Bogotá, miércoles 4 de diciembre de 2013.
Comunicado de prensa
Por medio del presente quiero manifestar que considero que el proyecto de ley 147 de 2013 (Cámara) y 2010 de 2013 (Senado), más conocido como reforma a la salud, tiene grandes dificultades y no ofrece soluciones definitivas a los gravísimos problemas del sistema de salud colombiano. Aunque la salud del país requiere una reforma, el actual proyecto no ofrece las respuestas definitivas que se requieren frente a las necesidades y demandas del actual sistema.
Quiero argumentar mi postura de oposición al proyecto, alrededor de los siguientes puntos principales.
1. El problema central de la salud en Colombia no es sólo el financiero. Después de haber tenido la oportunidad de realizar diferentes debates de control político en el seno de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y de haber escuchado tanto la posición el Gobierno Nacional, como la de los demás parlamentarios miembros de aquella, es evidente que el principal problema del sistema de salud no es sólo el financiero. Lo que realmente debe preocuparnos son los usuarios del sistema.
Como se ha podido observar, el problema financiero existente en el sistema de salud tiene un efecto dominó que afecta directamente a los pacientes. Cuando no hay recursos económicos disponibles, no se brinda la atención a los usuarios y si no se brinda la atención a los usuarios, no se puede considerar que el sistema funciona eficazmente. Esto ha conllevado la configuración de un ciclo vicioso en torno al sistema de salud.
El proyecto de ley aprobado en el Senado no brinda herramientas claras que nos den certeza de que lo anterior cesará. La iniciativa no es clara en las fuentes de los recursos para suplir las necesidades financieras de todos los actores del sistema. Además, la iniciativa no prevé reservas financieras que cubran y respalden el verdadero costo de la salud, ni mucho menos contempla para los Gestores de Servicios de Salud, la obligación de cumplir con un régimen de reservas técnicas y tampoco una reglamentación sobre la forma como éstas reservas deben invertirse. Todo esto no soluciona los inconvenientes que se han presentado con el manejo inadecuado de los recursos del sistema.
Por otra parte el proyecto de ley además de que no es claro en estipular de dónde saldrán los recursos del sistema de salud, es contradictorio con lo que se promulga como Derecho Fundamental a la Salud y los recursos disponibles para que éste sea una realidad.
En primer lugar, no es lógico que se proponga una cobertura ilimitada a la salud cuando los recursos disponibles para costearla dependen de la sostenibilidad fiscal del Estado. Es claro que los recursos que se destinarán a la salud son limitados, luego, no estoy de acuerdo con que se creen falsas expectativas en los usuarios, que generen gran ilusión y terminen siendo una gran frustración.
En segundo lugar, considero que la autonomía médica y la integralidad, son principios que, aunados, resultan suficientes para levantar los criterios de exclusión, lo cual quiere decir que para un juez constitucional de tutela, el plan de salud es ilimitado si encuentra que debe dar aplicación a estos principios.
Por ello, la progresividad en la cobertura debe estar acompañada necesariamente de la consolidación financiera del sistema. Ningún régimen de salud está preparado para asumir de forma inmediata la totalidad del tratamiento que requiera particularmente, cada uno de sus ciudadanos.
2. La promoción de la prevención en salud, no existe en el proyecto de ley. Tal y como está sucediendo actualmente, el proyecto no plantea claramente cuál será la inversión en el componente preventivo que debe ser fundamental en un sistema de salud eficiente. Como se dijo anteriormente, para logar un país saludable no sólo es necesario un componente financiero. Se debe reconocer el autocuidado como un elemento fundamental para alcanzar este propósito, de tal forma que se llegue a fomentar la autorresponsabilidad que le asiste a los ciudadanos respecto del estado de su salud. Esta iniciativa desconoce, además de la inversión (recursos) en el componente preventivo, la promoción de la responsabilidad y la prevención como una estrategia conducente a tener ciudadanos sanos.
