Guillermo Rivera:

“Se debe someter a escrutinio popular el acuerdo que suscriban gobierno y Farc”

“Hago un llamado a las Farc para que se sumen a iniciativa que pretende que se someta al escrutinio popular el eventual acuerdo”

Bogotá, agosto 23 de 2013.  Una vehemente defensa de la refrendación mediante un escrutinio popular, de los acuerdos de paz que suscriban el Gobierno nacional y las Farc hizo el Representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez.

El congresista del Partido Liberal defendió la propuesta del Presidente de la República, Juan Manuel Santos quien anunció que el acuerdo que se logre en La Habana con la guerrilla será consultado a los colombianos mediante un referendo que se realizaría el 9 de marzo o 2 de mayo, día de las elecciones de Congreso o de Presidente de la República, respectivamente.

“Será muy interesante hacer campaña en favor de la refrendación de un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Nos enfrentaremos a enemigos de La Paz”, indicó.

Rivera Flórez hizo un llamado a las Farc para que se sumen a la idea de someter al escrutinio popular el eventual acuerdo de manera que los colombianos lo avalen y los consensos que se logren tengan un respaldo ciudadano que lo legitimen.

“Sería un paso fundamental que en las urnas los colombianos refrenden el acuerdo de paz de manera que se legitime  y se garantice la reconciliación y el cese del conflicto armado”, dijo el congresista.

El Representante a la Cámara puntualizó diciendo que “si las Farc se resisten al escrutinio popular de los acuerdos quedarán en la orilla del uribismo, única organización política que salió a denostar de la iniciativa de referendo del gobierno”.

Bogotá, Agosto 1 de 2013.  La Administración del alcalde de Bogotá Gustavo Petro presenta un rezago del 93 por ciento en sus metas de construcción de Viviendas de Interés Prioritario para víctimas del conflicto, como el propio mandatario lo anunció al comienzo de su periodo.

Así lo denunció el Representante a la Cámara y Director Nacional del Partido Liberal, Simón Gaviria, en la Plenaria de la Corporación durante un debate de control político en el que, junto al Representante liberal Guillermo Rivera, se demostró que la política de vivienda del alcalde Petro ha sido un “rotundo fracaso”.

Gaviria Muñoz afirmó que con ese retraso, al alcalde Petro le quedará muy difícil cumplir las metas de 40 mil viviendas de interés prioritario para víctimas en los dos años y medio que restan de su administración.

De acuerdo con las cifras conocidas por Gaviria Muñoz de la Secretaría Distrital de Hábitat, sólo 2.760 viviendas están en proceso de construcción que equivale al 6.9 por ciento de la meta trazada en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Dijo que los 14 proyectos restantes que el Distrito reporta como adjudicados se encuentran actualmente en etapa de planeación y muchos de ellos, hasta ahora en etapa de adquisición de predios.

“La Alcaldía reporta que ha identificado predios para la construcción de ocho proyectos más, que generarían más de 48 mil viviendas, pero 22.378 de estas viviendas deberán ser construidas en el denominado “Centro Ampliado”, que es un área que NO está aprobada y depende del visto bueno del P.O.T”, precisó el jefe liberal.

Sin embargo, advirtió Simón Gaviria, “se apruebe o no el P.O.T , estas viviendas serían casi que inviables por sus costos financieros”.  

Entre tanto, el Representante a la Cámara Guillermo Rivera denunció que hasta el momento no existe ninguna vivienda entregada a la población víctima del conflicto, lo cual contrasta con lo que ha sucedido en otras regiones.

 “Las víctimas de Bogotá no pueden depender del temperamento y la empatía política del Alcalde y del ministro de vivienda, Luis Felipe Henao”, añadió el Representante Rivera.                 

El congresista  hizo un llamado para que “ojalá se selle, lo más pronto posible, un acuerdo entre los gobiernos distrital y nacional para que haya una verdadera política de vivienda en Bogotá.

Bogotá, junio 19 de 2013. El Representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez fue invitado como comentarista en el II foro “Antioquia dialoga con La Habana” que se realizará el próximo viernes 21 de junio en las instalaciones del Concejo de Medellín.

El congresista examinará junto con el escritor, periodista y sociólogo analista Alfredo Molano y el Director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, quien será el moderador, el primer punto de la agenda de la mesa de negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, referente al tema agrario.

Los negociadores de las Farc en la mesa de conversaciones participarán vía streaming desde La Habana, Cuba en este evento que se realizará a partir de la 1:30 de la tarde  en el recinto de sesiones del Concejo de Medellín.

El II foro “Antioquia dialoga con La Habana” organizado por la Fundación “Forjando Futuros”, el Instituto Popular de Capacitación y el Concejo de Medellín tiene como propósito crear espacios de participación y debate en torno al proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional y las FARC en Cuba.

Están invitados diputados de Antioquia, representantes de organizaciones sociales de víctimas, ONG, de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, congresistas antioqueños y rectores de universidades.

Bogotá, junio 19 de 2013. El Representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez le pidió a los conciliadores del proyecto de reforma a la salud no excluir el artículo que ordena controlar los precios de los medicamentos en Colombia.

El congresista dijo que dado que la plenaria de la Cámara de Representantes  aprobó de manera unánime el artículo 25 en la ley estatutaria de salud, que ordena controlar los precios de los medicamentos, este no debe ser retirado en el proceso de conciliación con el Senado de la República.

“Quiero pedir públicamente a los conciliadores que fueron designados por la mesa directiva que no se excluya este artículo porque consideramos importante que  este tema se mantenga debido a que es importante que haya un control sobre los costos de las medicinas por parte del Estado”, explicó Rivera Flórez.

El Representante a la Cámara dijo que “fue gracias a una proposición de la bancada del Partido Liberal que se aprobó esta norma que busca proteger el bolsillo de los colombianos que se ven afectados por los altos costos de los medicamentos”

Luego de tres elecciones presidenciales en las que el Partido Liberal mordió el polvo de la derrota y cuando muchos creyeron que su extinción era asunto de esperar unos pocos años, en el 2008, un par de liberales de provincia promovimos en el Congreso una ley para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto. Esta iniciativa, que debería ser lo básico en una sociedad democrática, en Colombia resultó una novedad porque era una herejía hacerlo en medio de la algarabía de la idea de que la política de seguridad le solucionaría al país sus problemas.

Desde ese entonces, es decir desde la época de la seguridad democrática, sectores del liberalismo expresaron la necesidad de reconocer la existencia del conflicto y plantearon la idea de una salida negociada de este.

A partir del año 2010, la disposición del gobierno de Santos de impulsar la reparación de las víctimas, la restitución de las tierras a los despojados y luego la búsqueda de un acuerdo que le ponga fin al conflicto fueron las razones que animaron a las bancadas del Partido Liberal a integrar la coalición que lo apoya en el Congreso. Así mismo, la necesidad de darles continuidad a estas políticas seguramente precipitará un respaldo electoral para lograr su segundo mandato.

Si se logra un acuerdo que le ponga fin al conflicto, el segundo gobierno de Juan Manuel Santos podría ser el de la transición entre una nación signada por la guerra a una cuyo eje de discusión, por fin, sea el de un modelo de Estado y de organización social que procure corregir inequidades estructurales y garantizar a los ciudadanos un menú de derechos propios de una sociedad del siglo XXI.

El liberalismo, desde ahora, debería prepararse para abordar esa realidad de postconflicto que parece aproximarse y evitar que el regreso al poder, que parcialmente está viviendo, le haga olvidar que fue por cuenta de la burocratización que se dio durante el Frente Nacional que el partido abandonó su ideario y los colombianos perdieron la fe en él, al punto de que lo relegaron, primero a la peyorativa denominación de partido tradicional, y luego, electoralmente, al lugar de las minorías.

Para que en el imaginario colectivo el Partido Liberal deje de ser considerado una organización tradicional es necesario interpretar a grandes sectores de la población que, por ahora, no lo advierten como una organización de vanguardia frente a los derechos y la democracia. El esfuerzo en favor de la ley de víctimas y la ley del primer empleo fue un importante paso para que los colombianos lo observen de otra manera, pero hace falta más para conquistar la confianza de las mayorías, en especial la de los jóvenes y de sectores de clase media urbana.

En la última década, primero el Polo Democrático y luego la ‘ola verde’ representaron una utopía democrática que en gran medida se frustro; sin embargo, millones de ciudadanos aún guardan la esperanza de que surja un proyecto político coherente que les ofrezca a los colombianos construir un modelo de sociedad a partir de la igualdad de oportunidades.

El liberalismo tiene por delante el desafío de romper los vínculos con la tradición y abanderar en el fondo de su discurso y en la forma de hacer la política las expectativas de transformación democrática de la sociedad colombiana que, aún hoy, están bloqueadas por el clientelismo y la corrupción, las organizaciones armadas y el relato demagógico de la seguridad.

Si en el Partido Liberal se asumen de manera decidida estos propósitos, no solamente se podrán ganar las elecciones legislativas del próximo año, sino que también se podrá ser opción de gobierno en el 2018.

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermorivera/retos-del-liberalism_12853723-4 

Horacio Serpa está estructurando candidatura al Senado y se lanzaría en el escenario de un nuevo brazo que le nacería al Partido Liberal: el brazo izquierdo.

Hace 10 días se reunieron en Bogotá el representante Guillermo Rivera, que está liderando la iniciativa, varias organizaciones de víctimas, como Forjando Futuros (líder importante de la restitución de tierras en el Urabá que representa a más de 800 víctimas en todo el país) y Tierra y Vida (que agrupa a organizaciones sociales de unos ocho departamentos); concejales de izquierda y representantes de la ASI para hablar de la idea de reivindicar la tendencia de la izquierda dentro del Partido Liberal, con un énfasis especial en la defensa de las víctimas y los Derechos Humanos.

