El congresista Iván Cepeda, copresidente de la Comisión de paz del Senado, afirmó que el anuncio hecho por las delegaciones de Gobierno y Eln de iniciar una fase pública de negociación, permite pensar en una paz integral en Colombia. Dijo que una de las primeras decisiones que se deben tomar en este nuevo proceso, es la declaración de un cese de hostilidades por las partes.

El senador Iván Cepeda Castro recibió con optimismo la noticia de la instalación formal de la mesa de negociación por la paz y la reconciliación nacional, entre la guerrilla del Eln y el Gobierno Nacional, el próximo 27 de octubre.

Para el congresista del Polo Democrático Alternativo, con la mesa de diálogos con el Eln, “se abre la posibilidad de tener una paz integral, una paz completa, como lo hemos venido pidiendo desde hace varios años muchos sectores sociales y políticos”.

Cepeda respaldó también el acuerdo humanitario pactado para la liberación de los secuestrados por parte del grupo guerrillero en los próximos días. Reiteró que es necesario repetir gestos humanitarios que se hicieron en el proceso con las Farc y que tuvieron resultados positivos, como el cese de hostilidades simultáneo al desarrollo de la negociación.

El senador Iván Cepeda pidió, nuevamente, protección para las 80 familias campesinas que ocupan los predios de El Porvenir, en Puerto Gaitán, desde hace más de 45 años, las cuales vienen siendo amenazadas por su permanencia en dichos terrenos. Se trata de adjudicaciones por 25.939 hectáreas de baldíos del Estado, revocadas a los testaferros de la familia de Víctor Carranza, pero aún no se llega a la recuperación material de las tierras por parte de la Nación, según indicó el senador Cepeda, quien viene acompañando el proceso desde hace cuatro años.
 

El congresista les envió una carta a los ministros del Interior y de Agricultura, a los directores de las Unidades de Víctimas y de Protección, al director de la Agencia Nacional de Tierras y al defensor del Pueblo, manifestándoles su preocupación por la situación de vulnerabilidad de los campesinos y solicitando que dichos funcionarios tomen las medidas necesarias para proteger a la comunidad de El Porvenir.La Corte Constitucional dará a conocer en los próximos días la sentencia completa que ampara los derechos de los campesinos, con lo cual se conocerán las órdenes impartidas al Gobierno para su acatamiento.

El pasado 11 de agosto, el Alto Tribunal decidió amparar el derecho de acceso a la tierra de la comunidad campesina de El Porvenir, en Puerto Gaitán (Meta), y profirió distintas órdenes al Gobierno Nacional. La Corte afirmó que, en tanto cumplan los requisitos, estas comunidades pueden ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos, cuya titularidad le fue revocada a la familia Carranza en esa zona de los llanos colombianos.

A lo largo del proceso, que ha sido acompañado por el senador Iván Cepeda, los campesinos han sido amenazados en numerosas ocasiones, en especial el líder de la comunidad, Miguel Briceño, quien recibió la más reciente este martes 16 de agosto, después del fallo que los protegió. Estos hechos se asemejan a los ocurridos en 2014, cuando se logró la revocatoria directa de las 27 adjudicaciones irregulares de los predios baldíos, y que provocaron graves amenazas contra la vida del señor Briceño y su posterior desplazamiento.

El senador Iván Cepeda le pidió al Senado que, como acto simbólico por la paz y la reconciliación, fije una placa en Capitolio Nacional en un sitio accesible y visible, con los nombres de los congresistas de la UP que fueron asesinados y en cuyo texto se diga que nunca más habrá un genocidio político en Colombia.

El senador Cepeda recordó que su padre fue asesinado en 1994 por miembros de la Fuerza Pública y por paramilitares, según lo establecieron distintas sentencias de la justicia nacional y en la sentencia internacional proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2010, por disposición de la cual el 9 de agosto de 2011 el Estado colombiano a través de su gobierno hizo un acto de reconocimiento de responsabilidad y de solicitud pública de perdón. En 2014, la Fiscalía General de la Nación lo declaró crimen de lesa humanidad y parte del genocidio político perpetrado contra la UP y el Partido Comunista.

Para el congresista, “este acto simbólico tiene el objetivo de mostrar el compromiso del Congreso de la República y del Estado colombiano de contribuir a la paz, a la reconciliación y a la preservación de la memoria histórica, y a brindarles todas las garantías, tanto a la oposición como a las minorías políticas en nuestro país, y de velar para que nunca más se silencie a un movimiento político o se use la violencia contra él”.

Recalcó que más de 5 mil miembros de la UP fueron víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos y exilio. Al respecto, afirmó que, como medida de reparación colectiva, se deben restituir las curules de este partido y los demás cargos políticos de representación popular que le fueron arrebatados por la vía de la violencia.

Comunicado del senador Iván Cepeda.

A un año de la muerte del maestro Carlos Gaviria Díaz, pasó a sanción presidencial el proyecto de Ley de honores por medio del cual la nación le rinde homenaje y exalta la vida de este ilustre jurista, en reconocimiento a su labor jurídica, académica, política y ética, luego que fuera aprobado en plenarias de Cámara y Senado.

El proyecto de autoría del Senador Senen Niño en conjunto con otras bancadas políticas fue respaldado por la totalidad de los Congresistas del Polo Democrático Alternativo y promovido en Cámara por el Representante Alirio Uribe Muñoz quien fuera coordinador ponente y por el Senador Iván Cepeda en la misma calidad en el Senado de la República.

Además de honrar y exaltar la memoria del maestro, exsenador de la República y exmagistrado de la Corte Constitucional, encarga a la Biblioteca Nacional la elaboración de una biografía, recopilación y selección de las obras del maestro Carlos Gaviria Díaz, incluidas las sentencias en las que fue ponente para que sean compiladas y publicadas por el Congreso y difundidas ampliamente como docencia democrática.

Igualmente autoriza al Gobierno Nacional para que a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al cual se encuentra vinculado la sociedad pública  Servicios Postales SA, coloque en circulación una emisión de serie filatélica, inspirada en la vida y obra del maestro Carlos Gaviria.

Así mismo ordena colocar un retrato al óleo en el salón de sesiones de la Comisión Primera de Senado, instalar una cabeza en bronce del maestro en el salón de la Constitución del Capitolio Nacional, y realizar un acto protocolario en el que se entregue la Ley a los familiares del maestro que contará con la presencia de los Ministros del Interior, de Cultura, de Educación, Magistrados de la Corte Constitucional y miembros del Congreso.

Hay que destacar que en días pasados se dio a conocer el proyecto pedagógico “Instituto de Pensamiento Carlos Gaviria Díaz” de iniciativa de jóvenes de todas las tendencias del partido, cuyo propósito además de rendirle un homenaje al Maestro, pretende darle continuidad a los espacios de cualificación política de nuevos liderazgos en el Polo Democrático Alternativo.

Los principales argumentos de la demanda se centran en una presunta afectación a la ley de baldíos.

COMUNICADO DE PRENSA

Congresistas y actores presentarán proyecto del estatuto del actor

Bogotá D.C., junio 22 de 2015.- ¿Qué quieren proponer los actores? ¿Por qué necesitan crear una Ley del Actor? ¿Qué contendría dicha ley? ¿Qué ha pasado en este primer año de la existencia de su sindicato? Estos interrogantes serán respondidos este martes en la presentación de la iniciativa que crearía la Ley del Actor Colombiano, por la cual se establece un marco jurídico para el ejercicio de la profesión de actor en nuestro país, y que será radicada el próximo 20 de julio ante el Congreso de la República.

El proyecto es fruto del trabajo mancomunado entre la Asociación Colombiana de Actores ACA (sindicato que reúne a 1271 actores), diferentes organizaciones de artistas y de gestión cultural, y los congresistas Angela María Robledo, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, Luis Fernando Velasco, Alirio Uribe, Oscar Ospina, Claudia López, Alexander López, Angélica Lozano, Juan Carlos Losada y Víctor Correa.

También asistirán los directivos de las diferentes plataformas laborales de los actores: Canales de Televisión, Salas de Teatro, Entidades Culturales, Productoras de Cine y Contenidos Audiovisuales en Internet.

COMUNICADO DE PRENSA

Senador Cepeda pide investigación penal contra director del Incoder por presunta omisión en restitución de baldíos por familia Carranza

Bogotá, D.C., junio 4 de 2015 (Prensa S. Iván Cepeda).- A través de una comunicación, el senador Iván Cepeda, junto con la Corporación Jurídica Yira Castro, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y el líder comunal Miguel Briceño, le pidió al Fiscal General Eduardo Montealegre, que inicie las investigaciones pertinentes para establecer si Rey Ariel Borbón Ardila, gerente general del Incoder, Carlos Ignacio Carmona Moreno, subgerente de Tierras Rurales del Incoder, y Ruth Mireya Núñez Nuván, directora Técnica de Baldíos del Incoder, incurrieron en la comisión de algún delito en el caso de la devolución de tierras por parte de la familia Carranza en El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán (Meta).

Según el senador Cepeda, el Incoder debió dar la orden de restitución a través de la resolución 6423 de 2014, y en caso de no cumplirse en diez días, debió proceder al desalojo con la intervención de la Policía Nacional. Para el congresista, omitida dicha obligación al momento de expedir la mencionada resolución, el Incoder ha podido subsanar su omisión en cualquier momento a través de una resolución complementaria con esa orden específica.

En la comunicación, el legislador pone en conocimiento a la Fiscalía sobre dos respuestas a derechos de petición allegadas a su oficina por parte del Incoder, en las cuales informan que la entidad ha decidido esperar, omitiendo su deber legal a la entrega voluntaria del bien por parte de la familia Carranza, aun cuando han sido informados por diferentes vías de que la demora de la entrega de los predios ha producido todo tipo de arbitrariedades por parte de dicha familia. Los campesinos de la vereda El Porvenir, que hace parte de los baldíos a recuperar, han denunciado ante las autoridades múltiples hechos entre los que se cuentan: la promoción de la invasión de los predios por parte de agentes externos a la comunidad, el cerramiento de los bienes con cercas de acuerdo con una división del territorio realizada por los que ellos reconocen como los trabajadores o testaferros de los Carranza, y la realización de reuniones con integrantes de las veredas vecinas a quienes les han manifestado cómo es "la nueva distribución de la tierra".

Para el congresista, "es necesario que se investigue en detalle el proceder del Incoder y si está beneficiando a la familia Carranza, por encima de los campesinos que ocupan los baldíos hace más de 40 años y que buscan su titulación".

Este viernes 5 de junio se llevará a cabo una audiencia pública en la que se analizarán las actuaciones del Incoder en este y otros casos de restitución de baldíos de la Nación. La audiencia tendrá lugar en el auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso, a partir de las 8 de la mañana.

COMUNICADO DE PRENSA

Senador Cepeda propone suspensión bilateral de hostilidades en zonas de desminado

Bogotá D.C., mayo 27 de 2015.- El senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, señaló que el proceso de paz entre Gobierno y Farc ha tenido avances que ningún proceso anterior en Colombia haya logrado. Recordó que ya se produjeron borradores de tres de los cinco puntos de discusión y agregó que este ha sido el único proceso que ha incluido a víctimas, militares y mujeres.

Con el fin de superar los recientes hechos en los cuales han muerto más de 50 personas, entre militares, guerrilleros y civiles, Cepeda propuso que se implemente un cese el fuego parcial y bilateral, que comenzaría únicamente por las zonas donde se desarrolle el acuerdo de desminado humanitario. Esta suspensión parcial de hostilidades tendría verificación de los países garantes del proceso de paz o de organismos internacionales. "Sin una suspensión de bombardeos y ataques va a ser imposible cumplir con esa labor", dijo.

El congresista destacó los resultados de las treguas unilaterales y presentó cifras de Ecopetrol, según las cuales, en lo corrido del 2015, el costo de los atentados a la infraestructura petrolera, que incluyen el costo económico de los barriles dejados de producir y la reparación de la infraestructura, ha bajado a 135 millones de pesos, frente a 1,2 billones de pesos en 2014.

El senador también insistió en la importancia de que se desmonten las nuevas estructuras paramilitares con miras al poscoflicto. "Es muy difícil construir la paz y la reconciliación sin superar la oscura noche del paramilitarismo", aseguró. Del mismo modo, el congresista denunció mensajes anónimos allegados a su oficina, relacionados con la presunta existencia de una sala de interceptaciones ilegales, similar a la del 'hacker Sepúlveda', que estaría funcionando en Batallón de Policía Militar XIII. Cepeda le preguntó al viceministro de Defensa, Jorge Bedoya:"¿Hay un plan para generar inestabilidad y para lograr la ruptura de las conversaciones en la mesa de La Habana? ¿Existe una estructura en la que están conspirando políticos, militares en retiro o activos, y paramilitares para sabotear el proceso de paz?".

En el debate que se llevó a cabo en la Comisión Segunda de Senado, el congresista del Polo Democrático, le recriminó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, su ausencia en el debate, con la excusa de que no era competencia de su cartera el tema que se discutiría en el debate de control político. El senador Cepeda le recordó al jefe de la cartera de la política, que "a todos los ministerios les compete el tema de la paz y del poscoflicto".

COMUNICADO DE PRENSA

'Mico' en Plan de Desarrollo mantendría vigentes títulos mineros en 26 páramos

Bogotá D.C., abril 17 de 2015- En desarrollo de una audiencia pública en el Congreso, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, le pidió al Gobierno Nacional retirar el siguiente aparte del texto del PND que será analizado en las plenarias de Senado y Cámara en los próximos días:

Artículo 159. Parágrafo 1. Al interior del área delimitada como páramo, las actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que cuenten con contrato y licencia ambiental o con el instrumento de control y manejo ambiental equivalente, que hayan sido otorgados con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para las actividades de minería, o con anterioridad al 16 de junio de 2011 para la actividad de hidrocarburos, respectivamente, podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin posibilidad de prórroga y estarán sujetas a un control, seguimiento y revisión por parte de las autoridades mineras, de hidrocarburos y ambientales, en el marco de sus competencias y aplicando las directrices que para el efecto defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Para el senador Cepeda, esta norma acabaría con cualquier posibilidad de frenar la actividad minera en zonas que deben estar protegidas por la legislación ambiental. "Estamos hablando de zonas extensas de páramos que sufren cada vez más los estragos de la minería, especialmente los páramos ubicados en Santander y Tolima, que son en su mayoría las 'fábricas' de agua de muchos municipios", afirmó Cepeda.

