La constitución no se modifica en La Habana, se modifica en el Congreso

El Representante a la Cámara por el Partido de la U, Hernán Penagos señaló que si el Gobierno y las FARC contemplan un acuerdo especial o tratado internacional para blindar el proceso de paz, no se puede desconocer el papel del Congreso de la República para la implementación de los acuerdos alcanzados.

“Independientemente de que el documento suscrito por las FARC y el Gobierno se eleve a la categoría de acuerdo especial o tratado, necesariamente debe pasar por el Congreso de la República quien a través de las modificaciones constitucionales lo incorpore al ordenamiento jurídico colombiano”

Penagos, Copresidente de la Comisión de Paz del Congreso afirmó que los tratados internacionales sólo se suscriben entre las Naciones, y  las FARC no tienen esa categoría.

“La figura del acuerdo especial es una herramienta del Derecho Internacional utilizada para humanizar el conflicto. Elevar a la figura de tratado un acuerdo especial no es válido jurídicamente”

Además reiteró que el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se comprometió con los colombianos a refrendar los acuerdos que se logren con la guerrilla.

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A punto de perder sus tierras 30 mil campesinos por deudas con el gobierno

El Representante a la Cámara por el partido de la U, Hernán Penagos alertó por el inminente embargo a miles de familias campesinas que deben 146 mil millones de pesos en créditos al Gobierno, por esta razón radicó en el Congreso un Proyecto de Ley que busca suspender estos cobros hasta el 30 de junio de 2017.

“Estos campesinos son deudores del Gobierno Nacional y de FINAGRO y se hace necesario presentar un proyecto de ley para que se suspenda el cobro de esas obligaciones, porque de lo contrario FINAGRO tendrá que iniciar procesos, embargarle sus tierras y así perderán sus predios”, indicó el Congresista

El proyecto busca prorrogar un benefició que suspendía las deudas adquiridas por pequeños agricultores con los programas PRAN (Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria) y FONSA ( Fondo de Solidaridad Agropecuaria) del Gobierno Nacional  (FONSA), aprobado por el congreso en 2009 y que venció el pasado 1 de julio de 2015. 

“Se hace necesario tramitar una nueva Ley, que esperamos acompañe el Gobierno Nacional y el Ministro de Agricultura, porque no se pueden dejar desamparados a estos campesinos de todos los departamentos del país, entre ellos a 18 mil cafeteros”

El Representante por el departamento de Caldas señaló que no se trata de incentivar a los deudores morosos, sino de proteger a pequeños campesinos que perdieron sus cosechas por culpa de los diferentes fenómenos naturales y no lograron rentabilidad para pagar sus deudas.

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“Cámara de Representantes no aprobará ningún tratado que reduzca los límites de Colombia”: Hernán Penagos.

BOLETIN DE PRENSA

Bogotá, septiembre 17 de 2013-.“La Cámara de Representantes no aprobará ningún tratado ni validará ninguna acción internacional que reduzca los límites de Colombia, según la constitución del 1991.” Así lo aseguró el presidente de la Corporación Hernán Penagos, quien reiteró la invitación a  la Canciller, María Ángela Holguín, para que asista a la plenaria de la Cámara y explique el significado de la inaplicabilidad del fallo.

Penagos afirmó que los límites de Colombia sólo podrán ser definidos  por acuerdos entre Colombia y Nicaragua, pero con la aprobación previa del Congreso de la República.”

El presidente de la Cámara también convocó a Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa,para que le informe al país sobre la situación actual  de la Fuerza Naval de Colombia en los límites con Nicaragua, “dado que es primordialque la opinión pública conozcacómo se  están haciendo respetar los límites y derechos de los sanandresanos”, indicó.

Para el congresista, es necesario que los ciudadanosconozcan cuál será la estrategia tras una nueva demanda anunciada por el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que reclama la ampliación de su frontera marítima.

La Canciller será convocada para la plenaria del próximo miércoles 25 de septiembre.

 

 


 

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Mañana, en sesión plenaria de la Cámara de Representantes, gobierno ampliará los alcances de la la decisión de ‘no aplicar el fallo’ de la Corte Internacional de Justicia

BOLETÍN DE PRENSA

Bogotá, Septiembre 10 de 2013-. La Canciller de la República, María Ángela Holguín, fue citada de manera extraordinaria y urgente, por el Presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, para que amplíe mañana miércoles en plenaria, los alcances de la estrategia anunciada por el gobierno nacional en torno al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo marítimo con Nicaragua.

La noche anterior, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, notificó al país que la sentencia de la Corte de La Haya no será aplicable mientras no exista un tratado que fije los límites con Nicaragua, al tiempo que advirtió sobre las ambiciones expansionistas de ese país.

El Presidente de la Cámara de Representantes explicó que se aprovechará el escenario de la sesión plenaria para que los funcionarios del gobierno entreguen detalles de los alcances del anuncio del Jefe de Estado.

Al debate también fueron invitados el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero Bowie, junto con otros representantes de las autoridades isleñas, quienes recibirán de primera mano información sobre las implicaciones de la inaplicabilidad del fallo.

Penagos consideró crucial para el país y el Congreso de la República, conocer la manera como se procederá a partir de ahora para defender la tesis del gobierno en las instancias  internacionales, así como los efectos de la declaratoria de la zona contigua integral y la protección de la Reserva ‘Seaflower’.

 

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Proponemos que las FARC vengan: Hernán Penagos

 

Bogotá, septiembre 4 de 2013-. La propuesta de las FARC para que una comisión del Congreso viaje a Cuba para reunirse con los voceros de ese grupo guerrillero, fue recibida con prudencia por el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos.

"Si el Presidente de la República y las FARC consideran imprescindible este encuentro con el poder legislativo, desde el Congreso estamos dispuestos a analizar la posibilidad de ir a La Habana, pero dejando en claro que no es iniciativa nuestra", explicó Penagos.

"Lo haríamos solo si con este paso contribuimos a acelerar un proceso que en la actualidad está estancado por las continuas dilaciones de los guerrilleros", Añadió.

El Presidente de la Cámara aseguró además que "por el contrario, nos parece pertinente proponer, por razones logísticas y prácticas, que sea una delegación de las FARC la que se desplace desde Cuba hasta Bogotá, para abordar el tema de su futuro político. Podrían participar de las audiencias públicas en torno al debate del proyecto de ley que permitiría realizar un referendo que avale los acuerdos de Cuba".

Para Penagos, la reciente actitud de la guerrilla no ha evidenciado las intenciones de paz esperadas por los colombianos, lo que ha llevado a diferentes sectores ha expresar sus inquietudes sobre la conveniencia del viaje de una comisión de los partidos políticos a La Habana.

Al referirse a los mecanismos para permitir que los negociadores del grupo armado lleguen a Bogotá, el congresista indicó que el gobierno puede recurrir a salvoconductos especiales para la delegación.

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“No habrá impunidad en el proceso de paz con las FARC” dice Presidente de la Cámara de Representantes

BOLETÌN DE PRENSA

Bogotá, Agosto 28 de 2013-. El Presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, destacó la decisión de la Corte Constitucional que declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz.

“Esta es la oportunidad definitiva para que el grupo guerrillero de  las FARC asuma compromisos determinantes y de muestras fidedignas de su voluntad de paz” señaló, en alusión al anuncio del alto tribunal.

Con una votación de 7 a 2, la Corte Constitucional declaró exequible pero condicionada la aprobación del acto legislativo 01 de 2012, considerada la ley que permitirá viabilizar los acuerdos de La Habana, en el marco de las negociones de paz entre el gobierno nacional y las FARC.

“No va a haber impunidad. Por el contrario, dentro de las herramientas jurídicas que hoy existen para resolver conflictos se encuentran las normas de justicia transicional y el Marco Jurídico para la Paz no es más ni menos que eso, traer unas normas que son avaladas por las diferentes cortes internacionales para que sean parte del derecho local, interno, y sirvan para resolver el problema que hoy vive el país”explicó el Congresista.

“No más condicionamientos y exigenciaspor parte de este grupo armado ilegal. Ahora con esta herramienta definida y aprobada por la Corte, lo que necesitamos es acelerar los procesos y dar demostraciones claras a los colombianos de las intenciones que pregonan los voceros de la guerrilla” dijo Penagos.

Respecto a la expectativa por el inicio de negociaciones de paz con la guerrilla del ELN, Hernán Penagos manifestó: “Si se pueden iniciar rápidamente unos diálogos con el ELN, el futuro acuerdo de paz sería mucho más integral. Ahí si podríamos hablar de una paz duradera y estable en el futuro. Bienvenidos los diálogos con el ELN”

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El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, respondió a "control político"

 

Hernán Penagos, Presidente de la Cámara, dirigirá nuevo programa de entrevistas en el Canal Congreso

Bogotá, agosto 20 de 2013-. A partir de esta semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, hará las veces de entrevistador  en un nuevo programa de televisión que será transmitido por el Canal Congreso.

El reportaje especial que se denomina "CONTROL POLÍTICO" abordará diferentes temas de interés nacional, por supuesto, relacionados con la agenda legislativa.

El primer invitado para el estreno del programa, que desde ya ha generado mucha expectativa, fue el Presidente de la República Juan Manuel Santos.

En la entrevista, el Jefe de Estado aludió entre otros asuntos al diferendo con Nicaragua, al proceso de paz en La Habana, a los posibles cambios en su gabinete, al paro agrario, a la percepción que tiene la gente de su gobierno y por primera vez admitió, frente a las cámaras, lo que le gustaría en su futuro político:

Hernán Penagos: ¿Qué le dice su corazón (respecto a su posible postulación)?

Juan Manuel Santos: "Mi corazón me está, como dicen, pues por supuesto, impulsando a la reelección… a veces uno quiere que sus políticas se mantengan y además muchos de los frutos de todo lo que hemos sembrado se van a dar en el próximo cuatrienio"

Respecto a las movilizaciones de protesta social que se adelantan en el país, y quienes instigan a las vías de hecho,  Juan Manuel Santos señaló: "Algunos quieren es el caos, que esto genere problemas y pescan en río revuelto, porque no pueden atacar este gobierno por sus resultados"

En relación al litigio con Nicaragua, Santos advirtió: "No me voy a dejar presionar por los titulares de los periódicos. Que yo salga en un titular respondiendo, es que el Presidente está en una tónica de apaciguamiento… que el Presidente no ha sido duro para responder. Yo tengo que pensar en los interés del país a largo plazo".