Horacio Serpa no asistió al encuentro, pero adelanta lo que podría ser parte de este ideario: ”Está muy bien lo que hemos logrado en la Unidad Nacional, pero extraño el debate. Hoy en el Partido Liberal no hay debate. No se hacen grandes análisis de nada, como se hacía antes. La agenda de este país es la corrupción y debemos cambiarla”.

La presencia de Serpa en el Brazo Izquierdo (como se llamaría tentativamente la expresión) sería la de nada menos que la nostalgia personificada por ese Partido Liberal de antaño que fundó sus bases en las ideas socialdemócratas. Serpa es una figura antigua y respetada del liberalismo “pura sangre”, ha negociado la paz y está en el mismo grupo de liberales socialdemócratas en el que están Ernesto Samper y Piedad Córdoba. Ahora buscará un renacer para su partido, pues según él: “Toda la política en el país se derechizó”.

Así que en realidad no es una tendencia nueva, pues la idea es que reivindique los rasgos de la socialdemocracia que históricamente han identificado al Partido Liberal.

Fuera de Serpa, una de las estrategias de la expresión -concluyeron en esa reunión- sería incluir a representantes de víctimas en las listas al Congreso de la colectividad.

Uno de los presentes, Gerardo Vega Medina -exintegrante del EPL, exconsejero presidencial para el Urabá en la época de Samper, exalcalde de Apartadó-, dice que lo entusiasma la idea de entrar al Partido Liberal “para intercambiar ideas y abrir el debate sin las actitudes clientelares que han permeado al Partido”.

Carmen Palencia ya aceptó la propuesta de Rivera de ser su fórmula a la Cámara y espera que ese sí sea ratificado por la asamblea general del colectivo Tierra y Vida, que se reunirá en unos días en Cartagena.

Palencia es una víctima de los paramilitares que se convirtió en la presidenta de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a la Tierra que reúne a más de mil líderes de los despojados, y el año pasado recibió el Premio Nacional de Paz.

“El Partido Liberal, a pesar de cualquier error cometido, ha dado muestras de que está con las víctimas y nosotros debemos juntarnos es con quiénes están con las víctimas”, dice, pragmática, Palencia.

La próxima reunión en la que quedaron será para concretar una suerte de ideario de esta tendencia de izquierda que aspira a tener espacio unido en el Partido Liberal.

“Que la izquierda no sea exclusividad de la tercería”

Si el Brazo Izquierdo logra que las organizaciones más grandes de víctimas del país lo apoyen y entren al Partido Liberal la colectividad le podría quitar votos a los partidos de izquierda y a la tercería liderada por Antonio Navarro, con miras a las elecciones de 2014.

Líderes como Vega y Palencia pueden mover votos y eso es lo que necesitan Serpa y Rivera para llegar al Senado.

Esta estrategia, que además tiene coincidencia con lo que han venido planteando liberales como el senador Luis Fernando Velasco y que respalda el presidente liberal Simón Gaviria también podría servir para que el Partido Liberal (que luego de estar 12 años en la oposición volvió al Gobierno con la Unidad Nacional de Santos) agrupe simpatizantes de izquierda y que estos no se vayan a la tercería.

“Hay más liberalismo que Partido Liberal y la izquierda no puede ser exclusiva de la tercería”, le dijo a La Silla Horacio Serpa. Y en sentido parecido, Guillermo Rivera dijo: “No es que queramos hacerle contrapeso a la tercería porque está clarísimo que las banderas de las víctimas son más nuestras que de la tercería”.

Entre esas banderas están la Ley de Víctimas y el apoyo al marco jurídico para la paz, las cuales seguramente serán usadas por Serpa y compañía para seducir la izquierda que -dicen- se le ha ido yendo al Partido.

De continuar esta empresa, las toldas rojas capitalizarán además de su apoyo a la Ley de Víctimas el trabajo que a la postre han venido liderando desde la Unidad de Víctimas, cuya cabeza es muy cercana al senador liberal Juan Fernando Cristo.

El Representante a la Cámara, Guillermo Rivera rechazó el acto de discriminación que sufrió el hijo mayor del pintor Carlos Jacanamejoy a quien no se le permitió el ingreso a un bar de Bogotá.

Según Tahuanty Jacanamejoy, a él se le impidió ingresar, sin ninguna justificación, al bar Baum.

“Me sentí completamente discriminado por mi color de piel, aspecto latino y descendencia indígena. No me permitieron ingresas con el argumento de que el lugar se reservaba el derecho de admisión”, relató el joven.

Ante esta situación el pintor Carlos Jacanamejoy señaló que “seguimos en tiempos de la colonia, donde la raza y el color de la piel manda. Me parece terrible. Creemos en la trampa colonial. En que todo lo que viene de afuera y lo blanco es mejor”.

El Congresista Guillermo Rivera rechazó la situación y pidió a la Alcaldía local correspondiente que se verifique el hecho, y al menos, se le indique al dueño del establecimiento que la discriminación está proscrita en nuestra Constitución Nacional.

En Puerto Asís, Putumayo se construirá un centro de rehabilitación para las personas que han resultado víctimas de minas antipersonal y que tienen que desplazarse a otras regiones del país para su recuperación.

Así lo reveló el Representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez del Partido Liberal  quien destacó el acuerdo de cooperación multisectorial público-privada, suscrito entre  la  Alcaldia   Municipal  de  Puerto Asis, Hospital local de Puerto Asis,   Campaña Colombiana contra minas   y  la  Fundación Arcángeles.

Con el convenio “se busca aliviar la situación de la personas víctimas de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados del departamento del Putumayo y  de todas aquellos ciudadanos y ciudadanas que requieren procesos de rehabilitación interdisciplinaria  e  integral en este departamento”.

“La idea esencial de la creación de una Unidad terapéutica  de rehabilitación es realizar un centro de referencia con capacidad tecnológica e infraestructura adecuadas y óptimos estándares de calidad para la atención de pacientes en condición de discapacidad sea cual fuere su causa”, señala el documento.

Fuente Oficina de Prensa HR. Guillermo Rivera

El Representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez destacó hoy la decisión de un juez en el Putumayo que ordenó la restitución de un predio a un campesino que fue afectado por combates entre la guerrilla y las autodefensas.

Se trata de la primera sentencia que un juez de restitución de tierras profiere en el Departamento del Putumayo a favor de un campesino que fue desplazado de su finca por combates entre las Farc y las AUC en el Valle del Guamuéz.

"Me complace compartir que hoy la decisión de un juez que ordenó la restitución de este predio a una persona que debió abandonarlo como consecuencia de los enfrentamientos que se presentaron en el lugar por parte de los grupos armados ilegales",indicó el congresista del Partido Liberal.

Rivera Flórez dijo que esta es una nueva demostración que la ley de víctimas y la restitución de tierras está avanzando a favor de quienes han perdido sus predios ya sea por despojo o por abandono, debido a la acción de la guerrilla o las autodefensas.

"Se trata de un nuevo ejemplo que estas normas están dando sus frutos, ya que en varias regiones del país jueces de restitución también han determinado la devolución de predios a sus legítimos dueños", puntualizó el Representante a la Cámara, Guillermo Rivera.

Representante a la Cámara, Guillermo Rivera. Tel: 3107654681

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Javier Contreras Ávila

Tels:310-2390732

Pin: 21f89d6f

Correo:: [email protected]

Twitter congresista: @riveraguillermo

Página web: www.guillermorivera.com.co

Bogotá, mayo 7 de 2013. El Representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez destacó hoy la decisión de un juez en el Putumayo que ordenó la restitución de un predio a un campesino que fue afectado por combates entre la guerrilla y las autodefensas.

Se trata de la primera sentencia que un juez de restitución de tierras profiere en el Departamento del Putumayo a favor de un campesino que fue desplazado de su finca por combates entre las Farc y las AUC en el Valle del Guamuéz.

“Me complace compartir que hoy la decisión de un juez que ordenó la restitución de este predio a una persona que debió abandonarlo como consecuencia de los enfrentamientos que se presentaron en el lugar por parte de los grupos armados ilegales”, indicó el congresista del Partido Liberal.

Rivera Flórez dijo que esta es una nueva demostración que la ley de víctimas y la restitución de tierras está avanzando a favor de quienes han perdido sus predios ya sea por despojo o por abandono, debido a la acción de la guerrilla o las autodefensas.   

“Se trata de un nuevo ejemplo que estas normas están dando sus frutos, ya que en varias regiones del país jueces de restitución también han determinado la devolución de predios a sus legítimos dueños”, puntualizó el Representante a la Cámara, Guillermo Rivera.

Bogotá, mayo 3 de 2013.  El Representante Guillermo Rivera rechazó la iniciativa de referendo organizada por el Comité Promotor de la Vida y en Contra del Aborto que entregó a la Registraduría Nacional del Estado Civil más de 325.000 firmas.

El congresista del Partido Liberal señaló que este  referendo, de ser convocado, pretende revertir mediante las urnas los derechos de las mujeres consagrados por vía jurisprudencial, tras recordar la decisión de la Corte Constitucional (Sentencias C-355/06 y T-388/09) que reconoce el derecho de la mujer a terminar el embarazo en caso de violación de la mujer, malformación del feto y peligro a la salud física y mental de la madre.