Según informes de la Agencia Nacional de Minería, al 6 de marzo, serían 448 los títulos que actualmente se encuentran superpuestos en 26 zonas de páramo, de los cuales, al menos 347 cuentan con licencia ambiental. La empresa con más títulos superpuestos en páramos es Anglogold Ashanti Colombia S.A., con 40 títulos, seguida por Eco Oro Minerales Corp y Leytah Colombia, con 9 títulos cada una.

El área total superpuesta de concesiones en páramos es de 118.461,73 hectáreas, de las cuales la empresa Anglogold tiene el 30,4% del área (incluyendo el área de la Sociedad Exploraciones Northern Colombia), seguida por Eco Oro (12%) y Minas Paz del Río (9%). Es decir, entre tres empresas tienen más del 50% del área titulada que se superpone a los páramos en el país.

La demanda fue radicada el 19 de febrero del presente año por los congresistas Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela María Robledo y Guillermo Rivera, los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, la ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la CCJ.

Tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible por vicios de procedimiento la Reforma del Fuero Penal Militar, los demandantes recordaron que además de las irregularidades de forma en su aprobación, el Legislativo no tuvo en cuenta las cifras sobre impunidad que es de 98% en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia.

Del mismo modo, señalaron que la ampliación del fuero militar, es decir, dejar en manos de los uniformados la administración de justicia para sus propios delitos, constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia, en donde la impunidad llega a cifras tan altas y donde miles de jóvenes han sido víctimas de acciones militares, mal llamadas "falsos positivos". "Esta reforma claramente incorpora vicios de inconstitucionalidad y nos pone en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos", concluyeron.

También aseguraron que el Congreso desatendió todas las advertencias provenientes de la Corte Penal Internacional, del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de organizaciones como Human Rigths Watch.

Fuente Oficinas de Prensa HRs. Ángela Robledo e Iván Cepeda

En calidad de actor popular en el proceso contra Álvaro Uribe por presuntos nexos con paramilitares, Iván Cepeda le pidió al Tribunal Superior de Medellín que traslade las pruebas recaudadas en los procesos de Justicia y Paz a la Fiscalía General, con el fin de sumarlas a los testimonios de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra, alias "Alberto Guerrero", y de Juan Monsalve, alias "Guacharaco", quienes señalan la supuesta participación del exgobernador de Antioquia y de otros mencionados, en la conformación del Bloque Metro de las AUC en la década de los 90.

"La decisión proferida por el Tribunal de Medellín, de compulsar copias a la Comisión de Acusación, es trascendental, no obstante hay que tener en cuenta que ya hay una investigación en curso contra el expresidente Uribe en la Fiscalía. En este sentido, el traslado de pruebas al ente investigador abre la posibilidad de una actuación más amplia que permita esclarecer los graves hechos que denunciamos sobre el presunto accionar ilegal de los Uribe en la hacienda Guacharacas", afirmó Cepeda.

Actualmente, con base en los mismos testimonios de los exparamilitares, la Fiscalía adelanta una investigación contra Santiago Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao.

Fuente Oficina de Prensa HR. Iván Cepeda.

Fuente: Oficina de Prensa HR. Iván Cepeda.

Bogotá 03 de julio del 2013.- El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, rechazó la reapertura por parte del Gobierno Nacional, de la ventanilla para recibir nuevas solicitudes de títulos mineros. El congresista fue enfático en recalcar que con esto se abre una puerta para que continúe la piñata de títulos mineros que se inició bajo el gobierno Uribe, con los cuales fueron beneficiados, entre otros, Santiago Uribe y otros zares de títulos que luego los cedieron a trasnacionales como AngloGold Ashanti.

El congresista del Polo Democrático recordó que, tal como lo dijo en el pasado debate de control político sobre el 'Apocalipsis minero', las autoridades "se han hecho las de los oídos sordos ante las múltiples voces que han advertido de los peligros de permitir nuevas solicitudes de concesiones mineras. Bajo el caos actual y la desprotección de ecosistemas estratégicos como los páramos, el Gobierno, en lugar de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó consultar a las comunidades, y de poner a consideración del Congreso un nuevo Código de Minas, ha decidido permitir que cualquier persona o empresa solicite un título minero en cualquier parte del país".

Para Cepeda, no están dadas las condiciones para abrir de nuevo la ventanilla minera, pues no existen avances significativos en materia de ordenamiento territorial ambiental, lo cual debería ser una condición previa para autorizar la actividad minera. Insistió en que tampoco ha culminado la primera fase del contrato de fiscalización a los títulos existentes que la Agencia Nacional Minera suscribió con empresas privadas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, conociendo las múltiples irregularidades y el desastre ambiental que han causado empresas como AngloGold Ashanti, Drummond y Colombian Natural Resources.

Finalmente, señaló que en el próximo periodo legislativo se pondrá en marcha la Comisión Parlamentaria Especial de Seguimiento a la Política Minera, aprobada por el Congreso, con el fin de verificar los impactos de la gran minería, especialmente en Chocó, Sur de Bolívar, Cesar y Tolima.

OFICINA DE PRENSA

Fuente Oficina de Prensa HR. Iván Cepeda

A CONTINUACIÓN LA CARTA ENVIADA AL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, POR EL REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA, EN CALIDAD DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN SEGUNDA DE CÁMARA, ENCARGADA DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD NACIONAL.

Bogotá D.C., 10 de abril de 2013

Doctor

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETH

Fiscal General de la Nación

Asunto: Solicitud de Investigación 

Cordial saludo. 

Yo, Iván Cepeda Castro, en mi condición de Representante a la Cámara, solicito a usted inicie una investigación, a fin de establecer las posibles conductas penales en las que ha podido incurrir el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al difundir públicamente en su cuenta de Tuiter las coordenadas del lugar donde se realizó la suspensión de operaciones militares para el traslado de uno o varios miembros de la guerrilla de las Farc a la ciudad de La Habana, para posibilitar su participación en el proceso de paz que actualmente se desarrolla con ese grupo insurgente. Anexo: Notas de prensa sobre este hecho. 

Atentamente,   

IVÁN CEPEDA CASTRO

Representante a la Cámara

El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien ha venido acompañando el proceso por la recuperación de tierras a las comunidades campesinas de la antigua Hacienda Bellacruz (Cesar), aseguró que la reciente decisión del Incoder de declarar baldíos los predios correspondientes a más de 1.200 hectáreas de este terreno, constituye un paso significativo para las víctimas de desplazamiento por parte de los paramilitares. El Incoder le ordenó a la empresa Dolce Vista, de propiedad de Germán Efromovich, devolver los terrenos que durante 20 años fueron reclamados por los campesinos.

Bogotá, 03 de abril del 2013.- El congresista y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, afirmó que el caso de la antigua hacienda Bellacruz es emblemático porque demuestra cómo las comunidades campesinas, que buscan hacer válida su titularidad de la tierra, se ven enfrentadas a un poderoso consorcio que durante años se ha beneficiado del desplazamiento forzado de más de 13 veredas de campesinos en la década del noventa, para desarrollar un proyecto agroindustrial de palma aceitera.

En ese sentido, Cepeda aplaudió el fallo del Incoder que concluyó que las empresas La Gloria S.A.S, M.R Inversiones S.A.S, La Dolce Vista State Inc., y el grupo agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.., que explotan actualmente los predios, no son ocupantes de buena fe y ocupan de manera indebida los terrenos.

"Este es un paso determinante en el reconocimiento del derecho a la tierra que tienen estas familias. Llevan años luchando por lo que perdieron por causa del desplazamiento perpetrado por los paramilitares, secundados por empresarios que los promovieron y los financiaron en sus acciones criminales", señaló el representante.

También recordó que hace un año le dirigió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitando que ese organismo se abstuviera de considerar como participante activo del Pacto Mundial al Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, por considerar que no cumple con los principios exigidos como el del respeto a los derechos humanos, ya que en este proyecto no solo participa Efromovich a través de la Dolce Vista, sino que dentro de sus socios se encuentra la familia Marulanda, reconocida por sus vínculos con los grupos paramilitares de la región.

El congresista confió en que el Incoder pueda dar cumplimiento a su decisión cuanto antes, y proceda a adjudicar a las comunidades campesinas desplazadas. Del mismo modo resaltó el incansable trabajo de ASOCOL, la organización que solicitó que se iniciara el proceso de recuperación de baldíos, y cuyos miembros han venido siendo amenazados e intimidados, por lo cual han tenido que pedir una especial protección por parte del Estado.

Fuente: Oficina de prensa representante Iván Cepeda

A través de una carta, el representante Iván Cepeda le solicitó al Gobierno Nacional que presente un proyecto de ley para modificar la ley 4 de 1992, en el sentido de ajustar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, reduciendo los montos de los salarios y de los privilegios prestacionales sin afectar los derechos y las escalas salariales de otros servidores públicos.

BOGOTÁ, 12/02/2013. Con relación a la discusión que cursa trámite en la Corte Constitucional sobre el régimen especial de pensiones para congresistas, el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, le propuso al ministro del Interior, Fernando Carrillo, que impulse ante el Congreso de la República, una iniciativa de reforma a la ley 4ª de 1992, por cuanto los proyectos de reforma a las leyes marco son potestad del Ejecutivo.

El congresista consideró que no sólo el régimen pensional, sino también el régimen salarial y prestacional de los congresistas riñe con el derecho a la igualdad, y establece beneficios y prerrogativas desproporcionadas e inequitativas en relación con la realidad de la mayoría de servidores públicos y empleados del país.

Para Cepeda, se debe ajustar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, fijando un monto máximo razonable para su determinación, y que permita, de manera excepcional, su reducción, sin que con esto se afecten derechos salariales y prestacionales o las escalas salariales de otros servidores públicos.

Además, Cepeda anunció que, como un gesto de solidaridad y en concordancia con su concepto sobre los altos salarios de los congresistas, donará 5 millones de pesos mensuales de su sueldo al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y le solicitó a Gustavo Bolívar, líder Movimiento Manos Limpias, que sea esta organización la que ejerza la veeduría sobre el cumplimiento de dicho aporte.

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OFICINA DE PRENSA 

El representante a la Cámara Iván Cepeda dijo que el reciente anuncio del Incoder de expedir resolución de extinción de dominio sobre 27 mil hectáreas utilizadas por la ganadería La Cristalina, en Puerto Gaitán, Meta, es un claro resultado de sus denuncias en el debate sobre tierras realizado en mayo de 2012 y consignadas en el libro Víctor Carranza alias 'El Patrón'.

El congresista y defensor de derechos humanos Iván Cepeda afirmó que esta nueva acción del Gobierno Nacional debe ser el comienzo de una serie de decisiones sobre más de 45 mil hectáreas que se presume fueron conseguidas mediante el despojo y la adjudicación fraudulenta, por parte de testaferros de Víctor Carranza, procesado actualmente por la justicia por sus presuntos nexos y conformación de grupos paramilitares.

El representante recordó que durante la investigación para el libro y los debates en el Congreso, quedó claro que Víctor Carranza es uno de los más grandes latifundistas del país. Una fuente le dijo a Cepeda que en 2011, Carranza habría celebrado con una extravagante fiesta, la consecución de la hectárea número un millón.

Los predios (El Pedregal, Mi Llanura, Campo Hermoso, El Rincón y Las Corocoras) objeto de la extinción de dominio están ubicados en la inspección El Porvenir, de Puerto Gaitán, y se comprobó que Carranza los habría adquirido ilegalmente a través de José Baldomero Romero, alias Guillermo Torres.

El congresista anunció que continuará al frente de este tema, pues quedan acciones pendientes frente a otros predios de Víctor Carranza como es el caso de la hacienda El Brasil, donde se repite la matriz ilegal de adquisición de terrenos y según versión de un exjefe paramilitar ante un juez de Justicia y Paz, allí habría funcionado una base paramilitar y existirían fosas comunes. Cepeda también le solicitó al Incoder que inicie la recuperación de 10 mil hectáreas de baldíos de la nación, ubicados en el predio Morichito, en Puerto Gaitán, igualmente de propiedad de Carranza.

Fuente Oficina de Prensa HR Iván Cepeda 

El representante a la Cámara Iván Cepeda afirmó que en conjunto con varias organizaciones defensoras de derechos humanos, se promoverá una demanda constitucional que busca declarar la inexequibilidad de la ley que amplía el Fuero Penal Militar. Dijo que dicha norma es un paso atrás para lograr la justicia en Colombia. 

BOGOTÁ, 12/12/12. El defensor de derechos humanos y congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, afirmó que el Congreso, al aprobar la reforma de la justicia militar, está yendo en contra de las víctimas, cuando su tarea debería ser legislar a favor de ellas. Recordó que en el pasado mes de junio, el Legislativo ya había perdido legitimidad con la errada aprobación de la Reforma a la Justicia, por lo cual debió declararse impedido en esta nueva discusión.

“El Congreso –afirmó Cepeda- ha perdido toda legitimidad, a tal punto que muchos piden hoy su revocatoria. Parece que las cifras sobre impunidad que es de 98% en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado, no fueron razón suficiente para rechazar la ampliación del fuero penal militar. Agotaremos las todas las vías legales para lograr que se decrete la inconstitucionalidad de esta ley”.

El representante a la Cámara, quien ha sido duro crítico de esta iniciativa, anunció la disposición de varias organizaciones defensoras de derechos humanos para demandarla en la etapa de revisión constitucional.