El mandatario le dijo además al Presidente de la Cámara, Hernán Penagos, que su gobierno analiza con mucho cuidado todas las posibilidades y que tomará las decisiones que más le convengan a Colombia. "Es el Presidente quien al final decide cuál es el camino, cuándo se publica y cuándo se hacen los anuncios", puntualizó.

El programa "CONTROL POLÍTICO" será emitido el jueves 22 de agosto, a las 7 de la noche, en el Noticiero de la Cámara del Canal Congreso.

 

Contacto:

Richard Fredy Muñoz

Director de Comunicaciones

Cámara de Representantes

320-4446781 @RichardFredyM [email protected]

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MÁS ALLÁ DE IMPOSICIONES DE LAS FARC, LOS COLOMBIANOS RECLAMAN DEMOSTRACIONES DE UNA VERDADERA INTENCIÓN DE PAZ

COMUNICADO DE PRENSA

El presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, se refirió hoy a la insistencia del grupo guerrillero de las FARC, para sustituir esa corporación legislativa, por lo que ellos llaman una 'Cámara Territorial'.

"Los colombianos esperan resultados concretos de este proceso de negociaciones en La Habana y no más dilaciones. Queremos demostraciones de una verdadera intención de paz. Que cesen los ataques, antes de exigir cambios que solo se pueden resolver con una reforma constitucional" dijo Hernán Penagos.

El congresista explicó que le corresponde al gobierno nacional determinar hasta dónde puede avanzar en cuanto a propuestas como la de sustituir la Cámara de Representantes, pero recordó que este tipo de determinaciones requiere una reforma constitucional.

"Más allá de las imposiciones que el grupo ilegal alzado en armas promueve desde Cuba, necesitamos avanzar en hechos de paz que transmitan confianza a la nación", reiteró el presidente de la Cámara de Representantes.

Hernán Penagos criticó además la actitud reiterada del grupo guerrillero en el sentido de descalificar la labor democrática adelantada por dirigentes políticos del país, serios y verdaderamente comprometidos con la paz de Colombia, quienes por el contrario han reiterado siempre su respaldo a los esfuerzos del gobierno nacional para sacar adelante esta iniciativa de reconciliación.

Según el punto 5.4  sobre "Participación política y social mediante la conformación de la Cámara Territorial", abordado hoy en los diálogos de Cuba, "Se proveerán los correspondientes diseños institucionales para la creación de la Cámara Territorial, que sustituirá a la actual Cámara de Representantes. La Cámara Territorial se concibe como parte fundamental de la organización institucional del poder legislativo, orientada a garantizar la mayor participación de las entidades territoriales en las definiciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado. La Cámara Territorial se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales".

La propuesta de las FARC incluye además "curules de una 'Circunscripción Especial de Paz', para permitir la participación de las FARC-EP y de los partidos o movimientos políticos y sociales que surjan como resultado de la firma de un eventual acuerdo de paz, en la Cámara Territorial".

@HERNANPENAGOS

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ELN DEBE APROVECHAR OPORTUNIDAD HISTÓRICA DE ACABAR CON LA VIOLENCIA DEL PAÍS, DICE PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMUNICADO DE PRENSA

El Congreso de la República, al igual que con las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC, está dispuesto a facilitar desde el legislativo las herramientas necesarias para que se inicien las negociaciones con el grupo insurgente ELN, dijo hoy Hernán Penagos, presidente de la Cámara de Representantes.

Penagos manifestó que "Nos declaramos optimistas ante la iniciativa de un eventual acercamiento del Gobierno con la guerrilla del ELN, similar al proceso que tiene lugar en La Habana, Cuba, según dio a entender el Presidente de la República, Juan Manuel Santos".

El Primer Mandatario de Colombia, en declaraciones a un medio nacional manifestó que "Se han hecho algunos contactos con el ELN. Yo espero que esas conversaciones se inicien pronto, espero que sean más rápidas que con las FARC".

Para el Presidente de la Cámara de Representantes, el ELN se enfrenta a una oportunidad histórica de participar en un diálogo directo y sin dilaciones que ponga fin a la violencia que ha marcado a nuestro país.

"Estas conversaciones podrían realizarse con mayor celeridad, con la voluntad expresa de acabar el conflicto y reincorporar a este grupo guerrillero a la vida civil y política de la nación", señaló Hernán Penagos.

El presidente Santos manifestó que el gobierno espera la liberación del ingeniero canadiense Jernoc Wobert, secuestrado el pasado 18 de enero para concretar estos acercamientos que según analistas, podrían tener lugar en Brasil.

@HERNANPENAGOS

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PROPONEN REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA ABORDAR EL TEMA CAFETERO

COMUNICADO DE PRENSA

La situación actual del sector cafetero colombiano requiere acciones concretas que permitan resolver las dificultades que actualmente padecen los campesinos dedicados a este cultivo.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, propuso un encuentro inmediato entre el Gobierno Nacional con la presencia del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, los voceros de los caficultores, y Congresistas de la República conocedores del tema.

"Este  encuentro sería clave para resolver los impedimentos y aclarar el panorama, cuando faltan pocos días para el 19 de  agosto, fecha para la que se anuncia un eventual cese de actividades", explicó Hernán Penagos.

Como coordinador  de la Comisión de Seguimiento a las Políticas Públicas del tema Cafetero, el Presidente de la Cámara aseguró que está atento a la implementación del nuevo sistema de pago del PIC, que consistirá en cancelar el subsidio al momento de la venta y empezará a operar a partir del próximo lunes 12 de agosto.

El parlamentario señaló que con este  mecanismo es posible superar uno de los principales  reclamos del gremio.

"Las vías de hecho no son la solución a los problemas sociales del país. Los bloqueos o protestas violentas no pueden ser la herramienta de las comunidades  para reclamar el apoyo del Gobierno", enfatizó Penagos.

En la reunión concertada entre las partes se abordarían los temas que han generado la inconformidad de los cafeteros como la liberación de los topes establecidos para la recolección del grano en las fincas, los sobrecostos en los insumos que aumentan los precios de producción y el conflicto con las tierras destinadas a la minería.

@HERNANPENAGOS

 

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El nuevo presidente de la Cámara, Hernán Penagos Giraldo, hizo importantes anuncios

 

"Seremos facilitadores para solución de protestas sociales": Pte de la Cámara.

Un café con la prensa será un nuevo estilo de comunicarse con los medios nacionales y regionales.

El nuevo Presidente de la Cámara de Representantes Hernán Penagos Giraldo propuso hoy comisiones accidentales de la corporación que se reunirán con los líderes de los movimientos sociales de protesta (Catatumbo, mineros, agropecuario y transporte, entre otros) con el fin de facilitar el diálogo, acercar a las partes, impedir que colapse el país con medidas de hecho y cuando los acuerdos se den, hacerle el control político y veeduría a cada uno de los compromisos que se suscriban.

"Somos los interlocutores más cercanos a las regiones y como tal, invitaré a mis colegas a que integren las comisiones en las cuales deben estar los Representantes a la Cámara de las regiones y desde luego, los congresistas expertos en temas específicos. A instancias de la mesa directiva iremos hasta las zonas del país que demandan mayor presencia del Estado y nos sentaremos a escuchar sus peticiones, para posteriormente propiciar un diálogo honesto y coherente con el gobierno para solucionar potenciales paros", aseguró.

Penagos socializará en las siguientes horas la propuesta con el Presidente Juan Manuel Santos y enfatizó en que trabajará para que el papel de la Cámara ofrezca resultados concretos.

Con respecto al tema minero aclaró que sí es necesario reformar el código del sector, para establecer en realidad quién es quién en esa actividad. Una vez se establezcan los actores. Se tendrán que tomar decisiones justas.

De otro lado, el líder de la Cámara criticó el pronunciamiento del Ministerio de Justicia en el sentido de "endosarles" a los alcaldes la responsabilidad de construir cárceles. "Eso es un despropósito, toda vez que los municipios no tienen recursos para adelantar tales obras. No podemos sacarle el cuerpo a una responsabilidad que es del sistema nacional penitenciario", puntualizó.

Hernán Penagos inauguró "Una café con la prensa", el cual calificó como un nuevo estilo de comunicarse con los medios. No es una rueda de prensa, es un espacio amable para conversar e intercambiar impresiones sobre la vida nacional y local con los periodistas. La actividad se cumplirá regularmente en la capital del país y en la gran mayoría de las regiones de Colombia.

Servicio de Noticias de la Cámara de Representantes

http://camara.gov.co/portal2011/noticias-destacadas/451/3012

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Perfil Representante a la Cámara Hernán Penagos Giraldo

 

Nació en Samaná, Caldas. Abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas, con estudios de postgrado en Servicios Públicos Domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia y en Docencia Universitaria de la Universidad de Caldas.

En lo público, se ha desempeñado como asesor de diferentes entidades territoriales y en el sector privado, ha sido catedrático de importantes universidades y consultor jurídico de empresas y cooperativas del país.

En el año 2007 fue elegido como Diputado por el departamento de Caldas, presidiendo en ésta Corporación, la Comisión de Derechos Humanos y en el año 2009 alcanzó la Presidencia de la Asamblea Departamental de Caldas.

Gracias a su arduo trabajo y reconocido liderazgo, en el año 2010, es elegido Representante a la Cámara en representación del Partido de la U para el período 2010 – 2014. Es miembro de la Comisión Segunda Constitucional Permanente; Comisión de Paz; Comisión de Seguimiento a los Planes Departamentales de Agua; Coordinador de la Comisión Accidental de Seguimiento a las Políticas Públicas que Impulsan el Sector Cafetero; forma parte del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, y de la Unión Interparlamentaria, UIP.

Durante su ejercicio como legislador, ha participado activamente como ponente de diferentes proyectos de ley y citante de audiencias públicas en temas de alta relevancia en comercio internacional, medio ambiente, derecho internacional humanitario y políticas públicas para sectores como el lácteo, ganadero y cafetero, entre otros.