“Los instrumentos de participación democrática no deberían ser utilizados para desconocer los derechos de las minorías. La utilización de un referendo para imponer mayorías en contra de derechos adquiridos sentaría un precedente peligroso para la defensa de los derechos en Colombia”, señaló Rivera Flórez

Agregó que “siempre será legítimo acudir a los mecanismos de participación ciudadana pero a su vez puede resultar antidemocrático q a través de ellos las mayorías legalicen el desconocimiento de los derechos de las minorías o de algunos sectores de la población"

“Hay que pensar en la Colombia del posconflicto” 

“El Partido Liberal puede ser mayoría de nuevo”

Guillermo Rivera nació en Mocoa (Putumayo), en 1970, de padre conservador y madre liberal. Cuenta que fue por su madre, Luz Ángela Flórez, una dirigente que trabajó por la protección de los derechos humanos en su departamento, que Rivera se interesó en la política.

Rivera es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y con una maestría en Ciencia Política, Economía y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París. Fue secretario de la gobernación de Putumayo en 1998, cuando fue elegido gobernador el liberal Jorge Devia Murcia. Cuatro años después se lanzó a la Cámara, y desde entonces ha logrado reelegirse en tres ocasiones.

Rivera ha mantenido su fortín político en Putumayo, no sólo porque el Partido Liberal es el más fuerte allá, sino porque ha impulsado proyectos para su región desde el Congreso.

Además de la ley de víctimas, que él mismo impulsó, Rivera espera presentó un proyectos que crea la figura de la declaración de ausencia por desaparición forzada, para que las familias de las víctimas puedan acceder a la asistencia humanitaria.

Por todo lo anterior, pero sobre todo porque aboga por la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en favor de la población civil en medio del conflicto, decidimos entrevistarlo para Ola Política.

HS: ¿Cómo ve el momento político actual?

GR: Es un momento político muy interesante. Los más optimistas creemos que estamos cerca de la firma de un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Estamos pensando ya en cómo diseñar la Colombia del posconflicto. Pero justamente esa proximidad de la terminación del conflicto es la que está marcando el momento político, porque el país está polarizado entre quienes creemos que se puede lograr el fin del conflicto a través de una acuerdo político –que está cerca- y de otro lado están quienes no consideran esa posibilidad, la advierten inconveniente y están en franca oposición al gobierno.

HS: ¿Usted cree que en aras del acuerdo político será necesario crear condiciones para que los hoy insurgentes puedan hacer política democrática en Colombia?

GR: Sí, pero con una condición: que quienes se desmovilicen contribuyan con la verdad, sobre todo con las violaciones de Derechos Humanos y con la reparación a las víctimas. Si ese par de condiciones se cumplen, el país debería permitirles la posibilidad de hacer política y de defender sus ideas. 

HS: Ha dicho el procurador Ordóñez Maldonado que se opondrá a todo lo que signifique impunidad en relación con el proceso de paz. ¿Cuál es su criterio?

GR: Colombia tiene unos compromisos internacionales que debe honrar, y que son investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al DIH. Pero sancionar no significa necesariamente privación de la libertad ni inhabilitación para el ejercicio de la política. Precisamente la justicia transicional le permite al Estado diseñar mecanismos de investigación y de sanción que a su vez permitan la reconciliación y que quienes estaban alzados en armas puedan defender las ideas que defendieron en armas, ahora en la política.

HS: ¿La legislación actual  admite que haya  indultos o amnistías?

GR: La legislación actual no admite indultos ni amnistías.  El Marco Jurídico para la Paz permite mecanismos de justicia transicional  en los que se les debe garantizar a las víctimas verdad, justicia y reparación. Pero justicia no significa necesariamente privación de la libertad ni inhabilitación para el ejercicio de la política.  

HS: ¿Los crímenes de lesa humanidad  aceptan rebaja de penas o subrogados penales?

GR: La justicia transicional permite alternatividad en la sanción penal y esa es la discusión que tiene que dar el país. Por un lado el marco legislativo para la paz nos permite definir cuáles crímenes pueden ser conexos con el delito político, y por el otro lado la justicia transicional nos permite establecer penas alternativas, aún para los crímenes de lesa humanidad.

HS: ¿La justicia transicional tendría cabida en imputaciones relacionadas con narcotráfico?

GR: Lo que habría que establecer con el narcotráfico es si pudiera o no ser conexo con el delito político. Esa es una discusión que el país va a tener que dar. Este lunes escribió Álvaro Forero Tascón en El Espectador una reflexión muy interesante: “a diferencia del paramilitarismo, la guerrilla ha usado todos los recursos que le han ingresado por el narcotráfico para su escalamiento armado y para seguir defendiendo sus ideas revolucionarias en armas, distinto lo que hizo el paramilitarismo, que se convirtieron en unos señores feudales de la guerra, que coartaron el poder político en muchas regiones del país, e incluso en algunos sectores de la vida nacional”.

HS: ¿Caso en el cual, el de la guerrilla, daría para que se estableciera conexidad entre el delito de narcotráfico y el delito político?

GR: Comparto con la columna de Forero Tascón que los recursos del narcotráfico que  han ingresado a la guerrilla han sido usados en un propósito militar, que tiene un trasfondo de tipo político, cual es el de derrotar a la Fuerza Pública para reemplazar las instituciones y el Estado.

HS: Iván Márquez dijo que en las conversaciones de La Habana debía analizarse el modelo  económico de desarrollo y eso levantó una polvareda  enorme, e incluso el presidente Santos dice que no está en juego el modelo de desarrollo. ¿No cree que el modelo de desarrollo en un país como Colombia merece ajustes?

GR: El modelo económico en Colombia merece muchísimos ajustes, pero también comparto con el presidente la idea de lograr un acuerdo político con las FARC para que las FARC en política, en el terreno institucional, defiendan sus ideas sobre cómo transformar el modelo económico y el modelo de desarrollo. Le doy un dato muy interesante: un libro publicado recientemente por el profesor Mauricio Uribe compara las economías de todos los países que padecen guerras civiles y Colombia, de todos ellos, es el que tiene la brecha de inequidad rural más grande. Luego, pensar en un nuevo modelo de desarrollo que corrija esa inequidad rural en Colombia, es indispensable para una paz estable y duradera.

HS: Muy interesante su opinión. ¿Usted ha pensado que podría estarla discutiendo en el Senado de la República con Timochenko?

GR: Me encantaría discutirla con quienes finalmente se desmovilicen y defiendan en la política las ideas que hoy defienden en armas, y también me encantaría discutirlas con el expresidente Uribe, que está en el otro extremo. El país tiene que llegar a eso: a que las tendencias políticas discutan un nuevo modelo de desarrollo y de organización territorial del país porque las inequidades de este país son de representación política, son económicas. Que además de las dificultades para quienes habitan el sector rural, puedan ejercer los derechos fundamentales, y tengan una representación política.

HS: ¿Cómo ve la posición del presidente Uribe frente al proceso de paz?

GR: Me parece una posición equivocada, polarizante, poco argumentada, más emotiva que racional. Desafortunadamente, ese tipo de emociones cautiva más que las posiciones racionales.

HS: Y sobre la relación del expresidente Uribe con Santos, ¿qué piensa?

GR: Uribe tenía la idea de que había contribuido a elegir un sucesor que iba a seguir a rajatabla sus postulados. Cuando se encontró con un hombre con un talante liberal, que tiene  ideas propias, eso lo incomodó. Él  ha convertido su oposición al gobierno más en una especie de indignación, porque siente que sus ideas no tuvieron la continuidad que él hubiera esperado. Pero por fortuna para Colombia, llegó un presidente con ideas distintas, con el empeño de lograr que se supere esta página horrorosa del conflicto.

HS: Usted se ha distinguido en la Cámara por su carácter, porque ha tenido posiciones políticas y las ha defendido con proyectos, lo que le ha valido que lo postulen al Senado. ¿Va a ir al Senado?

GR: Estoy en campaña para el Senado, recorriendo el país, tratando de construir una tendencia de izquierda dentro del Partido Liberal. Una tendencia que interprete a los que creen que el liberalismo debe ser un partido que proponga reformas estructurales al modelo de Estado, que corrija las inequidades.

HS: ¿Cuáles serían los puntos básicos de su propuesta liberal para el Senado?

GR: Quiero continuar desde el Senado promoviendo una agenda de derechos humanos. Es necesario garantizar que la política de atención a las víctimas se adelante de manera adecuada. Además, es necesario pensar en la Colombia del posconflicto. Y esa Colombia del posconflicto necesita revisar las instituciones para garantizar el acceso a la justicia a muchos colombianos que han estado marginados de los circuitos del desarrollo, por cuenta de las inequidades del Estado pero en gran medida por el conflicto mismo. También es necesario revisar el sistema la distribución de los recursos del sistema general de participaciones. No puede seguir ocurriéndole a Colombia que los centros más poblados sean donde en mayor medida se utilizan los recursos del sistema general de participaciones. Los centros menos poblados y la periferia reciben una muy mínima parte  de esos recursos, que son para atender los derechos básicos de los colombianos.  Y quiero plantear una propuesta  novedosa para el Distrito Capital, porque esta ciudad necesita una revisión en su modelo de administración. Hay ciudades de tamaños parecidos al de Bogotá, como Lima, donde la gente también elige a sus alcaldes menores. Y en que una proporción del impuesto predial se destine a esas alcaldías menores para atender los problemas básicos de la ciudadanía como el arreglo de los huecos en una calle. Hay que proponerles a los bogotanos ese cambio, de estructura administrativa centralizada a una descentralizada. Una encuesta de opinión  reflejó que apenas el 1 por ciento de los habitantes de las localidades sabe quién es su alcalde y quiénes son sus ediles.

HS: Cambiando de tema, ¿cómo ve que se está aplicando la ley de Víctimas?