En materia de impunidad, el congresista señaló que tal como lo indican las cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, de 1.100 procesos que han entrado a indagación por ejecuciones extrajudiciales, sólo 665 han pasado a etapa de investigación, y 72 han llegado a juicio.

OFICINA DE PRENSA

Roma, 10 de diciembre de 2012-.El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara Iván Cepeda Castro entregará hoy en Roma una denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que se basa en el proceso por las interceptaciones ilegales del DAS, al tiempo que anexará numerosos documentos referentes a los 271 procesos abiertos contra en el exmandatario, que se busca sean vinculados a la situación de Colombia en la CPI. 

Cepeda Castro basó su denuncia en lo que él califica como la inoperancia y la falta de independencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de representantes, frente a los procesos que lleva ese órgano contra el expresidente. 

En una reunión privada con la Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Cepeda pedirá que ese organismo investigue y juzgue a Uribe Vélez, como máximo responsable del crimen de lesa humanidad de persecución, cometido en Colombia, en el marco de lo que se ha conocido como las chuzadas del DAS, teniendo en cuenta que en Colombia no está tipificado dicho delito. 

"El expresidente dirigió una campaña de difamación y venganza en mi contra, por mis denuncias sobre sus presuntos nexos con actividades criminales durante su gestión en la gobernación de Antioquia y en la presidencia de la República. Esta campaña, además de ser una explícita incitación a la violencia en mi contra, se tradujo en una persecución criminal por parte del DAS", afirmó el defensor de derechos humanos desde Roma. 

Además de la denuncia, el congresista le entregará a la fiscal Bensouda numerosos documentos y pruebas sobre los procesos que se adelantan contra Uribe, como lo son el de la Masacre de miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de la Masacre de El Aro, para que sean incluidos por la CPI en la situación de Colombia.

La reunión entre el representante Cepeda y la fiscal general de la CPI, se dará en el contexto del Panel de la Asamblea Consultiva de Parlamentarios del mundo para la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados de Italia, durante el 10 y el 11 de diciembre. 

En cifras: 

La falta de efectividad de la Comisión de Investigación y Acusación es absoluta. Desde 1972 se han abierto 3.058 procesos, de los cuales 1.765 han sido archivados y 1.293 siguen vigentes. En toda su historia, solo ha proferido una acusación, la que, una vez pasada a la instancia del Senado de la República, se decidió de manera absolutoria. Existen 287 procesos en contra de Álvaro Uribe Vélez, desde el año 2002.

Fuente: Oficina de Prensa representante Iván Cepeda 

En la carta se reitera la importancia del actual proceso y se insta a las partes a seguir adelante en la materialización de la paz.

Bogotá, 6 de diciembre de 2012-. Mediante una misiva, los copresidentes de las Comisiones de Paz del Congreso, se dirigieron a los negociadores plenipotenciarios del Gobierno Nacional y de las Farc para respaldar las negociaciones con miras a la finalización del conflicto, y para destacar los resultados de la primera ronda de las Mesas Regionales de Paz.

En la carta, los copresidentes de las Comisiones reiteran su apoyo y la importancia del actual proceso de conversación, e instan a las partes a seguir adelante en la materialización del sueño de poner fin al conflicto y avanzar en el logro de una paz estable y duradera para Colombia.

A continuación el texto completo de la carta:

Bogotá, 6 de diciembre de 2012

Señores

Representantes Plenipotenciarios del Gobierno de la República de Colombia

Humberto de la Calle Lombana

Sergio Jaramillo

Frank Pearl

Luis Carlos Villegas

General (r) Óscar Naranjo

General (r) Jorge E. Mora

Señores

Representantes Plenipotenciarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo

Iván Márquez

Jesús Santrich

Rodrigo Granda

Andrés París

Marcos León Calarcá

Simón Trinidad

Señores Representantes Plenipotenciarios

Desde las Comisiones de Paz del Congreso de la República acompañamos con esperanza la Mesa de Conversaciones en la Habana, y los animamos a realizar todos los esfuerzos necesarios paraalcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Colombia, como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera.

Como contribución a este esfuerzo nacional, y con el propósito de promover la participación de la sociedad en la construcción de la Paz, las Comisiones de Paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes con el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas, desarrollamos desde el 24 de octubre hasta el 24 de noviembre del año en curso, la primera ronda de las Mesas de Trabajo Regionales para Contribuir al Fin del Conflicto en (9) ciudades del país: Sincelejo, Barranquilla, Villavicencio, Pasto, Medellín, Bucaramanga, Florencia, Popayán y Bogotá, con participación de siete (7) regiones, dos mil novecientas noventa (2.990) personas, mil trescientas treinta y tres (1.333) organizaciones sociales y sesenta (60) plataformas, representantes de diferentes sectores sociales de los 32 departamentos del país. Dichos representantes entregaron sus propuestas sobre tres de los ejes temáticos del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera: Desarrollo agrario integral, participación política, y sustitución de cultivos de uso ilícito.

Luego de recorrer el país y escuchar con atención y respeto las propuestas planteadas en las Mesas de Trabajo, hacemos a ustedes entrega del resultado de la primera ronda, con la satisfacción de cumplir el compromiso adquirido con quienes participaron en ellas, de hacer llegar a la Mesa de Conversaciones de la Habana: 1. Las relatorías de cada una de las mesas de trabajo, 2. Los documentos entregados por las organizaciones a través de los buzones dispuestos en cada uno de las Mesas, y de aquellos presentados por las plataformas, y 3. La sistematización de las propuestas realizada por el Sistema de Naciones Unidas.

Agradecemos la disposición de ambas partes a recibir las conclusiones de las Mesas, el reconocimiento a este esfuerzo expresado a través dedeclaraciones unilaterales y en el comunicado conjunto número 6.Esperamos que las propuestas entregadas a ustedes a través de los agentes diplomáticos de los países garantes de los Gobiernos de Noruega y Cuba, sean discutidas y valoradas con especial atención, como insumo esencial para las decisiones a tomar.

De igual manera anunciamos la continuación del esfuerzo emprendido por las Comisiones de Paz, en los primeros meses de 2013 adelantaremos la segunda ronda de las Mesas de Trabajo Regionales para Contribuir al Fin del Conflicto, con el interés de escuchar a la sociedad, y recoger las propuestas existentes en relación al quinto punto del acuerdo, relacionado con los derechos de las víctimas.

Por último, saludamos las distintas iniciativas existentes tendientes a ampliar la participación social, entre ellas el Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial) que se desarrollará en Bogotá los días 17, 18 y 19 de diciembre. Reiterando el apoyo y la importancia del actual proceso de conversación, e instamos a las partes a seguir adelante en la materialización del sueño de poner fin al conflicto y avanzar en el logro de una paz estable y duradera para nuestro país.

Atentamente,

Presidencias Colegiadas de Las Comisiones de Paz del Congreso de la República:

ROY BARRERAS                                                        JORGE EDUARDO GECHEM

Presidente Congreso de la República                             Senador

GLORIA INÉS RAMÍREZ                                                JOSÉ JOAQUÍN CAMELO

Senadora                                                                      Representante a la Cámara

IVAN CEPEDA                                                              JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ

Representante a la Cámara                                            Representante a la Cámara

ANGELA MARÍA ROBLEDO

Representante a la Cámara

Comunicado oficial Comisiones de Paz y PNUD:

ENTREGA DE LAS PROPUESTAS DE 2.990 PARTICIPANTES DE LAS MESAS DE TRABAJO REGIONALES RUMBO A LA MESA DE CONVERSACIONES GOBIERNO Y FARC EN LA HABANA

Rendición de cuentas de las Comisiones de Paz del Congreso de la sobre las nueve Mesas de Trabajo Regional para contribuir al fin del conflicto y Acto de Entrega Oficial por parte de la ONU de las propuestas de la sociedad civil presentadas en estas Mesas y su sistematización.

En el Salón Constitución del Congreso de la República, se realizó la rendición de cuentas de las Comisiones de Paz de Senado y Cámara de Representantes sobre las nueve Mesas de Trabajo Regionales para contribuir al fin del conflicto y, al mismo tiempo, la entrega oficial, por parte de Naciones Unidas, de la sistematización de las propuestas presentadas en las Mesas por 2.990 participantes de 1333 organizaciones, redes y plataformas nacionales y regionales del país.

Las nueve Mesas de Trabajo Regionales, realizadas entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre con representación de organizaciones de los 32 departamentos del país, son una iniciativa de las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes que cuentan con el apoyo técnico y metodológico de Naciones Unidas Colombia.

Las propuestas sistematizadas de las Mesas de Trabajo Regionales serán entregadas hoy, por parte de Naciones Unidas, al Congreso de la República y éste a los países garantes de las conversaciones de paz -Cuba y Noruega- que se harán llegar a la Mesa de Conversaciones, que sesiona en La Habana. Se trata de la sistematización de innumerables propuestas presentadas sobre tres de los ejes temáticos del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera acordado por el Gobierno nacional y las Farc-Ep: política de desarrollo agrario integral, participación política y programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Las nueve Mesas de Trabajo regionales se realizaron con representación de los 32 departamentos del país y sesionaron en Sincelejo, Barranquilla, Meta, Pasto, Medellín, Bucaramanga, Florencia, Popayán y Bogotá. Cada una de las Mesas de Trabajo Regionales se realizó en dos días de trabajo con una metodología construida para facilitar la participación y presentación de propuestas alrededor de los ejes temáticos del Acuerdo General mencionados.. De esa forma, se conformaron 83 grupos de trabajo, los cuales eligieron 213 vocerías, de ellas 95 mujeres, quienes presentaron propuestas concretas con un único objetivo: el fin del conflicto.

A través de estos espacios de trabajo se buscó un doble propósito. El primero, garantizar la más amplia y debida participación de la sociedad sobre ejes temáticos del Acuerdo General. El segundo, asegurar que las propuestas presentadas en estos espacios contribuyan a la discusión de la Mesa de Conversaciones.

En las nueve Mesas participaron diferentes sectores y expresiones sociales de las diferentes regiones de Colombia, entre ellas organizaciones de campesinos, indígenas, afros, mujeres, sindicalistas, estudiantes, defensoras de derechos humanos, de niñas, niños y jóvenes, ambientalistas, comunidades LGBTI, iniciativas de paz,  iglesias, gremios, empresariado, académicos, investigadores sociales, víctimas del conflicto armado e integrantes de Juntas de Acción de Comunal.  Asimismo, expusieron sus propuestas líderes, lideresas y voceros de plataformas, organizaciones, redes, iniciativas, movimientos, procesos y sectores constituidos, representativos y reconocidos de las regiones del país. En especial hubo una importante participación de mujeres, indígenas y campesinos.

ELABORADO POR: COMUNICACIONES COMISIONES DE PAZ DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

En esta primera etapa de las Mesas Regionales por la Paz, promovidas por las Comisiones de Paz del Congreso, se han realizado 8 mesas de trabajo, con la participación de alrededor de  1.200 organizaciones sociales en 29 departamentos en todas las regiones del país.

El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara, destacó la cantidad y calidad de propuestas recogidas en las ocho primeras Mesas Regionales por la Paz en las que participaron los diferentes actores sociales de 29 departamentos. Las calificó como viables y concretas, y destacó la confianza que tienen los ciudadanos en que éstas lleguen de manera efectiva a la mesa de negociación que se reúne en La Habana y que sean tenidas en cuenta por los negociadores de ambas partes.

 El propósito de las mesas es recoger las propuestas de carácter local, dirigidas a la mesa de negociación Gobierno-Farc sobre los tres primeros temas de la agenda de diálogo.
Las iniciativas que se plantearon dentro de los ejes temáticos del "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", sobre desarrollo agrario, participación política y sustitución de cultivos ilícitos, abordaron diferentes problemáticas que afectan a las comunidades en todas las regiones, especialmente las afectadas por el conflicto de manera directa.

A continuación, las principales propuestas:

- Proteger y ampliar las zonas de reserva campesina, el rechazo al actual modelo de extracción y explotación de los recursos naturales, y una política rural concertada con los distintos sectores sociales y grupos étnicos. Implantar un modelo de ordenamiento territorial participativo.

- Ponerle límites a la concentración de la propiedad rural, identificando a los terratenientes que han utilizado maniobras ilegales para acaparar tierras.

- Llevar a la realidad una reforma agraria, con la creación de territorios multiétnicos, limitando la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente de la industria multinacional, y facilitando el acceso a la tecnología para la producción alimentaria.

- Proteger los recursos hídricos de la privatización y vigilar su uso por parte del sector minero.

- Mejorar y ampliar los programas de educación en las zonas rurales.

- Garantizar la no repetición de genocidios contra movimientos o partidos políticos de oposición, al igual que crear el estatuto de oposición.

Desde la Mesa por la Paz que se lleva a cabo en Bogotá, el representante Cepeda recibió de manera positiva la liberación de los ciudadanos chinos por parte de las Farc y confió en que se cumpla el compromiso de acabar con la práctica del secuestro. Del mismo modo advirtió sobre la necesidad de verificar el cese de hostilidades unilateral anunciado por ese grupo, con el fin de evitar tergiversaciones y provocaciones que conlleven al fracaso de dicha iniciativa.

El congresista anunció que en los primeros días de diciembre se entregará la relatoría de las Mesas Regionales por la Paz a una instancia independiente que la entregará a los negociadores en La Habana, y destacó el apoyo metodológico y técnico de diferentes agencias y organismos de la ONU para la realización de estos espacios, en particular de PNUD y 11 agencias más del Sistema de Naciones Unidas (ONUMUJERES, OCHA, UNICEF, ACNUR, OACNUDH, UNODC, PMA, UNFPA, OIM, UNMAS y UNDSS).  

Fuente Oficina de Prensa HR Iván Cepeda

Medellín, 19 de noviembre de 2012. El representante Iván Cepeda recibió con beneplácito el comienzo de la negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana, tras la suscripción del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y de la reunión de preparación de Oslo. Dijo que si las partes llegan a un acuerdo en torno al primer punto de la agenda temática se habrá puesto el cimiento para la construcción del final de la guerra en el país. 