Actualmente, Presidente de la H. Cámara de Representantes para la legislatura del 20 de julio de 2013 al 20 de julio de 2014. Desde allí, algunos de sus objetivos se concentrarán en recuperar y avanzar en la función constitucional de control político que debe ejercer el Congreso de la República, defender y promover los fundamentos de autonomía territorial y descentralización del Estado e incentivar la racionalización legislativa, entre otros.

         

                                      @HernanPenagos 

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Panorama electoral

 

Sin duda no se evidencia en el pasado reciente, momento más movido desde el punto de vista político. A poco menos de un año para las elecciones presidenciales, las movidas políticas son constantes y las especulaciones abundan. Es evidente que la figura de la reelección presidencial, apresura el debate electoral y orienta la agenda, a propósitos diferentes a las políticas públicas.

No cabe duda que modificar la Constitución Nacional con criterios exclusivamente coyunturales y mediáticos, sin pensamiento de largo plazo, evidencia la fragilidad institucional y desconoce la voluntad del constituyente primario. Sería mucho más benéfico para el país, contar con períodos presidenciales de seis años sin posibilidades de reelección. Con ello, un mandatario orientaría su esfuerzo exclusivamente a los propósitos de su plan de Gobierno. Trabajaría en función de políticas públicas de más largo plazo y tendría tiempo para estructurar y ejecutar proyectos dentro de un mismo período constitucional.

En el evento hipotético de pensar en la reelección de alcaldes y gobernadores, sería válido solo para ciudades de alta población, donde el voto de opinión juega un papel preponderante. Respecto de los medianos y pequeños municipios, el poder supremo de los mandatarios, la maquinaria electoral aceitada y el poco margen de maniobra de la oposición, enervan cualquier posibilidad de una contienda electoral justa, equilibrada y con garantías para todos los postulados. En síntesis, este país aún no está preparado y maduro, democráticamente hablando, para institucionalizar la reelección regional.

En la actualidad, el presidente utiliza su primer año para formular y aprobar su plan de desarrollo, el segundo y tercer año para ejecutarlo y el cuarto para preparar la reelección; es decir, el presidente escasamente gobierna dos años. Si a todo ello agregamos que durante los escasos dos años de mandato, se surten las elecciones regionales (Gobernadores y alcaldes), nos encontramos con un panorama difícil en materia de planeación y fortalecimiento institucional. De ahí que sea una constante señalar la poca ejecución de los gobiernos y la dificultad para estructurar proyectos de gran envergadura.

No es sano para la institucionalidad del país un escenario donde se vive periódicamente en elecciones. Sería de gran utilidad, que los períodos de alcaldes y gobernadores coincidieran con el de Congreso y presidente, a fin de armonizar en el tiempo las políticas públicas y los planes de desarrollo.

Del mismo modo, dedicar una sola jornada electoral para las diversas dignidades, implicaría un gran ahorro para el fisco nacional y garantizaría paz política por más de un lustro. Evidentemente, para ello se requiere trabajar intensamente en pedagogía electoral y cultura ciudadana.

Con una sola jornada electoral podría pensarse incluso en el voto obligatorio como derecho y deber de los ciudadanos. La participación masiva de la población, daría mayor legitimidad a los gobernantes que, en muchos casos, son elegidos por un porcentaje mínimo de la población. Esta exigencia lograría persuadir a los ciudadanos a fin de que se preocupen más por lo público y evalúen a cada candidato con su propuesta. De tal manera que aquellos que no hacen uso de su derecho al voto, utilicen esta poderosa herramienta para tomar la decisión que más comulgue con los intereses colectivos.

Twitter: @hernanpenagos

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A propósito del Día del Trabajo

Cada primero de mayo es normal escuchar de lado y lado los datos sobre desempleo. Las centrales obreras saliendo a las calles para reclamar mejores salarios y los gobiernos justificando cifras y promoviendo políticas en favor de empleos formales, dignos y mejor pagos.

En todo caso hay hechos innegables. Es evidente el deterioro en la calidad del empleo en Latinoamérica, entre otras razones, ante la difícil situación económica mundial. El trabajo informal y el subempleo siguen siendo altos y la formalización laboral cada vez es más lejana por los altos costos asociados a la nómina. Según la central unitaria de trabajadores, el 68 % de la población económicamente activa (23 millones de ocupados), está en la informalidad, y la precariedad del empleo sigue en ascenso (los datos oficiales hablan de 40 % de informalidad).

Por otra parte, Fedesarrollo sostiene que el salario mínimo en Colombia es alto frente a México, Rusia y Estados Unidos. Que las altas cargas impositivas son culpables de la informalidad laboral y afectan de manera importante la competitividad del país. Así mismo, señala que en la última década el valor en dólares de contratar un trabajador incluyendo los sobrecostos a la nómina ha estado por encima del 250 %, pasando de 200 dólares en 2003, a 557 dólares en 2012.

Es evidente que en los últimos años ha disminuido el índice de desempleo, mostrando mejorías importantes -en el mes de marzo se situó en 10,2 %, frente a 10,4 % de marzo de 2012-. El buen momento de la economía colombiana debe traducirse en la reducción del desempleo a niveles inferiores a un dígito, tal y como ocurre en un número importante de países latinoamericanos donde el promedio alcanza el 6,5 %.

En todo caso, el Gobierno viene tomando decisiones estructurales como el desmonte de la parafiscalidad, que tendrá efectos positivos en la formalización laboral y contribuirá a generar un número importante de empleos de largo plazo. Del mismo modo, el plan de impulso para la productividad y el empleo, más conocido como Pipe, también redundara en la creación de nuevos puestos laborales.

Anuncios como la creación de la Agencia pública de empleo, que funcionará en 120 municipios y ciudades del país, permitirá concentrar la oferta laboral y contar con una nutrida base de datos donde los empresarios podrán acceder a los perfiles de un gran número de colombianos. Esperamos que tanto industriales como ciudadanos hagan uso de esta valiosa herramienta.

Es necesaria mayor agresividad en la política de empleo, pero sin sacrificar el poder adquisitivo de los trabajadores. Pensar en alzas sustancialmente bajas, so pretexto de afectación de la competitividad del país, no es otra cosa que repartir pobreza en detrimento de la parte débil de esta relación.

No es posible dejar de lado los municipios pequeños, donde la oferta es mínima, la demanda laboral es permanente y no existen datos precisos de desempleo. En estas localidades con alta concentración rural, urgen políticas tendientes a fortalecer las fuentes de empleo de dicho sector.

Establecer salarios diferenciales por regiones como lo propone Fedesarrollo, en nada ayuda a superar los índices de desempleo actuales y supone cierta discriminación laboral. Recordemos el principio según el cual, a trabajo igual, salario igual.

Twitter: @hernanpenagos

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La protesta social

 

Uno de los más profundos problemas de América Latina y que sin duda merecen la total atención de los gobernantes, tiene que ver con los altos niveles de desigualdad de la región. Diez de las quince naciones con mayor disparidad del mundo se ubican en este continente. La deficiencia en las políticas públicas y la fragilidad de las instituciones, son causantes de tan penosa situación. Muy a pesar de que un país alcance crecimientos económicos importantes, el éxito radica en que tales niveles se traduzcan en mayor equidad y reducción de la pobreza.

Acaba de publicarse un informe del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, según el cual la desigualdad incita la protesta en América Latina. El citado documento destaca que "Los países de América Latina con mayor número de protestas sociales son los que también presentan mayores desigualdades socioeconómicas y gobiernos con capacidad limitada para manejar disturbios… Bolivia, Perú y Argentina fueron los países con mayor número de protestas sociales (más de 200 cada uno), mientras que aquellos con los niveles más bajos de disturbios fueron Costa Rica, Chile y El Salvador, con un promedio de 58 conflictos cada uno".

Es de resaltar que la protesta social es propia de los gobiernos democráticos y se constituye en herramienta de la mayor importancia para reclamar el equilibrio social de la comunidad. Claro está, mientras no suponga vías de hecho o abusos de poder entre los asociados.

Ahora bien, Latinoamérica se caracteriza por ser una de las regiones más violentas del mundo, de hecho, los datos de homicidio a escala regional representan los primeros en el planeta. Tal situación evidencia una historia marcada por la inestabilidad política y la influencia del populismo. La unión fraterna y mecanismos de apoyo efectivo entre las naciones son la pócima efectiva para superar este deshonroso primer lugar.

En cuanto a desarrollo humano, es evidente el despegue de las economías emergentes, en lo que el programa de las Naciones Unidas llama "el ascenso del sur", y donde se hace hincapié en países como Brasil, México y Chile. En general, la mayoría de países de Latinoamérica han acelerado sus logros en educación, salud e ingresos y mejorado sustancialmente sus niveles de desarrollo. El informe sugiere que las decisiones políticas adoptadas en un país, pueden tener impactos importantes en otras Naciones, debido al comercio, la migración y las tecnologías de la información y la comunicación.

Los avances en la superación de la pobreza en Colombia son significativos. Según los datos recientemente publicados por el DANE, la pobreza pasó de 34,1% en 2011 a 32,7% en 2012, lo que no deja de ser importante ante un escenario mundial tan complejo en lo económico. Salir del penúltimo lugar de la lista y ubicarnos al lado de países como Panamá y Chile, evidencia mejorías significativas en la erradicación de la pobreza extrema. La distribución de las regalías, los agresivos programas de vivienda y las políticas sociales, seguramente mejoraran estos indicadores.

No obstante seguimos en deuda con la ruralidad colombiana. Mientras en las ciudades la pobreza alcanza el 28%, en el campo gira alrededor del 46%, lo que evidencia una marcada crisis del sector agropecuario.

Causa curiosidad el contraste entre violencia y desarrollo que vive la región. Hace preguntarse cuál fuera el destino de la patria sin conflicto armado y cuan importante fuera la dinámica económica, encauzada a superar las brechas sociales que durante tantas décadas han gobernado el país.

Twitter: @hernanpenagos

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Casi tres años de actividad legislativa

Después de casi tres años de ejercicio como congresista, representando al Departamento de Caldas y como miembro del Partido de la U, luego de mi paso por la Asamblea Departamental de Caldas, corporación de la cual fue Presidente, este es un breve recuento de mi tarea legislativa:

 

Comisiones

-          La Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes.