GR: Después de un año y tres meses de vigencia de la ley, el balance es medianamente satisfactorio. Y digo medianamente satisfactorio porque es muy difícil que en un año y tres meses estas instituciones puedan cumplir en términos absolutos con el mandato de la ley, con el desafío que nos puso la ley 1448. Por eso me parece  que en la medida que el tiempo pase se van ajustando vacíos, se van corrigiendo errores, y el resultado es favorable. Los colombianos en esa materia tenemos una deuda grande con el presidente Santos, pues se echó al hombro esta política, la sacó adelante a pesar de Uribe, y sigue comprometido con la misma.

HS: Hablando del presidente Santos, ¿lo ve luchando por la reelección?

GR: Es lo obvio. El Congreso sin nuestros votos aprobó la reelección en el 2004 y ahora  es muy difícil que un presidente se quede solamente cuatro años en el poder. Seguramente Santos va a luchar por un segundo periodo, y creo que en los próximos meses anunciará su decisión en esa materia.

HS: ¿Y el liberalismo estaría en disposición de apoyarlo? Hasta el momento ha habido algunas adhesiones personales, pero como colectividad…

GR: El liberalismo tiene que dar un debate interno muy importante frente al actual gobierno, y en ese debate interno el liberalismo tiene que escuchar todas las voces porque hay muchas tendencias. Una persona que ha demostrado ser candidato presidencial es Eduardo Verano de la Rosa, quien merece todo el respeto, tiene una gran trayectoria y su aspiración debe ser tenida en cuenta. Tanto la aspiración de Verano como una eventual aspiración de Santos deberán discutirse internamente, y ojalá el partido defina un mecanismo democrático para tomar esa decisión.

HS: ¿El Partido Liberal cómo está frente a la opinión pública? Y, ¿cómo piensa afrontar el debate del Congreso y del debate presidencial?

GR: El Partido Liberal tiene nuevamente la oportunidad de ser el partido mayoritario  que fue en otras épocas.  Las circunstancias indican que la lista con el mayor número de votos en marzo del próximo año va a ser la del liberalismo. Eso va a ser consecuencia de nuestro trabajo legislativo, de haber sacado adelante la ley de víctimas y la del primer empleo, y de haber dado debates de control político muy importantes. Sin embargo, el Partido Liberal debería reconstruir esa agenda propia que tuvo al principio del periodo constitucional y que quizá en los últimos meses se ha opacado, debido a que la agenda del Partido Liberal es la misma de Santos. Eso ha sido así porque somos parte de la coalición que apoya al gobierno, pero deberíamos también tener nuestra propia agenda. Invitaría entonces a que el Partido reflexione  sobre ese particular y construyamos una agenda propia, adicional a la de la coalición de la Unidad Nacional que apoya al gobierno.

HS: Hablemos de un tema coyuntural: ¿Tiene el partido ya una posición frente a la reforma a la salud?

GR: Es el tema más importante de esta coyuntura. El partido debería fijar una posición frente a los proyectos que han sido radicados en esta materia. Hay que hacer una reforma estructural, en eso todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué habría que cambiar de ellos? Esa es la discusión de primerísimo orden que debe dar el Partido Liberal. Ahí existe una oportunidad para que el partido convoque a la discusión a los sectores más interesados en esta reforma. Eso nos ligaría de la manera más correcta posible con los grupos de interés.

HS: Una de las observaciones que se hace es que el partido se ha concentrado sólo alrededor de la bancada parlamentaria, la cual es por supuesto necesaria. Pero hay liberales que por fuera de la bancada del Congreso dicen yo también opino, también conozco, también quiero aportar.

GR: Eso debería hacerse tanto con los liberales como con los que no militan en el partido, pero que podrían militar si los invitamos a participar de la discusión. Frente a la reforma a la salud tengo una discusión de hogar: mi esposa es médica, y todos los días me dice: bueno y ustedes ¿cuándo nos van a escuchar a los médicos? Ahora, ¿qué decir de los usuarios? Si un partido político los invitase a una discusión, se sentirían representados. ¿Qué tal que esa gente por cuenta de un trato de esa magnitud a la vuelta de unos meses decidieran ingresar al Partido Liberal, apoyar las listas del partido? Esa es la manera correcta de hacer política.  

HS: Por último: ¿por qué los colombianos por qué deben votar por hacerlo senador?

GR: El 20 de julio cumplo once años de estar en el Congreso. He sido absolutamente coherente con mis ideas, con lo que le he propuesto a mis electores en mi departamento, he defendido de manera persistente y casi que terca unos temas como la ley de Víctimas, que por fortuna logró ser aprobada y está siendo aplicada. Y hago parte todavía de la nueva generación de colombianos que cree que la política hay que hacerla primero con decencia, y segundo con ideas. En esa medida, soy prenda de garantía  para seguir luchando por el interés general en el Congreso.

http://www.olapolitica.com/?q=content/%E2%80%9Curibe-es-m%C3%A1s-indignaci%C3%B3n-que-oposici%C3%B3n%E2%80%9D-guillermo-rivera

Incluir en las listas del Partido Liberal a la Cámara de Representantes a una mujer víctima del conflicto armado, en aquellas circunscripciones en las que se elijan al menos 5 miembros de esa Corporación Legislativa.

 La propuesta fue hecha por el congresista, Guillermo Rivera Flórez quien dijo que “el compromiso ético y político del Partido Liberal con las víctimas no se puede agotar en la aprobación de la ley que consagra sus derechos, por lo que se debe procurar la cabal aplicación de la misma y, además es necesario -y democrático-, empoderar políticamente a las víctimas”.

 “Dado que la ley 1475 de 2011 obliga a los partidos políticos a que en aquellas circunscripciones en las que se elijan al menos 5 representantes a la cámara, las listas deben estar conformadas en un 30% por mujeres, una de ellas debería, en el Partido Liberal, tener la condición de víctima del conflicto”, explicó.

 En su carta al Director del Partido Liberal, Simón Gaviria agrega que “si usted, con la perspectiva democrática que lo caracteriza, lidera una iniciativa de esta naturaleza, habrá aportado un elemento adicional al renacer liberal que no significa nada distinto a poner nuevamente al liberalismo a representar a los sectores marginados de la sociedad colombiana que son la razón de ser del Partido”.

 “Creemos que el más adecuado instrumento para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia es lograr la reconciliación de nuestra sociedad y para ello reconocer y redignificar a las víctimas es absolutamente imprescindible”, enfatiza Rivera Flórez @riveraguillermo.

Proponen a las Farc contribuir con un desminado humanitario

La solicitud fue hecha por el Representante a la Cámara del partido Liberal,  Guillermo Rivera y el Director Nacional de la Campaña Colombiana contra  las minas, Álvaro Jiménez  Bogotá, abril 4 de 2013 Cómo una muestra de voluntad de paz y de buscar  una salida a la problemática de las minas antipersonal, el Representante a la  Cámara del Partido Liberal, Guillermo Rivera Flórez y el Director Nacional de  la Campaña Colombiana contra las minas, Álvaro Jiménez Millán proponen  que las Farc contribuyan con un desminado humanitario. 

El siguiente es el texto de la declaración pública a las Farc:

“Hoy 4 de Abril se celebra el día global para la sensibilización contra las minas  antipersonal. Hemos analizado esta semana en el Congreso de la República la afectación grave que tiene el departamento del Putumayo por minas antipersonal y el daño que causa el conflicto especialmente en los niños y la población no combatiente. 

Hemos participado: Congresistas, Gobierno, Líderes y autoridades del  Putumayo, Víctimas, ONG. Concluimos que tenemos limitaciones para  resolver el problema de las minas a causa del conflicto que permanece y por la voluntad de las FARC. Ellas son las responsables de la contaminación que hoy tiene el departamento con esta arma. Ellos las ponen, ellos las fabrican.

Un anuncio unilateral que muestre la voluntad de las FARC para respetar un  proceso de limpieza de campos minados en lugares de interés humanitario como fuentes de agua, proximidades de escuelas, vías de acceso de la comunidad, zonas de recreación, centros de salud sería un alivio al dolor que viven los campesinos por el conflicto.

Hay antecedentes: El ELN por acuerdo con ONG, comunidades y autoridades limpio de minas 15 kilómetros de vía en Micoahumado, municipio de Morales en el sur del departamento de Bolívar en el 2005. Esa zona permanece limpia hoy 8 años después. No hay más accidentes. 

Esto se puede replicar: Proponemos a las FARC que contribuyan con el desminado humanitario mediante un acuerdo especial para limpiar en el Putumayo las zonas contaminadas, que impiden la vida de los más afectados por el conflicto que son los hombres, mujeres, niños y niñas.

Ello sería un avance hacia el fin del conflicto que aspiramos y trabajamos para que se convierta en realidad

Guillermo A Rivera 

Representante a la Cámara 

Departamento del Putumayo

Álvaro Jiménez Millán

Director Nacional Campaña Colombiana Contra Minas.

El representante a la Cámara por ese departamento Guillermo Rivera aseguró que lo más preocupante es la afectación a menores de edad que están matriculados en los colegios internados rurales, frente a lo cual demandó una actuación de emergencia del Ministerio de Educación.

Según el representante a la Cámara Guillermo Rivera Flórez en el último año se han presentado 30 incidentes con minas antipersona en Putumayo, que ha dejado muertos o heridos, entre ellos menores edad.

El congresista del Partido Liberal dijo que, de acuerdo con el balance que tiene la Fiscalía regional en Putumayo, desde el 31 de marzo de 2012 al 8 de marzo de 2013 resultaron afectadas 38 personas en esta región del país con este tipo de artefactos instalados por los grupos al margen de la ley.

"En ese período murieron 21 personas, entre ellos 18 civiles, (dos menores de edad y 16 adultos), así como tres miembros de la fuerza pública. Entre tanto resultaron heridas 17 personas, ocho civiles, (cuatro menores de edad y cuatro adultos), así como nueve miembros de la Fuerza Pública", reveló Rivera Flórez.