"Llevamos más de medio siglo buscando una reforma agraria que elimine el despojo y la concentración violenta de tierras en Colombia.  De los acuerdos que se definan con relación a la problemática del desarrollo rural integral, depende la terminación del conflicto armado, pues es uno de los problemas esenciales que toca a las poblaciones directamente afectadas por la guerra", precisó.  

El congresista se mostró optimista frente a la disposición, la prudencia y la flexibilidad que tendrán las partes para lograr compromisos claros por la paz y señaló que espera una amplia participación de muchos sectores sociales en ésta u otras etapas del proceso. Por eso, destacó iniciativas como el foro internacional convocado por la Ruta Social por La Paz, que tendrá lugar los primeros días de diciembre y servirá para escuchar las propuestas de participación de las organizaciones sociales y populares. 

Añadió que sería muy importante para el país que se concretara la propuesta de un cese de hostilidades bilateral o unilateral, especialmente en época de navidad, y confió en que muy pronto se pueda iniciar un proceso de negociación con el Eln. 

Finalmente, Cepeda anunció que en los primeros días de diciembre las Comisiones de Paz del Congreso presentarán el balance de las Mesas de Trabajo Regionales por La Paz, que se realizaron con el fin de recoger las propuestas que las organizaciones sociales, gremios y grupos étnicos, quieren que sean tenidas en cuenta en la mesa de negociación. Sostuvo que esas propuestas llegarán en las próximas semanas a La Habana mediante una instancia independiente.

Fuente Oficina de Prensa HR Iván Cepeda

Esa fue una de las iniciativas expresadas por los voceros de 223 organizaciones sociales que se reunieron en Sincelejo, Sucre, en la primera de las Mesas de Trabajo Regionales por la Paz, lideradas por las Comisiones de Paz del Congreso. El propósito de las mesas es recoger las propuestas de carácter local, dirigidas a la mesa de negociación Gobierno-Farc.

El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara, quien encabezó la instalación de la Mesa Caribe I, en Sincelejo, destacó la cantidad y calidad de propuestas recogidas en la jornada en la que participaron los diferentes actores sociales de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. Las calificó como viables y concretas, y destacó la confianza que tienen los ciudadanos en que éstas lleguen de manera efectiva a la mesa de negociación que se reúne en La Habana en próximos días y sean tenidas en cuenta por los negociadores de ambas partes.

Las iniciativas que se plantearon dentro de los ejes temáticos del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, abordaron diferentes problemáticas que afectan a las comunidades de esta región. Fortalecer las zonas de reserva campesina, el rechazo al actual modelo de extracción y explotación de los recursos naturales, y una política rural concertada con los distintos sectores sociales y grupos étnicos, fueron algunas de las iniciativas expresadas en la primera Mesa Regional por La Paz.

El congresista Cepeda señaló que otros temas propuestos por los representantes de las organizaciones sociales presentes en Sincelejo, tienen que ver con ponerle límites a la concentración de la propiedad rural, identificar a los terratenientes que han utilizado maniobras ilegales para acaparar tierras, y la protección de las fuentes de agua como restricción a la minería.

Con relación a la participación política, los asistentes reiteraron la necesidad de que se haga de manera transparente y exigieron que se esclarezca el genocidio de la Unión Patriótica, como un mensaje claro del compromiso de todas las instituciones con la democracia.

Cada una de las Mesas Regionales por la Paz se desarrollará en dos jornadas. En la primera se hará un taller para la recolección de las propuestas y en la segunda se darán a conocer en una plenaria, para luego ser sistematizadas por parte del PNUD. Finalmente, serán entregadas, sin modificaciones, a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien las llevará a la mesa de negociación Gobierno-Farc.

La segunda parada será la Mesa Caribe II, en Barranquilla, el 26 y 27 de octubre. Se realizarán ocho mesas en diferentes regiones del país durante 2012 y otras ocho en 2013.

Fuente: Oficina de Prensa HR Iván Cepeda

El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien ha venido acompañando el proceso por la restitución de tierras a las comunidades campesinas de LasPavas en el Sur de Bolívar, aseguró que la reciente decisión el Incoder de declarar baldíos los predios correspondientes a más de 1.300 hectáreas de este terreno, constituye un paso hacia la justicia para las víctimas de desplazamiento por parte de los paramilitares y empresarios que financiaron estas acciones criminales. 

El congresista y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, afirmó que el caso de la hacienda Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, es emblemático porque demuestra cómo las comunidades campesinas, que buscan hacer válida su titularidad de la tierra, se ven enfrentadas a un poderoso consorcio que en el pasado obtuvo subvenciones por parte del Gobierno Nacional y que durante años se ha beneficiado del desalojo de los campesinos para desarrollar su proyecto agroindustrial. 

En ese sentido, Cepeda aplaudió el fallo del Incoder que concluyó que diez de los lotes, cuya propiedad se atribuía la firma Aportes San Isidro, y que reclaman 123 familias de campesinos, son baldíos de la Nación. 

"Este es un paso determinante en el reconocimiento del derecho a la restitución que tienen estas familias. Llevan años luchando por lo que perdieron por causa del desplazamiento perpetrado por los paramilitares, coadyuvado por empresarios que los promovieron y los financiaron en sus acciones criminales", señaló el representante. 

El congresista confió en que el ministerio de Agricultura inicie cuanto antes el proceso de restitución a la comunidad de Las Pavas y se le reivindique como legítimo dueño de sus terrenos.

 

FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

El congresista Iván Cepeda, citante al debate en la Comisión Segunda de Cámara, presentó numerosos documentos que demuestran que el caso del General (r) Mauricio Santoyo no es un hecho aislado de corrupción, sino que hizo parte de una estructura delictiva en la cual estarían implicados 7 oficiales y suboficiales de la Policía, que operó en Antioquia en los años 90, y luego en el Palacio presidencial entre 2002 y 2010.

El representante a la Cámara Iván Cepeda reveló las relaciones de varios oficiales y suboficiales de la Policía Nacional con el General (R) Mauricio Santoyo, que han sido señalados de participar en actividades ilegales, tanto en la época en que algunos acompañaron a Santoyo en el Gaula de Medellín, como en su paso por la presidencia de la República como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.

 Según un artículo publicado por El Espectador, Estados Unidos tendría abiertos 8 expedientes de altos oficiales de la Policía y el Ejército por presuntos nexos con paramilitares y narcotraficantes. Las autoridades estadounidenses se preguntarían por generales en retiro como Jorge Daniel Castro (excomandante policía Antioquia), Rubén Carrillo (excomandante policía Antioquia) Luis Alfredo Rodríguez Pérez (exdirector Dijin) y Mario Montoya Uribe (excomandante del Ejército). El coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez ha sido relacionado con desapariciones forzadas. 

Coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez 

El representante Iván Cepeda presentó el caso de Carlos Arturo Ceballos, quien llevaba los oficios de las interceptaciones ilegales en Medellín y era el jefe de la sala técnica del Gaula. En una carta dirigida al entonces fiscal general Alfonso Gómez, Ceballos amenazó con contar sobre la participación del Coronel Luis Alfredo Rodríguez en las interceptaciones en complicidad con Santoyo.. Rodríguez fue comandante de la Policía Metropolitana de Medellín y después director de la Dijin. 

Carta La Terraza 

Rodríguez Pérez es mencionado junto a Santoyo en una carta que la banda La Terraza le envía al presidente Andrés Pastrana en el 2000. La comunicación habla de los positivos que ellos le dieron para su imagen y su carrera. Dice: "El más criminal y deshonesto era Rodríguez Pérez".. También menciona a Grijalba y a Santoyo.

En la carta afirman: "El mayor SANTOYO el encargado de ejecutar el secuestro y desaparición de JAIRO BEDOYA miembro de la OIA (Organización indígena de Antioquia) (…)"

"SANTOYO fue el mismo a quien a principios del año, nuestro grupo le hizo entrega de un carro volswagen golf morado con material explosivo para que se anotara un positivo en su hoja de vida." 

Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco' también salpica a Santoyo. Afirmó en una declaración: Santoyo tenía estrechas relaciones con el jefe de la 'Oficina de Envigado', Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio'. Ambos estuvieron reunidos con el entonces secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno. 

Mayor Mario Fernando Herrera Ariza 

Jefe de Seguridad de Tomás Uribe y mano derecha de Santoyo. Conforme a versiones allegadas a Cepeda, éste concertaba las citas de 'El Canoso' y Tomás Uribe. Tiene empresa de seguridad que es fachada para lavado de activos, Seguridad Silver Ltda. Tomás Uribe y su esposa son padrinos de bautizo de Laura Herrera, hija menor del mayor Herrera. Según una fuente anónima que se comunicó con el representante Cepeda antes del debate, Santoyo y Herrera se reunían en la sede de la empresa Seguridad Silver (calle 25 F Nº84B-46) cerca de Noticias Uno, para hacerle seguimientos a Daniel Coronell. 

General (R) Jorge Daniel Castro

Castro fue comandante de la policía metropolitana de Medellín en la época en la que Santoyo era el jefe del Gaula en esa ciudad, y cuando asumió la dirección general de la institución fue él quien promovió el ascenso de Santoyo. 

En el año 2007, 11 generales de la República son relevados por el caso de las "chuzadas" entre ellos el director de la policía general Jorge Daniel Castro. 

General (R) Teodoro Campo

En octubre de 2000 Campo fue retirado de la policía pero dos años mas tarde gracias a su cercanía con Pedro Juan Moreno, logró que aprobaran su reintegro a la Policía y fue designado director general por recomendación de Moreno a Uribe. Campo fue quien designó a Santoyo como jefe de seguridad de Presidencia. Tras una accidentada gestión fue retirado nuevamente en noviembre de 2003, pero Santoyo continuó. 

El Guardián de Ralito: Coronel (R) Jorge Vargas Peña 

El narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso' afirma que el general Santoyo, siendo jefe de seguridad del presidente Uribe, nombró al coronel Jorge Vargas como principal enlace entre él y las AUC. 

Sierra afirma que, a pesar de que estaba expulsado del proceso y de que sobre su cabeza pesaba una recompensa de 5 millones de dólares, estuvo refugiado en Santa fe Ralito. Asegura que el coronel (r) Jorge Vargas, jefe de seguridad de la zona, tenía pleno conocimiento de eso. 

"Él (Vargas) sabía que yo estaba y (yo) le aportaba dinero". 

Hermano y eslabón entre los paramilitares y Palacio: General Julio César Santoyo 

La hipótesis de la revista Semana es que el hermano de Santoyo era el correo humano entre la Casa de Nariño y Santafé de Ralito, en calidad de jefe de seguridad del excomisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo. 

Alias "El Tuso" Sierra también lo menciona en una de sus declaraciones: "Julio le llevaba las razones a El Alemán". 

El representante Cepeda también recordó que entre los paramilitares que afirman que tuvieron nexos con los oficiales Jorge Vargas y Julio Santoyo, están alias 'Don Berna' y alias 'Gordo Lindo'. 

Antes de ser asesinado el teniente Nestor Eduardo Porras aseguró que Julio Santoyo estaba en la nómina del Cartel de Cali. 

El sucesor de Santoyo: General (R) Flavio Buitrago Delgadillo 

Fue comandante de la policía Antioquia, sucesor de Santoyo como jefe de seguridad del expresidente Uribe, y fue condecorado junto a Santoyo el 5 de agosto del 2010. 

El columnista Ramiro Bejarano menciona que el General Buitrago instruyó a un denunciante para que señalara al senador Gustavo Petro de presentar testigos falsos en sus debates sobre parapolítica. 

En su columna, "Estado tramposo", Bejarano afirma: "El general Flavio Buitrago Delgadillo, jefe de seguridad de Uribe -protegido del tristemente célebre Santoyo"-. El señor Sergio Tovar Pulido se presentó en Palacio para denunciar al entonces senador Petro por ofrecer dádivas a testigos para que declararan contra dirigentes involucrados en la parapolítica. Se intentaba presentar como una trampa la caída del director del DAS Jorge Noguera. El general Flavio Buitrago instruyó al denunciante sobre cómo actuar ante la Fiscalía, lo cual éste hizo dos días después. 

La cereza en el pastel: las fiestas de San José de Pare (Boyacá), 2008 y 2009. 

En las tradicionales fiestas de este municipio "Festival Nacional del Poncho y degustación del Whisky", se nombran como presidentes honorarios al expresidente Álvaro Uribe y al General Mauricio Santoyo. 

Y otras personalidades que son invitadas de manera especial, son el Coronel Julio César Santoyo, el Coronel Jorge Vargas P., el Mayor Mario Fernando Herrera Ariza y su hermano el Subteniente Juan Pablo Herrera Ariza, Elizabeth Olarte de Santoyo y su hermano Gilberto Olarte. 

Este es el grupo de oficiales y suboficiales que llegaron a Antioquia, trabajaron con Mauricio Santoyo, se relacionaron con Uribe Vélez y terminaron en la Casa de Nariño. Todos tienen antecedentes. 

Todos ellos son oriundos de San José de Pare. Como también lo es el condenado general (R) Rito Alejo Del Río.  

El representante a la Cámara Iván Cepeda reveló las relaciones de varios oficiales y suboficiales de la Policía Nacional con el General (R) Mauricio Santoyo, que han sido señalados de participar en actividades ilegales, tanto en la época en que algunos acompañaron a Santoyo en el Gaula de Medellín, como en su paso por la presidencia de la República como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. 

Según un artículo publicado por El Espectador, Estados Unidos tendría abiertos 8 expedientes de altos oficiales de la Policía y el Ejército por presuntos nexos con paramilitares y narcotraficantes. Las autoridades estadounidenses se preguntarían por generales en retiro como Jorge Daniel Castro (excomandante policía Antioquia), Rubén Carrillo (excomandante policía Antioquia) Luis Alfredo Rodríguez Pérez (exdirector Dijin) y Mario Montoya Uribe (excomandante del Ejército). El coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez ha sido relacionado con desapariciones forzadas. 

Coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez

El representante Iván Cepeda presentó el caso de Carlos Arturo Ceballos, quien llevaba los oficios de las interceptaciones ilegales en Medellín y era el jefe de la sala técnica del Gaula. En una carta dirigida al entonces fiscal general Alfonso Gómez, Ceballos amenazó con contar sobre la participación del Coronel Luis Alfredo Rodríguez en las interceptaciones en complicidad con Santoyo.. Rodríguez fue comandante de la Policía Metropolitana de Medellín y después director de la Dijin. 

Carta La Terraza 

Rodríguez Pérez es mencionado junto a Santoyo en una carta que la banda La Terraza le envía al presidente Andrés Pastrana en el 2000. La comunicación habla de los positivos que ellos le dieron para su imagen y su carrera. Dice: "El más criminal y deshonesto era Rodríguez Pérez".. También menciona a Grijalba y a Santoyo. 

En la carta afirman: "El mayor SANTOYO el encargado de ejecutar el secuestro y desaparición de JAIRO BEDOYA miembro de la OIA (Organización indígena de Antioquia) (…)"

"SANTOYO fue el mismo a quien a principios del año, nuestro grupo le hizo entrega de un carro volswagen golf morado con material explosivo para que se anotara un positivo en su hoja de vida." 

Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco' también salpica a Santoyo. Afirmó en una declaración: Santoyo tenía estrechas relaciones con el jefe de la 'Oficina de Envigado', Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio'. Ambos estuvieron reunidos con el entonces secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno. 

Mayor Mario Fernando Herrera Ariza 

Jefe de Seguridad de Tomás Uribe y mano derecha de Santoyo. Conforme a versiones allegadas a Cepeda, éste concertaba las citas de 'El Canoso' y Tomás Uribe. Tiene empresa de seguridad que es fachada para lavado de activos, Seguridad Silver Ltda. Tomás Uribe y su esposa son padrinos de bautizo de Laura Herrera, hija menor del mayor Herrera. Según una fuente anónima que se comunicó con el representante Cepeda antes del debate, Santoyo y Herrera se reunían en la sede de la empresa Seguridad Silver (calle 25 F Nº84B-46) cerca de Noticias Uno, para hacerle seguimientos a Daniel Coronell. 

General (R) Jorge Daniel Castro 

Castro fue comandante de la policía metropolitana de Medellín en la época en la que Santoyo era el jefe del Gaula en esa ciudad, y cuando asumió la dirección general de la institución fue él quien promovió el ascenso de Santoyo. 

En el año 2007, 11 generales de la República son relevados por el caso de las "chuzadas" entre ellos el director de la policía general Jorge Daniel Castro. 

General (R) Teodoro Campo 

En octubre de 2000 Campo fue retirado de la policía pero dos años mas tarde gracias a su cercanía con Pedro Juan Moreno, logró que aprobaran su reintegro a la Policía y fue designado director general por recomendación de Moreno a Uribe. Campo fue quien designó a Santoyo como jefe de seguridad de Presidencia. Tras una accidentada gestión fue retirado nuevamente en noviembre de 2003, pero Santoyo continuó. 

El Guardián de Ralito: Coronel (R) Jorge Vargas Peña 

El narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso' afirma que el general Santoyo, siendo jefe de seguridad del presidente Uribe, nombró al coronel Jorge Vargas como principal enlace entre él y las AUC. 

Sierra afirma que, a pesar de que estaba expulsado del proceso y de que sobre su cabeza pesaba una recompensa de 5 millones de dólares, estuvo refugiado en Santa fe Ralito. Asegura que el coronel (r) Jorge Vargas, jefe de seguridad de la zona, tenía pleno conocimiento de eso. 

"Él (Vargas) sabía que yo estaba y (yo) le aportaba dinero". 

Hermano y eslabón entre los paramilitares y Palacio: General Julio César Santoyo 

La hipótesis de la revista Semana es que el hermano de Santoyo era el correo humano entre la Casa de Nariño y Santafé de Ralito, en calidad de jefe de seguridad del excomisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo. 

Alias "El Tuso" Sierra también lo menciona en una de sus declaraciones: "Julio le llevaba las razones a El Alemán". 

El representante Cepeda también recordó que entre los paramilitares que afirman que tuvieron nexos con los oficiales Jorge Vargas y Julio Santoyo, están alias 'Don Berna' y alias 'Gordo Lindo'. 

Antes de ser asesinado el teniente Nestor Eduardo Porras aseguró que Julio Santoyo estaba en la nómina del Cartel de Cali. 

El sucesor de Santoyo: General (R) Flavio Buitrago Delgadillo 

Fue comandante de la policía Antioquia, sucesor de Santoyo como jefe de seguridad del expresidente Uribe, y fue condecorado junto a Santoyo el 5 de agosto del 2010.   

El columnista Ramiro Bejarano menciona que el General Buitrago instruyó a un denunciante para que señalara al senador Gustavo Petro de presentar testigos falsos en sus debates sobre parapolítica.

En su columna, "Estado tramposo", Bejarano afirma: "El general Flavio Buitrago Delgadillo, jefe de seguridad de Uribe -protegido del tristemente célebre Santoyo"-. El señor Sergio Tovar Pulido se presentó en Palacio para denunciar al entonces senador Petro por ofrecer dádivas a testigos para que declararan contra dirigentes involucrados en la parapolítica. Se intentaba presentar como una trampa la caída del director del DAS Jorge Noguera. El general Flavio Buitrago instruyó al denunciante sobre cómo actuar ante la Fiscalía, lo cual éste hizo dos días después.

La cereza en el pastel: las fiestas de San José de Pare (Boyacá), 2008 y 2009. 

En las tradicionales fiestas de este municipio "Festival Nacional del Poncho y degustación del Whisky", se nombran como presidentes honorarios al expresidente Álvaro Uribe y al General Mauricio Santoyo.

 Y otras personalidades que son invitadas de manera especial, son el Coronel Julio César Santoyo, el Coronel Jorge Vargas P., el Mayor Mario Fernando Herrera Ariza y su hermano el Subteniente Juan Pablo Herrera Ariza, Elizabeth Olarte de Santoyo y su hermano Gilberto Olarte. 

Este es el grupo de oficiales y suboficiales que llegaron a Antioquia, trabajaron con Mauricio Santoyo, se relacionaron con Uribe Vélez y terminaron en la Casa de Nariño. Todos tienen antecedentes. 

Todos ellos son oriundos de San José de Pare. Como también lo es el condenado general (R) Rito Alejo Del Río. 

FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

Así lo expresó el congresista Iván Cepeda, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de representantes que se instalará oficialmente este miércoles. Cepeda dijo que se debe recibir con optimismo un primer paso de las partes y anunció que buscará que una delegación del gobierno de Irlanda del Norte visite Colombia para compartir la experiencia de paz en ese país.

BOGOTÁ, 27/08/12. Ante la información divulgada por el canal Telesur, sobre la firma de un acuerdo inicial entre el Gobierno colombiano y las Farc para un eventual diálogo de paz, el representante Iván Cepeda Castro reiteró la disposición de la Comisión de Paz de la Cámara para agotar todos los esfuerzos y acciones conducentes a la búsqueda de la paz por parte del Gobierno Nacional.

“De confirmarse este primer acuerdo, es una noticia positiva para el país. Es legítimo que el Gobierno haga uso de la confidencialidad para buscar que la posibilidad de un diálogo se materialice, y se debe recibir con optimismo que, tanto el presidente Juan Manuel Santos, como las Farc, den ese paso”, dijo el representante.

Según el congresista, la Comisión de Paz de la Cámara cumplirá una tarea pedagógica mediante la realización de foros con los expresidentes y expertos para analizar experiencias pasadas en esta materia. Igualmente, la Comisión gestionará la visita de una delegación de Irlanda del Norte para que comparta la información sobre el exitoso proceso de paz en ese país.

La instalación de la Comisión de Paz de la Cámara se llevará a cabo este miércoles 29 de agosto en la Plenaria de esa corporación, a las 3 de la tarde.

Oficina de Prensa

Luego de que la Defensoría del Pueblo solicitó que se decrete la emergencia sanitaria en la Cárcel Nacional Modelo por los casos de varicela que se presentaron recientemente, el congresista Iván Cepeda pidió que se declare la emergencia carcelaria por la grave situación de hacinamiento, sumada a los problemas de salud que están viviendo los internos en las cárceles más sobrepobladas del país.

El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Iván Cepeda, advirtió que la crisis de hacinamiento y de problemas sanitarios que se vive en las cárceles colombianas, está llegando a su peor nivel y que es imperioso que el Gobierno decrete la emergencia carcelaria, al igual que urge poner en funcionamiento la Comisión de seguimiento aprobada por el ministerio de Justicia.

El congresista recordó que pasado 22 de julio, la Secretaría Distrital de Salud confirmó la existencia de al menos dos casos de varicela en la cárcel Nacional Modelo, la más grande del país, que según un informe reciente publicado en el periódico El Tiempo alberga a 7.965 internos, excediendo más del 200% de su capacidad. Ante esta situación el Inpec anunció que se procedería al aislamiento de los enfermos, con la finalidad de prevenir otros contagios.

Para el representante Cepeda, ésta medida de aislamiento y otras de descongestión que se implementaron esta semana "resultan insuficientes e inadecuadas, si se tiene en cuenta el hacinamiento, las precarias condiciones sanitarias y las deficiencias en la infraestructura.. Esto no sólo en la cárcel Modelo, sino en general en la mayoría de los establecimientos de reclusión del país. Se están afectando el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, lo que desdibuja la existencia de condiciones de reclusión dignas y niegan la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad", concluyó el legislador.

Señaló además, que han pasado más de dos meses desde que Caprecom dejó de prestar el servicio de salud en la cárceles, sin que se haya dispuesto un remplazo para ello.

Con relación a esta grave situación, el representante le envió un derecho de petición a la ministra de Justicia Ruth Stella Correa, en el cual le reitera la urgencia y la necesidad de continuar trabajando en la iniciativa de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario. Cepeda señaló que ya se habían suscrito acuerdos con el Viceministerio de Justicia, que deben ser retomados con la urgencia que ameritan, y sin más dilaciones por parte de esa cartera.

Igualmente anunció que de continuar la grave crisis carcelaria, convocará a un nuevo debate de control político en la Cámara de representantes.

A CONTINUACIÓN EL DERECHO DE PETICIÓN REMITIDO A LA MINISTRA DE JUSTICIA:

Bogotá, 26 de Julio de 2012.

Doctora

RUTH STELLA CORREA

Ministra de Justicia.

Dirección: Carrera 9 No. 12C - 10 - Bogotá.

Ref. Derecho de Petición

IVAN CEPEDA CASTRO, en mi condición de Representante a la Cámara, me dirijo a usted en ejercicio del Derecho de Petición, consagrado en la Constitución Política de Colombia, con el propósito de solicitar una respuesta o un pronunciamiento del Ministerio, frente a la iniciativa de creación de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario Comisión Interinstitucional, respecto a la cual, habíamos llegado a algunos acuerdos con el Viceministerio de Justicia, que tenían como punto de partida el reconocimiento de la extrema gravedad de la situación penitenciaria y carcelaria.

La presente solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos:

- El hacinamiento es un lugar común, sobre diagnosticado en las cárceles de Colombia. El contraste entre la capacidad de los establecimientos carcelarios y la población que los habita ha adquirido dimensiones dramáticas; por ejemplo, la cárcel nacional modelo (la más grande del país) tiene 7.965 internos, cuando su límite sería de 2.950 internos. Respecto a otros establecimientos carcelarios como la Picota -en Bogotá- Villahermosa -en Cali- y Bellavista -en Medellín- , los niveles de hacinamiento superan el 100 por ciento.

- Esta situación es el punto de origen de una cadena de vulneración de los derechos de la población carcelaria que atenta contra el principio de dignidad humana, y da cuenta del incumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar los derechos de los sindicados y los condenados.

- Al hacinamiento se suman las precarias condiciones sanitarias y las deficiencias en la infraestructura, que afectan, entre otros el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y que en suma, desdibujan la existencia de condiciones de reclusión dignas, y niegan la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad. 

-    No solo la población privada de la libertad ha denunciado la grave situación carcelaria; los guardias del INPEC, manifestaron la semana pasada que entrarían en paro, advirtiendo así el inminente colapso del sistema carcelario.

Su denuncia se centra en la imposibilidad de ejercer sus labores, derivada precisamente del hacinamiento; así, un patio de La Picota en el que hay más de mil detenidos cuenta con sólo dos guardianes del INPEC. Los guardianes han exigido la presencia en la Cárcel del director del INPEC, para que verifique personalmente estas denuncias, y adopte medidas acordes a la gravedad de la situación.

-    El pasado 22 de julio, la Secretaría Distrital de Salud confirmó la existencia de al menos dos casos de varicela en la cárcel Nacional Modelo, la más grande del país, que según un informe reciente publicado en el periódico el tiempo alberga a 7.965 internos, excediendo el 100% de su capacidad. Ante esta situación se anunció que se procedería al aislamiento de los enfermos, con la finalidad de prevenir otros contagios.

-    La medida adoptada por el distrito, resulta insuficiente e inadecuada, si se tiene en cuenta el hacinamiento, las precarias condiciones sanitarias y las deficiencias en la infraestructura, de la cárcel Modelo - y en general de los establecimientos de reclusión del país- , que afectan, entre otros el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y que en suma, desdibujan la existencia de condiciones de reclusión dignas, y niegan la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad.