3. La creación de Salud Mía no representa una garantía para el buen manejo de los recursos de la salud. En la iniciativa aprobada en el Senado, Salud Mía será el ente encargado de administrar los recursos nacionales y territoriales de la salud. A propósito de esta medida, creo que recentralizar los recursos no solucionará los actuales problemas de desviación o de gastos desmesurados de diferentes actores del sistema.
Ahora bien, bajo el entendido de que Salud Mía se creará con base en la información que las EPS dejen disponible al momento de “desmontarse”, es muy importante que se tengan en la cuenta las experiencias ya vividas con las diferentes entidades que se pretende desaparecer. En últimas, éstas no hacen más que heredar sus problemas a las entidades nacientes. Tal y como lo dice la Contraloría General de la República en el análisis del proyecto de ley, radicado el 8 de noviembre en el Congreso de la República, “se ha evidenciado que los cambios de nombre cuando la materia prima con la que debe prestarse el servicio es la misma, no arroja resultados sustanciales. Lo importante es tener buena información. Esta es la que no hay”. En este sentido, la Contraloría nombra como ejemplos los casos de Colpensiones y el desmonte del ISS, o el de ETESA y Coljuegos. Ambos, procesos que no han terminado sino en agravantes para los problemas existentes con anterioridad.
Por otra parte, con la creación de un sistema de cuenta, la propuesta permite que los recursos se concentren, así como el pago a los actores en manos de Salud Mía. Siguiendo la misma línea de la Controlaría, si un sistema de administración en cuenta única como el actual es ineficiente administrando únicamente lo no POS ¿qué pasará entonces cuando una sola entidad tenga que administrar todos los recursos y garantizar el pago no sólo de lo no POS, sino también de todas las prestaciones incluidas o no en el plan, más la remuneración que deben percibir todos los actores?
4. Ni las EPS se desmontan, ni la intermediación en el sistema de salud desaparecerá. En el proyecto de ley aprobado en el Senado, realmente las EPS no se desmontan. Se pasa de EPS a Gestores de Servicios de Salud, los cuales trabajarán, como ya se dijo, con los insumos que las EPS dejen disponibles. Además, aquellos pueden ser constituidos incluso por aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido de EPS y que no hayan sido sometidas a sanción alguna por parte de la Superintendencia. Surge entonces el siguiente interrogante: ¿no siguen siendo entonces los mismos pero con otro nombre?
La misma Contraloría General de la República advierte sobre este tema en el concepto emitido sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: “al permitir que [las EPS] se conviertan en Gestoras, les permite sanear el incumplimiento de sus funciones y pasar a legalizar sus activos, que no sus pasivos, pues estos serán cubiertos por el Estado a través de los programas de saneamiento de cartera”.
Bien lo dice la ponencia negativa al proyecto de ley de reforma a la salud, “El Proyecto de Ley conserva los articuladores. De EPS se pasa a GESTORES, pagados por UPC-Plan de Beneficios, manteniéndose su actividad de intermediación financiera con funciones más amplias y con mayor poder en relación [a] afiliación, recaudo y administración de los recursos de la salud”.
Por otro lado, este proyecto de ley, como se puede observar, sigue abriendo la puerta a que la corrupción permee el sistema. Se seguirá presentando intermediación y se harán los recobros tal y como pasa hoy en día. La Contraloría argumenta que Salud Mía es un “megafondo que tendrá a su cargo una enorme carga administrativa, basado en la intermediación con los mismos actores que hoy existen o extendiendo competencias para los casos en donde mayores problemas e ineficiencias se han tenido. Todo podrá subcontratarse.”
Finalmente, me queda la duda de quién será el ente encargado de auditar a Salud Mía. La propuesta no plantea nada claro ni preciso, pero sí le resta competencias a la Superintendencia de Salud, entendiéndose como que esta función ya no le será otorgada. Todo parece indicar que Salud Mía será el ente encargado de vigilarse a sí mismo.