 

-          Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria.

 

-          Coordinador de la Comisión Accidental para el seguimiento a la política pública de los Planes Departamentales de Aguas.

 

-          Coordinador en la Cámara de Representantes de la Comisión Accidental de Seguimiento a la política pública que impulsa al sector cafetero.

 

-          Comisión accidental de Relaciones con la Unión Interparlamentaria.

 

-          Subcomisión de asuntos carcelarios y penitenciarios.

 

-          Comisión de paz de la Cámara de Representantes.

 

Ponencias

 

-          Ponente de la ratificación del  Tratado de Libre Comercio con México.

 

-          Actualmente coordinador de ponentes de la ratificación del TLC entre Colombia y Perú con la Unión Europea.

 

-          Del proyecto que hoy, es la Ley que aprueba la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,  consistente en la ratificación de una convención de las Naciones Unidas.

 

-          De la ley que ratifica el Tratado de Budapest, hoy Ley 1515 de 2.012, tratado que para el año 2008 ha sido acogido por 73 países, según la Organización mundial de la Propiedad Intelectual, y el cual permite facilitar los trámites y dar mayor viabilidad jurídica al  trámite de patentes.

 

-          Tratado entre la República de Colombia y Federación Rusa sobre asistencia legal recíproca en materia penal.

 

Debates de control Político

Como citante he participado en los siguientes debates

 

-          En Comisión Segunda como en la Plenaria debate sobre la situación carcelaria y penitenciaria del país.

 

-          Citación en plenaria al Ministerio de Vivienda para discutir los avances de los Planes Departamentales de Agua.

 

-          Se citó en Plenaria al Ministerio de Salud para discutir la crisis hospitalaria y de salud en el país.

 

-          Citación en plenaria al Ministerio de Agricultura y al Gerente de la federación de cafeteros para discutir la situación que atraviesa este importante sector del país.

 

Foros y audiencias:

 

-          Foro “Realidad limítrofe de Colombia” cuyo tema principal fue el fallo de la corte internacional de la Haya y tuvo participación de diferentes.

 

-          Audiencia pública televisada, en la cual se debatió el proyecto de ley que creaba la Defensoría Técnica Especializada de la Fuerza Pública.

 

 

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Actividad Legislativa Representante Hernan Penagos

El Representante a la Cámara Hernán Penagos Giraldo, cumplirá el próximo 20 de Julio de 2.013, tres años de ejercicio como congresista, representando al Departamento de Caldas y como miembro del Partido de la U, luego de un exitoso paso por la Asamblea Departamental de Caldas, corporación de la cual fue Presidente.

Durante el tiempo desempeñado como legislador, ha sido miembro de  la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes y de la Comisión de Acusaciones. Forma parte del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, es coordinador de la Comisión Accidental para el seguimiento a la política pública de los Planes Departamentales de Aguas, y es actualmente el coordinador en la Cámara de Representantes de la Comisión Accidental de Seguimiento a la política pública que impulsa al sector cafetero.

En la Comisión Segunda de la Cámara, encargada de los temas de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, ha participado activamente como ponente de proyectos de ley  y citante de audiencias públicas, en temas de alta relevancia:

En comercio internacional, como ponente de la ratificación del  Tratado de Libre Comercio con México, y actualmente como coordinador de ponentes de la ratificación del TLC con la Unión Europea y Perú.  En Febrero de este año, convocó un Foro en la ciudad de Manizales, para exponer y debatir este tratado con la Unión Europea, en el cual empresarios de todos los sectores discutieron con el Ministerio de Comercio, Industria  y Turismo,  las políticas públicas que el Gobierno Nacional ha considerado  promover para sectores que saldrán perjudicados por la implementación del acuerdo,  en especial para el sector lácteo y ganadero.

Comprometido con el tema de Derecho Internacional Humanitario, fue  ponente del proyecto que hoy, es la Ley que aprueba la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,  consistente en la ratificación de una convención de las Naciones Unidas.

Rindió ponencia al proyecto de ley que ratifica el  Tratado de Budapest, hoy Ley 1515 de 2.012, tratado que para el año 2008 ha sido acogido por 73 países, según la Organización mundial de la Propiedad Intelectual, y el cual permite facilitar los trámites y dar mayor viabilidad jurídica al  trámite de patentes.

 

 

 

Lo mismo que del Tratado entre la República de Colombia y Federación Rusa sobre asistencia legal recíproca en materia penal, con el fin de lograr avances en la agilización de procedimientos judiciales y extrajudiciales, generando canales ágiles, que con pleno respeto al ordenamiento jurídico de los Estados firmantes, se facilite una administración de justicia pronta y eficaz en materia penal.

 

Promovió en la Comisión Segunda, una audiencia pública televisada, en la cual se debatió el proyecto de ley que creaba la Defensoría Técnica Especializada de la Fuerza Pública, en la que participaron voceros de las organizaciones de derechos humanos, de los organismos de la ONU y la Cruz Roja, que velan por la debida aplicación del derecho internacional humanitario, del Ministerio de Defensa y de voceros de los policías y militares en retiro. Producto de esta audiencia, se garantizó que no estarán protegidos en esta ley los delitos de lesa humanidad. Hoy la Defensoría Técnica hace parte de la ley que se aprobó como modificación del Fuero Militar, discusión en la que participó activamente.

Como miembro del consejo superior de política criminal y penitenciaria, estuvo atento ante los reclamos del país alrededor de la situación carcelaria, la cual se evidenció con la sobrepoblación en varias centros penitenciarios, de allí surgió la necesidad de convocar en compañía de otros representantes, debates tanto en la Comisión Segunda como en la Plenaria, para que el país escuchara las explicaciones de las instituciones y entidades del Estado a las cuales corresponde buscar soluciones ante esa innegable realidad.

En el primer semestre del año 2.012,  ante la falta de ejecución observada en los denominados Planes Departamentales de Agua y las repetidas quejas de gobernadores y alcaldes frente este programa, citó en la Plenaria al Ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras. Mediante cuestionario radicado ante este Ministerio y con el debate realizado, el ministro se comprometió en dicho debate a generar elementos que facilitaran la ejecución y realización de proyectos que por este Programa estuvieran inscritos. De allí que la mesa directiva de la Cámara de Representantes creara la Comisión accidental de seguimiento a los Planes Departamentales de Agua, de la cual es coordinador y la cual mantuvo permanente comunicación con el ministerio, el cual empezó a facilitar la gestión de estos planes con la simplificación de los requisitos ante la ventanilla única de inscripción de proyectos. Además se logró que otorgaran facultades a los alcaldes para  ejecutarlos cuando estos hayan sido viabilizados y no hayan sido iniciados por las gobernaciones, dicha simplificación y facultades nuevas se hicieron mediante decreto 2246 del 31 de octubre de 2012, notificada por el Ministro Vargas Lleras en la ciudad de Manizales.

De igual manera durante el semestre del 2.012, en conjunto con varios representantes, cursaron invitación a la pasada Ministra de Salud, para que en la plenaria de la Cámara de Representantes, respondiera los cuestionarios radicados que pedían explicación frente a la crisis hospitalaria y de salud y expusiera las soluciones que pudiera estar trabajando el Gobierno. En dicho debate expresó la preocupación ante la situación de los hospitales municipales y el modelo de intermediación de las EPS que pone en jaque el funcionamiento de los mismos.

 

Como el año pasado se hizo manifiesta la magnitud real de la situación cafetera, crisis que viene de hace años, y frente a la incertidumbre en la que viven los caficultores y el malestar con el que ellos se venían  expresado, luego de un estudio juicioso del tema, se motivó citar el 8 de Agosto de 2.120, a un debate de control político en el cual el Señor Ministro de Agricultura, doctor Juan Camilo Restrepo, e invitar al presidente de la Federación, Doctor Luis Genaro Muñoz para que escucharan no solo sus preocupaciones por la situación de más de medio millón de familias cafeteras, sino los mensajes que muchas de ellas querían manifestar a través del Representante. En el debate se pidió al gobierno un tratamiento diferencial que mitigara la difícil situación  producto de la baja producción dada por efectos entre otros como el del cambio climático ha impactado una economía tan importante como la cafetera. Producto de este debate y otro realizado en el Senado, se conformó la comisión accidental para el seguimiento a las políticas públicas que impulsan el sector cafetero, y con la cual nos hemos permitido entablar diálogo permanente con representantes de este sector, y con el gobierno en procura de una solución estructural  que responda a los requerimientos de muchas familias campesinas.

Participó como conciliador en la Plenaria de la Cámara de Representantes, de los proyectos que hoy son Leyes: Plan Nacional de Desarrollo, Estatuto Anticorrupción,  Ley de Reparación de  Víctimas y de Restitución de tierras, y de la nueva Ley de Regalías. Fue miembro de la Comisión de Congresistas que hizo seguimiento a los decretos dictados por el Gobierno Nacional por emergencia social para hacer frente a los desastres de la ola invernal.

En la Comisión Segunda, se sintió con todo rigor y preocupación, el impacto que recibió el país como consecuencia del fallo de la  Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya, proferido con  respecto a la delimitación de aguas entre Colombia y Nicaragua. Considerando las consecuencias de este fallo, frente a  la situación en que quedaban los habitantes del Archipiélago de San Andrés y la incertidumbre e indignación de los colombianos, convocó el  7 de Diciembre del año pasado, el  denominado “Foro: Realidad Limítrofe de Colombia” en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores compartió argumentos con organizaciones como la Sociedad geográfica de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, y Académicos de las Universidades Externado, Sergio Arboleda, Nacional, los tratadistas José Joaquín Caicedo Perdomo y Gerney Rios, un vocero de la Comunidad Raizal y el Presidente de la Asamblea de San Andrés. Se trataron de resolver muchas inquietudes sobre el caso en particular de San Andrés, de otros casos limítrofes, y más aún,  sirvió como generador de elementos valiosos para la discusión académica que el país debe seguir dando al respecto de este importante tema.

