Miguel Gómez Martínez
Representante a la Cámara
En Colombia ha tomado fuerza la creencia de que los problemas del país se arreglan con reformas constitucionales y por esa vía alteramos y manoseamos la Constitución sin contemplación alguna. Ahora pretendemos enfrentar la guerra política que sufren nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, con la modificación al Fuero Militar que antes de fortalecer la institucionalidad la vuelve más frágil y la pone al alcance de las pretensiones de una izquierda radical y de los terroristas.
El Fuero Militar estaba consagrado en la Constitución del 86 y aparece también en la del 91. Existe el fuero en todos los países del mundo y en todo tiempo y momento pues la función de las Fuerzas Armadas es especial y específica. La Fuerza Pública tiene no sólo la capacidad de defender a los ciudadanos, sino también la responsabilidad terrible de acudir a las armas en defensa de las instituciones. Por ello las reglas que los rigen son diferentes a las de los demás funcionarios públicos.
El Fuero no es un privilegio es un derecho de los militares y se ha venido debilitando por las interpretaciones constitucionales, por presiones internacionales y por sentencias de los altos tribunales de la justicia ordinaria. El puntillazo se lo dio, en un día nefasto del año 2006, el Ministerio de la Defensa Nacional al firmar un acuerdo a todas luces inconstitucional con la Fiscalía General de la Nación. El acuerdo entre la Fiscalía y el Ministerio de la Defensa ha generado más bajas a las fuerzas militares que las FARC. Por lo tanto tiene que ser derogado. En la actualidad, la debilidad de la norma está al descubierto pues tal como está concebida deja a los militares desprotegidos jurídicamente para ejecutar actividades propias del servicio.
El Proyecto de Acto Legislativo que el Gobierno puso a consideración del Congreso es bien intencionando pero no resuelve la situación de los militares que están sub judice y confinados en centros de reclusión esperando que se dirima su situación. El proyecto no protege a los militares y por el contrario corre el riesgo de que la Corte Constitucional declare su inexequibilidad.
Resulta inexplicable que una comisión de expertos haya pasado por alto la situación y haya omitido los argumentos y sentencias que sobre el particular ha emitido la Corte. Mientras tanto los militares siguen sometidos y a las ONGs tampoco les satisface la reforma, lo que demuestra que es un proyecto inviable e inconveniente.
Desconocer el sufrimiento de millones de colombianos víctimas del terrorismo y simultáneamente debilitar la capacidad de la fuerza pública para actuar en su defensa con un fuero que no los protege, zanja aún más la diferencia con una justicia que le ha sido hostil a la fuerza pública. Así las cosas, se podría estar consolidando el gran triunfo del terrorismo que ve como la democracia se desmorona.
Los militares necesitan normas especiales que les garanticen su operatividad. ¿Por qué nos cuesta tanto defender la democracia? La guerra se está ganando en el campo de batalla pero se puede estar perdiendo en los tribunales.
Hay 5400 procesos abiertos que cobijan a 10 mil efectivos de las Fuerzas Militares, situación que obliga a los comandantes de las unidades a retirar los soldados que integran tropas de choque y quedan inhabilitados por la acción judicial. El sistema judicial actual está siendo utilizado por los enemigos de la democracia que logran todos los días desmantelar unidades de combate.
De 1471 casos que han sido juzgados contra oficiales de la Fuerza Pública 803 han sido denunciados por violación en el procedimiento, por que se han violado los derechos de esos militares en la justicia ordinaria y eso corresponde al 55% de los casos.
¿Si no hemos terminado la guerra cuál es la necesidad de establecer medidas para el pos conflicto? Seguimos aprobando leyes para cuando la guerra haya cesado (víctimas, restitución de tierras, justicia transicional) pero seguimos inmersos en la violencia. Con la aprobación de este acto legislativo no vamos a enderezar la endeble situación que vienen enfrentando los miembros del Ejército y la Policía Nacional. Vamos a aprobar una reforma constitucional que parece hecha para el posconflicto y no para la situación real de amenaza terrorista que enfrenta país. El fuero militar es en el marco de la guerra y el conflicto armado uno de los instrumentos más importantes para derrotar al terrorismo. Es, en todo el sentido de la palabra, un elemento estratégico.
Ahora nos preocupa la impunidad que pueda resultar de los delitos cometidos por los militares pero convivimos alegremente con la impunidad de la justicia ordinaria. La idea de que un militar no es un hombre ecuánime ha logrado hacer carrera y satanizar a los jueces militares, muchos de los cuales son civiles. Nos preocupa que los fallos de los tribunales militares no sean imparciales y objetivos pero cuando hay fallos contrarios a derecho o politizados, como el del Coronel Plazas Vega, no se puede cuestionar su validez.
El proyecto aparentemente tiene dos fortalezas, la primera es la de crear un tribunal de garantías para defender los derechos de los militares y la segunda la de crear una comisión que definirá la jurisdicción que aplica cuando se trate de hechos delictivos cometidos por militares. Ninguna de esas dos propuestas, tiene dientes y en ese orden de ideas es un verdadero saludo a la bandera.
No estamos creando figuras novedosas, porque la mayoría del ellas ya existe en el Código Penal Militar aunque éstas no han podido ser implementadas por falta de recursos.
Con el fin de mejorar el contenido del Acto Legislativo presenté dos proposiciones que quedaron como constancias: una de ellas creaba el Tribunal de Competencias que tendría la responsabilidad de definir cuando hay duda y en la otra procuraba la composición del Tribunal de Garantías, tribunal que me parece vital en el proceso para que no quede abierto esperando una ley estatutaria.
El Gobierno Nacional no puede negociar el Fuero Militar y con ello la seguridad de todos los colombianos. Si le quitan el escudo legal al soldado, están haciendo un llamado ipso facto a calificar servicios a cada uno de los oficiales que se han enlistado en la Fuerzas Militares que sienten como quedan sin garantías jurídicas para el desarrollo de las operaciones. Las bajas judiciales han dejado por fuera de combate 10.000 uniformados en lo que va del presente siglo.