Las dramáticas dimensiones de hacinamiento en la Modelo, y en general en los establecimientos carcelarios del país, reiteran la urgencia y la necesidad de decretar la emergencia carcelaria y de continuar trabajando en la iniciativa de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario

Esta Comisión estaría conformada por los Ministerios de Justicia, Hacienda, Salud, Trabajo, Educación, el Sena, la Unidad de Servicios Penitenciarios, la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Fiscalía General de la Nación, un representante de los jueces de ejecución de penas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Contraloría General, el Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro y el Senador Juan Manuel Galán. Dentro de las funciones de la Comisión estarían formular un balance de la situación penitenciaria y carcelaria, y entregar una serie de recomendaciones al Consejo Superior de Política Criminal y al Congreso de la República.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 5º del Código Contencioso Administrativo, en los que se consagra el Derecho de Petición. 

III. PETICION

Por las consideraciones expuestas anteriormente, solicito una respuesta o un pronunciamiento del Ministerio, frente a la iniciativa de creación de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario Comisión Interinstitucional, a la cual se ha hecho referencia.

Favor enviar comunicaciones sobre la información solicitada a la siguiente dirección:

Carrera 7 No. 8- 68 Oficina 416 A. Bogotá. D.C

Atentamente.

______________________

IVAN CEPEDA CASTRO.

Representante a la Cámara

El defensor de derechos humanos y congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, afirmó que el Congreso debe declararse impedido para discutir el proyecto que pretende ampliar el fuero penal militar, y que cumplirá sus últimos debates en la próxima legislatura.

 "El Congreso -afirmó Cepeda- perdió toda legitimidad, a tal punto que muchos piden hoy su revocatoria. Ha quedado sin autoridad moral para discutir y votar cualquier proyecto relacionado con la Justicia, y menos para aprobar la ampliación del fuero penal militar, que puede abrirle las puertas a la impunidad en casos de delitos cometidos por agentes del Estado".

 El representante a la Cámara, quien ha venido siendo crítico de esta iniciativa, alertó a la ciudadanía para que esté atenta de los pasos que da el Legislativo en este sentido, y dijo que si es necesario, convocará nuevamente al movimiento ciudadano que logró tumbar la Reforma Judicial, para que se oponga a la aprobación de este "nuevo engendro".

Así lo dijo el representante Iván Cepeda al destacar que el movimiento ciudadano que promueve el referendo revocatorio de la Reforma a la Justicia seguirá vivo, y que gracias a él se evitó que exministros, excongresistas y exfuncionarios del gobierno Uribe que se encuentran privados de la libertad se beneficiaran del acto legislativo.

El congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, alertó a los colombianos para que no permitan que la Reforma judicial aprobada por el Congreso sea “maquillada, remendada ni arreglada a conveniencia de los congresistas”, y afirmó que la única manera de subsanar ese mal es buscando su derogación.

Recalcó que gracias a la alerta ciudadana sobre los graves inconvenientes de la Reforma, se evitó que muchos exfuncionarios del anterior gobierno salieran de las cárceles y terminaran entrabando la acción de la justicia en sus distintos procesos penales.

Cepeda aseguró que “si el Legislativo y el Gobierno insisten en mantener viva la Reforma, el movimiento ciudadano promotor del referendo revocatorio tomará más fuerza y saldrá a las calles a recoger las firmas necesarias para hundirla. El Congreso debe entender que la paciencia ciudadana tiene un límite”, indicó el congresista.

En ese mismo sentido, el representante Cepeda advirtió que si el Congreso de la República sigue encaminando el poder legislativo a satisfacer sus intereses individuales y no hacia el servicio ciudadano, también terminará siendo objeto de una derogatoria.

El congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, afirmó que sería vergonzoso que el Congreso apruebe una reforma judicial que no se enmarca en la ética, ya que permite que los congresistas legislen en beneficio propio, al suprimir el conflicto de intereses en la aprobación de los proyectos de ley que modifiquen el Reglamento Orgánico del Congreso.

Cepeda advirtió que la Reforma también está cambiando las reglas de juego sobre investigación y juzgamiento de la parapolítica, al contemplar que sólo serán privados de la libertad los congresistas o excongresistas, cuando se profiera resolución de acusación en firme, o sea que podrán seguir votando los proyectos de ley en la etapa investigativa.

Entre otros puntos, el representante a la Cámara señaló que la Reforma plantea un escenario incierto de juzgamiento de aforados que fortalece la impunidad. Especialmente, indicó que se contemplan múltiples obstáculos para el inicio de la investigación, ya que se adoptan medidas que desincentivan la denuncia ciudadana contra los aforados, al tener que ser presentada personalmente por el denunciante y acompañada de pruebas. Recordó que gran parte de los procesos por parapolítica se iniciaron como resultado de actuaciones de oficio, de anónimos o investigaciones serias por parte de congresistas y académicos.

El congresista indicó que el proyecto autoriza la privación policial de la libertad hasta por 36 horas para ciudadanos sospechosos de hacerse daño a sí mismos o a terceros por padecer perturbaciones mentales transitorias derivadas del consumo de bebidas alcohólicas, lo cual constituye una gravísima violación a los derechos de los ciudadanos. Puntualizó que dicho precepto va en contravía de la Constitución del 91, que estipula que sólo la autoridad judicial puede privar de la libertad a las personas.

Cepeda recogió algunas de las inquietudes recientemente presentadas por la Coalición Ciudadana por la Justicia, conformada por notables ciudadanos, juristas, académicos y exconstituyentes.

FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

Tras conocerse de la muerte de una mujer de 35 años que fue encontrada en días pasados en inmediaciones del Parque Nacional de la capital colombiana, luego de ser víctima de empalamiento, el representante Iván Cepeda rechazó este hecho y ratificó su compromiso de lograr la aprobación del proyecto que pretende crear mecanismos para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual.

BOGOTÁ, 30/05/2012. El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, repudió las graves agresiones sexuales de las que fue víctima una mujer en Bogotá, y que terminaron con su vida en días recientes. Exigió a las autoridades investigar de manera inmediata y con total diligencia este terrible crimen. Para el congresista, “esta es una expresión evidente de que la violencia contra la mujer, tanto en el contexto del conflicto como en la vida cotidiana, sigue siendo, lamentablemente, una práctica común. Es necesario que las autoridades actúen con rigor en estos casos de agresión sexual, como en los de las mujeres que han sido quemadas con ácido”. Cepeda aseguró que en la siguiente legislatura buscará la aprobación, junto con la representante Ángela Robledo, del proyecto de ley que pretende armonizar la legislación interna con la normatividad internacional, y recoger las recomendaciones hechas en la materia por diferentes organismos de protección de derechos humanos, en especial se espera tipificar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad cuando se presenta de manera sistemática o generalizada. Adicionalmente el proyecto de ley buscará entregar herramientas procesales para facilitar la investigación y juzgamiento de tales conductas.

OFICINA DE PRENSA

Iván Cepeda Castro

Representante a la Cámara

PDA

Congreso de la República de Colombia

Teléfono: 382 44 16

El representante Iván Cepeda, miembro de las Comisiones de Paz y de Derechos Humanos de la Cámara, junto con el director del Semanario Voz, Carlos Lozano y la directora de Asfamipaz, Marleny Orjuela, se reunieron con miembros del gobierno de Irlanda del Norte, del Parlamento de Belfast, y con líderes políticos y dirigentes británicos, en una gira que tenía por objeto exponer la situación de derechos humanos en Colombia y conocer la experiencia de paz en Irlanda del Norte.

Según el congresista, en una reunión con el Primer Ministro de Irlanda del Norte, Peter Robinson (partido DUP), y el Vice Primer Ministro, Martin McGuinness, (partido Sinn Fein), éstos le manifestaron que su país estaría dispuesto a apoyar cualquier iniciativa de paz en Colombia, respetando las directrices del Gobierno Nacional en este sentido.

"La experiencia de Irlanda del Norte en temas de paz puede enriquecer un eventual proceso con los grupos armados en nuestro país, mirando los aciertos y desaciertos para retomar lo que sea más útil. Fueron décadas de guerra que cesaron gracias a la voluntad de muchos y aquí puede pasar lo mismo", afirmó el representante a su regreso de la gira.

Durante la Comisión oficial que se desarrolló entre los días 19 y el 25 de este mes, el congresista se reunió con varios miembros del Parlamento de Belfast como Jim Shannon, Brenda Hale y Chris Lyttle, con representantes del partido Ulster Unionists (UUP) de Irlanda, y en Reino Unido se entrevistó con miembros de la Cancillería Británica y con Frances O'Grady, vicepresidenta de la TUC (Central Sindical Británica).

Cepeda anunció que presentará un amplio informe sobre los resultados de la Comisión Oficial ante la Plenaria de la Cámara. Los gastos de esta gira fueron cubiertos en su totalidad por Justice for Colombia, la organización anfitriona.

FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

El representante a la Cámara Iván Cepeda le solicitó al Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, que en caso de no existir una investigación abierta contra el ex vicepresidente Francisco Santos, se inicie una por su posible participación en la conformación del Bloque Capital de las AUC.

A través de una carta, el defensor de derechos humanos y congresista, Iván Cepeda Castro, le pidió al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, que se adelanten las investigaciones a que haya lugar, a raíz de las graves declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en entrevista con Caracol Radio, en las cuales afirma que se reunió con el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, quien le habría manifestado su interés en el proyecto paramilitar, y que incluso le propuso la creación de un bloque de autodefensas para Bogotá.

Para el representante Cepeda, en caso no existir aún una investigación, ésta debe iniciarse cuanto antes para aclarar la veracidad de dichas declaraciones y en defensa de las víctimas de los crímenes atroces cometidos por estas estructuras paramilitares en la reciente historia de nuestro país.

"Antes, Francisco Santos abogaba por medidas benévolas para los paramilitares, entre ellos Mancuso, ahora los sindica de criminales a los que no puede creérseles. Se quiere presentar como un luchador contra impunidad, pero llama la atención que según las declaraciones de Mancuso, el ex vicepresidente podría ser uno de los creadores del paramilitarismo", dijo el congresista.

FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

El representante a la Cámara Iván Cepeda le informó al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, que pocos días después de haberse llevado a cabo el debate de control político sobre el "Paramilitarismo en Antioquia durante la gobernación de Álvaro Uribe", se habría realizado una reunión en la hacienda Guacharacas (San Roque), liderada por Juan Guillermo Villegas, en la cual habrían participado miembros de grupos paramilitares, a quienes supuestamente se les dieron instrucciones para contrarrestar las denuncias hechas en el debate del pasado 11 de abril, y que ligaban tanto a los hermanos Álvaro Uribe como al señor Villegas en la conformación del grupo paramilitar que operó en ese municipio, especialmente entre 1995 y 1998.

El congresista también fue alertado de la presencia de un grupo paramilitar en Bogotá, que buscaría desarrollar acciones criminales para neutralizar las denuncias hechas en el debate, y atentar contra las personas que participaron en las investigaciones, así como contra Juan Monsalve, hijo del antiguo mayordomo de la hacienda Guacharacas, quien ha señalado a Álvaro Uribe Vélez de tener estrechos vínculos con la mencionada estructura criminal.

El representante a la Cámara Iván Cepeda recordó que Monsalve fue víctima de un atentado el pasado viernes 23 de marzo, en la cárcel de Cómbita, y que desde septiembre de 2011 se han venido solicitando medidas especiales de seguridad tanto para éste como para Pablo Hernán Sierra alias "Alberto Guerrero", quienes coinciden en los mismos señalamientos al expresidente Uribe en la conformación del Bloque Metro de las AUC, en la ejecución de masacres y su relación con actividades de narcotráfico de estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

El representante Cepeda remitió la carta con copia a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, y anunció que dejará constancia sobre este hecho ante la plenaria de la Cámara.

FUENTE: OFICINA HR IVAN CEPEDA

El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, deploró que a sólo tres semanas de que la Corte Constitucional profirió el Auto 045/12 en el que le ordenó al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para la protección de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) en los procesos de restitución y retorno, haya sido asesinado uno de sus más importantes líderes, Manuel Ruiz.

Ruiz y su hijo menor de edad fueron desaparecidos por el grupo paramilitar Águilas Negras el pasado viernes 23 de marzo en Mutatá (Antioquia), y ayer la comunidad lo halló muerto cerca de ese municipio. El cuerpo del joven fue encontrado esta mañana. El día de su desaparición, el líder campesino debía acompañar a funcionarios del Gobierno en la realización del censo de los actuales ocupantes de las tierras que fueron despojadas. Sus familiares tuvieron que desplazarse sin que hasta el momento hayan recibido ayuda estatal.

"Ya es hora de que el Gobierno Nacional tome muy en serio los graves riesgos que corren estos representantes de las comunidades que están reclamando sus tierras en todo el país. Esta situación no da más espera, y no podemos acostumbrarnos a sumar muertos sin hacer algo al respecto", afirmó el congresista.

El representante Cepeda recalcó que "no bastan las medidas de protección, es prioritario establecer la responsabilidad de los empresarios y actuales ocupantes de las tierras, su connivencia con las estructuras paramilitares que se oponen a la restitución, y por supuesto, comenzar a combatirlos".

En el último año, Manuel Ruiz había solicitado protección en tres oportunidades sin obtener respuesta alguna. Según la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, a la fecha existen otros 37 líderes amenazados en Curvaradó y Jiguamiandó que están en peligro de muerte si no se les brinda la protección necesaria.

A raíz del atentado que sufrió Juan Monsalve, quien declaró en contra del expresidente Álvaro Uribe, el congresista Iván Cepeda, pidió a las autoridades colombianas y organismos internacionales extremar las medidas de protección a Monsalve y a su familia.

Según la versión que el exparamilitar Monsalve le hizo llegar a sus familiares, el pasado viernes 23 de marzo, dos hombres lo atacaron con puñales sin motivación alguna, cuando se encontraba en uno de los patios de la cárcel de Cómbita. Éste desmintió la versión dada por el Inpec sobre una riña, y precisó que días antes, algunos internos le habían hablado de un atentado que se estaba organizando contra él, y que le pagarían 80 millones de pesos a quien lo cometiera.