Entre las ejecutorias del Representante en materia de gestión para la comunidad, logró la constitución del Area de Distribución de Energía ADD, como estrategia para reducir las tarifas del servicio de energía en Manizales y Caldas. En tal sentido, el Ministerio de minas y Energía mediante la Resolución número 180574 del 17 de Abril del 2.012, determinó una nueva área de distribución de energía eléctrica del Centro – ADD Centro. Con dicha decisión, las tarifas de energía  tendrán reducción gradual en Manizales y Caldas en un 10% para todos los estratos del sector residencial y comercial y un 7% para el sector industrial, una vez la CREG, proceda a la implementación de la medida ordenada por el Ministerio. Esta decisión gubernamental no solo beneficia a las familias Caldenses, sino que hace más competitivo al Departamento de cara a los acuerdos de libre comercio suscritos en los últimos días.

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A propósito de la elección popular de alcaldes

 

El pasado 13 de marzo, se cumplieron 25 años desde la fecha en que se llevó a cabo la primera elección popular de alcaldes en el país. Gran conquista democrática que permitió mayores posibilidades locales y sin lugar a dudas la expresión más contundente del sentir popular. Los diálogos adelantados entre el gobierno de Betancur y las Farc fueron fundamentales para la aprobación de la correspondiente enmienda constitucional, que mediante Acto Legislativo 01 de 1986 diseñó la arquitectura de tan importante reforma.

De tal trascendencia política fue la decisión, que años más tarde a raíz de la Asamblea Constituyente, la Carta definió al municipio colombiano como la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado. Descripción de talla mayor que suponía una verdadera autonomía territorial y las bases de los principios de la descentralización.

En el pasado, los alcaldes eran designados por los gobernadores quienes a su vez eran nombrados por el presidente de la República sin consideración diferente a los intereses políticos locales. Los que lograban tal designación, generalmente actuaban de manera mediática, con decisiones ausentes de planeación y políticas de largo plazo. El carácter temporal de sus cargos y el desconocimiento del territorio gobernado, se constituyó en la constante de los alcaldes del pasado.

Si bien la elección popular significó el reconocimiento del carácter regional y heterogéneo del país, no puede decirse lo mismo respecto de las competencias que a lo largo de estos 25 años se han atribuido al municipio Colombiano. En efecto, pareciera que cada vez se busca re-centralizar las políticas públicas en detrimento de la autonomía territorial. Es simplemente evidenciar los recortes que a través de los años vienen sufriendo los municipios, por cuenta del hoy llamado Sistema General de Participaciones. En un foro sobre la materia se recordaba: "La participación ciudadana sin promover la descentralización lleva a la frustración, de la misma manera que incrementar las responsabilidades de las entidades territoriales sin adecuar el modelo fiscal solo permite un desarrollo formal y no real de la autonomía territorial".

La seguridad ciudadana se constituye en uno de los cotidianos dolores de cabeza de los mandatarios. Ser la primera autoridad de policía municipal sin herramientas para asumir ese rol, genera frustración y desconfianza de la ciudadanía. El recaudo y manejo de las rentas propias también se constituye en un elemento preocupante. Los pequeños municipios, es decir aquellos de quinta y sexta categoría, no cuentan con recursos suficientes para la prestación del servicio de la función pública, por lo que se hace nugatoria la atención eficiente a la comunidad. Los estímulos para aquellos municipios que cuentan con mejor desempeño fiscal, contradicen el principio de equidad y aumenta más la brecha entre las entidades territoriales poderosas y las localidades de presupuestos mínimos.

El ordenamiento del territorio también impide mayor desarrollo local. Perdimos la oportunidad de dar más alcance a la regionalización, aprobando una Ley de Ordenamiento Territorial que en nada resuelve los problemas de planificación del territorio. Las nuevas instituciones creadas no son más que entidades burocráticas cuyo futuro no será diferente al de las pasadas asociaciones públicas, de recordación negativa para el País.

Es de suyo reconocer que la elección popular de alcaldes, en especial por el manejo autónomo del presupuesto, ha sido permeada en algunas regiones por los grupos al margen de la ley y el narcotráfico, generando altos niveles de corrupción y pérdida de legitimidad. No obstante, es imperativo defender esta institución como puntal de la descentralización y base sólida de la fortaleza democrática de la nación.

Urgen cambios normativos que promuevan mayor fortaleza local. En un sistema exageradamente presidencialista como el nuestro, sería nefasto volver a la odiosa centralización radical del pasado. En momentos en que soñamos con la anhelada paz, el municipio colombiano y sus señores alcaldes, se constituyen en protagonistas de primer orden para ganar legitimidad institucional, enfrentar el postconflicto y erradicar la pobreza.

@hernanpenagos

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La decadencia de los partidos

 

Preocupa, por el bien del país, la situación de desprestigio que hoy viven los partidos políticos. Ausencia de militancia por parte de los ciudadanos y una creciente percepción negativa en torno a ellos. Que tan solo el 25 por ciento de los colombianos sientan cercanía con algún partido y más del 80 por ciento de ellos los asocie con corrupción, evidencia el deterioro de las instituciones que representan la democracia colombiana.

Tal situación nos está llevando a momentos no muy bien recordados, donde las microempresas electorales gobernaban los destinos de los partidos y los cacicazgos regionales se imponían sobre las plataformas ideológicas de las colectividades.

Las reformas legislativas no han producido las transformaciones esperadas, al punto que la ley de bancadas no tiene efectos materiales al momento de aprobar los proyectos de ley, o de adelantar los debates de control político. Cada congresista vota como a bien tiene y en muy contadas ocasiones se observa una verdadera postura de partido. Igual ocurre en las asambleas y concejos municipales donde las decisiones obedecen más a la coyuntura particular de los colegiados que a las directrices del partido -que dicho sea de paso, nunca se imparten-.

Y qué decir de los cuadros directivos de los partidos políticos. Los comités municipales son un saludo a la bandera y carecen de cualquier poder vinculante frente a quienes localmente los representan. Las direcciones nacionales reaccionan más por la presión de los medios que por el sentir de sus militantes y se orientan más por la agenda del ejecutivo que por iniciativa propia.

Actualmente no está claro cuál es el partido de gobierno y cuáles los de oposición. No sabemos si la unidad nacional se constituye en una estrategia para lograr el tránsito pacífico de los proyectos de ley sin mayor discusión legislativa o supone el acompañamiento de las políticas públicas y los propósitos del gobierno.

La política se está volviendo un escenario donde se imponen las posiciones particulares de un dirigente, o su reconocimiento, por encima de los postulados e ideología de los partidos. Prima más la pasión popular que la racionalidad al momento de adoptar una postura. Pareciera que estamos volviendo a las épocas propias del caudillismo cuyos antecedentes evidencian gran inestabilidad política y pérdida de legitimidad.

Y es que el deterioro institucional se da a todos los niveles. Los demás poderes del Estado se encuentran en similar situación. La rama judicial que otrora evidenciaba majestuosidad y confianza, ha perdido la estima ciudadana, entre otras razones, por las luchas internas de poder y el carrusel de las pensiones.

Es deber de la dirigencia colombiana crear mayor cultura política en la ciudadanía, logrando que por encima de las personas y sus intereses individualistas se encuentren las instituciones. Fortalecer la representación democrática definiendo reglas de juego claras y precisas. De lo contrario, cada vez será mas débil la institucionalidad y más precaria la democracia. Triste panorama en un país que presume de contar con una de las constituciones más pluralistas y garantistas de la región.

 

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Para dónde va el campo

 

Dentro de las locomotoras definidas por el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo, el sector agropecuario se constituye como una de las principales, no solo por la vocación agrícola de nuestras regiones, sino por los diálogos que actualmente se adelantan en La Habana. Sin lugar a dudas, la decisión que al respecto se tome, transformará de manera radical el futuro del campo colombiano.

No obstante, es imposible proponer cualquier política eficiente y de largo plazo, sin información actualizada del sector. Hoy día, los datos del campo son desarticulados y parciales y parten más de los intereses gremiales que buscan atender sus particulares necesidades. Actualmente, el marco de referencia lo constituye la encuesta nacional agropecuaria, que si bien alguna información proporciona, es muy limitada para la toma de decisiones de amplia envergadura.

Hace más de 40 años no se realiza un censo agropecuario en el país, (la FAO recomienda la realización de censos cada 10 años) siendo evidente la necesidad de actualizar la información rural a fin de estructurar el sistema estadístico agropecuario. En tal sentido, vale la pena resaltar la iniciativa del Gobierno Nacional, a través del DANE, tendiente a impulsar el tercer censo nacional agropecuario, que se llevará a cabo en el presente año.

Según el DANE, el objetivo principal del censo, es "proporcionar información estadística estratégica, georreferenciada y actualizada del sector agropecuario, acuícola, pesquero, forestal y de aspectos ambientales… base para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas y el desarrollo rural colombiano". Al final de tan importante ejercicio, podremos identificar el uso dado a la tierra, la maquinaria existente, las viviendas rurales y su georeferenciación, el producto agropecuario y sus características, etc. En total, serán censados tres millones ochocientos mil predios rurales y más de 74 millones de hectáreas.

Esta herramienta será de gran utilidad para los funcionarios públicos al momento de formular las políticas del sector, y les permitirá a empresarios e industriales asumir compromisos ciertos para abastecer el mercado nacional e internacional. Del mismo modo, la ley de tierras y la urgente ley de desarrollo rural, se nutrirán de manera relevante de la información que en el futuro arroje el citado censo. Conociendo la realidad rural colombiana, podremos compararnos internacionalmente, y llevar a cabo negociaciones de cuotas mucho más benéficas para el país en los tratados de libre comercio.

El campo colombiano reclama a gritos decisiones de fondo, sustentadas en información científica y no en la apreciación subjetiva del ministro de turno. El cambio climático se constituye hoy en día en una de las variables determinantes para orientar la vocación productiva de nuestros suelos sin que a la fecha exista información precisa al respecto.

Ante la competencia internacional y la revaluación del peso que golpea fuertemente al sector agropecuario, urge la intervención del Gobierno con programas focalizados que rediman a quienes se constituyen en la población más vulnerable y golpeada por la triste historia violenta del país.

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El litigio no termina

Es muy desafortunado lo ocurrido en el litigio con Nicaragua. Pero es más lamentable que ya algunos hubieran advertido la posibilidad de que se presentara una situación como esta, lo anterior sin encontrar eco entre los encargados colombianos de evaluar el proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Esta situación deja en evidencia la pésima política exterior de Colombia a lo largo de la historia y la necesidad de formar diplomáticos de carrera.