El representante a la Cámara (@riveraguillermo) dijo que "Puerto Asís es el municipio de Putumayo en el que se presentaron más casos con la acción de minas antipersona en el último año con 17; Puerto Leguízamo, ocho; San Miguel, tres; Valle del Guamuez, uno; y Orito, uno".

Según Rivera Flórez, lo más preocupante es la afectación a menores de edad que están matriculados en los colegios internados rurales, frente a lo cual demandó una actuación de emergencia del Ministerio de Educación.

se está presentando en el municipio de La Hormiga porque los padres de familia de los 330 niños que asisten a la escuela central de esa localidad dejaron de ir a sus clases porque la estación de Policía, contigua a la institución educativa, fue amenazada.

El congresista Rivera Flórez pidió a los ministerios del Interior y de Educación buscar una solución de emergencia que permita trasladar la estación de Policía de ese lugar y salvaguardar los derechos de los niños a la vida y a la educación. Recordó, además, que el derecho internacional humanitario consagra la obligación de ubicar las bases militares en lugares que no pongan en riesgo la vida de los civiles.

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El representante a la Cámara por el Partido Liberal Guillermo Rivera le pidió al Gobierno Nacional medidas excepcionales ante atentados y amenazas.

Fuente Oficina de Prensa HR Guillermo Rivera.

Tomar medidas excepcionales para proteger a la población civil tras acciones terroristas en el departamento del Putumayo pidió al Gobierno Nacional el representante a la Cámara Guillermo Rivera Flórez.

El congresista del Partido Liberal hizo la solicitud tras la serie de atentados en varios municipios y el anuncio de grupos armados ilegales de adelantar otros ataques en esa región del país dentro de lo que han denominado "viernes negro" y con lo que se buscaría continuar alterando el orden público.

"Le estoy pidiendo al Gobierno Nacional, así como a las Fuerzas Militares y de Policía que se adelanten acciones concretas para proteger la vida y honra de los ciudadanos de Putumayo, ante estas amenazas de las Farc y las bandas criminales que se han conocido en las últimas horas", indicó.

Agregó que "es urgente desarrollar un consejo de seguridad en el departamento con la presencia del señor ministro de la Defensa (Juan Carlos Pinzón) para evaluar la situación en el terreno y tomar las decisiones adecuadas".

El último hecho registrado, tras varios en la última semana, fue la detonación de un artefacto explosivo en un céntrico hotel de Puerto Asís.

Finalmente, Rivera Flórez señaló que ha sido informado de la aparición de volantes y panfletos en los que se advierten que continuarán los atentados terroristas y se pide a los habitantes de esa región del país, especialmente de Puerto Asís, que no salgan de sus hogares.

"Me parece un hecho muy grave que se esté presentando esta clase de situaciones que afecta la tranquilidad de la comunidad de este importante municipio, por eso estoy demandando de las autoridades medidas excepcionales para evitar que se continúen concretando estas acciones y estas amenazas", puntualizó el congresista.

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El Representante a la Cámara del Partido Liberal dijo que se deben tomar acciones urgentes para proteger a la población civil.

Tomar medidas excepcionales para proteger a la población civil tras acciones terroristas en el Departamento del Putumayo pidió al Gobierno Nacional el Representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez.

El Congresista del Partido Liberal hizo la solicitud tras la serie de atentados en varios municipios y el anuncio de grupos armados ilegales de adelantar otros ataques en esa región del país dentro de lo que han denominado “viernes negro” y con lo que se buscaría continuar alterando el orden público.

“Le estoy pidiendo al Gobierno Nacional, así como a las Fuerzas Militares y de Policía que se adelanten acciones concretas para proteger la vida y honra de los ciudadanos del Putumayo, ante estas amenazas de las Farc y las bandas criminales que se han conocido en las últimas horas”, indicó.

Agregó además que “es urgente desarrollar un Consejo de Seguridad en el Departamento con la presencia del Señor Ministro de la Defensa para evaluar la situación en el terreno y tomar las decisiones adecuadas”.

El último hecho registrado, tras varios en la última semana, fue la detonación de un artefacto explosivo en un céntrico hotel de Puerto Asís.

Finalmente, Rivera Flórez señaló que ha sido informado de la aparición de volantes y panfletos en los que se advierten que continuarán los atentados terroristas y se pide a los habitantes de esa región del país, especialmente de Puerto Asís que no salgan de sus hogares.

“Me parece un hecho muy grave que se estén presentando esta clase de situaciones que afectan la tranquilidad de la comunidad de este importante municipio, por eso estoy demandando de las autoridades medidas excepcionales para evitar que se continúen concretando estas acciones y estas amenazas”, puntualizó el congresista.

Con el debate que se ha suscitado en torno a la decisión que está por tomar la Corte Constitucional sobre pensiones de Congresistas, me permito informar:

1. Estoy en régimen pensional ordinario, el de un Colombiano común y corriente, es decir mi futura pensión(si es que alcanzo a tenerla algún día) depende de un número mínimo de semanas cotizadas(el mismo que se exige para cualquier Colombiano) y de la edad que exige la ley(la misma de un Colombiano común y corriente). En resumen, es imposible que yo me pueda pensionar como lo hacían antes los Congresistas, es decir con unas pensiones que han escandalizado al País, por su monto, y porque gran parte de ellas se financia con el presupuesto general de la nación ya que aquellos legisladores no cotizaron en proporción a la pensión que recibieron.

2. A través de un acto legislativo(reforma a la Constitución), aprobado en la primera década de este siglo, se dispuso acabar con los regímenes especiales y poner un limite al monto de las pensiones.

3. Lo que está examinando la Corte Constitucional es un artículo de una ley de 1992 que estableció un régimen especial para quienes en aquella época eran Congresistas. Sí ese artículo se declara inconstitucional, esas pensiones tendrán que ajustarse al acto legislativo que menciono en el numeral 2, es decir no podrán superar el limite impuesto en él y su valor dependerá del número de semanas cotizadas. Palabras más palabras menos, esas pensiones especiales se ajustarían en el marco del régimen ordinario.

4. Hace un par de días escribí a través de twitter y de está página de facebook, que estaba de acuerdo con que la Corte Constitucional declare inexequible el artículo de la ley en mención. Y mi argumento es simple: en virtud del derecho a la igualdad ningún Colombiano debe tener privilegios en el régimen pensional, quizás se podrían considerar excepciones en aquellos trabajadores cuya función implica riesgo de perder la vida a más temprana edad que el promedio de ciudadanos, o deterioro de su salud, como las personas que trabajan en los servicios de radiología en las instituciones de salud, los miembros de la fuerza pública y quienes trabajan en los organismos de socorro.

Los invitamos a ver el vídeo del discurso del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama durante su posesión:

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/21/videos/1358796692_086353.html

El Representante a la Cámara Guillermo Rivera dijo que en los Montes de María y en la Costa Atlántica se intensificaron las intimidaciones.

La aplicación de Ley de Víctimas está en riesgo por las amenazas que se presentan contra los líderes de restitución de tierras, advirtió el representante a la Cámara Guillermo Rivera Flórez.

El congresista del Partido Liberal dijo que la situación más grave se presenta en Montes de María y en varias regiones de la Costa Atlántica donde se han presentado nuevas intimidaciones contra personas que vienen trabajando en el proceso de devolución de tierras.

"Queremos llamar la atención sobre nuevas amenazas contra líderes de reclamantes de tierra en el norte del país donde se han presentado toques de queda e intimidaciones. Creemos que se deben agotar todos los esfuerzos por parte del gobierno, la fuerza pública y de las autoridades judiciales para proteger a dirigentes de organizaciones de víctimas y reclamantes de tierras", indicó el parlamentario.

Rivera Flórez agregó que "si no se logra protegerlos de manera efectiva, va a ser imposible garantizar la aplicación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras. Detrás de estas amenazas están las bandas criminales y los ejércitos anti-restitución de las que hacen parte exmiembros de las organizaciones de autodefensa que se desmovilizaron".

"Creemos que además hay personas interesadas en evitar el proceso de restitución de tierras, como testaferros de paramilitares y de personas que estuvieron aliados con ellos en el proceso de despojo de tierras. Por eso instamos a la Presidencia de la República, a la Fiscalía General y a la fuerza pública a desarrollar todas las acciones necesarias para proteger a los líderes de este proceso de restitución", puntualizó el representante a la Cámara.

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Fuente Oficina de Prensa HR Guillermo Rivera

Bogotá, 19 de noviembre de 2012-. Mientras algunos sectores políticos del país solo buscan usufructuar al gobierno del presidente Juan Manuel Santos acompañan tímidamente su agenda en materia de Derechos Humanos y de búsqueda de una salida negociada al conflicto armado.

Así señaló el representante a la Cámara Guillermo Rivera Flórez en carta al Jefe del Estado. El congresista del Partido Liberal le pidió retomar la agenda progresista de su gobierno que incluye temas como la reparación a las víctimas, la restitución de tierras y el proceso de paz.

"Lo invito a dar un paso adelante en la construcción de una organización social que sirva de soporte adicional a su agenda y que, además, lo libere de las presiones de un sector de la clase política que lo acompaña con timidez, con el único objetivo de usufructuar al gobierno de turno", advirtió en su misiva.

Rivera Flórez agregó que "hace unos meses tuve la ocasión de visitarlo y compartirle algunas preocupaciones sobre la necesidad de construir una base social que respalde su agenda progresista. Como en aquella ocasión, sigo creyendo en la urgencia en adelantar acciones en procura de construir esa base social"..

"Desde el Partido Liberal y la sociedad civil estamos haciendo lo propio, sin embargo, es mucho más lo que se puede hacer desde el gobierno y de la manera más respetuosa me permito insistir en ese propósito", indicó.

