millones de personas durante un año.

La misma investigación halló que en Bogotá, el 58,8 por ciento de los alimentos diarios que las familias compran termina en la basura (cerca de 1.381 toneladas). Se estima que el costo de esta comida ascendería a 45.365 millones de pesos anuales.

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Presentaremos proyecto para reducir el hambre en Colombia

El representante a la Cámara Santiago Valencia González anunció la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busca reducir en un alto grado el hambre y la desnutrición en Colombia.

Se trata de una norma que busca excluir del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), a las empresas y almacenes de grandes superficies que donen productos alimenticios a los bancos de alimentos.

"El gravamen del 8 por ciento puesto por el Gobierno en la última reforma tributaria a las donaciones afecta la entrega de alimentos por parte de los grandes comerciantes. Por esta razón, estamos pidiendo que este valor sea eliminado cuando se trate de donaciones de productos alimenticios en buen estado dirigidas a los bancos de alimentos", subrayó el Representante.

El articulado también plantea aprovechar los decomisos de alimentos de contrabando en buen estado y aptos para el consumo humano por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

"Aquí buscamos aprovechar lo que decomisa la DIAN para que se destine a los bancos de alimentos. En 2014, en la frontera con Venezuela, la entidad decomisó alimentos avaluados en 2.528 millones de pesos entre carne bovina, lácteos, arroz, frutas, leche en polvo, pescado seco, pollo fresco, que en su mayoría son destruidas", sostuvo Valencia.

De la misma forma, la iniciativa contempla la prohibición de la destrucción de alimentos en buen estado por parte de supermercados y plazas de mercado.

"Queremos que en vez de destruir, eliminar o descartar alimentos aptos para el consumo humano por criterios de calidad, se brinden los mecanismos necesarios para que estos sean aprovechados", puntualizó.

"Con esta iniciativa buscamos que haya un fuerte impacto en la reducción de la desnutrición y el hambre en Colombia, en especial de nuestros niños y madres gestantes para que no veamos más menores de edad muriendo de hambre en La Guajira, Chocó, Arauca, Cauca etc", puntualizó.DesnutriciónLa Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) del año 2010 concluyó que casi la mitad de la población del país (42%) vive en condiciones de inseguridad alimentaria.

Este mismo estudio señala que el 13,2 por ciento de la población en Colombia se encuentra desnutrida.

Anualmente cinco mil niños mueren por desnutrición y el 9 por ciento de los niños menores de 5 años se encuentran desnutridos, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).Desperdicio de alimentosSegún la FAO, cerca de un millón 300 mil toneladas de comida se desperdician anualmente en el mundo, es decir, en promedio la tercera parte del alimento que se produce, lo que le cuesta a la economía mundial un billón de dólares.

En Colombia, 1'154.000 toneladas de frutas y 261 mil toneladas de verduras se pierden en la poscosecha, es decir, no llegan ni a comercializarse, de acuerdo con un estudio divulgado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Dicha cantidad de alimentos podría servir para alimentar a nueve millones de personas durante un año.

La misma investigación halló que en Bogotá, el 58,8 por ciento de los alimentos diarios que las familias compran termina en la basura (cerca de 1.381 toneladas). Se estima que el costo de esta comida ascendería a 45.365 millones de pesos anuales.

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Santos le mintió a Obama sobre resultados en la lucha contra las drogas

Declaraciones del representante Santiago Valencia.

El representante a la Cámara Santiago Valencia González sostuvo que el presidente, Juan Manuel Santos, le mintió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en varios puntos sobre los resultados en la lucha contra el narcotráfico en los últimos años durante el evento de conmemoración de los 15 años del Plan Colombia.
Valencia refutó las cifras del Mandatario en relación a la erradicación de cultivos ilícitos entre 2010 y 2014 cuando Santos afirmó que estos habían disminuido un 60 por ciento.
"Mintió Santos, pues en lugar de disminuir, los cultivos ilícitos en el país aumentaron un 44% entre 2013 y 2014, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)", señaló el Congresista, ante lo cual agregó que según dicho informe entre el 2013 y el 2014 hubo incremento de 20.943 hectáreas de cultivos ilícitos.