Desde el momento de la suscripción del Pacto de Bogotá, Colombia no hizo reserva alguna del mismo, aceptando plenamente dicho tratado, inclusive frente a los hechos anteriores a 1948, fecha de suscripción.

Son varias las circunstancias que evidencian errores en la estrategia de defensa y que fueron advertidos por muchos internacionalistas. En primer lugar no tiene explicación que en 1980 cuando Nicaragua declaró unilateralmente la nulidad del tratado Esguerra - Barcenas, no se hubiera procedido a demandar dicha decisión ante las Cortes Internacionales.

En segundo lugar, conociendo de antemano que Nicaragua desde 1999 anunció demandar a Colombia, sólo hasta un día antes de radicada la demanda (diciembre 5 de 2001), el Gobierno de la época procedió a dirigir un oficio ante la Corte Internacional de Justicia retirándose de su jurisdicción. (Según el artículo 56 del Pacto de Bogotá, la denuncia debe darse con 12 meses de antelación).

En tercer lugar, si la decisión era no aceptar la competencia de la CIJ, no se entiende cómo el Gobierno se involucró en el proceso. Desde el año 2007, la Corte no solo señaló que era competente para tomar una decisión de fondo, sino que además determinó que el meridiano 82 no era la línea limítrofe entre Colombia y Nicaragua.

Son muchas las dudas que surgen frente a la providencia de la CIJ, y en especial la que nos queda respecto de algunos tratados internacionales que se verían afectados. Por ello, el tema no es si el fallo se acata o no. El verdadero problema radica en la posibilidad de ejecución de la sentencia, frente a tantas incertidumbres jurídicas y materiales, que se pueden sintetizar de la siguiente manera: Para poder cumplir la orden de la CIJ, tendrían que redefinirse los límites con Costa Rica, Honduras, Panamá y Jamaica, los cuales están plenamente establecidos en tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que actualmente son válidos. Del mismo modo, el tratado Vásquez - Saccio suscrito entre Colombia y Estados Unidos, que tiene por objeto acuerdos de pesca entre las dos naciones, y que reconoce soberanía de nuestra Patria, también tendría que ser revisado y prácticamente modificado. Por último, el artículo 101 de la Constitución Nacional, establece la forma como se pueden modificar los límites del país, quedando un vacío jurídico frente a sentencias de órganos internacionales.

Otro factor de preocupación radica en que con ocasión del aludido fallo, queda la puerta abierta para que Nicaragua reclame ante la CIJ, nuevas pretensiones marítimas en contra de Colombia. Por ello, la importancia del anuncio del retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, como estrategia para enervar cualquier demanda futura.

En síntesis, el Gobierno debe actuar con la mayor prudencia y calma, evaluar las consecuencias de cualquier decisión que se adopte, y acudir a todas las herramientas jurídicas posibles para demostrar la imposibilidad de ejecutar un fallo carente de antecedentes en el planeta. No son de poca monta, los anuncios del Gobierno nicaragüense en el sentido de autorizar explotaciones de petróleo en la región, lo que sería un atentado contra el medio ambiente y la biodiversidad de esa rica región del Caribe.

Entre tanto y sin despertar excesos o irresponsables manifestaciones nacionalistas, todo el apoyo y solidaridad para nuestros compatriotas del archipiélago, y el respaldo al Gobierno en la decisión que se adopte, la cual sin lugar a dudas, será la que mejor represente los intereses de nuestra Patria.

Fecha de publicación: 
Domingo, Diciembre 2, 2012
Este y otros articulos del representante Hernan Penagos se encuentran en el Periodico La Patria www.lapatria.com

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Cual es el futuro de nuestros límites.

 

Comunicado de Prensa:

El Representante Hernán Penagos miembro de la comisión segunda la Cámara de Representantes, comisión encargada de los asuntos de defensa, seguridad y relaciones exteriores, lamento los sucedido frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya.

"Es triste y lamentable que la Corte no haya respetado los derechos ancestrales que Colombia, y en particular las comunidades raizales de los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han ejercido sobre la extensión marítima que hoy la corte no nos reconoce"

El representante Caldense agrega "Sí esta claro por parte de la corte la soberanía exclusiva sobre estos archipiélagos, el no reconocer la plataforma continental que sobre dichas islas y por derecho debería de tener es una contrariedad a la luz del derecho internacional, mas aun cuando la normativa con la cual se guió la corte es la costumbre jurídica, y dicha costumbre estaba a todas luces a favor de la nación que ha hecho por varias décadas presencia en esta porción de mar, y dicha nación no es otra sino Colombia."

El Representante Penagos considera que la responsabilidad no puede recaer sobre un gobierno que a penas lleva dos años con la tutela de un proceso que en la corte lleva más de una década, y que como diferendo limítrofe tiene sus inicios desde 1913 año en el cual Nicaragua hace reclamaciones, y se da comienzo al proceso de negociación del tratado Esguerra-Barcenas.

Por último afirma el congresista, que es el momento de hacer un alto en el camino y evaluar la situación de todas las regiones limítrofes del país, dándoles prioridad a sus habitantes y a la presencia estatal en dichas zonas. De igual manera mirar con detenimiento el estado de todos los tratados al respecto que hoy la nación no tiene totalmente claros y que pueden ser susceptibles de alguna modificación.

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El futuro de las regalías

 

Se viene debatiendo en el Congreso de la República, el proyecto de ley por el cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para los próximos dos años.

Como es conocido, la reforma al régimen de regalías debe permitir que todas las entidades regionales del país, accedan a estos recursos a través de fondos creados de manera especial para tal fin, y de los cuales los dos más importantes son el de Desarrollo Regional y de Compensación Regional.

Un año después de aprobado el Acto Legislativo reformatorio del sistema, es importante evaluar cómo va la implementación de las nuevas reglas por parte de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, los cuales son liderados por las gobernaciones. En tal sentido, es necesario indicar que en gran parte de las regiones, los proyectos aprobados no consultan los imperativos constitucionales de buscar mayor equidad y competitividad del país. Igualmente, brilla por su ausencia la estructuración de proyectos de impacto regional lo que evidencia la falta de articulación entre los diferentes departamentos para sacar adelante iniciativas conjuntas. En esencia, se evidencia una cierta desnaturalización de tan importante política.

Otra gran dificultad obedece al rezago para la aprobación de proyectos, la ejecución de obras y la demora en el giro de los recursos a las entidades territoriales. Según la Contraloría General de la República, de los 1.131 proyectos presentados a la fecha, solo se han viabilizado 335. Del mismo modo, de los 9 billones de pesos correspondientes al presupuesto para esta vigencia, se han girado tan solo el 35,75% de los recursos, lo que significa que las obras tendrán que esperar varios meses más. Urge redireccionar la política con el fin de que las regalías se encaucen de la mejor manera y cumplan los objetivos que dieron lugar a su cometido. Igualmente, deben revisarse los criterios de distribución departamental, buscando esencialmente que todos los municipios puedan presentar proyectos y se prioricen aquellos que sean más benéficos y necesarios para la población.

Otra circunstancia que vale la pena evaluar, tiene que ver con la participación de las capitales de departamento en la distribución de las regalías. Recordemos que en estas poblaciones vive algo así como el 44% de los colombianos y se concentra gran parte de la pobreza nacional. No obstante, hay que indicar que el acceso ha sido marginal y pocos son los proyectos que con cargo a regalías se van a ejecutar en las principales ciudades del país. El Presidente de la República, acaba de anunciar en la exitosa cumbre de alcaldes de ciudades capitales que se llevó a cabo en nuestra ciudad, el apoyo a una proposición suscrita por este servidor, en la que se asigna un 10% de los recursos de regalías para proyectos de impacto local en las ciudades referenciadas. Esperemos que el Congreso de la República acoja tan importante iniciativa, como criterio de equidad regional.

Es muy importante ajustar la ley, en el sentido de lograr que los órganos regionales al momento de aprobar los diferentes proyectos, no se disuadan de los fines constitucionales y busquen mayor integración regional. Lo cierto es que las regalías bien distribuidas en todo el territorio nacional servirán no solo para equilibrar las grandes brechas sociales que hoy se perciben en las regiones, sino para dinamizar la economía y generar empleo. Si se logra avanzar de manera positiva en los diálogos de paz, no tengo ninguna duda que esta política servirá para consolidarla.

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Con aroma de café

Hace varios meses hemos registrado cierta sensación en torno al tema cafetero. La merma en la producción y los bajos precios del mercado interno, hacen necesario abrir el debate nacional sobre el producto que más redistribuye el ingreso del sector agrícola y que responde por el 30% de los empleos rurales.

Más de 563 mil familias dependen de la caficultura, en algo así como 588 municipios de Colombia. El 95% de los cafeteros son propietarios de minifundios, con tierras no mayores a 5 hectáreas. Tal situación evidencia una primera dificultad, toda vez que según estudios económicos, los caficultores que cultivan en áreas inferiores a 3,8 hectáreas tienen serias dificultades para obtener utilidades derivadas de su actividad cafetera (inclusive utilizando su propia fuerza de trabajo), dado los altos costos de producción. Y qué decir de Caldas, donde los predios del 63% de los cultivadores, no superan las 1,4 hectáreas.

La baja eficiencia de los cultivos frente a la productividad internacional, y que nos ha hecho perder espacio en la producción mundial, pasando del 15,5% en 1980 a 6,2% en 2011, es uno de los tópicos que se hace necesario recuperar. Cabe resaltar el ascenso en el número de campesinos que optan por el cultivo de café, así como de áreas renovadas en los últimos años, alcanzando las 411 mil hectáreas desde el 2007. Tales cifras permiten suponer aumento en la producción para los próximos años. Según la Federación Nacional de Cafeteros, para el 2013 pueden superarse los 11 millones de sacos.