En la misiva puntualiza diciendo que "las mayorías parlamentarias de la Unidad Nacional que respaldan su gobierno en el Congreso no comparten con convicción la totalidad de su agenda progresista  y, en gran medida ello ocurre porque no existe una base social organizada que presione a la clase política a darle impulso a la misma".

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HR Guillermo Rivera

FUENTE: OFICINA HR. GUILLERMO RIVERA

Apreciados negociadores:

Nosotros, víctimas y representantes de víctimas de todo el país y de todas las partes en conflicto, queremos sentar nuestra posición previo al inicio de los diálogos en La Habana.

Respaldamos el proceso de paz porque creemos que solo la vía negociada podrá poner fin al conflicto. 

Pero, como ustedes mismos lo han señalado, estamos convencidos de que la negociación por sí sola no traerá la paz. La paz se construye todos los días aquí. Eso hacemos nosotros hombro a hombro con todas las víctimas, incluyendo aquellas de las FARC.

No pedimos un lugar en la mesa de negociación, pero exigimos respeto para todas las víctimas antes, durante y después de la negociación, en la mesa y fuera de ella.  Rechazamos la caracterización del asunto de las víctimas como "intrascendental",  contenido en el comunicado de las FARC del 26 de octubre.

Esa afirmación nos sorprende, decepciona y preocupa.  El punto 5 de la agenda convenida "Derechos de las víctimas" nos llevó a creer que  las víctimas recibirían un trato digno.  Nos preguntamos, entonces, si el equipo negociador de las FARC pretende negar el reconocimiento de sus propias víctimas.

Así como hemos luchado por la inclusión de las víctimas de agentes del Estado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estamos también dispuestos a hacerlo por el reconocimiento de las víctimas de las FARC.

Los derechos de las víctimas son irrenunciables.  No pueden ser objeto de negociación, como sí lo pueden ser los mecanismos de justicia transicional. 

Advertimos: los mecanismos de justicia transicional que pudieran ser acordados en La Habana podrán ganar legitimidad en la sociedad colombiana si y solo si parten de un reconocimiento expreso de los derechos de todas las víctimas del conflicto, incluyendo las suyas.

Ningún proceso de paz podrá  ser exitoso sin reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Cordial saludo, 

H.S Juan Fernando Cristo B Partido Liberal Colombiano	H.R Guillermo Rivera Flórez Partido Liberal Colombiano
Carmen Palencia Tierra y Vida	Luis Emil Sanabria Redepaz
Gerardo Vega Forjando Futuros	Alonso Tobón  Alianza Social Independiente
Antonio López  Nuevo Arco Iris	Álvaro Jiménez Campaña Nacional contra las Minas
Diego Herrera Instituto Popular de Capacitación

FUENTE: OFICINA HR. GUILLERMO RIVERA

El Representante a la Cámara del Partido Liberal Guillermo Rivera Flórez propuso que dentro del estudio del proyecto de Reforma Constitucional 056 de 2012 se analice la posibilidad de establecer la vocería política para aquellos miembros de la guerrilla que se acojan a un proceso de paz, como el que se iniciará en los próximos días entre el Gobierno Nacional y las Farc.

En tal sentido radicó una Constancia ante la plenaria de la Cámara de Representantes en la que establece que se debe abrir la discusión dentro del estudio del acto legislativo que modifica los artículos 107 y 108 de la Constitución Política, para facilitar la participación en política de desmovilizados de la guerrilla de las Farc.

De acuerdo con la propuesta del parlamentario esta participación sólo se puede dar “siempre y cuando las negociaciones que el gobierno nacional está próximo a iniciar con esta organización guerrillera concluyan en un acuerdo de terminación del conflicto armado”.

“En el marco del segundo debate del acto legislativo 056 de 2012 Cámara “Por medio del cual se modifican los artículos 107y 108 de la Constitución Política”, se sebe abrir de la necesidad de discutir, en debates posteriores, alternativas de reforma a la Constitución para facilitar la participación en política de desmovilizados de la guerrilla de las FARC, siempre y cuando las negociaciones que el gobierno nacional está próximo a iniciar con esta organización guerrillera concluyan en un acuerdo de terminación del conflicto armado”, señala la constancia.

FUENTE: OFICINA HR. GUILLERMO RIVERA

Consulte la constancia aquí.

El Representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez, se permite manifestar lo siguiente:

Dado que el propio gobierno reconoció la existencia de acercamientos exploratorios con las FARC con el propósito de iniciar un proceso de paz para poner fin al conflicto armado en Colombia, el RepresentanteRivera Flórez pone de manifiesto su apoyo a dicha iniciativa, pero considera necesario precisar que la verdad, al lado de la justicia y la reparación, se constituyen en los derechos esenciales de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario. Frente a la reparación, la ley 1448 de 2011 es prolija en medidas para garantizarla y en cuanto a la justicia ésta deberá ser objeto de una ley estatutaria que desarrolle el acto legislativo para la paz.

Así las cosas, frente a la verdad, el Doctor Guillermo Rivera quiere recordar que el tercer inciso del artículo 1 del acto legislativo para la paz, reza:

"Una ley deberá crear una comisión de la verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones. El mandato de la Comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección."

Por lo anterior, de cara a un eventual proceso de paz en el que surja la verdad histórica , y a la necesidad de contar con recomendaciones plurales para el diseño de un mecanismo de justicia transicional, el Representante Guillermo Rivera le propone al gobierno nacional, a los Congresistas, los Partidos Políticos, las víctimas y los formadores de opinión iniciar un debate constructivo y argumentado sobre la conformación de una comisión de la verdad en los términos del acto legislativo 01 de 2012.

CATHERINE ROJAS MERCHÁN

Jefe de prensa del HR Guillermo Rivera

1. A la fecha, en lo que va corrido de este Gobierno, y desde que se empezó a discutir en este periodo constitucional la ley de víctimas y restitución de tierras han sido asesinados 17 líderes de organizaciones de víctimas y de restitución de tierras.

2. El miércoles pasado fue asesinado el menor Samir de Jesús Ruiz Gallo junto con su padre Manuel Ruiz, quien era reclamante de tierras. 

3. El Gobierno y el País no pueden seguir indiferentes ante tan dramática realidad, que de continuar así, haría inviable la legítima y justa aspiración de las víctimas a obtener una reparación y una restitución de su patrimonio.

4. Hoy, cerca de 9.000 servidores públicos gozamos de esquemas de protección de la fuerza pública que han funcionado bien, de hecho ya son asunto del pasado las noticias que daban cuenta de atentados contra servidores públicos.

En consideración a los argumentos atrás expuestos me permito proponer un verdadero acto de solidaridad con las víctimas del conflicto y su futuro:

Invito a todos los servidores públicos que gozamos de esquemas de protección de la Policía Nacional o de la agencia de protección del Estado a que a partir del 9 de abril (día nacional de las víctimas de acuerdo a la ley) renunciemos al menos a uno de los integrantes de nuestros esquemas de protección para que éste pueda ser destinado(a) a la protección de las víctimas que no cuentan con ello por insuficiencia de personal formado para ese propósito. Adjunto a este comunicado hago pública una comunicación que dirijo al Director de la Policía Nacional renunciando a un miembro del esquema de protección que me ha sido asignado para que éste sea destinado a cualquiera de los líderes de organizaciones de víctimas y de restitución de tierras que requiera de ese tipo de servicio.

GUILLERMO RIVERA FLÓREZ.

Representante a la Cámara.

El 17 de enero de 2012, en la Vereda Teteye, corredor Puerto Vega, Municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo, fue asesinado MAURICIO A. REDONDO, junto con su esposa  JANETH ORDOÑEZ, dejando cinco hijos menores de edad.

MAURICIO trabajaba con la Empresa PEI (dedicada a prestar servicios petroleros) y  estaba afiliado a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, además de dirigente sindical, era líder comunitario y había tenido una activa participación en el Primer Foro Petrolero por el Derecho al Trabajo, la Reivindicación Social y Económica de Orito, Putumayo, que se realizó el 13 de enero de este año, en el cual participo el Representante Rivera.

RIVERA FLOREZ hace un llamado al Gobierno Nacional para alertarlo sobre la grave situación que se está presentando en el Putumayo.

“ La agenda liberal no se puede agotar en la acertada decisión de integrar la Unidad Nacional”

Así lo manifestó el Representante Rivera Flórez en una misiva, en las que les propone a los nuevos directores del partido discutir, en la constituyente liberal, la agenda del liberalismo de los próximos años. Temas como la igualdad de derechos a parejas del mismo sexo, la oposición a la penalización absoluta del aborto, la reforma a la salud, la educación superior, entre otros, hacen parte de los asuntos que Rivera propone discutir con los constituyentes liberales.

En su condición de integrante del grupo de ponentes del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia, el Representante GUILLERMO RIVERA, dejo constancia en el informe de ponencia, de su oposición a la modificación del artículo de la Constitución que desarrolla la figura del fuero militar por considerar que es un retroceso consagrar que toda conducta delicitiva de miembros de la fuerza pública se presumira como acto de servicio. Según Rivera, eso significa que en el futuro, crímenes como los denominados falsos positivos, o los abusos sexuales cometidos por miembros de la fuerza pública por fuera del servicio como el ocurrido en Arauca, se presumirán como actos del servicio.
 
De la misma manera, el Representante GUILLERMO RIVERA, dejó constancia que se opone a la decisión mayoritaria de los ponentes de mantener la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por considerar que esa célula legislativa ha demostrado su inoperancia e ineficacia y sólo ha contribuido al desprestigio de las tareas judiciales que excepcionalmente la Constitución de 1991 le confirió al Congreso de la República. 