El representante a la Cámara Iván Cepeda recordó que desde septiembre de 2011 se han venido solicitando medidas especiales de seguridad tanto para Juan Monsalve como para Pablo Hernán Sierra alias "Alberto Guerrero", quienes señalan la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación del Bloque Metro de las AUC, en la ejecución de masacres y su relación con actividades de narcotráfico de estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

El congresista señaló que estas peticiones fueron atendidas, incluso en enero de este año, el Inpec determinó que el riesgo que corría Monsalve era regular, por lo tanto no ameritaba extremar las condiciones de seguridad. Cepeda recordó también que José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, le envió una carta al ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, en la que le expresó su preocupación por las amenazas de las cuales ha sido víctima Monsalve y su familia, y le pidió al Inpec adoptar todas las medidas necesarias para garantizarle la seguridad, "mientras las autoridades investiga estas denuncias de manera inmediata y activa".

Esta vez, el congresista les reiteró la misma solicitud al ministerio de Justicia, al Inpec y a los organismos internacionales, ya que "no es la primera vez que un testigo de tal importancia y con tanta información sobre hechos de paramilitarismo es intimidado, atacado o asesinado dentro de una cárcel".

Oficina Representante Iván Cepeda

El representante a la Cámara Iván Cepeda, miembro de la Comisión Segunda de relaciones exteriores de esa Corporación, elevó de nuevo una petición a la Canciller María Ángela Holguín, para que separe de su cargo al embajador de Colombia ante el Vaticano, César Mauricio Velásquez, teniendo en cuenta la orden de la Corte Constitucional a la Procuraduría General para que le inicie una nueva investigación, además de la que ya tiene en la Fiscalía General de la Nación, por su presunta participación en el sonado caso de las chuzadas.

En mayo del 2011, el congresista le solicitó a la ministra de Relaciones Exteriores separar de sus cargos, al entonces embajador en Perú, Jorge Visbal Martelo, y el General (R) Mario Montoya Uribe, en ese momento embajador en República Dominicana, solicitud que no fue atendida por el Gobierno.

Ambos embajadores se vieron obligados a renunciar a la función diplomática para venir a responder por sus procesos judiciales, todos relacionados con el paramilitarismo. En la misma comunicación, Cepeda pidió el retiro de César Mauricio Velásquez por la investigación en su contra en el caso de las interceptaciones ilegales a miembros de la oposición, petición que tampoco fue atendida.

Ahora, Cepeda reitera su solicitud al Gobierno por considerar que en este caso, como en el del embajador en Perú, se está corriendo el mismo riesgo de que un diplomático colombiano tenga que renunciar a su cargo por una eventual orden de captura, lo que para él significa una "vergüenza nacional".

El representante anunció que dejará constancia de esta situación en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de representantes.

*El congresista, quien ha venido acompañando a las víctimas del paramilitarismo en los departamentos de la Costa Atlántica, le solicitó al gobernador de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena, rescindir la licencia de concesión a Enilce López para la explotación del chance en ese departamento, teniendo en cuenta su condena por concierto para delinquir
por nexos con grupos paramilitares.

BOGOTÁ, 9/03/12. A través de un derecho de petición el defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, le pidió al gobernador del departamento de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena, que como titular del monopolio rentístico de todos los juegos de suerte y azar en ese departamento, invalide el contrato de concesión para la explotación del juego de apuestas permanentes, otorgado a Enilce López, alias ‘La Gata‘, quien cuenta con un extenso prontuario y fue condenada a 8 años de cárcel por concierto para delinquir, por sus nexos con los grupos paramilitares que operaban en Bolívar y Sucre.

“Por respeto a las víctimas, los gobiernos regionales no pueden seguir premiando a los delincuentes con grandes concesiones, grandes licitaciones y jugosos negocios, con los cuales se han financiado muertes y se ha sembrado el terror durante décadas en una región tan importante para el país como los es la Costa Atlántica*”, señaló Cepeda.

El congresista recordó que contra alias “La Gata” y su hijo, Jorge Luis Alfonso López, se siguen investigaciones en los Estados Unidos por supuestos nexos con ‘Los Urabeños‘, en relación con el narcotráfico. Asimismo, Alfonso López, se encuentra huyendo de la justicia, acusado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

El contrato, adjudicado por la anterior administración, vence en el 2013. 

A CONTINUACIÓN, EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:

Bogotá D.C., 9 de marzo de 2012

Doctor

JULIO CESAR GUERRA TULENA

Gobernador de Sucre

Sincelejo, Sucre


Ref: Derecho de Petición, artículo 23 de la Constitución Política y 6 y s.s. del C.C.A.


Respetado señor Gobernador:


Como es de su conocimiento, el próximo año vence la licencia de concesión, que la Gobernación de Sucre, le otorgó a Enilce López, conocida con el alias de ‘La Gata‘, para la explotación del juego de apuestas permanentes o chance, en ese departamento.

Según lo registra el periódico El Tiempo, en su edición de 7 de marzo de 2012, Enilce López, alias ‘La Gata‘, no solamente fue condenada a 8 años de prisión por patrocinar grupos paramilitares en los departamentos de Sucre y
Bolívar, sino que contra ella y su hijo, Jorge Luis Alfonso López, se siguen investigaciones en los Estados Unidos por supuestos nexos con ‘Los Urabeños‘, en relación con el narcotráfico. Asimismo, Alfonso López, se encuentra huyendo de la justicia, acusado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, relacionados con el asesinato del ciudadano turco Hamil Kasser Ali, ocurrido en el municipio de Magangué, Bolívar. Además, ha estado involucrado en escándalos de corrupción y ha sido señalado de tener vínculos con grupos paramilitares. Por el primero de ellos, fue sancionado en el 2006 por la Procuraduría General de la Nación y en el 2010 fue destituido e inhabilitado, por 20 años, por ese mismo órgano de control[1].

Señor Gobernador:

Los hechos expuestos, dejan en evidencia la gravedad de las investigaciones y condenas hechas por diversas autoridades judiciales y de control, contra Enilce López, alias ‘La Gata’ y su hijo, Jorge Luis Alfonso López, así como su presunta vinculación con grupos paramilitares, que han sembrado el terror en la Costa Atlántica, y particularmente, en el departamento de Sucre, y que han perpetrado masacres y desplazamientos forzados contra miles de personas.

En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política y 6 y ss., del Código Contencioso Administrativo, le solicito, en nombre de las víctimas, que, en uso de sus atribuciones, en el especial la que le confiere el artículo 2 de la ley 643 de 2001, como titular del monopolio rentístico de todos los juegos de suerte y azar en el departamento de Sucre, se abstenga de renovar el contrato de concesión para la explotación del juego de apuestas permanentes o chance, que le fue otorgado a Enilce López, alias ‘La Gata‘.

En espera de una pronta y positiva respuesta sobre el particular. 

Cordial saludo,

Iván Cepeda Castro

Representante a la Cámara

El defensor de Derechos Humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, expresó su preocupación por el mensaje dado a conocer por el presidente de la República Juan Manuel Santos vía Twitter, en el cual señaló: "Pedimos a la "población estar preparada y no permitir que la protesta social sea infiltrada por la guerrilla y desencadene en actos violentos".
 
El congresista afirmó que "tales declaraciones a lo único que conducen es a estigmatizar el legítimo derecho a la movilización social, que en el caso de las marchas del 6 de marzo, son producto de la inconformidad de las víctimas con el trato brindado por el Gobierno Nacional en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras".  
 
Cepeda exhortó al presidente Santos a no lanzar acusaciones genéricas y lo invitó a que exprese públicamente con qué garantías de seguridad cuentan los participantes de las marchas de este martes 6 de marzo, teniendo en cuenta las amenazas recientes a los líderes de restitución de tierras y a las organizaciones sociales que los respaldan.

Los campesinos que buscan adjudicación de baldíos, le manifestaron al representante Iván Cepeda su preocupación ante las  amenazas recibidas por parte de un grupo que se denomina "Ejército Antirrestitución".

El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara Iván Cepeda Castro advirtió sobre la delicada situación de seguridad que viven los líderes campesinos que buscan la restitución de sus tierras en la antigua hacienda Bellacruz, hoy hacienda La Gloria, propiedad del empresario Germán Efromovich. Señaló que las amenazas a los campesinos se han incrementado luego de que se diera a conocer el proceso que adelanta el Incoder de recuperación de 1.500 hectáreas del empresario.

El congresista recordó que el pasado 15 de febrero, la Corporación Nuevo Arco Iris, dio a conocer un informe según el cual, prestantes familias del departamento del Cesar estarían contribuyendo a la conformación de grupos paramilitares denominados "Grupo Armado Anti-restitución" que empezarían a operar desde el mes de marzo, no sólo en el departamento del Cesar, sino también en Magdalena y la Guajira.

Según las denuncias, esta estructura paramilitar tendría la intención de evitar la restitución de tierras por medio de la persecución y el asesinato de campesinos que lideren los procesos de retorno.

Cepeda denunció que luego de que llegara un sufragio a la casa en del líder del proceso de restitución de tierras Freddy Antonio Rodríguez, éste tuvo que desplazarse a otro departamento, donde ha sido blanco de seguimientos por parte de hombres motorizados, además, en el municipio de Pelaya se han visto hombres fotografiando las casas de los miembros de Asocol, asociación que lidera el proceso de restitución de la Hacienda Bellacruz, y se murmura entre los pobladores, que si se llegan a restituir los títulos del predio, habrá una masacre.

El representante a la Cámara hizo un llamado de alerta al Gobierno Nacional para que se tomen medidas urgentes de protección a estos campesinos y se investigue la conformación del grupo paramilitar llamado "Ejército Antirrestitución" que viene sembrando el terror en esta región del país.

Fuente: [email protected]

El preso entró en huelga de hambre porque la institución penitenciaria le niega el tratamiento a una delicada enfermedad que ya se encuentra en etapa avanzada. 

El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Iván Cepeda Castro, y el director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, Carlos Contreras, denunciaron la grave situación de Norvey Castañeda, un interno de la cárcel El Pesebre del municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), quien sufre una enfermedad de transmisión sexual y que no ha recibido el debido tratamiento por parte de Caprecom. Los medicamentos le estaban siendo suministrados por la familia que ya agotó los recursos económicos para la compra de estos y para los viajes desde Medellín hasta la cárcel.

El interno entró en huelga de hambre el día de ayer para exigir pronta atención y su traslado a la ciudad de Medellín, donde puede contar con los servicios de salud de primer nivel. Otro interno del mismo plantel llegó al extremo de coserse la boca y se unió a la huelga también por la falta de atención a una enfermedad.

El congresista Cepeda, quien viene acompañando el proceso de revisión a la crisis humanitaria en los diferentes centros carcelarios de todo el país, advirtió sobre la gravedad de estos casos y de otros que se están presentando en otras cárceles que requieren la pronta intervención humanitaria del Gobierno Nacional.

El representante les pidió al director del Inpec, General (R) Gustavo Adolfo Ricaurte y al Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, que se busque una solución al limbo en el que se encuentra la contratación de los servicios médicos en las cárceles y que se les preste la atención a estos internos de manera urgente.

Info: [email protected]

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

PROYECTOS:

SE BUSCÓ ELIMINAR LA AMPLIACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR EN PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA

 
A lo largo de la discusión del proyecto de Reforma Judicial, insistimos en la inconveniencia de la aprobación de la iniciativa en tanto incluyera el artículo que busca ampliar el fuero penal militar. 

Expresamos en los distintos debates que los militares no deben gozar de privilegios jurídicos distintos a los que ya existen, pues de lo contrario se correría el riesgo de impunidad en delitos que no están contemplados en la justicia penal militar como crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 

Por eso nos acogimos al concepto proferido por parte de Human Rights Watch, que deja en claro el daño que se puede hacer con este aspecto de la reforma a la justicia a la causa de las víctimas, al Estado de derecho y a la propia justicia. Además, la reforma puede abrir la puerta a que Colombia termine en la CPI y que no sea certificada en derechos humanos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En los próximos debates que debe afrontar el proyecto seguiremos trabajando para lograr el retiro del artículo sobre la ampliación del fuero penal militar.

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Logramos la inclusión de un artículo en el proyecto de ley de reforma a la Ley de Justicia y Paz, el cual establece que “en todo proceso llevado en el Sistema de Justicia y Paz se aplicará el método de investigación correspondiente a la tipificación penal de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y genocidio”.

La iniciativa implica que en todos los casos en los cuales se investigan delitos cometidos por paramilitares de manera individual como asesinatos y desplazamiento forzado, éstos serán tratados como crímenes de sistema, a los cuales están vinculados los aparatos económicos y de poder del país, lo cual significaría un gran avance en materia de verdad histórica.

Confiamos en que el Senado mantendrá esta iniciativa en el próximo debate legislativo.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE HOMENAJE A JAIME GARZÓN

Con nuestra ponencia en la Cámara de representantes, obtuvimos la aprobación del proyecto mediante el cual se honra la memoria del abogado, periodista y humorista Jaime Garzón, en reconocimiento a su labor social, periodística, política y cultural, tras 12 años de su asesinato.

La iniciativa declara el 13 de agosto como el Día Nacional de la Esperanza, y autoriza al Gobierno Nacional para que a través de Señal Colombia se realice la recopilación, selección y publicación de la vida y obra del periodista, así como para que incorporen, dentro del Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a esta ley. Además, el proyecto establece la construcción de un busto del periodista, que será ubicado dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.


SEGUIMIENTO A LA CONVENCIÓN SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA

Junto a varias organizaciones de familiares de víctimas de la desaparición forzada y defensoras de derechos humanos, le enviamos una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la cual le solicitamos una audiencia con el fin de adelantar las gestiones necesarias para la pronta aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, que fue aprobada en el Congreso en la pasada legislatura.