Sería de gran utilidad trazar una estrategia tendiente a aumentar el consumo Nacional, tal y como lo ha logrado con éxito países como Brasil donde la demanda interna ha alcanzado niveles importantes. Del mismo modo, es imperativo que el Gobierno Nacional apoye de manera más decidida a los caficultores de Colombia, en momentos que no son los mejores para el gremio. Si bien, la revaluación del peso es protagonista principal de los bajos precios, ello no obsta para buscar estrategias que permitan precios de sustentación que garanticen equilibrio económico en el cultivo.

En cuanto a la contribución cafetera, debemos ser enfáticos en señalar que no es momento para pensar en aumentar o redefinir dicho gravamen. La última vez que fue revisada la contribución, estábamos ante una moneda altamente devaluada y una producción que superaba los 10 millones de sacos. Hoy, con la fuerte apreciación del peso y semejante caída en la producción, no existe clima alguno para suponer una propuesta altamente regresiva. En el debate citado por este servidor, el ministro de Agricultura manifestó que Colombia seguirá siendo un país cafetero. Tal apreciación no debe ser simple retórica, debe concretarse en hechos materiales y en políticas públicas tendientes a redimir el sector.

Por décadas, el café ha sido motor de la economía colombiana y ha contribuido enormemente en la estabilidad democrática de las instituciones nacionales. Semejante antecedente histórico exige total compromiso y esfuerzos adicionales tendientes a la recuperación de los cafeteros. No es momento para buscar responsables. Lo que se requiere es causa común en la defensa de los intereses de tan noble oficio.

En su visita a Manizales, el señor Presidente acogió nuestra propuesta de llevar a cabo un acuerdo para la prosperidad cafetera en el municipio de Chinchiná, lo que esperamos se traduzca en anuncios importantes que fortalezcan este sector poblacional, a efectos de garantizar un mejor futuro para más de dos millones de compatriotas.

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Repliegue o expansión

La violencia en el Cauca es histórica. La actitud de los indígenas frente al Gobierno y la lucha por el reconocimiento autonómico de su territorio, son una constante que pretende amparo en los postulados de la Constitución de 1991.

Si bien el artículo 7 de la Carta, reconoce la diversidad étnica y cultural, y el artículo 330 supone el Gobierno indígena de acuerdo a sus usos y costumbres; también lo es que las autoridades deben proteger a todos los habitantes del territorio y es deber de los indígenas colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio, de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional (artículo 2 y 330 #7 CN). En tal sentido, es imperativo señalar que la autonomía territorial reclamada por estas comunidades no es absoluta, por el contrario, supone el reconocimiento de las instituciones, de la soberanía Nacional, y del monopolio de la fuerza en cabeza del Estado.

La situación que se viene presentando en el Cauca obliga pensar hacia dónde se encauza la estrategia de las Farc: Si consiste en proteger corredores estratégicos para permitir la circulación de armas y drogas ilícitas, caso en el cual estaríamos frente a una organización absolutamente desnaturalizada, cuyo único fin es alcanzar mayor poder económico en favor de una cúpula que posiblemente ni siquiera se encuentra en el país.

Si entendemos la estrategia de las Farc como un repliegue para organizar nuevamente sus frentes, a fin de recuperar espacio en Tolima y Huila, debemos suponer que además de poder económico, la estructura subversiva supone falazmente que puede alcanzar el poder a través de la fuerza. Entonces, entenderíamos la tesis según la cual dicho comportamiento busca mayor poder de negociación y reconocimiento del estatus de beligerancia.

No hay ninguna duda de la alianza criminal entre las Farc y las Bandas Criminales por el negocio del narcotráfico, lo que ha permitido un segundo aire para los subversivos. Tal asociación exige el replanteamiento de la estrategia militar, adecuando la ofensiva hacia un actor amenazante de la seguridad nacional, pero que se define como delincuencia común. Este ingrediente adicional, reprime a la fuerza pública para actuar con determinación, por cuanto las Bacrim no se consideran estructuras armadas jerarquizadas.

En cualquier caso, deben intensificarse los operativos militares y atacar más frontalmente la estructura de base de la guerrilla, toda vez que los objetivos de alto valor dados de baja, no lograron desarticular esta organización guerrillera. Del mismo modo, el Ministerio de Defensa debe despejar las dudas que se han suscitado, frente a las dificultades de la fuerza pública para desplegar las operaciones militares. En especial, respecto del famoso Manual de derecho operacional.

En lo personal, no creo que ni el Gobierno ni la fuerza pública hayan cedido en la determinación para reprimir con contundencia a las Farc. Como es natural, las formas de la guerra cambian y las guerrillas también modernizan sus métodos. Lo importante es adecuar la estrategia militar a los nuevos escenarios del combate con herramientas jurídicas y materiales contundentes.

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Cómo purgar la reforma a la justicia

Gran controversia Nacional ha causado la aprobación del Acto Legislativo conocido como reforma a la justicia. La crisis institucional acaecida deja muy mal parado al Congreso. y por supuesto al Gobierno Nacional. Al margen del juicio de responsabilidad política que debemos asumir, es imperativo evaluar las posibilidades legales para enmendar semejante entuerto. Eso sí, sin violentar la Constitución Nacional ni acudiendo a vías de hecho, lo que serían precedentes lamentables para la estructura de Estado.

Una primera opción y la adoptada por el Gobierno, es acudir a los artículos 221 y 227 de la ley 5ª de 1991, conocida como reglamento del Congreso. En dicho articulado, se señala que tanto los actos legislativos como las leyes, se rigen en su formación por los trámites definidos en el citado reglamento. En términos más sencillos; como las leyes admiten objeción presidencial, los actos legislativos también son sujeto de ello. Las dificultades radican en que jurídicamente no es viable debatir cambios a la Constitución en sesiones extraordinarias del Congreso; en que los actos legislativos solo admiten control de la Corte Constitucional y que mediante sentencia C-543 de 1998 se ha señalado que las modificaciones constitucionales no son objeto de sanción presidencial, por lo que cobran vigencia con la sola promulgación.

Una segunda opción consistiría en promulgar la reforma y demandarla ante la Corte Constitucional por vicios de forma y por tratarse de una sustitución de la Carta en detrimento del Constituyente primario, es decir, del pueblo colombiano. El problema radicaría en que mientras la Corte adopta una decisión, la reforma tendría plena vigencia con las consabidas consecuencias de generar impunidad por la inminente libertad de varios altos exfuncionarios que ipso facto podrían salir de los centros de reclusión. Igualmente se generaría caos en la rama judicial, porque a pesar de vicios graves de inconstitucionalidad, sería necesario crear una serie de instituciones de investigación y juzgamiento que a la postre habría que desarticular.

Otra alternativa es referendo revocatorio, en el que los ciudadanos se pronuncien sobre la iniciativa, después del proceso de recolección de firmas para el efecto. Dicha decisión, aunque muy respetable, exigiría la vigencia de la reforma y por ende la aplicación de la misma por más de seis meses. Igualmente existiría el riesgo de que se aprovechara para incluir algunas otras preguntas que ahondarían más la inestabilidad jurídica que hoy vivimos. Sin que sobre señalar los altos costos que ello implicaría.

Preocupa el funesto antecedente que puede crearse, en el sentido de que es viable violar la Constitución y la ley so pretexto de purgar errores legislativos. El hecho de debatir las objeciones presidenciales, en sesiones extras, per se, invalida la reforma por vicios en su trámite. Sería necesario legislar en el futuro, para aclarar la fuerza normativa de una reforma Constitucional emanada del órgano legislativo en el marco de la independencia de poderes.

A pesar de que no participé del debate ni de la votación de la iniciativa, debemos asumir la responsabilidad institucional del Congreso y salir a enmendar el error. Sea cualquiera el procedimiento adoptado, lo cierto es que el Congreso, como representante del pueblo colombiano, debe escuchar la voluntad popular y proceder a archivar la reforma.

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Mala política

Si hay algo que desdice del nivel socioeconómico de un país, son las bajas coberturas en agua potable y saneamiento básico. Las mediciones internacionales le dan un peso importante a estos factores cuando de calcular la pobreza se trata.

En la plenaria de la Cámara de Representantes tuvo lugar un debate de control político, citado por este servidor, a efectos de evaluar los planes departamentales de agua -PDA-, política pública que tiene como propósito lograr economías de escala, esquemas regionales, y en últimas, mayores posibilidades de acceso a tan importantes servicios públicos.

Con la presencia de la señora Contralora General de la República, el Superintendente de Servicios Pùblicos, Planeación Nacional y el Ministro de Vivienda, se tuvo la oportunidad de advertir una serie de circunstancias que evidencian la errada materialización de esa política en detrimento de los colombianos más pobres. Centralización en la toma de decisiones, falta de planeación, ausencia de diagnósticos y desconocimiento de las realidades locales, dieron al traste con lo que pudo ser una buena iniciativa.

Las cifras son dicientes. En acueducto solo tres departamentos tienen coberturas superiores al 90%. En alcantarillado más de la mitad de los departamentos cuentan con menos del 50% de cobertura y en calidad de agua, escasamente ocho departamentos se encuentran sin riesgo. En el sector rural la situación es deplorable, toda vez que más del 70% de los campesinos carecen de agua potable. Hoy día no se tiene cifras claras del impacto de los PDA, no existen mediciones ni indicadores confiables, por lo que puede decirse que en estos cuatro años no ha mejorado el país.

Para 2010, según el cronograma de los PDA, se llevaría a cabo la contratación y ejecución de las obras, lo que aún no ocurre. Paradójicamente, la fiducia contratada para la administración de los recursos, ha recibido más de dos billones de pesos, de los cuáles 1,5 billones se encuentran en caja. En ciertos casos los costos de administración de los recursos superan el 7% y los rendimientos financieros ni siquiera alcanzan para cubrir estas obligaciones. Como van las cosas, serán más los dineros que irán a engrosar las utilidades de algunas entidades financieras, que lo que verdaderamente se invertirá en obras públicas en los diferentes municipios del país.

Según cálculos del Ministerio de Vivienda, las necesidades de inversión en agua potable y saneamiento básico superan los 19 billones de pesos, advirtiendo que en el futuro, un número importante de municipios no contarán con recursos para subsidiar los estratos más pobres. Complejo panorama si partimos del hecho de que el 48% de los hogares colombianos se encuentran en estratos 1 y 2.