El Vicepresidente ANGELINO GARZON y otros servidores públicos lanzaron ayer una serie de propuestas de justicia transicional frente a las conductas de los militares, de bandas criminales y de organizaciones de narcotraficantes. Frente a esas propuestas, me permito manifestar lo siguiente:

1. El propósito central de los mecanismos de justicia transicional es garantizar que en las transiciones de conflicto armado interno a condiciones de normalidad prevalezcan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

2. Hecha esa claridad, resulta incoherente proponer para la fuerza pública mecanismos de justicia transicional porque ella esta para proteger a la sociedad de acuerdo al orden constitucional, que es permanente, por lo tanto no es pertinente aplicarle a los militares mecanismos transitorios cuando su misión constitucional no solo obedece al conflicto armado. En ese orden de ideas, la justicia transicional, no procura leyes de perdón y olvido que incorporen a los militares, se trata de leyes que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas, pero además tratándose de los servidores públicos que juraron cumplir la constitución y la ley, y la violaron, no se puede predicar nada distinto que aplicar la ley a cabalidad para sancionar sus conductas. El perdón se predica del victimario a la víctima y no al contrario.

3. Las bandas criminales y las organizaciones de narcotraficantes no requieren justicia transicional, requieren sometimiento a la justicia, para lo cual el Congreso de la República incorporó a la legislación penal el principio de oportunidad que permite que quienes las integren en sus bases puedan contribuir, con su información, a desmantelar sus estructuras e identificar a sus cabecillas. Siempre dijimos, en su momento, que incluso a los paramilitares debió aplicarseles figuras de sometimiento a la justicia porque el gobierno de entonces pensó más en su desmovilización que en la reparación de las víctimas de aquellos. Ni el diseño de  la ley 975 de 2005, ni la manera como se aprobó en el Congreso, garantizó los derechos de las víctimas, razón por la cual tuvimos que promover una ley de reparación a victimas y restitución de tierras como lo fue la ley 1448 de 2011, sancionada en junio de este año.

4. Por loables que sean las intenciones de alcanzar la paz, es preciso decir que en cualquier caso ésta no puede buscarse desconociendo los derechos y la dignidad de las víctimas y tampoco dejando de sancionar ejemplarmente a quienes, desde el propio Estado, han violado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.   

GUILLERMO RIVERA FLÓREZ

Representante a la Cámara

La historia universal ha demostrado cómo las ambiciones de poder y dinero son un detonante para la violación de los más elementales derechos de los seres humanos.

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Roger Casement, cuya vida relata Mario Vargas Llosa en su novela “el sueño del celta”, entregó al Gobierno de Inglaterra un informe que daba cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en el desarrollo de la explotación del caucho en los territorios del Congo, Perú y Colombia. En ellos, en el marco de un desenfrenado e irracional deseo de acumular riqueza, se torturaron y asesinaron miles de seres humanos indefensos. 

La historia universal ha demostrado cómo las ambiciones de poder y dinero son un detonante para la violación de los más elementales derechos de los seres humanos. En su procura no se aceptan reglas, se prefiere la clandestinidad, se asume que el fin justifica los medios. Leopoldo II de Bélgica y Julio César Arana construyeron sus emporios de riqueza en el lejano Congo el primero y en la recóndita amazonia el segundo, donde casi nadie podía saber lo que ocurría. 

Guardadas las proporciones y con diferentes protagonistas, lo mismo ha ocurrido en Colombia desde finales del siglo XX y principios del presente siglo con el narcotráfico: su materia prima abunda en territorios abandonados por el Estado cuya cronología indica que primero los grandes carteles de la droga instalaron allí sus cultivos y sus sicarios, luego paramilitares y guerrilleros impusieron su poder y libraron una lucha a muerte por el monopolio de la economía cocalera, y finalmente bandas criminales en alianza con las Farc o con miembros de la fuerza pública heredaron una especie de “franquicia” del preciado negocio. Y al final de cuentas… masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, viudas, huérfanos, pobreza y deterioro de su medio ambiente fue el legado para los pobladores de esos territorios. 

Lo mismo ocurre con la minería ilegal. Guerrilla, paramilitares y bandas criminales están involucradas en esa actividad, y al igual que el narcotráfico, ésta se desarrolla en regiones apartadas del centro del país en las que se imponen la clandestinidad y la ilegalidad. 

Está suficientemente documentada la relación, de ahora y de antes, entre economías de extracción en regiones abandonadas por el Estado y violencia, negarlo sería ir contra la evidencia y no hacer nada desde la institucionalidad sería irresponsable. 

El gran reto para que Colombia alcance la paz es construir Estado Social de Derecho en todo el territorio nacional, lo cual no se agota en devolverle el monopolio de la fuerza al Estado, sino además, y sobre todo, en garantizar el ejercicio y protección de los derechos a quienes históricamente han vivido al margen de los mismos porque en el territorio que habitan el Estado Social de derecho ha brillado por su ausencia. 

Columna de opinión - Revista Semana

El Estado tiene el deber de proteger adecuadamente a las víctimas y está en mora de hacerlo

A finales de la década de los 60, el ex presidente Carlos Lleras Restrepo intentaba sacar adelante su iniciativa de reforma agraria y se enfrentaba a los grandes propietarios de la tierra en Colombia y a sus voceros en los gremios y en la clase política, aquellos a quienes históricamente ha incomodado que se democratice la propiedad rural.

En el otro lado de la moneda estaban miles de campesinos sin acceso a la propiedad rural, esperanzados en lo que el Gobierno pudiera hacer en su favor, dispersos por todo el territorio nacional, sin voceros en los gremios y muy pocos en la clase política.

Existía un poder terrateniente sobrerrepresentado gremial y políticamente, frente a unos campesinos sin gremio que los agrupara y representados políticamente por pocas y solitarias voces.

Lleras Restrepo supo leer esa realidad y tomó la decisión de propiciar un equilibrio de fuerzas, promoviendo para ello la organización de los campesinos que aspiraban a ser los beneficiarios de la reforma agraria, y, gracias a ese empeño, nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), que, aunque sin el vigor que llegó a tener en los años 70, aún hoy existe.

El presidente Santos se empeñó en sacar adelante la ley de víctimas y restitución de tierras en el Congreso y lo logró, no obstante que destacados y poderosos opositores de la misma, algunos de dientes para adentro, hicieron lo posible por bloquear la iniciativa o, al menos, "modular" sus alcances.

Pero, además de ellos, existen los testaferros de los criminales, y los propios criminales, que hoy se resisten a perder sus privilegios de terratenientes y acuden a sicarios a sueldo para acallar las voces de los líderes de las organizaciones de víctimas que quieren ejercer su derecho a la justicia.

Los enemigos de la ley de víctimas, al igual que los terratenientes de los años 60, algunos de los cuales son los mismos de ahora, tienen poder gremial y político y, lo que es peor, otros tienen poder criminal, en tanto que las víctimas, casi igual que los campesinos que esperaban la reforma agraria de los años 60, están dispersas por todo el territorio nacional, incipientemente organizadas, asediadas y algunas asesinadas por los criminales; su representación en la clase política, aunque ha crecido, no se compadece con la magnitud del fenómeno.

El Estado tiene el deber de proteger adecuadamente a las víctimas y está en mora de hacerlo, pero el Estado también tiene el deber de empoderarlas políticamente para que ganen en interlocución ante el propio Estado colombiano y ante la comunidad internacional.

Vincularlas activamente a la discusión de la reglamentación de la ley sería un primer paso, y lograr que la política de reparación y asistencia de las víctimas se convierta en un escenario que promueva su organización significaría una audaz apuesta para evitar su revictimización.

Los cooperantes internacionales en Colombia se preguntan y nos preguntan cuál sería la mejor manera de contribuir al éxito de la aplicación de la ley de víctimas, y no dudo en responder que a través de acciones en procura de la organización de las mismas.

Lleras Restrepo hizo la apuesta de la organización social de los campesinos para enfrentar políticamente a los terratenientes; Juan Manuel Santos debería apostar a la organización social de las víctimas para enfrentar políticamente a la mano negra.

* Representante a la Cámara de Putumayo (Partido Liberal).

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Frente a la iniciativa del Partido Conservador de restablecer la penalización absoluta del aborto, el Representante a la Cámara GUILLERMO RIVERA FLOREZ se permite opinar:

1. La Corte Constitucional en su misión de guardiana de la Carta Política ha venido pronunciándose frente a los desarrollos legales de la misma y frente a los alcances de la competencia de constituyente derivado que tiene el Congreso de la República para modificarla.

2. En el marco de esa tarea determinó tres excepciones a la tipificación del aborto como delito: cuando el embarazo represente riesgo para la vida de la madre, cuando el embarazo sea el resultado de un acceso carnal violento y cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida.

3. Las anteriores excepciones fueron determinadas por la Corte Constitucional para amparar los derechos de las mujeres a decidir en favor de su propia vida, a rechazar una responsabilidad derivada de un delito atribuible a terceros y a decidir interrumpir el embarazo que contiene una criatura cuyas malformaciones hagan inviable su futuro.

4. Claramente lo que la Corte hizo fue equilibrar los derechos de la criatura en formación, que son legítimos y dignos de proteger, con los de las mujeres, también legítimos y dignos de protección.

5. Nuestro estado social de derecho y nuestra carta de derechos procuran por el reconocimiento y protección de los derechos de todos, por su equilibrio cuando éstos entran en tensión, siempre al margen de los preceptos religiosos, a los que se respeta, pero que en ningún caso son un mandato para nuestro ordenamiento jurídico. 

6. Por las anteriores consideraciones el Representante GUILLERMO RIVERA FLOREZ anuncia que se opondrá a la iniciativa del Partido Conservador aquí mencionada

Esta novela me puso también a pensar que mi generación ha tenido que vivir desde el principio la tragedia surgida del narcotráfico. 