"También en 2013 hubo un incremento de 399 hectáreas de cultivos ilícitos con respecto a 2012. Mientras que en 2011 aumentaron 1.950 hectáreas. Son datos objetivos de un organismo internacional que tiene toda la credibilidad, los cuales Santos cambió de forma arbitraria mintiéndole no solo a Obama sino al mundo", indicó.
Valencia recordó que "estos informes han vuelto a poner a Colombia como el productor número uno de cocaína en el mundo. Esta noticia ha salido por todas partes y el Presidente la ignoró como si nada".


Asimismo, rechazó la afirmación acerca que el actual Gobierno está combatiendo con todas sus armas el narcotráfico debido a que las cifras presentadas en debate en el Congreso por el Representante en septiembre del año pasado, indican todo lo contrario.


"¿Cómo puede decir eso si suspendió el uso del glifosato, disminuyó las aspersiones al pasar de 1 millón 200 mil hectáreas entre 2002 y 2010 a 306 mil entre 2011 y 2014, y se dispararon las incautaciones marihuana y cocaína en el país, con 991 toneladas y 19, 9 respectivamente?", se preguntó.
Por último negó la afirmación frente a que "se está implementado una política integral contra las drogas", pues dijo que las mismas entidades encargadas de este tema reconocen que a la fecha no hay una política que enfrente todos los eslabones de la cadena.


"Eso lo logramos comprobar en el debate. El Gobierno Santos no tiene una política pública unificada contra las drogas ilícitas. Hay acciones institucionales aisladas que ni reducen ni controlan los aumentos evidentes de cultivos ilícitos, comercialización y consumo", puntualizó.

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"Pasaremos de un Plan Colombia para acabar con las Farc, a un Plan Colombia para protegerlas"

Declaraciones del Representante Santiago Valencia.

El Congresista dijo que se prevé aumento de delitos tras 'entierro' del programa durante el gobierno de Santos.

En vísperas del acto conmemorativo por los 15 años del Plan Colombia que se realizará este jueves en la Casa Blanca, el representante a la Cámara, Santiago Valencia González, le preguntó al presidente Juan Manuel Santos cuál va a ser el futuro del programa.


"Presidente Santos ¿Cuál va a ser el nuevo Plan Colombia? ¿Se van a reducir los recursos de las Fuerzas Militares? Responda de manera clara al país", sostuvo el Congresista.


Para Valencia, la previsible disminución del presupuesto militar tendrá efectos graves en la seguridad nacional.
"Nos preocupa que se debilite el control territorial de las Fuerzas Militares y que tras una futura desmovilización de las Farc, las Bacrim, Farcrim y Eln, se fortalezcan, retomen los negocios de esta guerrilla y se agudicen los problemas de orden público", indicó.


También criticó que en lugar de estar protegiendo a los colombianos, los militares tengan que brindar seguridad a la guerrilla en las zonas de concentración, como lo dijo el Ministro de Defensa.

"Finalmente pasaremos de un Plan para acabar con las Farc, a un plan para protegerlas", manifestó Valencia.
En ese sentido también se preguntó qué va a pasar con la erradicación de los cultivos ilícitos.
"¿Las zonas de concentración estarán ubicadas en las zonas de cultivos ilícitos? ¿Vamos a depender de la buena voluntad de las Farc para la erradicación y para la entrega de rutas del narcotráfico, mientras los programas sociales como Familias en Acción siguen debilitándose?", puntualizó.


No hay política antidroga


En el debate a la política antidroga durante el gobierno de Juan Manuel Santos que realizó el congresista en septiembre de 2015, señaló el incremento de los cultivos ilícitos en el país en un 44 por ciento en el último año al pasar de 48.189 hectáreas a 69.132 en 2014.


Asimismo, evidenció las coincidencias de casi todas las 59 zonas de reserva campesinas que las Farc le han pedido al Gobierno y las zonas de cultivos ilícitos que a su vez tienen fuerte presencia guerrillera.


Del mismo modo, las coincidencias entre la mayoría de los resguardos indígenas y los cultivos ilícitos. También reveló el aumento de los cultivos ilícitos en los Parques Nacionales en un 45 por ciento y en la frontera con Ecuador por la prohibición del uso del glifosato.Como conclusión del debate el representante Santiago Valencia afirmó que "el Gobierno Santos no tiene una política pública unificada contra las drogas ilícitas. Hay acciones institucionales aisladas que ni reducen ni controlan los aumentos evidentes de cultivos ilícitos, comercialización y consumo"

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