5. La sostenibilidad fiscal es un principio rector de la reforma sólo cuando es conveniente para el Gobierno. En contraste con el numeral anterior en donde queda demostrado que no hay suficiente control sobre los Gestores de Salud para que no se desvíen los recursos del Sistema de Salud, y en donde el principio de sostenibilidad fiscal parece no intervenir en el actuar de los Gestores, el proyecto sí considera que los recursos para la salud deben cuidarse, cuando de mejorar la Red Hospitalaria se trata.
Bajo el famoso principio de sostenibilidad fiscal que en muchos casos pretende exonerar la responsabilidad del Estado con los ciudadanos, el proyecto indica en su artículo 16, que la ampliación y las mejoras de la Red Hospitalaria de Salud, sólo serán posible si, de acuerdo con el principio de sostenibilidad fiscal, hay recursos disponibles en la correspondiente vigencia para hacer la inversión necesaria. ¿Contar con hospitales dignos y con capacidad mínima necesaria para brindar una adecuada atención a los pacientes, no hace parte acaso del Derecho Fundamental a la Salud que se proclamó en la Ley Estatutaria de Salud?
6. Una población que goza de buena salud, es también el resultado de médicos debidamente educados y capacitados. Tal y como lo he demostrado a lo largo de mi vida pública, la educación es la base del progreso de nuestro país. En el campo de la salud esta regla no es la excepción. Tristemente, considero que el proyecto en cuestiónse queda corto en uno de los retos más importantes del actual sistema de salud colombiano: priorizar la capacidad resolutiva del médico general. Facultar a los hospitales universitarios y clínicas para ofrecer formación de postgrado y titular a sus estudiantes en las áreas de las ciencias de la salud, parece enormemente riesgoso y contradice la normatividad legal propia del sector educativo. Otra cosa es que las Instituciones de Educación Superior puedan ofrecer conjuntamente con los hospitales universitarios, programas de especializaciones clínicas.
El Ministerio de Salud afirma que esta medida pretende solucionar el problema del déficit de especialistas que actualmente se presenta en el país. Sin embargo, aún quedan muchas dudas al respecto, sobre todo en lo que a la formación educativa de los médicos respecta. En el proyecto de ley aprobado en el Senado, no se da una solución al problema de los altos costos de las especializaciones médicas; no se demuestra un compromiso serio con los estudiantes de medicina creando o ampliando el cupo de becas para que puedan especializarse y “suplan” el déficit que dice el Ministro de Salud que existe; no se considera tampoco la mejoría de los salarios para los especialistas y los médicos generales del sistema de salud.
7. La transparencia en los servicios y procesos de salud no existe en este proyecto de ley. En repetidas ocasiones he propuesto en el Congreso de la República, la creación y puesta en marcha de la Historia Clínica Única Electrónica de cada paciente. Al respecto, el actual proyecto de ley no presenta una propuesta clara para que se garantice la transparencia en los servicios y procesos de salud prestados, cosa que garantizaría que no se presentaran fraudes, errores y demoras en los mismos. Con la anterior propuesta no sólo los pacientes podrían tener acceso a su historia clínica en cualquier parte del país, sino que también se permitiría al sistema de salud, fortalecer las acciones de prevención y promoción de hábitos de vida saludable, a partir de un sistema de información actualizado sobre la salud de las y los colombianos.
Las anteriores y muchas otras razones, son las que me hacen sentar mi posición negativa sobre el proyecto de ley 147 de 2013 (Cámara) y 2010 de 2013 (Senado). Con gran decepción y desesperanza, estoy seguro de que no es esta la iniciativa que nos demuestra que los pacientes y los usuarios son el centro del sistema de salud. Con este proyecto no es evidente la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo, de eliminar la concepción de la salud como un negocio de unos pocos y de entenderla como un derecho fundamental; no es este proyecto el que mejora la calidad de la atención ni la pertinencia de la misma. No encuentro además, el componente de prevención y promoción que será el eje para que los colombianos y las colombianas tengan derecho a un país saludable.
¡La salud no es un favor, es un derecho. Y no debe ser un negocio!
Juan Valdés