El título corresponde a la última novela de Juan Gabriel Vásquez. En ella, su autor escribe sobre el crimen de un fugaz y extraño amigo del protagonista, quien termina mal herido en la misma escena y luego de su recuperación inicia una compulsiva búsqueda de los orígenes del difunto y las razones del homicidio.

Vista de esa manera, podría ser una novela más. Sin embargo, no lo es porque todo el relato se da en el contexto de la tragedia colombiana que llegó con el narcotráfico y que, para nuestra desgracia, aún no termina.

¿Dónde estabas cuando asesinaron a Lara Bonilla?, ¿qué hacías cuando asesinaron a Galán?, ¿qué hacías cuando explotó la bomba en el avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá- Cali?, ¿dónde estabas cuando el atentado al centro comercial?, etc., etc. Esos son algunos de los interrogantes que surgen en la narrativa de Juan Gabriel Vásquez y que obligan al lector a pensar en el momento de su existencia cuando ocurrieron esos acontecimientos imborrables para la memoria individual y colectiva.

En lo personal, El ruido de las cosas al caer no solo me obligó a recordar qué hacía y dónde estaba cuando ocurrieron esos lamentables episodios. Me puso también a pensar que mi generación ha tenido que vivir desde el principio la tragedia surgida del narcotráfico.

Nací en la década de los 70, justo cuando la bonanza marimbera se imponía en la Costa Norte. Al empezar los años 80, cuando con mentalidad de adolescente empezaba a descubrir la realidad nacional, recuerdo a mi madre, dirigente en el Putumayo del Nuevo Liberalismo, horrorizada por el crimen de Lara Bonilla; más tarde, como estudiante de derecho del Externado, recibí las trágicas noticias del asesinato de Galán, de Bernardo Jaramillo y el genocidio de la Unión Patriótica, entre otras.

En esa misma condición de estudiante, observé con esperanza las deliberaciones de la Constituyente de 1991 y la expedición de la nueva carta política.

A finales de los 90, como secretario de gobierno del Putumayo, conocí de cerca la tragedia de mis coterráneos, acorralados por las Farc y los paramilitares, que se disputaban a sangre y fuego el monopolio de la economía cocalera.

Asesinatos selectivos y masacres de colombianos anónimos eran parte del paisaje en el bajo Putumayo.

En la primera década de este siglo fui elegido congresista y durante estos nueve años he tenido que seguir registrando en mi memoria tragedias originadas en el narcotráfico: cooptación de amplios sectores políticos por organizaciones armadas ilegales, reciclaje de estas en bandas criminales y asesinatos selectivos de líderes de organizaciones de víctimas que reclaman sus legítimos derechos.

Desde los años 80, en cada década, el narcotráfico se ha reinventado como negocio y como expresión armada: bandas de sicarios, ejércitos de paramilitares y bandas criminales son los más destacados.

El presidente Obama ha dicho que es hora de repensar la política de lucha contra las drogas; la comisión global de políticas de drogas ha hecho un planteamiento serio en la materia; el presidente Santos dijo estar dispuesto a revisar esta política.

Es hora de garantizar que las generaciones por venir no tengan que vivir en medio de esta tragedia.

PROPOSICIÓN

Apelando al artículo 137 constitucional proponemos a la Comisión I Constitucional para adelantar una indagación parlamentaria con el propósito de establecer las responsabilidades a que haya lugar frente a la noticia que publico el Diario El Espectador en la que se denunció  que en la jornada electoral de marzo 14 de 2010 hackers procedentes del Gobierno de entonces bloquearon el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

GUILLERMO RIVERA FLOREZ                                GERMAN NAVAS TALERO

Representante a la Cámara                            Representante a la Cámara

Según el Representante Guillermo Rivera resulta escandalosa, por decir lo menos, la noticia de la existencia de un carrusel de la contratación entre funcionarios del Ministerio de la Protección Social, el Fosyga y algunas EPS. Aún quedan por discutir algunos artículos del estatuto anticorrupción, en el cual se incluyó una proposición de nuestra autoría en la que se establece levantar la reserva bancaria de las cuentas abiertas por los contratistas para recibir los anticipos de sus contratos, sin embargo, ante los hechos conocidos hoy por la opinión pública, el Representante Rivera propondrá mañana extender el levantamiento de la reserva bancaria a todas las cuentas en las que se consignen o se muevan dineros del sistema de salud e imponerle a las respectivas entidades financieras la obligación de registrar todos los movimientos de las mismas en un portal web de público acceso, de tal manera que cualquier ciudadano pueda vigilar el uso de los dineros destinados a atender la salud de los colombianos.

María Fernanda Angarita Pardo

Jefe de Prensa

H.R. Guillermo Rivera Flórez

Tel. 3823382 - 3823383 fax

Cel. 3132107242

El Representante a la Cámara GUILLERMO RIVERA FLOREZ, le propuso hoy 11 de abril de 2011, al Señor Gobernador del Putumayo, BYRON VIVEROS CHAVEZ, activar los procedimientos legales que permitan convocar al pueblo del Putumayo a una consulta popular el próximo 30 de octubre para que se pronuncie si está o no de acuerdo con que el Plan Departamental de Desarrollo 2012-2016, priorice políticas y recursos financieros para garantizar que al final de dicho periodo, la totalidad de los residentes en la jurisdicción de nuestro Departamento, tengan acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico.

 Se trata de poner en marcha lo previsto en el artículo 50 de la ley 134 de 1994, y a través de este instrumento legislativo, convocar a los Putumayenses a las urnas para convertir en un mandato ciudadano el acceso al agua potable y saneamiento básico, que deberá garantizar el Gobierno Departamental y los municipales que iniciarán su periódo el 1 de enero del año 2012.

 El Representante RIVERA FLÓREZ, con el mayor respeto por las diferentes expresiones políticas que coexisten en el Putumayo y sus respectivos liderazgos, se permite invitarlos a formar un frente común para convocar a las mujeres y los hombres que habitan en nuestro territorio a pronunciarse en las urnas y consolidar un mandato ciudadano a la administración departamental y a las municipales por venir, de tal manera que al final del periodo constitucional 2012 - 2016 se materialice el tan apreciado derecho de acceso al agua potable y el saneamiento básico.

Según el representante a la cámara Liberal Guillermo Rivera, siete de cada diez asesinatos en Córdoba y Nariño son atribuibles a las Bacrim y en el 2010 estas bandas realizaron más ataques contra población civil que las Farc. Dijo que los afectados por estas bandas deben ser cobijados por la Ley de Víctimas. Propuso reorganizar la estructura organizacional del Estado para combatir las drogas. “Las Bacrim son una herencia de paramilitarismo”, concluyó.

Durante el debate de control político sobre el fenómeno de las bandas criminales o bandas emergentes, llamadas “Bacrim”, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Guillermo Rivera, aseguró que estas organizaciones “son el resultado de una sucesión criminal de los grupos narco paramilitares que no se desmovilizaron con la Ley de Justicia y Paz”.

Reiteró que el liberalismo le advirtió al Congreso y al Gobierno anterior las debilidades de la Ley de Justicia y Paz y recordó que en los procesos de desmovilización “había suficiente evidencia de que no todas armas fueron entregadas y que la mayoría habían sido encaletadas al servicio de los grupos que quedaban escondidos sin desmovilizar”.

“El liberalismo advirtió que el objeto de Justicia y Paz era desmantelar esas organizaciones violadoras de derechos humanos y esto no se logró. Advertimos que se habían colado narcotraficantes en la desmovilización y no nos escucharon”, agregó el representante.

Rivera denunció que hoy en el país continúa el fenómeno de permeabilización de las instituciones por parte de estas bandas criminales. Indicó que “cuando el Gobierno anterior se dio cuenta de la verdadera magnitud del paramilitarismo, ya se habían constituido aparatos poderosos en muchas instituciones y ya contaban con autoridades locales y representación en el Congreso de la República”.

El congresista liberal afirmó que en la actualidad, según cifras de organizaciones no gubernamentales, 7 de cada 10 asesinatos en los departamentos de Córdoba y Nariño son atribuibles a las Bacrim, y que en el año 2010, estas organizaciones realizaron más ataques contra población civil que las Farc. Por lo tanto, aseguró que las víctimas de dichos grupos también deben ser reparadas e incluidas en la Ley de Víctimas que cursa actualmente en el Congreso.

“¿Cómo no reparar a las víctimas de las Bacrim si la mayoría de las masacres y desplazamientos forzados a campesinos en el 2010 fueron hechos por estas bandas? Debemos incluir a esas víctimas en la ley que estamos defendiendo porque no pueden ser menos que las víctimas de los paramilitares”, puntualizó.

Por: Margarita Vidal

En un sondeo realizado en el Congreso de la República por periodistas de Caracol Radio, el representante Liberal Guillermo Rivera fue nombrado como el más destacado en esa corporación. 

El representante a la Cámara Liberal Guillermo Rivera fue nombrado por sus 132 de sus colegas como el mejor legislador de esa corporación. En una encuesta que todos los años hacen los periodistas de Caracol Radio que cubren política, se destacó la gestión de este parlamentario del departamento de Putumayo, quien ha concentrado su gestión en sacar adelante el proyecto de Ley de Víctimas, que busca reparar a más de cuatro millones de colombianos que han sufrido a causa del conflicto armado.

Rivera, quien es parlamentario desde 2002, también ha liderado un proyecto que busca crear alerta en la sociedad ante la violación de derechos humanos a menores de edad. En el sondeo también se destacó la gestión del presentante Liberal, Simón Gaviria, quien ha desarrollado su trabajo a favor de la lucha contra el desempleo.