La Convención reconoce los derechos de las víctimas y constituye un importante instrumento para combatir la impunidad de este crimen, al ofrecer mecanismos para que las víctimas tengan pleno acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Además, actúa como elemento político de rechazo a dicha práctica, condenando incluso por tolerancia a los Estados y a las autoridades que sean permisivos con su realización.

RADICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE LEGALIZARÍA MATRIMONIO Y ADOPCIÓN POR PARTE DE PAREJAS DEL MISMO SEXO

Junto a la representante Alba Luz Pinilla se radicó el Proyecto de Ley 058 Cámara “Por medio de la cual se modifica el Código Civil, el Código de la Infancia y la Adolescencia y se dictan otras disposiciones”, con el objeto de reconocer legalmente el matrimonio de las parejas del mismo sexo y determinar sus efectos legales de conformidad con el principio de dignidad humana, igualdad y pluralismo que establece la Constitución Política (Art. 1º).

Dicho proyecto propone que el matrimonio sea un contrato solemne por el cual dos personas de distinto o del mismo sexo, hacen una comunidad de vida permanente y singular, con el fin de procrear o de auxiliarse mutuamente. Asimismo plantea que las personas del mismo o distinto sexo, mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente.


DEBATES DE CONTROL POLÍTICO:

En esta legislatura, llevamos a cabo dos importantes debates de control político en la plenaria de la Cámara:

1. Debate Despojo de Tierras en Montes de María

En este debate presentamos diversos testimonios y documentos que comprueban las estrategias que utilizaron varios empresarios para lograr la compra masiva de predios en la región de los Montes de María, que comprende los departamentos de Bolívar y Sucre, incluso de terrenos que se encontraban protegidos con medidas especiales para evitar su venta.

Presentamos también un video de una reunión en María La Baja, Bolívar, en el cual se ve al exministro de Agricultura Andrés Fernández, instando a los campesinos para que les vendieran sus tierras a 4 empresarios antioqueños, miembros de la Fundación Amigos de los Montes de María, quienes a su vez, después vendieron esas tierras a los grandes fideicomisos.

Denunciamos también que de 60 líderes de restitución de tierras y víctimas que han sido asesinados en el país, entre los años 2005 y 2011, 8 pertenecen a la región de los Montes de María. Es decir que el 12% de los líderes asesinados pertenecen a esta zona.

Interrogamos al ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo sobre cuáles son las acciones que ha emprendido el gobierno nacional, además de los hallazgos hechos por la Superintendencia de Notariado y Registro, para revertir los procesos que presentan irregularidades en los Montes de María, especialmente en lo que tiene que ver con los terceros de buena fe.

Igualmente, le solicitamos a la Fiscalía General que investigue al exministro de Agricultura Andrés Fernández, al exgerente del Incoder Rodolfo Campo Soto, y a la exdirectora del Incoder en Bolívar, María Luisa Brochet, así como a Cementos Argos, y a varios empresarios compradores de las tierras por lo denunciado en el debate.


2. Debate crisis carcelaria en Colombia

En este debate insistimos en replantear la política carcelaria, al tiempo que se replantea la política criminal. Denunciamos la grave situación de hacinamiento en la mayoría de las cárceles del país, como es el caso de la prisión de Bellavista de Medellín, donde existe una sobrepoblación del 300 por ciento. 

Del mismo modo, dimos a conocer varios casos de agresiones de personal masculino de guardia hacia reclusas de la cárcel El Buen Pastor Bogotá.

Denunciamos que 60 de 144 centros penitenciarios en todo el país, sufren severos daños estructurales que podrían llegar a causar una tragedia, además de que muchos de estos reclusorios no fueron construidos bajo las Reglas mínimas normas internacionales para garantizar los servicios básicos como el agua y alcantarillado. 

Al final se hicieron varias peticiones concretas con el fin de dar solución a la problemática carcelaria:
• Se conceda prisión domiciliaria a enfermos terminales, respondiendo a criterios mínimos de seguridad.
• Se adelante un estudio que con perspectiva de DDHH reclasifique a toda población carcelaria en nuevos centros de reclusión, patios y torres.
• Bajo el criterio de sostenibilidad carcelaria prohibir el ingreso de nuevos internos a las cárceles que presentan situaciones de hacinamiento extremo, tipo Bellavista y Modelo. 
• Crear el Comité especial para la revisión de la situación judicial facultado para revisar la ejecución de penas y la detención preventiva, y que podrá dar recomendaciones frente a los casos que evalúe ante la autoridad competente, así como hacer recomendaciones sobre el uso racional de las medidas de reclusión.
• Terminar contrato con Caprecom y buscar una salida digna al problema del servicio de salud.
• Intervenir con carácter urgente el pabellón ERE Sur de La Picota y enviar a todos sus internos a la Cárcel de Combita.


Creación de una Comisión interinstitucional para evaluar crisis carcelaria

Como conclusión del debate de control político sobre política carcelaria, el Ministerio de Justicia avaló la creación de una Comisión interinstitucional encargada de analizar y sugerir los correctivos en materia de sobrepoblación, infraestructura, satisfacción de necesidades básicas, salud, entre otros temas, inicialmente en las cárceles de Bellavista de Medellín, Villahermosa de Cali, Modelo de Bogotá y Tramacúa de Valledupar. Se propone que esta comisión esté integrada por profesionales técnicos de diversas instituciones del Estado, ajenos al Inpec y a los órganos de control. También, por académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en trabajo con población carcelaria.

Se creará un grupo de trabajo encargado de estudiar medidas conducentes a contrarrestar el hacinamiento en las cárceles. Este grupo estudiará los procesos, prácticas y patrones que se aplican en materia de detención preventiva y de ejecución de penas. El grupo estaría conformado por abogados de diferentes organizaciones con trayectoria en trabajo penitenciario y carcelario, bajo la dirección del Ministerio de Justicia y la supervisión del Ministerio Público.

La conformación de ambos grupos será concertada con el Ministerio de Justicia y el viceministro de asuntos penitenciarios y carcelarios.

LOGROS EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Entrega de testimonios a Fiscalía y CIDH
Entregamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y del excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, quienes señalaron la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares y su apoyo a actividades de narcotráfico de estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Las declaraciones fueron entregadas en desarrollo del trabajo de seguimiento a la situación carcelaria del país que incluyó las cárceles de Itagüí y Cómbita, y fue llevado a cabo con autorización de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de representantes.

La entrega de estos importantes testimonios se hace como parte de las funciones parlamentarias para que las instancias pertinentes actúen tanto en el contexto nacional como en el internacional, dada la gravedad de las acusaciones que pesan contra el expresidente Uribe, relacionadas con la comisión de delitos conexos con la violación de los derechos humanos.

Gestión en entrega de preso que se fugó de cárcel Bellavista

En cumplimiento de las funciones como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y en desarrollo del trabajo parlamentario realizado en las penitenciarías del país, obré como garante en la entrega del recluso Carlos Arturo Areiza Arango, quien se había evadido de la cárcel de Bellavista de Medellín el día 13 de diciembre de 2011 cuando era llevado a una diligencia médica.

El interno anunció su deseo de entregarse a las autoridades con la condición de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Ant), y pidió la mediación de Carlos Contreras, director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, y del representante Iván Cepeda. Luego de obtener los permisos del Ministerio de Justicia y del Inpec, logramos la entrega del recluso en la cárcel de Itagüí el día 15 de diciembre.

Audiencia de Derechos Humanos en Arenal, Sur de Bolívar. 
La Audiencia que fue aprobada por la plenaria de la Cámara se llevó a cabo el 19 de noviembre del año en curso, y tenía como propósito evidenciar la crítica situación en materia de derechos humanos que vive la región, y buscar un espacio de interlocución entre la sociedad civil y las autoridades del Estado a nivel nacional y regional, contó con la participación de aproximadamente 300 personas de diferentes municipios del sur de Bolívar. 

La comunidad reunida en Arenal denunció como un riesgo de despojo el incremento de los cultivos de palma en la región. En materia de minería, dieron a conocer la existencia de concesiones que incluyen caños y humedales, y la permanente presencia de retroexcavadoras, como verdadera minería ilegal, la cual se desarrolla con anuencia de la fuerza pública y de las autoridades municipales.

También denunciaron que continúa incrementándose el paramilitarismo en la región quienes han manifestado su interés de retomar el control del territorio. A raíz de estas y otras denuncias, radicamos ante la Plenaria de la Cámara el acta del desarrollo de la Audiencia Pública, y le solicitamos a esa Corporación remitir copia de la constancia y del Acta a las Instituciones que fueron convocadas y que no asistieron a la audiencia.

OTRAS ACTIVIDADES
ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS
Apoyo a campesinos que buscan restitución en Las Pavas en el sur de Bolívar
Luego de llevar a cabo una visita solicitada por las asociaciones campesinas que buscan la restitución de tierras en la finca Las Pavas en el mes de abril del presente año, continuamos apoyando la petición de estos campesinos que reclaman justamente la restitución de los terrenos que ahora están en manos del consorcio palmicultor San Isidro.
Estuvimos acompañando a estas comunidades en su protesta el día 16 de diciembre a raíz de la persecución de la cual han sido víctimas, luego de una resolución de la Fiscalía Seccional de Cartagena que declaraba la inexistencia del desplazamiento de la comunidad y le daba legalidad al desalojo de la misma, lo que se mostró como un “nuevo caso de fraude al Estado y de víctimas falsas”.
Como parte de nuestras actividades parlamentarias y de defensa de los derechos humanos, continuaremos apoyando a los campesinos de Las Pavas en su justa reclamación.
Acompañamiento a marcha de campesinos de Mampuján
El 12 de diciembre acompañamos a las comunidades de Mampuján del corregimiento de Mampuján del municipio de Marialabaja, y del corregimiento de san Cayetano del municipio de San Juan (Bolívar), en una marcha hasta la ciudad de Cartagena. Después de 11 años de perpetrada la masacre en la comunidad de la Brisas, de generarse el desplazamiento forzado en la comunidad de Mampuján, y de 6 años de haber entrado en vigencia la ley 975 de 2005; la única sentencia en firme hasta ahora proferida en el marco de la aplicación de la ley de justicia y paz no se ha cumplido. 
Por eso respaldamos a estas comunidades en su exigencia al Estado y al Gobierno Nacional del cumplimiento a cabalidad con las víctimas de un proceso de reparación integral colectiva e individual.

Reconocimientos:

 En una encuesta realizada por la oficina de información y prensa de la Cámara de representantes, entre 80 congresistas, con el fin de conocer la posición de éstos frente al desempeño parlamentario del segundo semestre del 2011, aparece el representante Iván Cepeda en el 5º lugar de los representantes con mejor trabajo legislativo, y el debate sobre tierras realizado en el mes de agosto quedó en el segundo lugar de los mejores debates de control político.

Bogotá D.C. Diciembre 20 de 2011

Ayer, sectores del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, tomaron la decisión en la que se “acepta que los Senadores Camilo Romero, Luis Avellaneda y Jorge Guevara se excluyan del Partido”.

Deploramos que se siga en la lógica de las pugnas en el seno de la izquierda, mientras que en nuestro país suceden hechos de la mayor gravedad que requieren iniciativa política y pronta toma de decisiones.

No compartimos las actitudes desleales hacia el partido, pero tampoco las ambiciones burocráticas que irrespetan los procedimientos democráticos internos, debilitando la institucionalidad del partido.

Es hora de organizar la conferencia ideológica y de debatir con franqueza y
fraternidad las diferencias que existen en nuestro partido. Nuestra labor es convocar, convencer y articular, fortaleciendo referentes de lucha y construcción de propuesta.


Fuerza Común
Colectivo vamos por los Derechos 
Poder y Unidad Popular (PUP)
Polo al Sur
Representante a la Cámara por Bogotá Iván Cepeda

La denuncia surge luego de conocerse recientes acciones judiciales emprendidas en contra del médico Juan David Díaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz

BOGOTÁ, 20/12/11. Una perversa venganza de importantes políticos condenados por paramilitarismo en el departamento de Sucre, se está cocinando contra algunos testigos en los procesos, investigadores, líderes de las víctimas y miembros del Movice. Así lo denunció hoy el Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro.

Para el congresista, existe una extraña orquestación que cumplen algunos paramilitares presos y condenados en Sucre, en las versiones de Justicia y Paz para señalar a los testigos que llevaron a políticos como Salvador Arana a la cárcel, acusándolos de haber sido miembros y hasta jefes de la organización criminal, lo que ha revertido en que a algunos de ellos, como el médico Juan David Diaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Tito Eudaldo Díaz, tenga hoy en su contra varias investigaciones. 

Cepeda recordó que como parte de esta estrategia, los procesados han acusado al ex senador Gustavo Petro, autor de los principales debates parlamentarios sobre la parapolítica en Sucre, y a miembros de su Unidad de trabajo legislativo, de haber fraguado la inculpación del ex gobernador Salvador Arana en el crimen del alcalde Díaz. Curiosamente, uno de los paramilitares detenidos, Sadis Rios, quien en una audiencia de juzgamiento había inculpado a Petro, a sus asesores y al hijo del alcalde asesinado de haberle ofrecido dádivas para inculpar a Arana, posteriormente se retractó y dijo que había recibido dinero para enlodar a Petro y a las otras personas.

El representante Cepeda señaló que estos hechos hacen parte de la estrategia que llevó a la cárcel al vocero del Movimiento de víctimas en San Onofre, Carmelo Agámez, y a los asesinatos de los líderes de víctimas y desplazados en Sucre, Rogelio Martínez y Adolfo Verbel, además de las constantes amenazas contra el ex senador Gustavo Petro y contra él mismo.

El congresista anunció que en la tarde de hoy se encontrará acompañando al médico Juan David Díaz en una audiencia en la Fiscalía seccional Sincelejo y que luego de la diligencia, hacia las 5 de la tarde entregará declaraciones a los medios de comunicación con respecto a esta denuncia en las oficinas de Asvidas, Avenida Alfonso López Calle 17 # 107 de Sincelejo.