De acuerdo con el plan de desarrollo propuesto por este Gobierno, para 2014 se espera aumentar en 2,8 millones la población beneficiada con servicio de acueducto, y en 4,5 millones para saneamiento básico. Esperemos que estas metas se cumplan, a pesar de estar muy lejos de las necesidades actuales.

Urge redefinir la política y articularla con la nueva propuesta de aguas para la prosperidad. Evaluar el criticado esquema financiero del que solo se aprovechan los bancos. Descentralizar la ventanilla única que impide la celeridad en la aprobación de los proyectos y que a voces del Ministro está permeada por mafias. Es imperativo orientar recursos para el sector rural a fin de mejorar las posibilidades de acceso a veredas y centros poblados de gran concentración poblacional.

No puede ser aceptable que a estas alturas del siglo, sean tantas las deficiencias detectadas y tan pocas las expectativas futuras. El acceso a los servicios públicos es un derecho Constitucional que no puede ser cercenado tan alevemente.

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Debate de control Politico sobre Planes Departamentales de Agua

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Marco para la Paz

Avanza en el Congreso de la República el estudio del proyecto de acto legislativo conocido como Marco jurídico para la Paz. Paradójica situación en la que, mientras el gobierno busca herramientas para proponer escenarios de paz y reconciliación, los violentos pretenden oponerse a cualquier posibilidad de lograr tan anhelado propósito.

Nada más condenable y execrable que los hechos ocurridos el pasado miércoles, donde se atentó contra la integridad del exministro de Estado, Fernando Londoño, y se cegó la vida de varios compatriotas ajenos a una guerra demencial. Y qué decir de los ataques sistemáticos a las bases militares, y los asesinatos de miembros de la fuerza pública, que hemos venido registrando en los últimos días.

Ante esta situación, es evidente que el gobierno debe avanzar con determinación en su lucha frontal contra los terroristas, defender con firmeza la soberanía en todo el territorio nacional y desconfiar de los comunicados retóricos, ausentes de hechos reales de Paz. Es de resaltar, que el trámite de la iniciativa constitucional, en modo alguno supone claudicar en la defensa de estos fines.

La referida reforma busca elevar a rango constitucional la justicia transicional, entendida esta como la herramienta para enfrentar las violaciones ocurridas en el conflicto armado, así como facilitar su terminación efectiva. Todo ello, en busca de fortalecer el Estado Social de Derecho.

Es evidente que el aparato judicial es insuficiente para investigar todos los destinatarios de una futura desmovilización, tal y como ha venido ocurriendo con los paramilitares desmovilizados en el marco de la Ley de justicia y paz. En tal sentido, se busca proponer criterios de selección y de priorizacion para el juzgamiento de los máximos responsables de delitos, así como mecanismos extrajudiciales para garantizar los deberes de investigación y sanción.

No debemos olvidar el necesario equilibrio entre justicia y paz, garantizando que los beneficios otorgados a desmovilizados estén condicionados a la satisfacción de las víctimas en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. No obstante, existen riesgos de tamaño mayor como la impunidad, la repetición de los hechos violentos y el no esclarecimiento de la verdad, que pueden terminar frustrando un noble propósito.

Es necesario aprender del pasado y entender que los instrumentos de justicia transicional aplicados hasta la fecha no han dado total respuesta a las realidades del conflicto colombiano. Urgen reglas claras para la reintegración efectiva, que disuadan la conformación futura de nuevas estructuras delincuenciales como las Bacrim.

Ante este escenario contradictorio, es evidente que la llave de la paz -tal y como lo ha expresado el presidente Santos- debe permanecer guardada. Entender la transitoriedad de esta propuesta y no ceder en la búsqueda de la Paz. Derrota militar o acuerdo negociado, dos extremos donde es imperativo escuchar a los compatriotas.

¡Que los colombianos opinen!

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El revuelo de las regalías

Gran controversia ha causado en los últimos días el  proyecto de regalías, por cuenta de la falta de información clara y precisa en especial para los principales destinatarios de la ley. Los señores gobernadores y alcaldes del país. En tal sentido es necesario hacer algunas precisiones frente a la iniciativa, en el entendido de que el acto legislativo ya fue aprobado y hoy estamos estudiando la ley que desarrolla la citada modificación constitucional.

Inicialmente debe indicarse que la voluntad primigenia del Gobierno en el sentido de irradiar las regalías en todo el territorio nacional es positiva. En segundo lugar, la decisión de distribuir los recursos por población y por pobreza de acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas, es una forma de buscar mayor equidad en las regiones. En tercer punto, la creación del fondo de competitividad regional, como estrategia para elevar la productividad del país, es una muy buena decisión de cara al proceso de apertura de la economía que vive nuestra patria y que se viene traduciendo en la firma de varios convenios y tratados de libre comercio.

No obstante, es cierto que hay algunos temas que aún no están muy claros y que, en lo posible, deben resolverse en el proyecto que se encuentra para conciliación en el Congreso de la República. Como hecho principal, es evidente ratificar que la mayoría, por no decir la totalidad de los municipios, deben recibir recursos específicos para el cumplimiento de sus propósitos de gobierno. Igualmente, en un país con más de 700 municipios de sexta categoría, debe permitirse que los alcaldes postulen en los diferentes fondos, proyectos de impacto local que les permitan cumplir su plan de desarrollo. Es necesario que, vía reglamentación, se simplifique la presentación de los proyectos, a fin de que la tortura que diariamente sufren los mandatarios, por falta de rigor y presupuesto para estudios y diseños, quede superada. En este sentido, la financiación de estudios de preinversión con cargo al sistema, garantizan el éxito de las obras futuras.

La participación del Gobierno Nacional, a través de Planeación y del Ministerio de Minas, en todas las instancias de decisión regional, es otro de los puntos de debate. Rompe con el principio de autonomía territorial, que para la ejecución de una política pública local, sea necesaria la opinión de funcionarios que desconocen las realidades locales. Ojalá, el fin principal sea garantizar transparencia y buenas prácticas al momento de la ejecución de los proyectos y no coadministrar con los mandatarios.

Hasta tanto se disuadan estas dudas, no es prudente llevar el texto definitivo al Congreso. Ante la designación como conciliador del proyecto, estaré atento a que estas y otras inquietudes sean superadas. Es imperativo que el Gobierno a través de funcionarios del más alto nivel, emprenda una cruzada para que los servidores pùblicos territoriales, conozcan y entiendan el sistema general de regalías. Que los municipios puedan acceder a recursos por destinación directa y que el proceso de fiscalización sea lo suficientemente riguroso para que la evasión no sea el común denominador. Es evidente que el problema no es solo de información y de socialización. Necesitamos cifras claras y riguroso control político. La decisión tomada a través del acto legislativo que modifica las regalías, es no solo provechosa, sino altamente conveniente para nuestro país. A pesar de ello, su materialización, puede dar al traste con tan buena iniciativa.

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El anuncio de las Farc

Nuevamente nos sorprenden las Farc con sus anuncios, después de una arremetida aleve y sistemática en contra de varias poblaciones de la Patria. Es muy importante analizar los puntos más relevantes del comunicado, a fin de entender el propósito de ese grupo insurgente y la posición del Gobierno Nacional frente a este nuevo escenario del conflicto colombiano.
En primer lugar, señalan las Farc que procederán a liberar los miembros de la fuerza pública secuestrados, (entendidos por esa organización como prisioneros de guerra). Y expresan: “… queremos manifestar nuestros sentimientos de admiración para con los familiares de los soldados y policías en nuestro poder. Jamás perdieron la fe en que los suyos recobrarían la libertad, aún en medio del desprecio y la indiferencia de los distintos gobiernos y mandos militares y policiales”. A este respecto, es preciso indicar que las condiciones inhumanas y degradantes a las que han sido sometidos los secuestrados desde hace ya varios años, enervan cualquier posibilidad de considerarlos prisioneros de guerra. La referencia a sus familias, además de vergonzosa, parece más una excusa para endilgar en cabeza del Estado, la carga por unos hechos cuya única responsabilidad recae en la organización guerrillera.
En segundo lugar y prueba de la vulneración flagrante a las normas del Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos, las Farc anuncian que cesarán los secuestros a la población civil, como mecanismo para financiar su lucha política. En tal sentido, debe indicarse que esas actividades no son más que secuestros extorsivos cuyas conductas son severamente castigadas por la legislación penal. A más de ello, nada anuncia el grupo subversivo, frente a esos civiles que hoy están en sus manos ante la imposibilidad de pagar sumas exorbitantes para lograr su liberación.
Por último, se informa acerca de la derogación parcial de la ley 002, lo que significa que seguirán las estafas de las que son sujetos miles de colombianos,  y que consisten en el cobro de un porcentaje para la financiación de las actividades de los alzados en armas.
Hoy debemos ser cautelosos y prudentes frente a anuncios de esta naturaleza. “Obras son amores”. Habrá que esperar que no se trate de una nueva treta para que nuestra fuerza pública baje la guardia, dando aire a quienes hoy están sucumbiendo ante el poder militar.
Ya se escuchan voces proponiendo el cese bilateral del fuego, lo que sin duda, es no solo, prematuro, sino arriesgado e ingenuo. Reconozco, como lo dijo algún columnista, que estamos más preparados para el conflicto que para la paz, toda vez que pasadas décadas de sufrimiento, no es fácil, de buenas a primeras, pensar en una situación fáctica de esta naturaleza, después de tantos desengaños.
Sin embargo, hay que ser optimistas, procurar que esta nueva situación sea manejada directamente por el presidente Santos. Evitar shows mediáticos y tener la mayor prudencia a fin de que no se contamine un proceso que esta vez esperamos llegue a feliz término. La participación de naciones extranjeras puede ser provechosa, en la medida en que no se tome partido alguno, tal y como lo viene haciendo con buen acierto el gobierno de Brasil.
En el Congreso de la República, cursa un acto legislativo en el cual se busca otorgar precisas facultades al señor Presidente para que formule un marco general de paz, y cuyo trámite se vino a menos, cuando, hace unos meses, se desencadenaron los ataques de las Farc. Es imperativo retomar la iniciativa, a efectos de que esta organización también entienda la voluntad del legislativo en buscar caminos de paz y reconciliación, sin mentiras de por medio.
Dios quiera que podamos ver una luz al final del túnel.

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